Mundo Agrario, vol. 17, nº 36, e032, diciembre 2016. ISSN 1515-5994
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Historia Argentina y Americana

 

ARTICULO/ARTICLE

 

Transformaciones demográficas y del mercado del trabajo en el espacio rural chileno1

Carlos Rodríguez Garcés

Centro de Investigación Educativa (CIDCIE), Universidad del Bío-Bío, Chile
carlosro@ubiobio.cl

 

Julia Fawaz Yissi

Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad del Bío-Bío, Chile
mfawaz@ubiobio.cl

 

Johana Muñoz Soto

Centro de Investigación Educativa (CIDCIE), Universidad del Bío-Bío, Chile
jomunoz@ubiobio.cl

 

Cita sugerida: Rodríguez Garcés, C., Fawaz Yissi, J., Muñoz Soto, J. (2016). Transformaciones demográficas y del mercado del trabajo en el espacio rural chileno. Mundo Agrario, 17(36), e032. Recuperado de http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe032


Resumen
Con base en la información proporcionada por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de los años 1990 y 2013, se analizan la reconfiguraciones del espacio rural chileno, en cuanto a sus tendencias demográficas y reestructuraciones del mercado laboral. Se constata a nivel demográfico, un continuo proceso de despoblamiento y envejecimiento de la población rural. Las actividades agropecuarias del mercado laboral rural cobran menor relevancia en términos de empleos e ingresos, observándose un fuerte proceso de desagrarización y favoreciéndose el posicionamiento del área de los servicios. Finalmente se observa un creciente número de hogares que mantienen uniones consensuales de carácter informal, así como una mayor presencia de hogares monoparentales, constituidos principalmente por jefaturas femeninas.

Palabras claves: Espacio rural; Feminización; Desagrarización; Mercado laboral rural; Chile

 

 

Demographic and labor market in the Chilean countryside Transformations


Sumary
Based on the information provided by the National Socioeconomic Survey of 1990 and 2013, the Chilean countryside reconfigurations are analyzed in terms of their demographic trends and labor market restructuring. A continuous process of depopulation and aging of the rural population is demographically notes. The agricultural activities of the rural labor market charge less important in terms of jobs and income, showing a strong process and favoring deagrarianisation positioning services area. Finally, a growing number of households that hold informal consensual unions and a greater presence of single-parent households, mainly consisting of female-headed households is observed.

Key words: Countryside; Feminization; Deagrarianisation; Rural labor market; Chile


 

Introducción

Los procesos de modernidad permean los espacios rurales, los cuales van evidenciando reconfiguraciones que transforman los modos tradicionales de vivir en el campo. El acceso a la educación, al mundo del trabajo urbano y a los flujos de consumo en razón de una mayor movilidad espacial, unidos a la influencia de los medios de comunicación y a las nuevas vinculaciones rurales y urbanas, han tenido particulares impactos en los patrones culturales y productivos, con una influencia urbana cada vez más notoria.

La otrora homogeneidad característica de los sectores rurales, la hegemonía de las actividades silvoagropecuarias, y el ser contenedor de los valores tradicionales entran en tensión. El espacio rural actual se diversifica y abre a nuevas actividades productivas y laborales, se transforma la estructura y dinámica familiar y se profundizan los procesos demográficos y económicos. La frontera rural y urbana se ha hecho más permeable y sus límites más difusos, lo cual condiciona una nueva ruralidad que ya no puede definirse como el polo opuesto de lo urbano, sino como una realidad dinámica y compleja que expresa nuevas modalidades de vinculación, cuyos estilos de vida muestran las huellas de referentes culturales compartidos. Va emergiendo no sólo lo que se ha dado en llamar “una nueva ruralidad”, sino también nuevas y distintas realidades rurales en un proceso de diversificación de lo que antes era homogéneo. Este proceso es el reflejo de la complejidad y profundidad de las transformaciones experimentadas (Arias, 2005; Pérez, 2005; Fawaz, 2007; Fawaz y Rodríguez, 2013).

Las dinámicas demográficas acontecidas en el campo informan de grandes transformaciones. En Chile, al igual que el resto del contexto latinoamericano, los procesos migratorios no se han revertido y la población rural sigue decreciendo tanto en términos absolutos como relativos, aunque su ritmo se ha ralentizado en el último tiempo. En concordancia con el mejoramiento de caminos y de medios de transporte tanto públicos como privados, va aumentando la movilidad diaria y pendular con el propósito de acceder al trabajo, oportunidades educacionales, servicios de salud y redes de consumo cuya mayor disponibilidad y calidad se localiza en sectores urbanos.

Si bien esta movilidad es principalmente desde lo rural hacia lo urbano, su carácter pendular la hace bidireccional. Esta movilidad inversa se expresa en un contingente significativo de población urbana que se desplaza periódicamente a sectores rurales con el objeto de acceder a la oferta de empleos de temporada disponibles. Estos desplazamientos muestran complejidades crecientes, no tan solo en términos de la cantidad de población que se moviliza, sino también por sus efectos en los espacios y en las personas que tal movilidad vincula (Larralde, 2011; Jacinto, 2011; Milbourne y Kitchen, 2014).

En síntesis, los procesos emigratorios de pérdida poblacional constante no se detienen y conviven con una movilidad transitoria y pendular, lo que configura una población rural en transición. Persiste un crecimiento vegetativo negativo en razón de la caída de la natalidad y la fecundidad, y un éxodo rural de los más jóvenes quienes, dada la falta de expectativas en el campo, son atraídos por la ciudad (Rico, 2003; Camarero, 2008). Esto, sumado al aumento de la esperanza de vida, acelera los procesos demográficos de envejecimiento de la población rural en su conjunto (Blanco, 2002).

Este despoblamiento reduce las tasas de recambio intergeneracional a la vez que aumenta el índice de dependencia pese al incremento de la participación laboral femenina; esta situación conllevaría una reducción de la viabilidad de los territorios de vocación agraria o la consideración de nuevos paradigmas de desarrollo rural, en el sentido en que lo han sostenido Berdegué y Schejtman (2008), OECD (2006).

En este contexto, el mercado laboral también se transforma mostrando tendencias distintivas. Quienes residen en el campo no sólo aceptan ofertas ocupacionales no agrícolas, sino que se abren además a la posibilidad de trabajos urbanos como resultado del mejoramiento vial y las mejores condiciones de movilidad geográfica. El trabajo agrario como fuente de ingreso y sustento familiar pierde relevancia y comparte el espacio con otras actividades laborales igualmente significativas. La diversificación laboral y productiva impacta también en la mujer, segmento poblacional que evidencia una acelerada incorporación al mercado laboral tanto rural como urbano, la cual se desempeña en ocupaciones agrícolas y no agrícolas que incluyen el microemprendimiento (Fawaz y Rodríguez, 2013).

La discusión actual tiende a sostener que el trabajo ha perdido la centralidad que tuvo en la sociedad industrial como eje estructurador de la vida social y de la construcción del sujeto, producto en gran medida de las transformaciones del modo de producción capitalista y del papel del Estado en las sociedades desarrolladas (Araujo y Martuccelli, 2012; Castel, 2010). No obstante, la evidencia disponible en lo que a trabajo rural se refiere, sitúa a este como uno de los factores más incidentes en las reconfiguraciones del mundo rural. El trabajo, en especial el asalariado, junto con la educación se constituyen en bienes patrimoniales de primer orden en el contexto rural, disputando claramente la hegemonía que antes tenía, casi en exclusividad, la tenencia de la tierra. A fin de asegurar una regularidad en el ingreso y una estabilidad económica familiar que posibilite solventar los nuevos estándares de bienestar y consumo vigentes en el campo, los habitantes rurales venden su fuerza de trabajo y se emplean en diversas actividades y contextos. Este proceso de asalarización regularmente se formaliza mediante un contrato que resguarda deberes y derechos laborales, permitiendo el acceso a la seguridad social y protección frente a contingencias como enfermedad o desempleo.

Como corolario de la significación que adquiere el trabajo, la educación se valoriza a nivel individual y familiar como un recurso de alta rentabilidad que posibilita adecuados retornos en el futuro. Los padres consecuentemente optan por tener menos hijos para poder invertir más en ellos, y prolongar su permanencia en el sistema escolar.

Por otra parte, la modificación de las pautas de consumo también presiona sobre el contingente de la fuerza de trabajo de reserva de la familia, principalmente constituida por mujeres, para que se inserte en el mercado del trabajo, y se amplíe así el número de perceptores de ingreso en el hogar. Como consecuencia de la pluriactividad, diversificación y aumento del número de perceptores salariales, se reconfiguran los ingresos del hogar en términos de regularidad, fuentes y generadores.

Estas transformaciones en la estructura productiva, en lo demográfico, en el mercado laboral y en los ingresos impacta también en la unidad familiar modificando su composición y dinámicas. Una amplia bibliografía especializada ha analizado la relación entre familia y trabajo. Al respecto, se ha demostrado que esta asociación es particularmente estrecha en los sectores rurales y también cuando la mujer se incorpora al mercado laboral (Jelin, 2006; Godoy, Stecher, Toro y Díaz, 2014; Valdés y otros 2014).

Se ha destacado así la creciente nuclearización de la familia, la reducción del número de hijos y la feminización de su estructura; se evidencian nuevas pautas de consumo como consecuencia de la búsqueda del acceso a bienes y servicios que mejoren la calidad de vida; asimismo se produce un realineamiento de fuerzas y roles por causa de los cambios graduales en los arreglos familiares (Fawaz y Rodríguez, 2013; Castells, 2005). El mayor nivel educativo en la mujer, su incorporación al mundo del trabajo y el aportar económicamente al hogar la posicionan como un interlocutor válido capaz de cuestionar los arreglos tradicionales (García y De Oliveira, 2007; FAO, 2007).

En atención a estas transformaciones acontecidas en el espacio rural, expuestas y anticipadas por la teoría sociológica, este artículo se enfoca - mediante un análisis estadístico con bases de datos oficiales de representación nacional– en la cuantificación y descripción de las reconfiguraciones del espacio rural chileno en el último cuarto de siglo. En concreto, funda su análisis en la exploración de tres dimensiones que muestran con particular nitidez dichas tendencias: lo demográfico, el ámbito sociofamiliar, y las reestructuraciones del mercado laboral. Trilogía que se constituye en ejes dinamizadores que permiten entender la naturaleza de los cambios acontecidos y el impacto que tendría en la vida de quienes habitan los espacios rurales.

Metodología

La presente investigación hace uso de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), con la cual se realiza un análisis longitudinal a fin de describir, a través de indicadores demográficos, de mercado laboral y sociofamiliares, las actuales tendencias reconfiguradoras del contexto rural chileno. En particular, se hace uso de las bases de 1990 y 2013, que son respectivamente la primera y última aplicación de esta encuesta en el contexto nacional, lo que da lugar a un horizonte temporal analítico del último cuarto de siglo. Este rango posibilita visualizar con mayor claridad fenómenos sociales que, dada su naturaleza, son de manifestación evolutiva más acompasada o de transcurrir más lento.

CASEN es una encuesta bianual aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile y se constituye en el principal instrumento para evaluar y diseñar la política social. Proporciona información de validez nacional respecto del acceso a la educación, trabajo, salud, condiciones de vivienda, distribución de ingresos, situación de pobreza e indigencia, entre otros. Se aplica a una muestra representativa de la población nacional residente en hogares particulares, tanto rurales como urbanos. El procedimiento de muestreo es probabilístico, polietápico y estratificado, y fija un tamaño muestral óptimo que tiene un error absoluto de 0.69 puntos porcentuales a nivel nacional (Ministerio de Desarrollo Social, 2013).

Para los análisis estadísticos, las bases han sido ponderadas por un factor de expansión regional, que corrige así sesgos de selección y posibilita la construcción de indicadores representativos de la población rural nacional en su conjunto. Este factor de expansión es elaborado a partir de las proyecciones de los censos poblacionales aplicados al territorio regional por el Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE).

El abordaje analítico de los elementos que perfilan las actuales tendencias del contexto rural en relación con lo demográfico, la composición de la unidad familiar y estructuración del mercado del trabajo, se realizó con base en la construcción de un conjunto de indicadores:

a. Indicadores Demográficos de la Población Rural: Teniendo como unidad de análisis al individuo se configuran 5 componentes descriptivos, los cuales informan acerca de los grandes cambios que a nivel poblacional se han evidenciado dentro del medio rural y se configuran como los elementos estructurales de la transición demográfica.

- Índice de ruralidad: Proporción de la población que habita en zonas concentradas o dispersas de hasta 2000 habitantes con al menos el 50% de su población económicamente activa dedicada a actividades agrícolas o primarias. Incluye a personas que residen en aldeas, caseríos, fundos, parcelas o comunidades indígenas.

- Índice de Envejecimiento, el cual expresa la relación entre la población de 65 años y más respecto de la población menor de 20 años.


- Índice de Sobreenvejecimiento, determinado por la relación entre la población mayor de 84 años y la población de 65 y más años.


- Índice de Dependencia Global, es la proporción de la población en edad potencialmente dependiente, esto es menores de 15 y mayores de 64 años, respecto la población en edad potencialmente activa (15-64 años).

 

- Índice de Fecundidad, relación existente entre el número de nacimientos ocurridos en el año respectivo y la población femenina en edad fértil en el mismo periodo.



Capital humano de la fuerza de trabajo, nivel de escolaridad alcanzado por la población económicamente activa cuyas edades transitan entre los 15 y 65 años.

b. Indicadores de Tendencias del Mercado Laboral: constituyen la segunda dimensión analítica, cuya intención es dimensionar los principales fenómenos reconfiguradores del mercado laboral rural que son aspectos fuertemente vinculados con los cambios sociodemográficos. Está conformado por siete elementos o componentes:

- Índice de ocupación, proporción de la población que se encuentra efectivamente trabajando de forma asalariada o por cuenta propia respecto de la población económicamente activa que participa del mercado laboral, en calidad de ocupados o desocupados.

- Índice de desempleo: proporción de la población que participa del mercado laboral que no tiene trabajo pero ha desarrollado acciones para encontrarlo. Incorpora a los cesantes que buscan empleos y a los que buscan trabajo por primera vez.

- Índice de feminización, relación de mujeres que participan del mercado laboral respecto de la población total que integra el mercado del trabajo.

- Índice de terciarización, proporción de la población ocupada en áreas asociadas al comercio y los servicios respecto del total de población ocupada.

- Índice de asalarización, proporción de la población que participa del mercado laboral de forma dependiente, con contrato o sin él, con respecto al total de la población ocupada.

- Índice de formalización, relación de la población ocupada que tiene contrato a plazo fijo o indefinido, firmado o por firmar, respecto del total de la población ocupada dependiente.

- Índice de ocupación agrícola, proporción de ocupados en el área agropecuaria respecto del total de la población ocupada.

c. Indicadores Sociofamiliares: conjunto de atributos que, con base en las características de sus miembros, busca perfilar las principales transformaciones que ha sufrido la estructura familiar de los hogares rurales. En lo específico hace mención a:

- Composición estructural del hogar, dimensiona la composición familiar en cuanto a su tamaño, tipo de jefatura, estructuración de parentalidad y consensualidad, edad del jefe de hogar y tipología de sus integrantes (jóvenes y adultos mayores).

- Capital humano familiar y pobreza, cuantifica el nivel de escolaridad del jefe de hogar en su calidad de principal perceptor de ingresos, la configuración de los ingresos familiares y la situación de pobreza del hogar.

Discusión y resultados
a. Tendencias Demográficas de la Población Rural

Dentro de los cambios más significativos que a nivel demográfico ha experimentado el espacio rural en el último cuarto de siglo, se constata el continuo proceso de despoblamiento y envejecimiento, situación que según tendencias globales también ha sido constatada en otros contextos y por otros autores (Rico y Gómez, 2009). En Chile, mientras a principio de los noventa la población rural alcanzaba ya un escaso 17,0%, en el 2013 esta cifra se reduce aún más y no supera el 12,7%. Un modelo de desarrollo rural productivo centrado en un acelerado proceso tecnológico, sumado a la modernización de la sociedad chilena en su conjunto, ha impulsado cambios socioeconómicos y desequilibrios territoriales y demográficos en el espacio rural.

Tabla 1. Indicadores Demográficos de la Población Rural, 1990 y 2013 (%)

Indicadores

1990

2013

Población Total (%)

17,0

12,7

Índice de Envejecimiento

18,9

52,3

Índice de Sobreenvejecimiento

8,2

9,4

Índice de Dependencia Global

60,1

53,1

Escolaridad Alcanzada PEA

6,6

9,2

Tasa de fecundidad*

2,7

1,9

*= Dato proporcionado por el INE para los años respectivos.
Fuente: Casen 1990 y 2013 - Elaboración Propia.


Los datos de la Tabla 1 ponen de manifiesto la existencia de un territorio mermado poblacionalmente y envejecido. Por un lado, existe un crecimiento vegetativo casi nulo en la medida en que se contraen las tasas de natalidad y fecundidad que inhiben el recambio generacional; ello a pesar del aumento de la esperanzada de vida. Los habitantes rurales, dado el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia y el mayor acceso a la salud, han aumentado su esperanza de vida. Junto con ello han retardado la constitución de pareja y planificado la llegada de los hijos, los cuales se han reducido en número y se tienen a edades más avanzadas.

Por otro lado, el proceso de envejecimiento se explica también por la persistente migración, en especial por parte de los más jóvenes. Los jóvenes son fuertemente atraídos por la ciudad, principalmente con el objeto de acceder a educación y/o trabajo. En efecto, la prolongación de la permanencia en el sistema educativo se realiza generalmente en contextos urbanos. Asimismo, en razón del mayor nivel de educación alcanzado, optan por residir permanentemente en las zonas urbanas, espacio en el que encuentran mayores posibilidades de empleo y de mayor calidad.

Estas tendencias demográficas en el ámbito rural provocan que el índice de envejecimiento haya aumentado en 2,8 veces respecto del existente al principio de la década de los noventa. En el año 1990 existían 18,9 adultos mayores de 64 años por cada 100 jóvenes menores de 20 años, mientras que para el año 2013 dicha cifra se posiciona en 52,3 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Este proceso de envejecimiento incide directamente sobre el índice de dependencia, el cual es afectado especialmente por causa de la contracción del segmento juvenil que se reduce en un tercio respecto al existente en 1990, por lo que el campo pierde así su capital humano más avanzado y se inhibe el necesario recambio generacional.

No obstante lo anterior, la diversificación económica productiva, la existencia de un contingente mejor preparado, la importancia del trabajo asalariado urbano y no agrícola como fuente de ingreso, unido a la movilidad temporal con ocasión del mejoramiento del transporte y de las comunicaciones, contribuyen a brindar sustentabilidad económica a la familia rural, mitigando el proceso de migración permanente. Los ingresos de la actividad agrícola tradicional son complementados con los aportes del trabajo asalariado, a menudo urbano, en el que contribuye más visiblemente la mujer como perceptora de ingreso al momento de incorporarse al mercado del trabajo.

Asimismo, una importante masa rural se desplaza por periodos de tiempo diario o semanal para acceder al trabajo, a la educación, a la salud y a las redes de consumo. Este fenómeno de movilidad pendular o commuting da lugar a una tendencia cada vez mayor a vivir en el campo, a pesar de no vivir de él, lo cual tiende a contener y/o ralentizar el proceso de vaciamiento del espacio rural (OECD, 2006; Rico y Gómez, 2009).

b. Tendencias del Mercado Laboral

El sector agropecuario presenta una incapacidad intrínseca para absorber la oferta de trabajo rural, en especial la más calificada, proporcionando empleos de mejor calidad y remuneración (Pérez , 2001). El sistema productivo imperante en el campo es escasamente competitivo frente al mercado laboral urbano, y no es capaz de contrarrestar la fuerza de atracción que genera en los más jóvenes y mejor preparados. Las ciudades albergan la promesa de una mejor calidad de vida lo que conlleva el despoblamiento permanente o al menos temporal de los espacios rurales, con la consiguiente pérdida de capital humano, abandono de actividades productivas y desaprovechamiento de la infraestructura social instalada, que incrementan así su empobrecimiento y vulnerabilidad (Mojarro y Benítez, 2010).

En cuanto a las tendencias del mercado laboral del sector rural en este cuarto de siglo, se observa en el Gráfico 1 una alta tasa de empleo y bajo desempleo estructural, sin marcadas diferencias en el periodo analizado. Se constata un alto índice de ocupación con una tasa de desempleo de un escaso 6,3%. El mercado del trabajo muestra, a nivel global, capacidad para absorber el aumento de mano de obra disponible, lo que transita en concordancia con la proliferación del empleo temporal en el espacio rural y un mayor acceso al trabajo en zonas urbanas. En consecuencia, las particularidades del mercado laboral rural están más determinadas por el tipo de empleo, las condiciones laborales y los niveles de ingreso, que por la mera presencia o ausencia de fuentes de trabajo (Rodríguez y Muñoz, 2015).


Gráfico1. Tendencias del Mercado Laboral, 1990 y 2013 (Índices)


Se evidencia una pérdida de relevancia de la actividad agropecuaria en cuanto a empleos e ingresos; este proceso de desagrarización y posicionamiento del área de los servicios concuerda con tendencias ya constatadas en otros contextos por Haggblade, Hazell y Reardon (2002); Dirven y Köbrich (2007) y Escalante, Catalán, Galindo y Reyes (2007). Tal como se muestra en la gráfica, la fuerza de trabajo ocupada en el sector agrícola se ha reducido a menos de un cuarto (24,6%), lo que constituye una reducción considerable si se toma en cuenta que a principios de los noventa esta era del orden del 73,8%. Esto conlleva implícitamente a una terciarización del mercado laboral rural, dada la importancia que adquieren las actividades vinculadas a los servicios, las cuales aumentan en un 239% durante el periodo analizado, posicionándolas como la principal fuente de empleo y de ingresos en las familias rurales.

La importancia atribuida a la tierra y a la producción para el autoconsumo familiar cede terreno frente al salario. Persiste la función de producción agropecuaria, pero hoy las familias rurales dependen en mayor cuantía del estipendio de sus miembros, muchos de los cuales son ajenos a la actividad estrictamente agrícola. Esta pérdida de centralidad del sector agropecuario en razón del deterioro económico permanente de la actividad productiva, al menguar los ingresos, resta viabilidad al sustento familiar de los pequeños productores de no mediar la diversificación de los medios de subsistencia mediante el trabajo remunerado (Lastarria, 2008; Kay, 2009; Blanco y Bardomás, 2015). Los habitantes rurales se ocupan de actividades no agrícolas buscando empleos asalariados en el espacio urbano, a la par que se flexibiliza y feminiza la estructura ocupacional rural, con la consiguiente diversificación tanto de las fuentes de ingresos como de los miembros generadores del mismo. A la pluriactividad se incorporan, en consecuencia, nuevos perceptores de ingresos, especialmente femeninos, que transforman la visión clásica de lo rural (Arias, 2009). La precarización y fragilidad de la producción agrícola familiar, unidas al cambio en las pautas de consumo en el hogar hace que las familias ya no puedan prescindir de los ingresos aportados por el trabajo asalariado, y menos del generado por las mujeres (Rodríguez y Muñoz, 2015).

La restructuración, flexibilización y diversificación de la actividad económica conduce a un aumento de la participación laboral femenina (García, 2001). Se estima que gran parte del empleo agrícola no tradicional generado es ocupado por mujeres, en especial en lo que a plantas de procesamiento agroindustrial se refiere (Edelman, 2008; Dolan y Sutherland, 2002; Barrientos, Dolan y Tallontire, 2003), siendo posible señalar que esta área es la principal responsable de la feminización de la fuerza laboral empleada en el campo. Ello sin desconocer la importancia y visibilidad que han adquirido las mujeres en la pequeña agricultura, sea en calidad de familiares no remuneradas o agricultoras principales (Deere, 2006).

En efecto, tal como se observa en el Gráfico 1, en el año 1990 por cada cinco hombres habitantes del medio rural que integraban el mercado laboral solo había una mujer; mientras que al 2013, esta relación es de una mujer por cada dos hombres. La actividad agrícola también se feminiza en este cuarto de siglo en el país. Mientras en 1990 solo el 7,5% de quienes participaban en la rama agropecuaria eran mujeres, hoy dicha cifra se posiciona en el 21,6%. La presencia femenina en esta rama se ha casi triplicado como consecuencia del efecto de sustitución por la migración masculina, así como por la generación de nuevos puestos de trabajo menos limitados a las prerrogativas de los condicionamientos de género del pasado. Especial importancia tienen aquí los empleos vinculados a la agroindustria y el empleo de temporada que se feminiza en mucho mayor medida que el empleo de carácter permanente (Valdés y otros, 2014).

La mayor participación laboral femenina opera en concomitancia con el interés de las mujeres por elevar sus condiciones de vida y acceder a bienes y servicios, con el añadido de que es un contingente mejor preparado para competir en el mercado laboral y con una predisposición actitudinal más favorable hacia el trabajo. Las probabilidades de empleabilidad mejoran en relación con el nivel educativo, no obstante la participación laboral de las mujeres no se limita a aquellas que tienen alta o mejor escolaridad. La disminución de la población femenina inactiva en todos sus segmentos permite concluir que mujeres mayores y con bajo nivel de educación se incorporan también al trabajo remunerado con mayor facilidad que antaño.

Por otra parte, dicha participación no se circunscribe única y exclusivamente a su presencia en las labores agrícolas como una suerte de sustitución de la mano de obra masculina, la cual se desplazaría hacia otros rubros más rentables. El fuerte atractivo del mercado laboral urbano, en especial el de los servicios incide también en las mujeres. En 1990, un tercio (33,6%) de las mujeres rurales ocupadas lo hacían en la rama agrícola, en 2013 esta cifra tan solo alcanzaba el 21,6%, detrimento que se explica por el fuerte posicionamiento de la mujer en el sector de los servicios. El trabajo asalariado de naturaleza no agrícola es también relevante para las mujeres; es allí donde se genera la más significativa oferta de empleo, de mayor estabilidad y donde pueden acceder a salarios al menos comparables al de los hombres. Si bien la brecha de los ingresos con base en el género es una constante que se manifiesta en las distintas áreas de la estructura productiva, se hacen más ostensibles en el sector agrícola. Según Berdegué, Reardon y Escobar (2000) es precisamente en los empleos rurales, sea en calidad de autoempleo o asalariado agrícola, donde los hombres obtienen remuneraciones muy superiores al de las mujeres.

Asistimos a un creciente proceso de terciarización en el sector rural. En Chile en 1990 tan solo uno de cada cinco (22,3%) hombres y mujeres rurales ocupados lo hacían en actividades asociadas al sector de los servicios, proporción que crece de forma abrumadora para posicionarse en el año 2013 en un 68,1%. Estas actividades económicas, dada su naturaleza, se realizan preferentemente en zonas urbanas, por cuanto su desarrollo tiende a ser significativamente menos rentable en los sectores rurales y semiurbanos por el mismo proceso migratorio y de conectividad. Así por ejemplo, para el caso del comercio asentado en zonas rurales, las mejores redes de transporte y comunicación facilitan y reducen el tiempo de los desplazamientos hacia los mercados urbanos de abastecimiento (Pérez , 2001).

Por último, el trabajo asalariado rural opera cada vez más vinculado a una relación formal establecida entre empleado y empleador por medio de un contrato de trabajo. En contextos de crecimiento económico sostenido –como ha sucedido en Chile– la creación de empleo se suscita preferentemente en el sector formal de la economía y es regularizado mediante un contrato de trabajo. Esta formalización de la actividad laboral que genera un conjunto de externalidades positivas que transitan más allá del simple trabajador agrícola, para alcanzar a su grupo familiar y a la localidad que habita. Tal como se observa en el gráfico, durante el año 1990 el 66% de la población participaba en el mercado formal con contrato laboral, cifra que en el 2013 es del orden del 75,5%. El aumento de la protección laboral en los sectores rurales no implica desconocer la existencia de una economía sumergida, pero este empleo informal y socialmente desprotegido tiene un comportamiento contracíclico que se constituye en estrategia de subsistencia familiar y refugio frente al deterioro de la situación económica y del empleo asalariado en su conjunto.

En síntesis y con base en lo expuesto, es posible sostener que los factores ordenadores de la vida social y económica de las familias rurales –en lo que a mercado laboral se refiere– están fuertemente configurados por la actividad salarial urbanizada, terciarizada, formalizada y feminizada.

c. Transformaciones de los hogares rurales

Junto con el cambio demográfico y el del mercado de trabajo, antes analizados, se observa una importante transformación de la estructura y componentes socio-familiares de los hogares del país. Las familias rurales se reducen en tamaño como efecto principal de la disminución del número de hijos, prolongando la tendencia observada desde mediarías del siglo XX. Si bien la monoparentalidad también incide en este proceso, ésta lo hace de modo menos significativo.

Tal como se observa en la Tabla 2, el tamaño de las familias se reduce en el periodo analizado de 4,1 a 3,2 personas por hogar. Asimismo, mientras en 1990 había 1,2 miembros menores de 15 años por hogar, esta cifra desciende a 0,7 en el año 2013.

Postulamos que una diversidad de condicionantes económicas, sociales y normativas ejercen su influjo sobre la familia rural en cuanto a las decisiones sobre la fecundidad, habida cuenta de que lo que importa no es tan solo el número de hijos que se tenga, sino la inversión que se realizará en ellos para alcanzar las expectativas que se buscan en la actualidad. En este sentido, reducir el número de hijos significa que se pueden dedicar más recursos a su crianza y preparación para la vida adulta facilitando el acceso a más y mejor educación, sin que ello signifique una desmedida postergación al bienestar familiar en su conjunto.

Las familias rurales, en una suerte de extensión de lo que acontece en los hogares urbanos, buscan un adecuado equilibrio entre el número de hijos y la inversión en ellos realizada, con el bienestar y confort que el acceso a bienes y servicios les permita disfrutar. En la actualidad, los hijos de las familias rurales son más demandantes, lo que hace aumentar su coste de manutención. Por ejemplo, prolongan su permanencia en el sistema escolar, situación que, si bien es beneficiosa para su futuro, inhibe o limita la capacidad de aportar tempranamente por medio de su trabajo a la economía familiar. Si bien no se puede sostener que el trabajo infantil sea una figura en extinción en el mundo rural, el peso específico de este fenómeno es menos relevante que el existente hace treinta o cincuenta años atrás.


Tabla 2. Estructura de los Hogares Rurales, 1990 y 2013 (Índices)


1990

2013

Hogares en Situación de (%):

  • Pobreza
  • Indigencia



32,9
12,5

 

25,4
8,3

Hogares Biparentales (HB) (%)

77,9

67,5

HB con Uniones no Formales (%)

8,1

23,1

Jefatura Hogar Femenina (%)

14,0

26,5

Edad del Jefe de Hogar ( )

48,8

55,2

Escolaridad del Jefe de Hogar ( )

5,3

7,1

Tamaño del Grupo Familiar ( )

4,09

3,23

Número de Integrantes en el Hogar ( ):

  • Menores de 15 Años
  • Mayores de 60 Años en el Hogar




1,2
0,5




0,7
0,6

Número de Perceptores de Ingreso ( ):

  • Ingreso Trabajo
  • Ingreso Autónomo


1,5
1,7


1,4
1,7

Fuente: Casen 1990 y 2013 - Elaboración Propia.


La educación es un derecho que a los hijos asiste, pero también es una inversión que los padres procuran realizar, evento que no reconocería discriminación de género. En la actualidad existe una mayor restricción etaria al momento de trabajar remuneradamente y un cambio cultural en la división sexual del trabajo que vinculaba desde muy temprana edad a los hombres a la actividad agrícola y a las mujeres a las labores domésticas y trabajos menores, no remunerados. En consecuencia, es posible afirmar que el aporte económico que realizan las mujeres en el presente, obra también en sustitución del trabajo infantil efectuado en el pasado.

Si bien aún existe una visión tradicional de la constitución familiar de los hogares rurales –que alude principalmente al matrimonio como forma de constituir familia y a la autoridad formal definida en su interior–, las estructuras familiares que se observan en los últimos 25 años se alejan progresivamente de este patrón. En la Tabla 2 se constata un creciente número de hogares que mantienen uniones consensuales de carácter informal, así como una mayor presencia de hogares monoparentales, principalmente constituidos con jefaturas femeninas. Si bien la monoparentalidad como definición de un tipo particular de estructura familiar es un fenómeno de larga data en la sociedad chilena (Montecinos, 2010; Valdés, 2007), en la actualidad su presencia se acrecienta en los sectores rurales. Los datos informan que al año 2013, al menos 3 de cada 10 familias cuentan con solo uno de los progenitores, principalmente la mujer. La proporción de familias biparentales disminuye en un 13,4% respecto de 1990, y se posiciona en un 67,5%, lo cual acorta la brecha que mantenía en este aspecto con la proporción de familias urbanas.

La presencia de un conjunto de factores con diferenciados niveles de incidencia da cuenta de una serie de tipologías derivadas que hacen precisión conceptual respecto de lo que significa ser una familia monoparental en la actualidad. En efecto, a los eventos de carácter fortuito e involuntarios tales como el fallecimiento del conyugue, la migración por motivos laborales de la pareja, o el ser madre soltera, se incorpora hoy en día con mayor intensidad el vivir sin pareja como decisión personal, lo que sería expresión de un proyecto de vida que se define en distintas fases del ciclo vital con base a los mayores niveles de empoderamiento de la mujer. La monoparentalidad pierde su estigma en tanto conceptualización construida a partir del quiebre de la unidad familiar o de la incapacidad para formar pareja, como ocurriría en el caso de las madres solteras, por ejemplo, para constituirse en una opción dotada progresivamente de mayor legitimidad, que hace perder la hegemonía del modelo de familia tradicional, otrora arraigado en el campo. El vivir sin pareja puede ser, en consecuencia, una opción voluntaria y libremente elegida, de carácter permanente y que se puede articular incluso antes de establecerse la relación conyugal.

Este proceso de individuación, si bien se manifiesta con mayor intensidad en el mundo urbano, se ha reforzado crecientemente en la vida social de mujeres y jóvenes del campo (Jelin, 2006), quienes comienzan a percibir los valores y referentes tradicionales como opcionales, ampliando, por defecto, sus niveles de autonomía para proyectar sus vidas (PNUD, 2002; 2010).

Los factores demográficos históricamente han feminizado la estructura familiar. El aumento de la esperanza de vida, la mayor longevidad de las mujeres, unido al hecho de que contraen nupcias o forman pareja a edades más tempranas que los hombres, a los cuales generalmente les sobreviven en estado de viudez, condición que incluso prolongan más que los varones– se constituyen en factores explicativos de esta tendencia. A ello se suma en la actualidad un contingente de mujeres jóvenes mejor preparadas, más empoderadas e insertas en el mercado laboral y, en consecuencia, capaces de desarrollar proyectos vitales escindidos del varón, pues pueden solventar económicamente el hogar, además de brindar protección y cuidado a sus hijos. Por ello, los datos informan que no solo se incrementa la aportación económica femenina al hogar con ocasión a partir del trabajo remunerado fuera de casa, sino que además aumenta la proporción de mujeres que, viviendo sin cónyuge, son asalariadas o generan ingresos a partir de trabajos por cuenta propia.

Esta inserción en el mercado laboral sienta las bases de la independencia económica y la autonomía en la toma de decisiones, y es facilitada por la existencia de redes de cuidado tanto informales como formales. Los hijos, en especial los más pequeños, se constituyen en un inhibidor de la participación femenina en el mercado del trabajo, pero su incidencia se ve reducida por la oferta preescolar de carácter institucional, que complementa las prácticas de cuidado de las redes familiares o de compadrazgo aún existentes en el campo (Contreras, Sepúlveda y Cabrera, 2010; Rodríguez y Muñoz, 2015; Encina y Martínez, 2009). Redes de cuidado de especial importancia toda vez que las oportunidades de empleo de mejor calidad están radicadas en espacios extralocales o urbanos, lo que implica una movilidad permanente o diaria por parte de la mujer (Sampedro y Camarero, 2007), la cual se vería imposibilitada de trabajar remuneradamente de no mediar el apoyo externo.

El trabajo femenino cumple un rol instrumental, de reconocimiento social y de empoderamiento en la mujer que hace posible la toma de decisiones emancipatorias (Fawaz y Rodríguez, 2013). La presencia de pareja tiene un efecto claramente inhibidor de la participación laboral femenina, sea como consecuencia del efecto renta y/o como resultado de creencias tradicionales de expresión machista que vinculan a la mujer con el espacio de lo privado-doméstico y al varón con el mundo del trabajo o de lo público. En hogares biparentales, la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar no está exenta de conflictos y desafíos, y esto se profundiza en el caso de mujeres de menor nivel socioeconómico. La ausencia de pareja elimina tal restricción cultural y, dada la necesidad de generar ingresos, conmina a la mujer a insertarse laboralmente. Por otra parte, el aumento del nivel de escolaridad y la participación laboral de las mujeres incrementa las rentas y modifica las fuentes de ingreso de los hogares rurales creando las condiciones objetivas y subjetivas que facilitan el proceso de restructuración de la composición familiar. La mujer puede prescindir con mayor facilidad que antaño de la presencia de la pareja para mantener el hogar, siendo ella misma quien asume dicha responsabilidad (Arriagada, 1997).

Como resultado de estos vectores económicos-culturales, se acelera el proceso de feminización de la estructura familiar. Para el año 2013, el 26,5% de los hogares rurales tiene jefatura femenina, lo que representa un aumento del 89,3% respecto del año 1990. Sin embargo, esta feminización también evidencia una mayor probabilidad de riesgo a padecer situaciones de vulnerabilidad y carencia. Son precisamente las familias dirigidas por mujeres las cuales estarían más expuestas a caer en situación de pobreza, en especial cuando tienen un mayor número de hijos (Ballara, Damianovic y Parada, 2010; Ochoa, 2007; Jelin, 2006).

En síntesis, es posible afirmar que los procesos reconfiguradores de la familia rural en cuanto a tamaño, estructura, composición parental, jefatura e ingresos siguen tendencias similares a las que acontecen en el espacio urbano, y son derivadas en gran medida de la atenuación y mayor permeabilidad de las fronteras urbano-rurales con base en un creciente y prolongado intercambio de bienes, servicios y personas, sea con ocasión del trabajo, la educación, la salud y el consumo (Kay, 2009; Camarero, 2008; Milbourne y Kitchen, 2014).

Conclusiones

Los espacios rurales en Chile han evidenciado reconfiguraciones que han transformado los modos tradicionales de vivir en el campo. En lo demográfico, el espacio rural se ve enfrentado a un proceso de despoblamiento y envejecimiento. La estructura familiar se reduce, feminiza, y el matrimonio como acto constitutivo pierde relevancia. En lo que a mercado laboral rural respecta, este se desagrariza y terceriza diversificando y feminizando las fuentes de ingresos, con un intensivo proceso de asalarización.

La población rural, que alcanza en la actualidad a un 12,7%, se reduce en un cuarto respecto a la existente a principios de los noventa. La persistente migración, en especial la de los más jóvenes, y el mejoramiento de la esperanza de vida lleva a un envejecimiento de la población rural, en la actualidad existe un adulto mayor por cada 2 jóvenes.

Respecto del mercado laboral y la actividad productiva, se observa una pérdida de relevancia del sector agropecuario en términos de empleos e ingresos. El fuerte proceso de desagrarización favorece el posicionamiento del área de los servicios, tales como el turismo, el transporte y el comercio, y se potencian las vinculaciones rural-urbanas. Las ciudades no son simplemente el lugar donde el pequeño productor campesino transa sus productos, sino que además comienza a ser crecientemente el espacio donde este vende su fuerza de trabajo y se emplea a cambio de un salario. Si bien la actividad agropecuaria sigue siendo relevante en los sectores rurales del país, en términos de generación de empleos e ingresos se evidencia una pérdida de la centralidad y hegemonía que tuvo en el pasado.

La irrupción del trabajo asalariado, tanto rural como urbano, y en particular el trabajo de temporada, impacta también en la fuerza laboral femenina, y se constituye en uno de los eventos de mayor relevancia en las transformaciones económicas producidas en el último tiempo en el sector rural chileno. La restructuración, flexibilización y diversificación de la actividad económica conllevan a que las mujeres queden menos restringidas a determinadas actividades productivas, a diferencia de lo que acontecía en el pasado.

Las familias rurales se reducen en tamaño como efecto principal de la disminución del número de hijos y, si bien la monoparentalidad también incide en este proceso, ésta lo hace de modo menos significativo. Condicionantes económicas, sociales y normativas ejercen su influjo sobre la familia rural en cuanto a las decisiones sobre la fecundidad y recursos destinados a la crianza.

Se constata un creciente número de hogares que mantienen uniones consensuales de carácter informal, así como una feminización de la estructura familiar por causa del aumento de la monoparentalidad. El vivir sin pareja pierde su estigma para constituirse en una opción dotada de mayor legitimidad, lo que hace perder exclusividad al modelo de familia tradicional, y se convierte en la expresión de un cambio estructural y cultural.

La mujer, por otra parte, se posiciona en un plano de mayor igualdad frente al varón, con poder de decisión sobre sus hijos y libertad en el uso de sus ingresos.

 
Notas

1 Este trabajo es producto del proyecto de investigación, “Reconfiguraciones socioespaciales, estructurales y simbólicas de la población, los modos de vida, el trabajo y la familia en el marco de las nuevas relaciones rural/urbanas. Perspectivas y aportes desde la región del Biobío”. Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) número 1140579.

 
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Fecha de recibido: 6 de enero de 2016
Fecha de aceptado:
14 de septiembre de 2016
Fecha de publicado:
15 de diciembre de 2016

 

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