Mundo Agrario, vol. 18, nº 37, e040, abril 2017. ISSN 1515-5994
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Historia Argentina y Americana

 

ARTICULO/ARTICLE

 

Las principales entidades agropecuarias de la Argentina en la etapa previa al orden neoliberal. Posicionamientos, disputas, alianzas y eficacia interpelativa*


Hernán Fair

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
herfair@hotmail.com


Cita sugerida: Fair, H. (2017). Las principales entidades agropecuarias de la Argentina en la etapa previa al orden neoliberal. Posicionamientos, disputas, alianzas y eficacia interpelativa. Mundo Agrario, 18(37), e040. https://doi.org/10.24215/15155994e040

 


Resumen
Este trabajo realiza una reconstrucción y análisis de las discursividades y las disputas por la hegemonía en las principales corporaciones agropecuarias, durante la etapa inmediatamente previa a la emergencia de la hegemonía neoliberal en la Argentina. A partir del análisis sociopolítico de los discursos de las principales organizaciones del agro a nivel nacional y de sus referentes institucionales claves, desde un enfoque posestructuralista y posmarxista, se examinan los posicionamientos, las disputas en torno al modelo económico y social y la dimensión del impacto hegemónico, durante 1988. Se concluye que la implementación del Plan Primavera y las interpelaciones oficiales tuvieron un efecto de redefinición de posiciones que radicalizó las críticas de las principales corporaciones agrarias y generó una articulación defensiva contra el programa económico del gobierno de Alfonsín. Esta convergencia se extendió desde el plano verbal a las prácticas sociales e institucionales de las cuatro entidades más importantes del agro, contribuyendo a explicar el fracaso del alfonsinismo y el avance de las políticas neoliberales.

Palabras clave: Corporaciones agrarias; Economía; Hegemonía; Gobierno de Alfonsín; Argentina; 1988


The main agrarian entities of Argentina during the previous stage to neoliberal order. Positionings, disputes, alliances and interpellative efficacy


Abstract
This work makes a reconstruction and analysis of discursivities and disputes for hegemony in major agrarian corporations, during the immediately previous stage to the emergence of neoliberal hegemony in Argentina. Starting from a sociopolitical discourse analysis of the main national agrarian organizations and institutional key referents, from a poststructuralist and post-Marxist approach, it examines the positions, disputes about economic and social model and the dimension of hegemonic impact, during 1988. It concludes that the implementation of Primavera´s plan and the official interpellations had an effect of redefining positions that radicalized the criticisms of the main agrarian corporations and generated a defensive articulation against the economic program of Alfonsín´s government. This convergence extended from verbal level to the social and institutional practices of the main agrarian entities, contributing to explain the failure of alfonsinism and the advancement of neoliberal politics.

Keywords: Agrarian corporations; Economy; Hegemony; Alfonsín´s government; Argentina; 1988


Introducción

En la Argentina de finales de los años ´80 existía una intensa disputa política y cultural en torno al modelo económico y social. El presente trabajo se propone reconstruir y examinar estas disputas por la hegemonía, con base en el análisis sociopolítico de los discursos de las principales corporaciones agropecuarias. A partir de un doble abordaje en términos organizacionales y por actores individualizados, se busca realizar una tarea pendiente en la bibliografía especializada, que consiste en analizar, desde una perspectiva posestructuralista y posmarxista, los posicionamientos, las disputas de sentidos y la dimensión del impacto hegemónico, en las principales entidades del agro a nivel nacional (Sociedad Rural Argentina, Confederación Rural Argentina, Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Federación Agraria Argentina), incorporando, a su vez, los discursos de sus principales referentes institucionales durante el período inmediatamente previo a la emergencia de la hegemonía neoliberal, en 1988. Las preguntas que estructuran la investigación son las siguientes. En primer lugar, ¿qué cadenas equivalenciales y significantes clave organizaban los discursos de las principales corporaciones y referentes del agro nacional a finales de los años ´80? En segundo término, ¿qué impacto tuvo la implementación del Plan Primavera y las interpelaciones del gobierno de Alfonsín en los discursos verbales, los posicionamientos políticos y las prácticas discursivas e institucionales de las principales entidades y referentes agropecuarios? En este sentido, ¿en qué medida las interpelaciones oficiales y los lineamientos del programa económico modificaron las posiciones de los actores políticos clave y cómo impactó ello sobre la dinámica de la disputa hegemónica?

1. Antecedentes

En las últimas décadas una pluralidad de trabajos analizaron las relaciones estructurales, organizacionales e institucionales entre el Estado y las principales corporaciones locales. A grandes rasgos, se pueden destacar tres enfoques:

En primer lugar, se encuentran los abordajes marxistas-clasistas, que incluyen dos vertientes:

Por un lado, las investigaciones que, desde la historia económica y la economía política, analizan los cambios en el patrón de acumulación del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), a partir de los intereses materiales de las diferentes fracciones del capital concentrado (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1989; Azpiazu y Basualdo, 1990). Estos estudios se enfocan en los aportes teóricos de la corriente estructuralista-poulantziana (Basualdo, 2006) y, en ocasiones, incluyen algunos conceptos gramscianos (Basualdo, 2011) y de la teoría económica del desarrollo (Nochteff, 1995).

Por el otro lado, los análisis que rechazan el fraccionamiento sociológico de clases para colocar el eje en la relación social de dominación general del capital sobre el trabajo, garantizada por el Estado. Estos estudios parten desde un enfoque derivacionista y del marxismo abierto (Bonnet y Piva, 2009; Salvia, 2014) aunque, en algunos casos, lo combinan con la noción gramsciana de hegemonía (Bonnet, 2008; Piva, 2012).

En segundo término, se encuentran los análisis organizacionales o corporativistas, que se enfocan en el estudio de las formas de organización y acción colectiva de las corporaciones empresariales, y trascienden a las visiones clasistas. Una primera corriente hace énfasis en las formas de organización de las corporaciones desde la historia económica y la sociología rural (Palomino, 1988, 1989), en ocasiones incorporando el análisis de las políticas públicas (Barsky, 2013; Lazzaro, 2015). Una vertiente interna profundiza en el abordaje de los aspectos político-ideológicos e histórico-institucionales (Martínez Nogueira, 1988), incluyendo elementos del neocorporativismo (Acuña, 1995) y de la teoría de los nuevos movimientos sociales (Lattuada, 2006). Una segunda línea de investigación analiza los vínculos entre el Estado y las corporaciones desde la sociología económica e histórica neoweberiana, haciendo énfasis en las ideas, los valores e intereses de las elites dirigenciales (Viguera, 2000; Sidicaro, 2003a, 2003b; Beltrán, 2006).

En tercer lugar, se pueden distinguir a los abordajes politológicos, que analizan los vínculos entre el Estado y el empresariado colocando el foco en la autonomía de las estrategias gubernamentales y en las capacidades políticas del Estado para crear un marco legal y generar incentivos selectivos. Este tipo de enfoques parten desde una matriz institucionalista cercana a los análisis pluralistas (Palermo y Novaro, 1996).

Estudios sociales recientes han combinado recursos de las perspectivas organizacionales y neo-institucionalistas para un análisis más complejo de las capacidades estatales vinculadas a las políticas públicas orientadas al sector agropecuario (Lattuada y Martínez Nogueira, 2011). Desde la sociología económica de las elites se han articulado elementos estructurales, institucionales e ideológico-discursivos para estudiar los vínculos entre el Estado y las organizaciones empresariales. En este sentido, se destaca la vertiente de investigación desde la sociología del desarrollo de Ana Castellani, que retoma y complejiza aspectos teóricos de los tres enfoques predominantes para analizar la construcción, difusión y conservación de los “ámbitos privilegiados de acumulación”, entendido como las modalidades políticas, económicas e ideológicas de intervención estatal que, con diferente grado de institucionalización, permiten la generación y sostenimiento de cuasi rentas de privilegio apropiadas por las principales empresas privadas1 (Castellani, 2009: 46 y ss.). Por último, existen antecedentes más específicos que analizaron las relaciones estructurales, organizacionales e institucionales entre el Estado y las principales corporaciones del agro durante el gobierno de Alfonsín (Palomino, 1987; Nun y Lattuada, 1991; Lattuada, 1993; Acuña, 1995; Beltrán, 2006; Ortiz y Schorr, 2006, entre otros).

2. Perspectiva teórica y ontológica y estrategia metodológica

Esta investigación asume una perspectiva teórica y ontológica de construccionismo social posestructuralista basada en los aportes de Ernesto Laclau que entiende al discurso como la herramienta que constituye, de forma precaria, contingente y parcial, las identidades políticas y estructura el sentido del orden social. Desde la perspectiva laclaniana, lo social es producto de una lucha discursiva y antiesencialista por la hegemonía, que busca fijar, provisoriamente, el sentido legítimo de las significaciones y del orden comunitario, a través de “cadenas equivalenciales” que articulan significantes y “efectos de frontera” que delimitan a la alteridad constitutiva (Laclau, 1993, 1996; Laclau y Mouffe, 2004, pp. 142-155). Desde la dinámica política, ciertos significantes (palabras, imágenes) primordiales logran despojarse coyunturalmente de sus contenidos particulares, a fin de abarcar demandas sociales heterogéneas y encarnar, simbólicamente, la plenitud comunitaria ausente. La “operación hegemónica” consiste en este “vaciamiento” (tendencial) del particularismo inherente de las demandas, a partir de cierto significante clave (libertad, justicia, igualdad, libre mercado) que logra desplazarse metonímicamente para asumir contenidos universales y encarnar simbólicamente el orden comunitario, sin dejar de representar una particularidad (Laclau, 1996, pp. 69-86).

Como señala Balsa (2011), la teoría de la hegemonía de Laclau carece de una operacionalización de sus principales categorías y mantiene un elevado nivel de abstracción y una escasa sistematicidad. Como una respuesta a este problema metodológico, este trabajo relega el establecimiento a priori del significante vacío que organiza simbólicamente el orden comunitario ausente para hacer hincapié en el análisis textual de las cadenas equivalenciales (que articulan dos o más significantes de forma equivalente) y las fronteras políticas (que contraponen de forma antagónica dos o más significantes). El eje se ubica en el análisis de aquellos significantes que se encuentran “flotantes” o en disputa directa por la hegemonía desde la dinámica política y en las estrategias discursivas de universalización de los contenidos particulares.

Una segunda operación identifica planos y niveles internos para el análisis sociopolítico del discurso. Se distingue entre el plano lingüístico (verbal y escrito), que incluye el nivel de análisis del contenido y de la enunciación, y el plano no meramente lingüístico del discurso que incluye el nivel de las prácticas y acciones sociales, los elementos institucionales, el modo de producción, los mitos e imaginarios, las identificaciones sociales y los hechos físicos y biológicos. De este modo, se diferencia analíticamente entre los aspectos estrictamente lingüísticos del discurso (interpelaciones, declaraciones verbales, documentos escritos) y las prácticas y acciones físicas de los agentes (marchas, paros, movilizaciones sociales, etc.) que, aunque aprehendidas desde el orden significante, no son meramente lingüísticas. Esta distinción operativa, que en todo momento mantiene una “relativa autonomía” y un “enraizamiento” entre los planos discursivos, resulta útil para que el analista del discurso pueda examinar la interacción dialéctica entre los enunciados verbalizados y las acciones sociales desde la dinámica política en la que se asientan.

En el marco de la distinción entre los elementos lingüísticos y no lingüísticos del discurso, se incorpora el análisis del plano institucional de la hegemonía. Para ello, se parte de la base que los discursos pueden ser examinados en términos de agentes individualizados y colectivos. Los actores políticos que corporeizan los discursos, a su vez, pueden canalizar sus demandas mediante su organización institucional. Este trabajo incluye ambas modalidades de análisis: examina los discursos de las principales corporaciones, pero sin dejar de lado a sus principales referentes institucionales en términos agenciales2. De este modo, se aportan tanto recursos para analizar potenciales conflictos y contradicciones entre los exponentes institucionales de las entidades, como para estudiar los reclamos canalizados de forma organizacional. Por último, se distingue estratégicamente entre la dimensión de la producción y la dimensión de la eficacia interpelativa de la hegemonía, lo que permite analizar el impacto performativo de los discursos.

El recorte del corpus discursivo se basa en un conjunto de declaraciones, solicitadas y documentos públicos en torno al modelo económico y social reproducidos en los principales medios gráficos de circulación nacional (Clarín, La Nación y Página 12). Dada la creciente mediatización de las sociedades contemporáneas, se torna fundamental el papel de los medios de prensa escrita a escala nacional en la formación de la agenda pública y política. La prensa gráfica, en este sentido, constituye una plataforma privilegiada sobre la que se construye y escenifica la llamada opinión pública y en la que se disputan los proyectos de poder con pretensiones hegemónicas. Sin embargo, los medios de comunicación son también actores de poder con intereses políticos y económicos particulares (aunque discursivamente aprehendidos), lo que conduce a que algunas voces sean excluidas y acalladas (Laguado Duca, 2011, p. 43). La elección de tres periódicos nacionales que presentan posiciones políticas divergentes entre sí permite sortear este problema y desarrollar un análisis político más amplio y heterogéneo de las construcciones y disputas por la hegemonía que se establecen entre una multiplicidad de referentes clave y organizaciones sociopolíticas.

El recorte temporal se sitúa en el año 1988. De esta forma, se analiza un período clave de la historia argentina reciente, que coincide con la etapa inmediatamente previa a la dislocación que produjo la crisis hiperinflacionaria y fiscal de comienzos de 1989, y que desembocó en la renuncia anticipada de Alfonsín, el ascenso de Menem al poder y la aplicación del programa neoliberal. Ese año, además, se llevaron a cabo una serie de acciones conjuntas que enlazaron a las principales entidades agropecuarias, que constituyen un antecedente, y pueden acercar un poco de luz, a la comprensión y el análisis político del conflicto entre el kirchnerismo y las corporaciones agrarias del 2008.

2.1. Consideraciones teóricas y epistémicas para el análisis político-discursivo del vinculo Estado - entidades empresariales desde un enfoque posmarxista

La Argentina se ha caracterizado históricamente por el poder político y organizativo de sus corporaciones. Dentro del sector agropecuario, la estructura de representación política es “compleja” y “heterogénea” (Lattuada, 2006, p. 70), lo que actúa en consonancia con su elevado grado de heterogeneidad social (Balsa, 2006, p. 136). Sin embargo, a nivel nacional se destacan cuatro corporaciones: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Rural Argentina (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Federación Agraria Argentina (FAA) (Lattuada, 2006, pp. 65 y ss.). Estas organizaciones adquirieron en la historia argentina un papel político central, al imponer restricciones y condicionar la capacidad del Estado para llevar adelante sus políticas públicas (Martínez Nogueira, 1988, p. 295).

En el marco de estas particularidades, la bibliografía especializada ha destacado la posición privilegiada de las corporaciones del empresariado para gravitar -por acción u omisión- en la toma de decisiones vinculantes referidas a la marcha de la economía y para condicionar u orientar las decisiones del Estado (O´Donnell, 1982, p. 39; Viguera, 2000, p. 20; Sidicaro, 2003a, pp. 18-19; Castellani, 2009, p. 36). En este sentido, se han identificado los recursos de estos agentes socioeconómicos clave para tomar decisiones -por acción u omisión- sobre el destino de las inversiones, el empleo y el nivel de los precios mayoristas y minoristas. En el caso de los agroexportadores, se ha destacado su poder privilegiado para liquidar o postergar la rendición de las divisas en el mercado local y condicionar los niveles de inversión, las exportaciones y los precios internos (Viguera, 2000, pp. 34-35). Estas decisiones políticas tienen repercusiones directas o indirectas a nivel macroeconómico (mayor déficit o equilibrio fiscal y comercial del Estado, mayores o menores indicadores de inflación) y social (mayores o menores niveles de empleo y de explotación laboral, cambios en los niveles salariales de los trabajadores). Podemos agregar a ello sus consecuentes efectos histórico-políticos (contingentes) sobre la disputa hegemónica (mayor o menor apoyo al Gobierno, disciplinamiento social o mayor descontento y resistencias políticas, que pueden expresarse de forma verbal y/o mediante acciones políticas concretas, con diferentes grados de institucionalización).

Junto con los análisis politológicos que destacan las “capacidades institucionales” y la ”autonomía estatal” para “apuntalar la capacidad de adaptación de los agentes económicos a las reglas deseadas” (Palermo y Novaro, 1996, p. 474), los principales estudios de sociología económica, historia económica y sociología política que examinaron en la Argentina las relaciones entre el Estado y las corporaciones del empresariado, colocan el eje en la existencia de un fundamento económico de lo social y en una identidad de base clasista. Para los análisis derivacionistas y del marxismo abierto los vínculos entre el Estado y las organizaciones empresariales se derivan de una relación social de dominación y explotación del capital sobre el trabajo, garantizadas por el Estado burgués. Desde estas vertientes, “lo económico y lo político [se conciben] no como instancias estructurales separadas, sino en tanto momentos del proceso de reproducción ampliada del capital, como totalidad orgánica, esto es, como formas diferenciadas de la relación capital/trabajo” (Piva, 2012, p. 21). En este sentido, si para los análisis institucionalistas y pluralistas el Estado presenta una completa autonomía, para estos enfoques tanto lo político-ideológico, como el propio Estado, tienen una nula autonomía frente a las determinaciones económicas y el inherente interés de clase.

Los análisis estructuralistas, pese a sus divergencias, comparten la tesis de la autonomía relativa de Poulantzas. Ello implica asumir que “el Estado capitalista, sin dejar de representar de manera predominante los intereses de la clase o fracción hegemónica, reviste una autonomía relativa respecto de esta clase y fracción y respecto de las demás clases y fracciones en el poder” (Varesi, 2013, p. 197) y que las “clases y fracciones dominantes” se articulan con el “Estado capitalista”, en el marco de una “unidad política específica encubierta por el concepto de bloque en el poder”, aunque el Estado resguarda una autonomía relativa (Basualdo, 2006, p. 18). Estos enfoques asumen una parcial autonomía de los aspectos político-ideológicos y las capacidades de decisión y acción del Estado frente a los intereses económicos de las clases y fracciones de clase. De este modo, cuestionan las visiones economicistas del marxismo abierto y el derivacionismo. Sin embargo, conservan una determinación final de lo económico sobre todo el proceso. Por último, las perspectivas más recientes de la sociología del desarrollo destacan los “condicionamientos ideológicos, políticos y económicos que genera el contexto estructural” y las “múltiples articulaciones que se establecen entre los diferentes niveles de intervención económica y el comportamiento de los diversos agentes económicos y de ciertos actores sociales”, aunque mantienen la tesis de la “autonomía relativa” y el fraccionamiento de clases de Poulantzas (Castellani, 2009, pp. 44-45).

Este trabajo converge con los aportes de esta última perspectiva, que permite superar las falsas disyunciones entre los enfoques estadocéntricos y sociocéntricos, y cuestionar a las visiones deterministas y economicistas del marxismo ortodoxo. Sin embargo, asume una visión teórica y onto-epistemológica diferente, que se centra en el análisis íntegramente discursivo de dicha relación política, desde una perspectiva de construccionismo social posestructuralista y posmarxista. La teoría de Laclau rechaza toda forma de determinismo económico prediscursivo, objetivismo científico y esencialismo racionalista de las identidades. Esta crítica incluye a la concepción más compleja de autonomía relativa de Poulantzas, en el momento en que asume una visión clasista del Estado y una determinación “en última instancia” de la base material (Laclau y Mouffe, 2004, p. 183). A diferencia de estas visiones, Laclau destaca la sobredeterminación simbólica del orden social, el papel constituyente y potencialmente performativo del discurso y la contingencia radical de lo social (Laclau y Mouffe, 2004, pp. 133, 143, 163). De manera tal que el discurso, como elemento social de existencia material, adquiere un papel privilegiado para comprender y analizar la construcción y reformulación de las identidades e intereses de los agentes y el destino general de las formaciones hegemónicas.

En este trabajo agregamos que el análisis de los posicionamientos y disputas hegemónicas entre los agentes que asumen un rol clave en la dinámica política aporta recursos útiles para examinar la dimensión de la eficacia performativa de la hegemonía, que se vincula al impacto que generan las construcciones con pretensiones hegemónicas entre los actores políticos posicionados estratégicamente como interpelados por el analista del discurso (Fair, 2013, 2016). En ese marco, el análisis de los posicionamientos y disputas por la hegemonía en torno a los “modelos de desarrollo agrario” (Balsa, 2006, p. 17), tanto desde el plano estrictamente verbal, como desde las prácticas sociales e institucionales no meramente lingüísticas, permite acceder a aspectos concernientes al impacto interpelativo. En este caso, ofrece indicios del impacto de las ideas neoliberales entre los actores agrarios y del grado de eficacia performativa del discurso alfonsinista, en la etapa inmediatamente previa a la hegemonía neoliberal de los ´90.

En cuanto a los vínculos entre lo político y lo económico, se debe destacar que, aunque Laclau se opone a las concepciones derivacionistas del marxismo ortodoxo y critica el concepto de autonomía relativa de Poulantzas, al pretender asumir un “cierre último de lo social” (Laclau y Mouffe, 2004, p. 184), al mismo tiempo rechaza los enfoques liberales del individualismo pluralista que asumen la “difusión total de poder en el seno de lo social”. En sus palabras:

El problema del poder no puede plantearse en términos de la búsqueda de la clase o del sector dominante que constituye el centro de una formación hegemónica, ya que, por definición, dicho centro nos eludirá siempre. Pero también es incorrecto plantear como alternativa el pluralismo o la difusión total de poder en el seno de lo social, ya que esto tornará al análisis ciego a la presencia de puntos nodales y a las concentraciones parciales de poder existentes en toda formación social concreta (Laclau y Mouffe, 2004, p. 186).

En el marco de la existencia histórica de “concentraciones parciales de poder”, Laclau refiere a la posibilidad de “reintroducir” los conceptos de “autonomía” y de “centro” del neo-marxismo estructuralista, si es que “se redefine su status” (Laclau y Mouffe, 2004, p. 187). Estos conceptos, desde una visión posmarxista, deben ser entendidos como “lógicas sociales, contingentes, que, como tales, adquieren su sentido en contextos coyunturales y relacionales precisos” (p. 187). En este sentido, el grado de autonomía entre las esferas de lo económico y lo político debe entenderse como el “resultante de prácticas articulatorias precisas que construyen dicha autonomía”. De manera tal que “la autonomía, lejos de ser incompatible con la hegemonía, es una forma de construcción hegemónica” (p. 184). Ello implica considerar la existencia misma de la autonomía “en términos de una lucha hegemónica más vasta” (p. 185). En la misma línea, en trabajos posteriores Laclau reconoce el papel históricamente privilegiado que adquiere lo económico en la dinámica capitalista (Laclau, 1993, pp. 130, 228, 253) y propone una recuperación de las clases sociales bajo ciertas condiciones contextuales caracterizadas por la continuidad y estabilidad fundamentales entre las posiciones de los agentes (Laclau, 1993, pp. 173-176).

En lo que concierne a las cuestiones epistemológicas, aunque Laclau critica a los enfoques objetivistas y racionalistas, ya sean marxistas, liberales, funcionalistas o positivistas, también reconoce la existencia de una “relativa” racionalidad histórica de los agentes y la posibilidad de alcanzar una objetividad “precaria” y “contingente” (Laclau, 1993, pp. 51, 223, 227). En ese marco, resulta posible realizar un análisis interpretativo que historice, contextualice y le permita al analista del discurso atribuir determinados recursos privilegiados a ciertos referentes políticos clave (la elite empresarial, en particular bajo las formas de nucleamiento organizacional), así como la existencia de cierta racionalidad estratégica parcial de los agentes en la dinámica política, producto del predominio histórico (es decir, no a priori) de un discurso capitalista-neoliberal que promueve una racionalidad instrumental. Ello no implica negar la presencia constitutiva de pensamientos, decisiones y acciones sociales emotivas e inconscientes, y formas de racionalidad alternativas de los agentes, aprehendidas desde el orden significante (Fair, 2014).

Estas contribuciones, junto con la articulación del análisis del discurso en términos organizacionales y por actores políticos individualizados, nos permiten destacar, desde una concepción posmarxista:

1) El papel discursiva y contextualmente preponderante (aunque no el único) que adquiere la racionalidad económica o instrumental de maximización de ganancias materiales como vector de las decisiones y el accionar empresarial en el capitalismo contemporáneo.

2) El desequilibrio relativo de poder y de recursos políticos y económicos favorable a los sectores empresariales (y en particular, a los sectores de la elite empresarial que disponen de mayor acumulación de capital económico), en desmedro de los trabajadores asalariados y los grupos subalternos, condicionado por su carácter contingente, histórico y discursivamente construido.

3) La mayor capacidad performativa (relativa) en la disputa por la hegemonía de aquellos sectores empresariales de elevados recursos económicos que se organizan de forma colectiva e institucional y canalizan sus demandas de modo corporativo, así como de los dirigentes que ocupan posiciones de liderazgo político en dichas organizaciones.

4) -A partir de lo indicado en los puntos 2 y 3- el papel político, económico y social privilegiado que adquieren atributivamente determinados agentes “socioeconómicos” en el capitalismo actual (básicamente, los grandes empresarios del capital concentrado), los cuales disponen histórica y contextualmente de una mayor acumulación de capital económico y una mayor capacidad para organizarse socialmente, presionar políticamente mediante el poder de lobby al Estado, tomar decisiones (por acción u omisión) y/u ocupar cargos institucionales vinculantes, en desmedro de los sectores subalternos (el sector trabajo), los cuales no son dueños de los medios de producción.

Mediante estos recursos teóricos y epistemológicos se procura aportar algunas herramientas útiles para el desarrollo de una perspectiva posestructuralista y posmarxista de análisis sociopolítico del discurso, que trascienda a las perspectivas clasistas y dirigenciales, sin asumir el individualismo metodológico de los enfoques pluralistas.

3. Posicionamientos de las entidades agropecuarias y de sus principales referentes institucionales a finales de la década de los ´80

La Argentina de finales de los años ´80 se hallaba signada por una crisis económica y social, materializada en la persistencia de elevados niveles de inflación que repercutían en una desvalorización de los salarios de los trabajadores, déficit fiscal y creciente endeudamiento externo del Estado. En el marco del fracaso de las políticas heterodoxas que implementó el gobierno de Alfonsín entre 1984 y 1987, las ideas neoliberales iban ganando influencia y difusión en el espacio público. Sin embargo, se mantenía presente una fuerte disputa hegemónica entre los núcleos neoliberales y los sectores de tradición nacional-popular. El Gobierno se ubicaba en un punto de intersección, aunque cada vez más inclinado en sus políticas públicas y en su léxico hacia las ideas ortodoxas (Fair, 2016).

3.1. La discursividad de la Sociedad Rural Argentina

Históricamente, la Sociedad Rural Argentina (SRA) defendió un discurso liberal-conservador, siendo el principal representante organizacional de la oligarquía terrateniente local (Lattuada, 2006). Desde su fundación, ha sido uno de los principales referentes y portavoces del liberalismo económico, en oposición al Estado Benefactor que simbolizaba el peronismo (Heredia, 2003, pp. 79-84). En sus discursos públicos de finales de los años ´80, la entidad presentaba una fuerte crítica al plan económico de Alfonsín, que se posicionaba en una discursividad neoliberal-conservadora.

El diagnóstico político de la SRA partía de la base de una “crisis” económica, que “tiene un origen estructural”, y que respondía a la presencia de un “sistema técnicamente incorrecto” (Clarín, 09-04-88, p. 18). La crisis, cuyo origen se ubicaba en la creación del Estado Social, obligaba a “elegir entre dos caminos”. El primero de ellos, asociado a las políticas económicas del Gobierno, continuaba con la intervención del Estado en la economía. Este camino, que situaba al alfonsinismo como una continuidad del “estatismo” de posguerra, era relacionado a una “actitud estéril”, que promovía un recrudecimiento del “enfrentamiento” interno. Ello conduciría, según la entidad, a un “estado de aislamiento, de crudo antagonismo, de intensa desvertebración de la sociedad”. El otro camino, el de las reformas “liberalizadoras”, era “el sendero de la sensatez, de la búsqueda empecinada de soluciones, logradas a través del consenso y de los compromisos activos” (Clarín, 12-04-88, p. 24).

Desde una modalidad objetivista que reclamaba “deponer ideologismos y prejuicios” para asumir “la realidad desnuda”, la SRA afirmaba que la “solución” a la crisis provenía de aplicar en su conjunto las demoradas reformas estructurales. Ello implicaba efectuar una “concreta y efectiva reducción del gasto público”, que afectaba a los “que producen”, para terminar con el “crónico desequilibrio fiscal”, asociado al aumento de la tasa de inflación (Clarín, 23-03-88, p. 19 y 08-04-88, p. 18, La Nación, 21-10-88, p. 23). La entidad que nuclea a los grandes terratenientes criticaba el intento del Gobierno de “cubrir los desbalances fiscales con el impuesto inflacionario, a través de una mayor emisión” (Documento “El tiempo de la producción”, SRA, La Nación, 30-09-88, p. 22). Para equilibrar las cuentas fiscales se debía implementar una efectiva desregulación económica, una reducción del gasto público y una privatización general de las empresas públicas, de modo tal de terminar con los “monopolios” estatales y las “trabas” al “desarrollo de las fuerzas productivas”:

El crónico desequilibrio fiscal que padece el país se ha convertido en un escollo que traba el desarrollo de las fuerzas productivas. Muchos sectores de la sociedad señalaron sus efectos perniciosos y realizaron propuestas serias tendientes a la reducción del gasto público, la desregulación de la economía, la eliminación de los monopolios y la privatización de las empresas estatales. Sin embargo, hasta hoy no se ha avanzado en este campo (Documento “El tiempo de la producción”, SRA, La Nación, 30-09-88, p. 22).

La aplicación de estos “cambios estructurales en la economía”, la “instrumentación definitiva de los grandes cambios”, permitiría concluir con décadas de economía “cerrada” y “aislada” del mundo, abandonar la “posición de encierro” y lograr un “desarrollo armónico” del país (La Nación, 21-09-88, p. 16, y 30-09-88, p. 22). En otros casos, la SRA vinculaba las reformas estructurales con la defensa de la “libertad económica”, capaz de “estimular” la “eficiencia individual” (Clarín, 09-04-88, p. 18).

Para el titular de la entidad, Guillermo Alchourón, resultaba “ineludible” aplicar una política “coherente” de fomento a la “iniciativa privada”, a través de la liberalización económica, la reducción del gasto público y la privatización. Estas medidas permitirían “incentivar al productor” agrario, “desmonopolizar” la economía y equilibrar las cuentas fiscales, superando la “ineficiencia” del sector público:

Para salir de las dificultades es ineludible realizar una política coherente, orientada a incentivar al productor y, para ello, debe estimularse la iniciativa privada, eliminar los controles de precios y sincerar todas las variables económicas, así como también reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal, desregular la actividad económica y desmonopolizar y privatizar, con la finalidad de superar la ineficiencia del sector público (Guillermo Alchourón, Clarín, 12-04-88, p. 24).

Desde la visión del principal referente institucional de la SRA, el control de precios del Gobierno afectaba la libre iniciativa de los “productores”, por lo que se debía realizar una “liberación de precios” (La Nación, 09-03-88, p. 13). A partir de la implementación de estas políticas “liberalizadoras”, se incentivaría la capacidad de “exportación” de los “productores” agropecuarios, quienes contribuían al “crecimiento” del país (Clarín, 08-04-88, p. 18). Según Alchourón, “solamente así comenzaremos a revertir seriamente los problemas económicos que padecemos” (La Nación, 05-07-88, p. 7). Finalmente, “promoviendo [a] los sectores capaces de crear riquezas” y “adoptando una posición valiente y audaz para construir, y no para la desesperanza”, la Argentina lograría retornar a su mítico “destino de grandeza” (Clarín, 12-04-88, p. 24). De este modo, desde el relato de la SRA y de su principal referente institucional, las reformas y ajustes neoliberales no sólo incentivaban a aquellos sectores económicos que producían riquezas (es decir, al agro), sino que promovían, como derivación, un mayor crecimiento y avance del país en su conjunto.

3.2. La discursividad de los medianos productores del agro (CRA, CONINAGRO)

En las últimas décadas los discursos de los medianos productores agrarios, nucleados institucionalmente en la Confederación Rural Argentina (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), fueron confluyendo con las ideas neoliberales de la SRA. En 1988, ambas entidades coincidían con el diagnóstico y la solución propuesta por la SRA. La CRA, que históricamente apeló a la confrontación como método de expresión de sus demandas (Acuña, 1995, p. 43), criticaba la “presión fiscal” del modelo económico , que “desalienta” las “inversiones” y la “producción” del sector privado. Al igual que la SRA, sostenía que “la relación entre nuestra moneda y el dólar debe funcionar libremente”, de modo tal que se puedan atender “las necesidades de la producción de un país en crecimiento” (La Nación, 03-07-88, p. 11).

Su titular, Benito Legerén, compartía la crítica al “tipo de cambio” y a los “controles de precios” que “distorsionan el comportamiento de la producción y comercialización de los artículos” y “afectan a la economía global del país”. En ese marco, se debía promover una “apertura de la economía” (Clarín, 07-04-88, p. 19). Además, reclamaba la reducción de la “presión fiscal” y del “gasto público” para “alentar la producción” y las “exportaciones”, y promover el “crecimiento” y el “bienestar de los argentinos” (Clarín, 21-03-88, p. 20, 11-04-88, p. 14 y 03-05-88, p. 2). En algunos casos, la queja se extendía al “bajo crecimiento”, el “desempleo” y la “inflación”, aunque el objetivo principal era reducir el “déficit fiscal” y fomentar la expansión económica del sector agropecuario, ya que “sin ganancia no se puede producir” (Página 12, 27-03-88, p. 4). En consonancia con la SRA, “la solución a la crisis económica” consistía en “dejar que el campo tire como una locomotora y que las divisas excedentes sirvan, por ejemplo, para realizar importaciones” (La Nación, 12-07-88, p. 16). Arturo Navarro, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), principal exponente institucional de la red de federaciones de la CRA, compartía la crítica al programa vigente, al que consideraba “una política nefasta para la producción” (Clarín, Suplemento “Rural”, 14-05-88, p. 2).

En el caso de CONINAGRO, las críticas se centraban -a través de la voz de su titular- en los “excesivos impuestos” que debía pagar el sector, considerados una “injusticia” (Valentín Levisman, Clarín, 02-04-88, p. 12). Sin embargo, la solución no consistía en aplicar las reformas neoliberales, sino en fomentar “nuevas líneas de crédito”, ya que “es la única manera de que se vaya evolucionando y de que comience a haber inversiones necesarias en la infraestructura del campo, en maquinarias, que está bastante obsoleto” (Clarín, 03-05-88, p. 19).

3.3. La discursividad de los pequeños productores del agro (FAA)

Los pequeños productores rurales, nucleados institucionalmente en la Federación Agraria Argentina (FAA), históricamente tomaban posición desde una formación discursiva “agrarista crítica” (Balsa, 2008). A finales de los ´80, la entidad conservaba algunas críticas a las políticas neoliberales. Por un lado, a partir de los reclamos de su titular, Humberto Volando, rechazaba todo intento de “reevaluación del austral” [moneda de curso legal], y destacaba que ello “no beneficiaría al país sino al Fondo Monetario Internacional, porque con estas divisas se pagan los intereses” (La Nación, 03-07-88, p. 11). De este modo, el campo seguía siendo la “gallina de los huevos de oro”, pero sus divisas no debían dirigirse a abonar la deuda externa. Por el otro, se oponía a las “políticas de ajuste” en el gasto público, ya que “sólo servirán para agravar el agudo proceso inflacionario en el cual se encuentra sumergido el país” (Clarín, 03-05-88, p. 2). De manera tal que, aunque compartían la crítica parcial al modelo económico del gobierno de Alfonsín, los referentes de la FAA no asumían la discursividad neoliberal de las entidades más poderosas.

4. La instauración del Plan Primavera y las interpelaciones del oficialismo

Frente al fracaso del Plan Austral para controlar la tasa de inflación y el creciente déficit fiscal, el 2 de agosto de 1988 el Gobierno implementó un nuevo y más radical plan de estabilización, conocido como Plan Primavera. El mismo estableció un desdoblamiento del tipo de cambio para los sectores industriales, y fijó un tipo de cambio comercial, inferior en un 25%, para los sectores exportadores. Además, aplicó un aumento del 30% en las tarifas y los salarios de la administración pública, acompañado de una devaluación del 10% de la moneda local (el Austral) y un congelamiento del tipo de cambio comercial. Finalmente, se estableció una mayor apertura de la economía a través de la reducción de aranceles a la importación, la contracción del gasto público, la racionalización administrativa y la eliminación de algunas reparticiones públicas (Página 12, 02-08-88, p. 2).

El programa económico, que buscaba controlar la tasa de inflación mediante una política de concertación con un sector del empresariado más concentrado (la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio) (Acuña, 1995), era legitimado por el Gobierno mediante diversas estrategias. Desde el discurso de Alfonsín, el acuerdo de precios permitiría resguardar la “producción”, mientras que el “ajuste fiscal” traería “estabilidad” (Página 12, 14-08-88, p. 2, y 16-08-88, p. 21). Para los referentes centrales del equipo económico, la clave se hallaba en “generar certidumbre” en el sector privado para “reducir la inflación” (Juan Sourrouille, La Nación, 10-09-88, p. 16, y 16-10-88, p. 17) y, de este modo, alcanzar la “estabilidad” y promover el “crecimiento” económico (Jorge Gándara, Secretario de Gestión Económica, Pagina 12, 16-08-88, p. 4).

En lo que refiere a las interpelaciones gubernamentales dirigidas al sector agropecuario, el desdoblamiento cambiario implicaba realizar un “sacrificio” para lograr un “campo solidario y participativo”, que debía pensar en el “interés general” para “superar problemas en forma real”, por lo que no podía “permanecer aislado del contexto nacional” (Juan Cavallari, presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados, La Nación, 16-08-88, p. 21). Otros referentes del oficialismo vinculaban al Plan Primavera con el objetivo de la “consolidación” de la “democracia” y la defensa del “interés general”, lo que incluía algunas críticas a la SRA, a los que se situaba “en la vereda de enfrente del pueblo” (Dante Caputo, Página 12, 27-08-88, p. 6, y La Nación, 28-08-88, p. 17; Juventud Radical, La Nación, 18-08-88, p. 24).

5. El impacto del nuevo programa económico en los posicionamientos de los actores sociopolíticos clave

Las interpelaciones del Gobierno tuvieron un impacto prácticamente nulo en los actores políticos clave. Sobre la base de un plan económico que se asentaba en una “débil alianza corporativa” (Acuña, 1995, p. 322), con una creciente pérdida de respaldo popular (materializado en la derrota en las elecciones legislativas de 1987), y en el marco de la potenciación de la crisis económica y social, a partir de agosto de 1988 se profundizaron las críticas desde diversos sectores del espectro político-ideológico. Por un lado, desde las editoriales y notas del diario La Nación, histórico exponente de las demandas de los grupos agroexportadores y liberal-conservadores, se cuestionaba el desdoblamiento cambiario vinculándolo al mantenimiento de “retenciones” a la exportación. También se hacía referencia a “un pasado que se creía definitivamente superado”, relacionado a “antinomias estériles entre el campo y la industria” (“Conflictiva inauguración de la muestra rural”, editorial de La Nación, 16-08-88, p. 8) y a “un proceso redistributivo que frena la expansión de la producción y de las exportaciones”. Como contrapartida, el matutino reclamaba “profundizar” las reformas de mercado (privatizaciones y mayor apertura comercial) junto con la “eliminación de reembolsos, reintegros, premios y exenciones impositivas, que privilegian a ciertos sectores industriales” (editorial de La Nación, 16-08-88, p. 8, y 27-08-883).

Entre las fuerzas político-partidarias, el Gobierno debía sufrir los embates desde exponentes de su propio partido que eran afines a las ideas neoliberales. Su principal representante, Eduardo Angeloz, compartía la crítica a las “falsas antinomias” del “pasado” entre el campo y la ciudad y vinculaba las medidas del oficialismo con el “fin de la actividad productiva” (La Nación, 19-08-88, p. 19). En contrapartida, el gobernador de Córdoba reclamaba una mayor apertura y desregulación para “modernizar” al país, aunque sin asumir una postura puramente “anti-estatista” (Página 12, 30-07-88, p. 3).

De un modo más radical se expresaban los exponentes de la Unión de Centro Democrático (UCEDé), principales referentes políticos del neoliberalismo vernáculo. Para su titular, Álvaro Alsogaray, las retenciones eran “impuestos discriminatorios” y la solución provenía de modificar el “sistema socioeconómico” en su conjunto (Página 12, 14-08-88, p. 4, 16-08-88, p. 21, y 17-08-88, p. 4; La Nación, 28-08-88, p. 17). Por su parte, Alberto Natale, del Partido Demócrata Progresista, pedía concluir con las “antinomias” entre el campo y la industria y defendía al agro para “crecer” (La Nación, 22-08-88, p. 16). El entonces Gobernador de La Rioja, Carlos Menem, compartía la crítica al Plan Primavera y reclamaba la unificación cambiaria para “favorecer las exportaciones” (Página 12, 04-08-88, p. 4), aunque desde un discurso más ambiguo.

El plan económico también era cuestionado radicalmente desde discursividades de orientación nacional-popular. Su principal oponente era la Confederación General del Trabajo (CGT). La central sindical, liderada por Saúl Ubaldini, centraba sus críticas en el impacto regresivo de la devaluación de los salarios por la inflación y en los “tarifazos”, que “castigan a los trabajadores” (Pagina 12, 02-08-88, p. 3, y 01-09-88, p. 7). Algunos de sus referentes políticos destacaban, además, que el programa beneficiaba al “Fondo Monetario Internacional” e iba en contra de los “sectores populares” (Los 25, Página 12, 04-08-88, p. 4; José Pedraza, Página 12, 16-08-88, p. 4, y 30-08-88, p. 7). Las críticas provenían también desde otros sectores, como la dirigencia del Partido Intransigente (PI), el titular del gremio estatal de CTERA, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), periodistas de Página 12 y fuerzas políticas de menor envergadura que cuestionaban los efectos regresivos del plan económico sobre los ingresos de los trabajadores y sectores populares4.

Desde la dirigencia del ala renovadora del PJ, que mantenía sus vaivenes con el Gobierno, la crítica al modelo económico se había radicalizado en 1988. Su principal referente institucional, Antonio Cafiero, cuestionaba la reducción del gasto público, que “está produciendo efectos devastadores en las economías provinciales” (Página 12, 30-08-88, p. 4). Otros exponentes del partido destacaban el impacto regresivo del plan sobre la “producción” y el “trabajo” y sus vínculos con los “intereses” de los grupos económicos de la “patria financiera” (Consejo provincial del PJ de Entre Ríos, Solicitada, Página 12, 07-08-88, p. 5). El Grupo de los 25, que nucleaba a los gremios de comercio, caucho, farmacia, petroleros y navales, criticaba la “enajenación” del “patrimonio” nacional al “servicio” del “Fondo Monetario Internacional”, que “está hambreando al pueblo argentino, llevándolo a una mayor dependencia y al límite de la supervivencia” (Pagina 12, 04-08-88, p. 4). Por último, desde el campo empresarial, junto con las críticas del sector financiero, los cuestionamientos incluían a la UIA y la CAC, entidades que habían firmado el acuerdo de precios con el Gobierno, pero que pronto comenzarían a alejarse de lo acordado, con críticas al atraso del tipo de cambio y los efectos regresivos de la apertura comercial sobre el mercado interno (Página 12, 26-08-88, p. 8).

5.1. El impacto del programa económico en los posicionamientos de las principales entidades agrarias

A partir de la implementación del Plan Primavera se produjo una redefinición de las posiciones del conjunto de los actores de poder. En el caso de las entidades agrarias, eran las principales perjudicadas por las medidas oficiales, ya que el programa disponía un desdoblamiento cambiario que les asignaba un aumento de los impuestos a sus exportaciones de materias primas. El Gobierno, además, había realizado un acuerdo de precios con el empresariado industrial de la llamada “patria contratista”, que a su vez era el principal beneficiario de los subsidios, sobreprecios en las licitaciones, exenciones impositivas y regímenes de promoción industrial del Estado5, de manera tal que se relegaban las demandas “liberalizadoras” y de ajuste ortodoxo de las entidades grandes y medianas del agro.

Lejos de calmar las aguas, las nuevas medidas contribuirían a radicalizar las posiciones combativas de las principales entidades del agro. Desde la voz de los grandes propietarios se acusaba al programa económico de “discriminar” al campo. La SRA centraba las críticas en la implementación del tipo de cambio diferencial para las exportaciones agropecuarias. Esta medida era catalogada como una “retención encubierta”, que generaba “situaciones de privilegio” y afectaba al campo, al que se consideraba “claramente discriminado”. Además, la política económica del Gobierno era caracterizada como una “confiscación” de la “renta de las empresas” y vinculada a restricciones a la “posibilidad de crecer” (Documento de la SRA, firmado por Guillermo Alchourón, La Nación, 21-10-88, p. 23).

En el marco de la tesis de la “discriminación” a un campo que “produce”, los discursos de la entidad afirmaban que el tipo de cambio desdoblado perjudicaba a la “producción” agropecuaria y afectaba, de este modo, al principal “sector exportador”. Como el campo representaba una especie de “gallina de los huevos de oro”, al contar con las divisas necesarias para promover el crecimiento económico, las políticas oficiales implicaban “un desaliento total a la recuperación productiva”. Es decir, que una política sectorial y particularista era construida de un modo universalista, redefiniéndola como una política pública que perjudicaba al conjunto de la economía nacional. Finalmente, para reforzar la deslegitimación del desdoblamiento cambiario se destacaba que la política del Gobierno “profundiza la especulación”, asegurando “una utilidad excepcional a los colocadores en términos de dólar”. Según un documento de la SRA, “todo esto castiga a la producción y alienta la ineficiencia y la especulación” (“El tiempo de la producción”, La Nación, 30-09-88, p. 22). De este modo, la entidad que nuclea a los grandes terratenientes establecía un doble juego dialógico que desarticulaba al significante producción de su histórica vinculación con el desarrollo de la industria nacional con alto valor agregado -un discurso heterodoxo que también era asumido por Alfonsín- para luego rearticularlo con las ideas neoliberales, a partir de su encadenamiento equivalencial con la exportación de materias primas. Al mismo tiempo, se reapropiaba de la crítica a la especulación financiera de los sectores de tradición nacional-popular, lo cual generaba una disputa hegemónica en torno a sus significados adosados.

Desde la visión de la SRA, el Plan Primavera representaba una transferencia de recursos “del sector privado al público”, incapaz de generar “eficiencia”. A su vez, era asociado a un “modelo económico” más amplio, que, “desde hace 50 años, privilegia otros objetivos y deja de lado el tema fundamental”. El objetivo fundamental consistía en la aplicación sistemática de las reformas estructurales, promotoras del “crecimiento” y el equilibrio fiscal. El campo debía dejar de ser “discriminado”, ya que constituía la locomotora de la economía. En efecto, “el sector agropecuario, por sus ventajas comparativas”, representaba “el motor del crecimiento nacional”. En ese contexto, la entidad se preguntaría “cuándo se entrará en la etapa plena de la producción, indispensable para generar la capacidad de crecimiento y mejorar el nivel de vida del país”. Ello implicaba “remover los elementos negativos, como las regulaciones, el excesivo proteccionismo y los beneficios impositivos que gozan ciertos sectores ineficientes y privatizar las empresas del Estado, como único camino para superar los déficits” (La Nación, 30-09-88).

Frente a la propuesta heterodoxa de estabilizar la economía a partir de los recursos de los sectores agroexportadores, la SRA reclamaba que los fondos provinieran de la aplicación de las reformas y ajustes estructurales en el Estado, con la profundización de la liberalización del mercado, la reducción del gasto público y la eliminación definitiva de los subsidios al sector industrial. Alchourón también reclamaba una “rectificación de las decisiones tomadas” por el Gobierno y expresaba un rechazo general al modelo económico vigente. El titular de la entidad planteaba un antagonismo irrestricto con el Gobierno, destacando que “las posiciones son incompatibles” (Página 12, 07-08-88, p. 3). Desde un discurso típicamente neoliberal, exigía la inmediata “libertad de precios y salarios”, la “liberación de los mercados cambiarios”, el “libre juego de las tasas de interés”, la “desregulación de las actividades financieras” y la “apertura de la economía” (Página 12, 14-08-88, pp. 2-3).

La CRA también mantenía una postura fuertemente combativa. En ese marco, rechazaba el programa económico en su totalidad y reclamaba la “reversión, en sus términos más profundos, de toda esta política de hambre, de miseria, y de enfrentamiento entre los distintos sectores de la sociedad argentina” (La Nación, 23-08-88, p. 15). Su titular, Benito Legerén, enfocaba las críticas en “la actual política cambiaria” y reclamaba controlar la inflación y equilibrar el déficit fiscal con políticas monetarias restrictivas (Página 12, 26-08-88, p. 9; La Nación, 26-09-88, p. 8). En el mismo sentido, pedía que en lugar de “atacar” de forma “injusta” al “hombre de campo”, un sector asociado a la “producción” y al “crecimiento del país”, se realizara una “reducción drástica de la dimensión del Estado” (La Nación, 22-08-88, p. 16). De este modo, mediante la articulación equivalencial del campo con el fomento a la producción y al crecimiento económico, desligaba al agro de su responsabilidad en el problema inflacionario y de los efectos regresivos de una potencial unificación cambiaria sobre el mercado interno, además de ignorar el papel central de la intervención reguladora del Estado en el desarrollo económico y social.

CARBAP planteaba la necesidad de realizar un “paro agropecuario” para “exigir a las autoridades nacionales el cese inmediato de las medidas discriminatorias contra el campo”, que “impiden su recuperación”6. En esas circunstancias, expresaba su rechazo al “discriminatorio sistema cambiario instrumentado”, que dispone un “papel reservado al agro” que lo “limita” a “ser proveedor de recursos” al Estado, al mismo tiempo que “el Estado continua despilfarrando recursos de los que carece, a expensas de una ciudadanía que ya no sabe cómo hacer para subsistir”. Desde un discurso radicalizado la entidad sostenía que las retenciones al agro constituían “un colectivismo absurdo y opresivo, fruto de un socialismo trasnochado y del más crudo resentimiento ideológico”. Estas medidas, además, conducían al “descreimiento del productor” y al “camino del empobrecimiento generalizado del país” (La Nación, 28-08-88, p. 18).

El titular de la organización, Arturo Navarro, compartía el rechazo a las “políticas nefastas” que “padecemos”. El eje de las críticas se centraba en el desdoblamiento cambiario, que actúa “en perjuicio del sector que más exporta”. En consonancia con las grandes entidades, definía al desdoblamiento como una “retención encubierta”, que “discrimina claramente” al “campo”7 (La Nación, 22-08-88, p. 16). Además, afirmaba que “el Plan Primavera sigue atacando los efectos y no las causas de la inflación, como es el abultado déficit fiscal”. En ese contexto, criticaba la existencia de una “política que permite que las empresas públicas tengan un déficit de aproximadamente 2.500 millones de dólares, cifra que es igual al saldo comercial previsto para este año y el doble de lo que le sustrajeron al sector (agrario) por el doble mercado cambiario” (La Nación, 26-09-88, p. 8). Finalmente, Navarro agregaba un último elemento, vinculado al tema del “federalismo”; partiendo de la base de que “las retenciones son impuestos que no se coparticipan”, para el titular de Carbap el Gobierno promovía un proyecto “unitario” que “no le hace bien a la producción” y que conducía a la presencia de un país “subdesarrollado” (La Nación, 19-09-88, p. 16).

CONINAGRO -que poco antes de implementarse el nuevo plan había expresado su “preocupación, cuando comienzan a mencionarse alternativas de maniobras cambiarias o de otro tipo, pretendiendo distorsionar el funcionamiento de los mercados” (La Nación, 07-07-88, p. 12)- compartía la tesis de la “discriminación” y los “prejuicios” hacia al campo, que “castigan” a la “producción” y a las “economías regionales”. En ese marco, la entidad reclamaba “otorgar en forma inmediata a las exportaciones de ese origen un tratamiento similar a las de carácter industrial” (La Nación, 21-09-88, p. 7).

Desde las corporaciones más pequeñas, la oposición a la política económica oficial también se radicalizaría a partir de conocerse las medidas del nuevo programa económico. Para la FAA el plan del Gobierno “privilegia a los grandes” y “posterga a los chicos”. Aunque la entidad reconocía que con la SRA existen “diferencias insalvables”, sus demandas concluirían articulándose -por la “defensiva”- con los reclamos de los grandes productores. Las nuevas circunstancias obligaban a “actuar solidariamente en este momento, porque las retenciones encubiertas que el Gobierno restableció castigan más a los productores chicos que a los grandes” (Página 12, 17-08-88, p. 4; La Nación, 18-08-88, p. 24). El titular de la entidad, Humberto Volando, sostenía que las medidas oficiales eran negativas para su sector, y definía a las “retenciones” como una “agresión al campo” (Página 12, 02-08-88, p. 2). También desde referentes de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), una entidad de segundo grado ligada a la FAA que a comienzos de los años ´80 llegó a prestar servicios de comercialización, transformación y provisión de servicios a 318 cooperativas -que nucleaban a 150.000 accionistas y 12 delegaciones regionales (Lattuada, 2006, p. 197)- se cuestionaba el “retraso cambiario” y se reclamaba la “unificación cambiaria”, con el objetivo de promover el crecimiento de las “exportaciones” (Miguel Martínez Prieto, La Nación, 26-10-88, p. 12).

6. La articulación de posiciones de las principales entidades del agro en antagonismo con el gobierno de Alfonsín

Las políticas económicas del Plan Primavera tuvieron un efecto no deseado de articulación de posiciones en contra del Gobierno Nacional. Por un lado, como hemos visto, radicalizaron las críticas de los referentes de las fuerzas políticas, mediáticas y empresariales de orientación neoliberal. Al mismo tiempo, intensificó la oposición de los sectores heterodoxos y de tradición nacional-popular. En lo que refiere a las principales corporaciones agrarias, a partir de agosto de 1988 se produjo una convergencia de posiciones contra el Gobierno, en el marco del desdoblamiento del tipo de cambio. En ese contexto, se conformó una articulación política defensiva (por la negativa) que se tradujo en una serie de documentos públicos firmados por los principales representantes de las cuatro entidades más importantes del agro a nivel nacional8.

Un primer documento, publicado el 19 de agosto, asumía la tesis del desdoblamiento cambiario del Gobierno como una “discriminación” al “sector agropecuario” y reclamaba que “se le reconozcan al agro sus legítimos derechos”. A su vez, rechazaba explícitamente las interpelaciones del oficialismo, que asociaban al nuevo programa con la necesidad de realizar un “sacrificio” para alcanzar los objetivos de la estabilidad y el crecimiento. En ese sentido, destacaba que “su sacrificio no contribuirá a la estabilidad con crecimiento, que se dice buscar con la puesta en práctica del Plan Primavera” (SRA, CRA, Coninagro y FAA, La Nación, 19-08-88, p. 1).

Un segundo documento público, presentado una semana después, expresaba nuevamente el rechazo “unánime” al “trato discriminatorio que sufren las exportaciones del sector agropecuario” con el desdoblamiento del mercado cambiario. La alternativa consistía en la “urgente rectificación de este tratamiento discriminatorio al sector”, a partir de dos medidas que debía implementar el Gobierno. En primer lugar, “establecer el fin mediato para las exportaciones agropecuarias y la equiparación con el trato concedido a las exportaciones industriales”. Y en segundo término, “unificar a la brevedad el mercado cambiario”. Según el documento, las medidas impuestas por el Plan Primavera no sólo eran “injustas”, “discriminatorias” y perjudicaban al agro, sino que sus “consecuencias” promoverían “el atraso del crecimiento nacional”. Acto seguido, las cuatro entidades asumían la tesis del campo como la locomotora de la economía. En ese sentido, las políticas reclamadas permitirían “que el campo pueda desarrollar sin restricciones su aporte al crecimiento integral del país, a la multiplicación de la actividad económica, creación de fuentes de trabajo y aumentar las posibilidades de exportación” (SRA, FAA, CRA y Coninagro, La Nación, 26-08-88, p. 26).

En un tercer documento público, presentado en los primeros días de septiembre por los presidentes de las cuatro entidades, con el nombre de Declaración del campo argentino, las corporaciones mantendrían la crítica radicalizada al Plan Primavera, que era considerado como una “transferencia al Estado de 1.200 millones de dólares”. Según el documento, lejos de promover la reactivación, el programa imponía “trabas” a la expansión de la economía, de modo tal que el desdoblamiento “impide que el campo se convierta en locomotora de la economía y frustra la posibilidad de aumentar salarios”. Desde el plano programático, las entidades conservaban el reclamo para que el Gobierno realizara un “tratamiento igualitario en el tipo de cambio para todas las exportaciones, como paso previo y necesario para concretar las propuestas y aportes del campo al país y la oportuna implementación del mercado único de cambios” (“Declaración del campo argentino”, Página 12, 06-09-88, p. 8).

Como se puede apreciar, los lineamientos del Plan Primavera, lejos de fomentar una concertación política que generara certidumbres en los agentes del mercado, estabilizara la economía y promoviera el crecimiento vía la exportación industrial -como pretendía el Gobierno- profundizó la confrontación política de los principales actores de poder. En el caso de las corporaciones agropecuarias generó un segundo efecto no deseado, que contribuyó a articular las posiciones diferenciales de las cuatro entidades en un frente común de rechazo a la política económica del oficialismo. Finalmente, esta articulación político-discursiva, de carácter más defensiva y coyuntural que programática y estructural (Lattuada, 1993, p. 175), se expresaría en el plano no meramente lingüístico del discurso, a partir de una serie de acciones conjuntas de protesta social contra la política económica, que incluyó movilizaciones sociales activas contra el Gobierno. Los grandes terratenientes de la SRA, a su vez, manifestarían su malestar mediante un coro de abucheos al discurso del presidente, en su visita a la tradicional muestra anual de la corporación (Página 12, 14-08-88, p. 2).

Como una muestra del rechazo al nuevo programa económico y el fracaso interpelativo del discurso alfonsinista, en los meses finales de 1988 los agroexportadores harían uso de su tradicional poder de veto político, demorando la liquidación de los dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, en un intento de forzar la unificación cambiaria (Bonnet, 2008, pp. 188-189). Poco después, frente a la decisión del Banco Mundial de suspender un préstamo financiero al Gobierno (enero 1989), en un contexto de crisis económica y desconfianza generalizada en el valor de la moneda nacional, este endurecimiento de las posiciones confrontativas forzó al Gobierno a liberar el mercado de cambios, en lo que algunos analistas definieron como un “golpe de mercado”. Ello se tradujo en los meses subsiguientes en una espiral inflacionaria y de especulación con la moneda local, que aumentó fuertemente los precios y las tasas de interés. Frente a la imposibilidad de controlar la hiperinflación y la situación de ingobernabilidad política, caos económico y social, el 30 de junio de 1989 Alfonsín se vio obligado a renunciar de forma anticipada al poder, lo que permitió el ascenso del electo presidente Carlos Menem y dejó el camino despejado para la aplicación sistemática del experimento neoliberal.

Conclusiones

Partiendo desde una perspectiva posestructuralista y posmarxista, este trabajo realizó una reconstrucción y análisis de las discursividades, las disputas públicas en torno al modelo de desarrollo agrario, las alianzas de las principales entidades y referentes político-institucionales y la dimensión del impacto hegemónico, durante la etapa inmediatamente previa a la emergencia de la hegemonía neoliberal en la Argentina. En esta etapa se hacía presente una intensa disputa de poder. La SRA y la CRA, incluyendo a sus principales exponentes institucionales, asumían las tesis neoliberales y reclamaban implementar de forma efectiva las reformas aperturistas, desreguladoras y privatizadoras y profundizar el ajuste monetario y fiscal en el aparato estatal, frente a un Gobierno Nacional que mantenía algunos elementos de matriz heterodoxa. La FAA y sus referentes político-institucionales asumían una discursividad que se diferenciaba de las principales entidades agrarias, ya que no reclamaban un cambio general del modelo de acumulación y expresaban una preocupación por los efectos de las políticas económicas sobre los ingresos de su base de apoyo de pequeños productores, afectados por el incremento de las tasas de inflación.

El lanzamiento del Plan Primavera, el 2 de agosto de 1988, inició una nueva etapa en la política económica, que radicalizó los aspectos ortodoxos con el objeto de estabilizar los precios y el déficit fiscal, aunque se mantuvo el acuerdo de precios, los subsidios estatales y una regulación heterodoxa del tipo de cambio para promover la exportación industrial. El nuevo plan de estabilización afectaba directamente a los productores agropecuarios, ya que disponía un desdoblamiento del tipo de cambio para la exportación comercial del campo que era un 25% inferior al dólar oficial. Desde el discurso verbal del Gobierno, el plan buscaba incrementar la producción nacional, estabilizar y reactivar la economía, a partir de la generación de un marco de certidumbre. En las interpelaciones dirigidas a los sectores agropecuarios se afirmaba que las medidas constituían un sacrificio que debía realizar el campo y que este sector debía actuar de forma solidaria en las nuevas circunstancias históricas para promover el interés general. Alfonsín agregaba a ello que consolidaba la alianza entre la producción y la democracia. Sin embargo, a partir de un desdoblamiento cambiario cuya carga impositiva no diferenciaba entre los pequeños y grandes productores, el impacto interpelativo de este discurso en las corporaciones agrarias fue prácticamente nulo. Incluso, como una consecuencia no buscada, generó un efecto adverso de articulación de posiciones contra el Gobierno y su programa económico. En los términos de la teoría discursiva de la hegemonía de Laclau, las medidas oficiales articularon de un modo equivalencial a las principales entidades agrarias en una posición defensiva (por la negativa) contra el Gobierno. De este modo, lejos de promover la solidaridad y fomentar la confianza en los agentes del mercado para alcanzar la estabilidad e incentivar el crecimiento, el programa económico terminó por polarizar las posiciones políticas en términos de un antagonismo más irrestricto y aglutinó defensivamente a las principales corporaciones agropecuarias, cuyas demandas hasta entonces se mantenían fragmentadas. La convergencia de posiciones no sólo incrementó y endureció las críticas verbales de las principales entidades y de los referentes institucionales del agro, sino que además articuló en un mismo frente a los pequeños productores de la Federación Agraria, que hasta entonces presentaban posiciones más ambiguas y expectantes, y actuaban como furgón de cola de las demandas neoliberales de las medianas y grandes corporaciones. Dejando de lado las diferencias organizativas, económicas y políticas internas, que incluían diferencias en el tamaño de la producción, las bases sociales de apoyo, los intereses y tradiciones, a partir de agosto de 1988 las principales corporaciones del agro nacional se articularon equivalencialmente contra el modelo económico del gobierno de Alfonsín. Este desplazamiento de posiciones se tradujo en un cambio en las estrategias prevalentes. El giro se materializó en los meses de agosto y septiembre, a través de una serie de documentos públicos que nuclearon a los representantes de las cuatro entidades agrarias más importantes, pero también se desplazó al plano no meramente lingüístico del discurso generando acciones de protesta social que enlazaron institucionalmente a las principales corporaciones contra la política económica del oficialismo. Si bien el titular de la FAA por momentos destacó sus diferencias insalvables con la Sociedad Rural, la nueva alianza implicó su articulación -aunque fuera de un modo coyuntural y estratégico- con las principales demandas e intereses de los grandes terratenientes. De este modo, como ocurriría durante el conflicto por las retenciones de 2008, las principales entidades agrarias se mostraban como constituyendo un bloque homogéneo, lo que dejaba a un lado sus diferencias económico-estructurales y político-ideológicas.

Las cuatro entidades enlazadas asumían un mismo discurso verbal contra las medidas oficiales que se oponía a lo que atribuían como una discriminación que sufría el campo por el desdoblamiento, al tiempo que reclamaban la inmediata liberación y unificación del tipo de cambio. Desde este discurso, el tipo de cambio desdoblado constituía una retención encubierta, que era injusta y discriminatoria con el hombre de campo. El argumento central partía de la premisa (lockeana) del productor que agrega valor con el esfuerzo personal de su trabajo y le sumaba a ello que el campo era la “gallina de los huevos de oro” de la economía, ya que promovía, mediante la exportación de materias primas y el ingreso de divisas, el crecimiento y avance del país. En ese marco, el programa económico del Gobierno no sólo discriminaba y perjudicaba al (único) productor que generaba riquezas, sino que terminaba perjudicando a la propia Nación en su conjunto, ya que bloqueaba el crecimiento y su (supuesto) “derrame” social hacia los trabajadores y sectores populares. De manera tal que el productor agrario, como exponente mítico del hombre de campo que trabaja y produce la tierra para generar el crecimiento nacional, se hacía equivalente al avance de la Nación como totalidad9. Este avance, a su vez, era impedido por las “trabas” impuestas por la política económica oficial y las injustas “discriminaciones” al campo. La adopción de este relato neoliberal, respaldado por otros actores políticos clave de las fuerzas político-partidarias y mediáticas, mostraba el fracaso interpelativo de Alfonsín y de los referentes de su gobierno que pedían solidaridad y sacrificio al campo y vinculaban al Plan Primavera con el desarrollo de la producción industrial y la defensa del interés general. Se establecía, así, una intensa disputa hegemónica en la cual los referentes corporativos del agro buscaban apropiarse legítimamente del significante flotante producción para desarticularlo del discurso heterodoxo y rearticularlo con las políticas ortodoxas, encadenadas a su vez a la defensa del interés general.

A partir del empleo de la metáfora del campo como la “locomotora” de la economía, una metáfora que se materializaba en la existencia efectiva de divisas por parte de los grandes agroexportadores y que contaba con una larga sedimentación histórica, toda intervención activa del Estado para regular al sector agropecuario y promover la expansión industrial con mayor valor agregado no sólo era injusta -al discriminar al hombre de trabajo y a la única producción nacional legítima, constituida por el sector primario agroexportador- sino que además atentaba contra el crecimiento del país en su conjunto, ya que restringía la posibilidad de exportar y, por lo tanto, de equilibrar las cuentas públicas y beneficiar consecuentemente a los trabajadores asalariados. De este modo, el desdoblamiento cambiario, lejos de incentivar la producción industrial, generar estabilidad y crecimiento económico, regulando los precios e incorporando un principio de solidaridad -como pretendía legitimarlo el Gobierno- constituía en realidad una confiscación ilegítima que afectaba el trabajo y el “esfuerzo” individual de los principales proveedores de divisas del Estado. Como el agro era el engranaje que hacía funcionar a la economía, las medidas del Gobierno terminarían perjudicando al conjunto de la sociedad, al desincentivar al productor para que pudiese producir más y exportar sus bienes primarios. Mantener estas medidas provocaría así un efecto contrario al que afirmaba el discurso oficial, ya que impediría la estabilidad y el crecimiento y, a la postre, afectaría directamente a los trabajadores asalariados y sectores populares.

A partir de esta convergencia defensiva de posiciones de las principales entidades agropecuarias contra las medidas del Gobierno y la adopción general del relato neoliberal enarbolado por los grandes terratenientes, que aglutinaba al campo como un bloque homogéneo: = producción = exportación = crecimiento = interés general de la Nación Versus estatismo, se establecía una operación de universalización de las demandas e intereses particulares de estos sectores concentrados, que se traslucían metonímicamente como el interés general. De este modo, no sólo se hacía silencio sobre la importancia clave de las políticas de regulación estatal e incentivo a la producción industrial transable y con alto valor agregado para controlar los precios y promover el crecimiento económico con inclusión social y desarrollo nacional sostenido, sino también sobre las diferencias estructurales entre las entidades, las formas de expansión capitalista basadas en la acumulación originaria de los grandes terratenientes, los mecanismos de precarización y explotación de la fuerza de trabajo en el sector rural, y el acceso privilegiado a la especulación financiera por parte de las entidades más poderosas del agro.

En el marco de esta disputa hegemónica, hacia finales de 1988 se fue profundizando y extendiendo la desconfianza social con el Gobierno Nacional. En condiciones de imposibilidad fáctica del gobierno de Alfonsín de generar condiciones para disciplinar a los agentes del mercado, controlar la inflación y reactivar la economía, los núcleos terratenientes hicieron uso de su poder de veto, rehusándose a liquidar sus divisas en el mercado de cambios. La actitud de los grandes agroexportadores -sumado a la negativa del Banco Mundial de realizar un préstamo financiero en circunstancias de escasez de divisas, acentuó la desconfianza social y potenció las tradicionales prácticas de remarcación de precios.

Acorralado por estas presiones corporativas, en febrero de 1989 el Gobierno se vio forzado a realizar la liberación del tipo de cambio. Acto seguido se inició una dinámica de descontrol de las variables macroeconómicas que se tradujo en una espiral inflacionaria y de especulación contra la moneda nacional, acompañada de masivas movilizaciones de protesta y una situación de caos social. El 30 de junio de 1989, sin ningún tipo de apoyo político, social ni institucional, Alfonsín tomó la decisión de renunciar a la presidencia y dejó el camino libre para que el electo presidente Carlos Menem (triunfante en los comicios de abril de 1989) asumiera de forma anticipada el poder. Comenzó, a partir de allí, una larga década perdida centrada en la destrucción neoliberal del Estado social de posguerra, que continuó y consolidó, por otros medios, el proyecto de país que había iniciado la dictadura cívico-militar en 1976. Este mismo proyecto regresivo y socialmente excluyente se profundizó durante el gobierno de la Alianza y, a partir del acceso al poder de Mauricio Macri, a finales del 2015, retornó en una versión aggiornadaal centro de la escena pública.


Notas

* Agradezco a Javier Balsa por sus comentarios, críticas y sugerencias a una versión anterior, desligándolo de posibles errores u omisiones, que son de mi responsabilidad.

1 Cabe destacar que estas perspectivas presentan amplios antecedentes históricos (De Imaz, Ortiz, Ferrer, Margenat, Fiorentino, Schvarzer, Pucciarelli, Sábato, Teubal, O´Donnell, Murmis, Portantiero, Oszlak, Itzcovitz, Vitelli, Ferrucci, Ostiguy, entre otros) y que sus marcos teóricos suelen ser más complejos. Por ejemplo, los enfoques marxistas-estructuralistas, además de Marx y Poulantzas, incluyen contribuciones de Boyer, el “primer” O´Donnell, Sraffa y Scitousky (Basualdo, 2006: 17-18, 118 y 436), mientras que desde el marxismo abierto se destacan aportes de Holloway, Bonefeld, Gunn, Clarke, Altvater, Hirsch, Smith, Arthur, Reuten, junto con Adorno y Horkheimer y Zizek (Bonnet, 2008; Piva, 2012: 20-70). Los análisis dirigenciales reconocen la influencia teórica de Weber, Giddens, Weir, Skocpol, Barrington Moore y Tilly y algunos aportes de Touraine y Bourdieu (Sidicaro, 2003a: 12-24), Babb, Melucci, Eagleton, March y Simon (Beltrán, 2006: 201-202), la articulación de contribuciones “sociocéntricas” de Przeworski y Wallerstein y “estadocéntricas” de Grindle y Thomas (Viguera, 2000: 20-22), Berger (Martínez Nogueira, 1988: 295), o bien una combinación de elementos estructurales, institucionales e ideológicos del pluralismo, el clasismo y el corporativismo, desde O´Donnell, Schmitter, Streek y Offe (Lattuada, 2006: 36-61). La sociología del desarrollo destaca influencias de las teorías económicas de Schumpeter y Kalecki, del neomarxismo (en particular, de Poulantzas y Cardoso y Faletto) y del neoinstitucionalismo (Evans), a través de los análisis de Pucciarelli, Sidicaro, Nochteff, Schvarzer y O´Donnell y los aportes metodológicos de Basualdo y Azpiazu (Castellani, 2009: 24 y ss.). Finalmente, debemos mencionar también algunas investigaciones que se basan en una perspectiva posestructuralista y posmarxista para estudiar los vínculos entre el Estado y las entidades corporativas (Fair, 2013, 2016), integrando recursos de Verón, Bourdieu y Somers (Laguado Duca, 2011: 40-43).

2 Se incluyen, a su vez, algunos fragmentos de discursos público-mediáticos de otras entidades y referentes del agro que participan de la construcción de la hegemonía, aunque desde un lugar más secundario, al ser menos replicados mediáticamente y contar con menor fuerza política y organizativa.

3 Véase también “La oposición entre el campo y la industria”, nota de Carlos Moyano Llerena, La Nación, 31-08-88, p. 7 y “El retorno de las retenciones”, nota de Javier García Labougle, La Nación, 23-08-88, p. 18.

4 Véanse los discursos de la UOM de Villa Constitución (Página 12, 05-08-88, p. 10); PI (Página 12, 07-08-88, p. 4); Marcos Garcetti, titular de CTERA (Clarín, 20-08-88, p. 8); Comunicado de juventudes del PJ, el PI y el PSA (Página 12, 27-08-88, p. 6); Hugo Manes, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) (Página 12, 06-09-88, p. 2); “Palos”, nota de Horacio Verbitsky (Página 12, 11-09-88, p. 2).

5 La llamada “Patria contratista” hace referencia a un conjunto de actores de poder, en su mayoría grandes empresarios locales diversificados e integrados vertical y horizontalmente (grupos Astra, Macri, Pérez Companc, Soldati, Loma Negra) y algunos conglomerados transnacionales (Techint, Siemens), que durante la última dictadura cívico-militar y en etapas posteriores se vieron ampliamente beneficiados económicamente por su estrecha relación con la forma de gestión estatal “liberal-corporativa”, lo que les permitió acceder a diversos “ámbitos privilegiados de acumulación”, con escaso riesgo empresarial. Al respecto, véase Castellani (2004, 2009).

6 Ya en julio de 1988, CARBAP se expresaba “contra la obstinación de ciertos grupos económicos y políticos a favor de la reimplantación de retenciones a las exportaciones, en una actitud negativa para el progreso general, que implica la negación sistemática de la realidad” (La Nación, 07-07-88, p. 12).

7 También el Secretario de la entidad se refería a la “discriminación” al campo y al “desaliento” a la “producción”, frente a “una política económica que siempre privilegió la especulación”. Además, criticaba los “tarifazos” del Estado, por promover “el desequilibrio entre el costo de producción de los servicios y el precio que cobran las empresas” y reclamaba reducir el “gasto público” (Ricardo Re, Secretario de Carbap, La Nación, 26-09-88, p. 8). De un modo similar, véase el discurso del protesorero de Carbap, Arnaldo Mazzino (La Nación, 26-09-88, p. 8).

8 Esta convergencia entre las cuatro principales entidades del agro encuentra antecedentes históricos que se remontan a los años 1966-1971 y 1975-1976, para luego replicarse durante los períodos 1998-2001 y 2008. Al respecto, véanse Salvia (2014) y Sanz Cerbino (2014).

9 El carácter mítico de este relato se pone de manifiesto cuando se observa que, según datos oficiales del Censo Nacional Agropecuario de 1988, correspondiente a la provincia de Buenos Aires, los propietarios explotaban, directa o indirectamente, 16,8 millones de hectáreas, lo que equivale al 92% de la superficie agropecuaria provincial. Es decir, que las formas de tenencia ajenas a la propiedad alcanzaban, en 1988, a sólo un 8% de la superficie provincial (Basualdo, 2006: 417).

Fuentes

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Fecha de recibido: 13 de noviembre de 2015
Fecha de aceptado: 5 de diciembre de 2016
Fecha de publicado: 17 de abril de 2017

 

 

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