Mundo Agrario, vol. 17, nº 34, e004, abril 2016. ISSN 1515-5994
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Historia Argentina y Americana

 

ARTICULO/ARTICLE

 

Análisis comparativo sobre trabajo rural en la forestoindustria, las semilleras y la fruticultura (Argentina 2008-2011)

 

Andrea Mastrangelo

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional de San Martín, Argentina
andreaveronicamastrangelo@gmail.com

 

Verónica Trpin

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional del Comahue, Argentina
vtrpin@hotmail.com

 

Cita sugerida: Mastrangelo, A., Trpin, V. (2016). Análisis comparativo sobre trabajo rural en la  forestoindustria, las semilleras y la fruticultura (Argentina 2008-2011).Mundo Agrario, 17(34), e004. Recuperado de http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv17n34a04

 

Resumen
Este artículo analiza transversalmente estudios de caso sobre el trabajo rural en la Argentina entre 2008 y 2011 en unidades de producción de capital concentrado: fruticultura en el Alto Valle de Río Negro, forestación en el NO de Misiones y producción de semillas de maíz transgénico en la Zona Núcleo Cerealera. La metodología aplicada fue la etnografía multisitio. Para el análisis que se presenta en este artículo se aplicó el método comparativo, que permitió establecer continuidad entre los casos sobre la base de tres estrategias empresariales: la reducción de puestos de trabajo clásico distinguiendo producción y servicios; la ambientalización de las relaciones laborales y territorios diferenciados para la producción, y el trabajo y la residencia de los trabajadores.

Palabras clave: Trabajo rural; Exportación; Fruticultura; Forestoindustria; Argentina

 

Comparative study of rural labor in forestry, seeds and fruit growing (Argentina 2008-2011)

 

Abstract
This paper is based on case studies done among 2008-2011, on rural labor in concentrated investments. Economic sectors studied were fruticulture in Rio Negro Upper Valley, forestry in Misiones NW, and transgenic corn seeds in Buenos Aires North. Methodology was multisited ethnography searching on different actors’ point of view. Techniques applied were in field deep interviews and participant observation. Secondary analysis by comparative method shown in this paper allows us to point out three continuity issues: Enterprises strategy to discern between “production and “services, reduces classic employment positions. The environmentalization of labor relationship happens by means of quality management and total quality proceedings. This relationship link work (understood as “well done job) with productivity growth. There are different territories one related with production, the other with work and workers dwelling.

Keywords: Rural labor; Export trade; Argentina

 

Introducción1

Este artículo analiza transversalmente estudios de caso realizados entre 2007 y 2011 sobre trabajo rural en unidades de producción de capital concentrado en diferentes zonas de la Argentina (Mastrangelo y Trpin, 2011). Los sectores de la economía abordados fueron la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro (Trpin y Rau, 2011), la forestoindustria en el NO de Misiones (Mastrangelo, Scalerandi y Figueroa, 2011) y la producción de semillas de maíz híbrido y transgénico en la Zona Núcleo Cerealera –ZNC- (Mastrangelo y Deambrosi, 2011). Las producciones analizadas tienen en común que derivan parte de su producción a la exportación.

En el estudio de los casos que aquí se comparan (Mastrangelo y Trpin 2011) se eligió la perspectiva teórico-metodológica de la etnografía multisitio (Marcus, 1995), que al indagar sobre un mismo objeto –en nuestro caso, el trabajo rural en producciones de exportación- en diferentes localizaciones y procesos, describe los fenómenos en la perspectiva de múltiples actores, y puede considerar simultáneamente prácticas concretas y representaciones discursivas de esas prácticas (que en algunos casos operan como discursos legitimadores). Esta estrategia metodológica permitió analizar correlativamente los enunciados que globalmente comunican las empresas acerca de la situación de trabajadores rurales en un lugar particular. De este modo, las dicotomías local/global y ámbito de trabajo / sistema de comercialización internacional pueden ser estudiadas con técnicas de investigación cualitativa (trabajo de campo etnográfico: entrevistas, observaciones y estadías en terreno). Complementariamente se generaron datos sobre la base de series estadísticas y aplicando técnicas de la etnohistoria a fuentes y documentos públicos. Con los resultados de estos tres estudios de caso se realizó el análisis comparativo que aquí se presenta. Este análisis fue posible porque los estudios compartieron el enfoque multisituado y aplicaron herramientas metodológicas similares, ya que conformaron un mismo proyecto de investigación. Así, recurriendo a la teoría fundada en los hechos (Glaser y Strauss, 1967) los ejes de comparación o problemas comunes a los tres estudios de caso emergen como topoi, discursos del sujeto colectivo (Lefevre y Lefevre 2007), categorías emergentes o tópicos recurrentes. Es decir, estos ejes no fueron establecidos teóricamente antes de realizar las observaciones y entrevistas en terreno, sino que se estructuraron sobre la base de reiteraciones que aparecieron en el análisis de los materiales de campo.

Entonces, el análisis comparativo entre los casos revela tres ejes de continuidad. El primer eje son las disputas por la definición patronal de aquello que se considera “trabajo” en cada proceso productivo. En esta disputa se definen diferencias entre las tareas que corresponden al trabajo registrado por tiempo indeterminado, al trabajo temporario, a las formas de contratación y a las faenas del trabajador local y el trabajador migrante. Estas disputas por el sentido agrupan algunas actividades relativas a la generación del producto considerándolas como “servicios” y designan como “eventuales” ciertas tareas que se replican cada temporada por un período reducido. Estos hechos habilitan variadas formas de contratación que, en los bordes de la legalidad, precarizan vínculos laborales.

Un segundo eje es la “ambientalización” (Leite Lopes, 2006) de la producción y el trabajo. Nos referimos al recurso de utilizar normas internacionales que se refieren al “cuidado del ambiente” para organizar el trabajo, las que además, garantizan regularidad en los productos agrícolas y agroindustriales mediante la aplicación de agentes químicos y de tecnologías. La tercera continuidad es la configuración, en cada uno de los casos estudiados, de dos territorios con problemáticas específicas que se articulan: uno relacionado con la circulación del insumo-producto y otro con la circulación-residencia de la fuerza de trabajo.

Productos de exportación y relaciones laborales

Como investigadoras de las ciencias sociales que abordamos problemáticas rurales, y en particular las condiciones y la organización del trabajo en producciones de exportación, hemos observado en las últimas décadas cambios significativos en la tenencia de la tierra, en el mercado de trabajo, en la aplicación de estándares internacionales de calidad a los productos del trabajo (incluyendo el cuidado de la salud ocupacional de los trabajadores y el ambiente) y en las exigencias de calificación laboral. En estas transformaciones se resignifican prácticas enraizadas en lo rural, al tiempo que emergen otras nuevas que impactan en las relaciones laborales.

Observar la presencia de los trabajadores rurales en la dinámica productiva de la forestoindustria en Misiones, de la fruticultura del Alto Valle de Río Negro y de la actividad semillera de maíz híbrido y transgénico en la Zona Núcleo Cerealera implica analizar la historicidad propia de cada mercado de trabajo. Las experiencias y las prácticas de clase de los trabajadores rurales involucran relaciones sociales con la patronal, con otros trabajadores, con agentes estatales y sindicales, enmarcadas en las actuales dinámicas productivas. La experiencia de clase trabajadora tiene lugar aun cuando la contratación de trabajadores se enuncia como compra de “servicios eventuales” y no ya como contratación de mano de obra.

En este contexto, los estudios sobre empleo rural han enfatizado la contradictoria relación sostenida en el agro entre “modernización” productiva y “precarización” de las condiciones laborales (Ortiz, 2000; Cavalcanti y Neiman, 2005). Neiman y Quaranta sostienen que dos dimensiones clásicas identificadas con la flexibilización laboral en la industria: desregulación y ajuste en el volumen de empleo y los niveles salariales -y podríamos agregar el quiebre de la organización sindical como representante de demandas y negociaciones colectivas-, que atravesaron las políticas laborales neoliberales, “serían difícilmente aplicables para los mercados de trabajo rurales (...) dada la ausencia histórica de regulaciones estatales, sindicales” (2000: 47). Ante estos evidentes impactos de la “modernización”, la inexistencia de una clase trabajadora estable y organizada -en los términos del empleo industrial- como condición constante en el espacio rural habla, en realidad, de su histórica “flexibilidad”.

¿Qué es lo que ha cambiado entonces para los trabajadores rurales? Así como la idea de “nueva ruralidad” denota ciertas limitaciones que deben explicitarse para cada contexto productivo en particular, debiendo observarse en casos empíricos cómo se evidencian o no procesos como la profundización de las históricas desigualdades sociales, la integración de la producción primaria con los capitales de la “agroindustria” o las demandas de calidad de los consumidores externos, también entonces, para el análisis de la organización de la producción y el trabajo debe describirse más que calificarse la variedad de formas de trabajo que conviven a modo de “tradicionales” y “modernas”, “flexibles” o “reguladas” en el agro actual.

Sutty Ortiz señala que "muchos economistas argumentan que la precarización tiene sus límites. Una de las desventajas de (por ejemplo) los contratos temporarios es que no logran la lealtad del trabajador (...). Por lo tanto, los productores capitalistas no precarizan a todos sus trabajadores" (2000: 32). El proceso de trabajo es fragmentado y organizado por las agroindustrias de forma especializada en cada una de las producciones que analizamos. Se determina así qué puestos de trabajo son temporarios (aunque se requiera mano de obra estacional de año en año), cuáles puestos se pagan por cantidad y a cuáles corresponden los contratos por tiempo indeterminado.

Por tanto, consideramos que para comprender las formas en que se organiza el trabajo rural en la Argentina actual es necesario tener en cuenta tanto la perspectiva del trabajador como la lógica legitimadora de la empresa que lo contrata. Esto implica que los procesos locales de reclutamiento o contratación no necesariamente pueden explicarse en términos extraídos de otros ámbitos laborales sino que deben conocerse los contextos locales de las relaciones de producción agrarias.

Ya en estudios de la década de 1990 se señalaba la necesidad de superar el enfoque dual (formal - informal) del mercado de trabajo, por un abordaje unificado de la dinámica social del empleo (Pries, 1997; Pacheco, De la Garza y Reygadas, 2011; De la Garza, 2013). En aquellos estudios laborales la agricultura estuvo siempre del lado disforme o preocupante de las tipologías: informal, precario, no-registrado, tercerizado, subcontratado, feminizado (Lara Flores, 2006). Por nuestra parte, nos inscribirnos en la corriente de estudios que considera que precariedad, tercerización, informalidad y subcontratación son parte de la dinámica social del empleo, aun en la vanguardia tecnológica del capitalismo agrario (y no formas pre-capitalistas). Por ello, podemos decir que la incorporación biotecnológica a los complejos agroindustriales generó un tipo de flexibilidad “salvaje” o “primitiva”, por sus tintes arbitrarios y excluyentes (De la Garza, 1993).

Dentro de las ciencias sociales en la Argentina, quienes mayor atención dedicaron al tema del trabajo rural han sido los sociólogos, incluso incorporando en los análisis los conflictos rurales y la presencia de las organizaciones sindicales (Neiman, 2010; Villulla, 2010; Rau, 2004; Alfaro, 2001; Forni y Neiman, 2001; Giarraca, Gras y Bidaseca, 2000). Para el caso del Alto Valle de Río Negro, son una referencia las investigaciones realizadas por el Grupo de Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional del Comahue GESA (Bendini et al., 2012; Radonich, Trpin y Vecchia, 2009); mientras que sobre la producción forestal realizaron investigaciones Potschka (2004, 2008), Gutiérrez (2008), Bardomás (2011), Alberti, Bardomás y Schiavoni (2012) y Scalerandi (2011). Por último, sobre la producción semillera remitimos a las investigaciones de Brieva (2006) y Díaz Ronner (2005).

Por su parte, dentro de la antropología el trabajo rural no ha sido un tema central sino abordado tangencialmente en relación con las categorías de campesinado, colonos y chacareros en diferentes zonas del país (Archetti y Stolen, 1975; Bartolomé, 1978; Schiavoni, 1995). Sin embargo, pueden identificarse algunos estudios realizados en la década de 1970, preocupados por la organización de clase de los trabajadores rurales (AA.VV.. en Hermitte y Bartolomé, 1977) o las producciones actuales realizadas por Cynthia Pizarro (Pizarro y Trpin, 2010) y por Ratier y su equipo (2004) en la pampa bonaerense, aunque no se involucran en el debate en torno a las consecuencias de la expansión del capital internacional en el agro.

Este artículo tiene el propósito de aportar al conocimiento de las actuales condiciones del trabajo rural en las producciones de exportación, presentando tres ejes temáticos surgidos del análisis de resultados de tres estudios de caso: las tensiones con la patronal por lo que se define como “trabajo” o “servicio”; la “ambientalización” del proceso de trabajo y las disputas por el territorio (entre el del insumo-producto y los del trabajo-residencia). Como señalamos antes, estos ejes de análisis fueron establecidos realizando un análisis secundario de los datos cualitativos obtenidos en los casos con la técnica de análisis de la teoría fundada en los hechos (Glaser y Strauss, 1967). Por lo tanto, en el desarrollo de las secciones se enumeran las dimensiones involucradas en cada eje para cada caso, y una vinculación entre los ejes se establece en las conclusiones.

Presentación de los casos estudiados

Los casos estudiados son una empresa forestoindustrial, la fruticultura de pepita y las semilleras de maíz. La Tabla 1 resume algunas características de los casos estudiados.

Tabla 1 Actividad, lugar de estudio, demanda de trabajo y encadenamientos industriales de los casos estudiados

Actividad

Lugar de estudio

Demanda de trabajo estacional/temporario/migrante

Encadenamiento industrial

Fruticultura: pepita y carozo

Valles de Río Negro, Patagonia

Poda: estacional, temporario y local

Raleo y cosecha: estacional, temporario, local y migrante. Enero - Marzo2

Empaque y frío

Forestación

Alto Paraná, Litoral

No se registra

Celulosa, OSB, MSD, MDF. Postes, molduras

Semillas de maíz

Pje. Pozo Herrera, Santiago del Estero, Gran Chaco*

Desflore: estacional, temporario, migrante. Diciembre - Marzo

Producción de semillas hibridas y transgénicas

Elaboración de las autoras. *Este estudio de caso fue realizado en el lugar de residencia de los trabajadores migrantes y sus familias.

El mapa 1 ubica con círculos las zonas de producción (Valle de Catamarca, ZNC, Valles del Rio Negro, Alto Paraná) y con estrellas las zonas de residencia de los trabajadores migrantes mencionados en el análisis (Tucumán, Entre Ríos, Salta, Jujuy y Santiago del Estero).

La industria de maderas nativas se inició en el NO de Misiones con la colonización, a fines del siglo XIX. Luego de etapas más o menos intensivas de explotación de las maderas nativas, sin reforestaciones significativas, hacia la década de 1960 se define el perfil actual de la producción forestoindustrial: orientación exportadora, monocultivo y concentración de la renta y la propiedad. En la cosecha de 1960 se dio el pasaje al monocultivo de pinos resinosos de rápido crecimiento, y se quintuplicó la superficie plantada con esas especies. En 1967 el 92% y en 2010 el 83% de las reforestaciones eran de este tipo de pinos (Mastrangelo, Scalerandi y Figueroa 2011).

A partir de la década de 1970 se comienzan a producir intensivamente pasta celulósica y tableros de mediana densidad (Oriented Strand Board –OSB-, Medium Density Fiberboard – MDF-, Waferboard). En 1996, un grupo inversor extranjero compró la planta de celulosa asentada en la localidad de Puerto Esperanza, dos aserraderos, dos viveros, una planta de remanufactura y una fábrica de tableros de mediana densidad (MDF), el mayor aserradero de la Argentina, con sede en Puerto Piray, plantaciones forestales (232.000 ha) y un área de reserva privada, todas ubicadas en la región del Alto Paraná misionero. Con la gestión transnacional, el valor de las exportaciones aumentó 157% en una década.

Mapa 1. Ubicación geográfica de las zonas de producción y zonas de residencia de los trabajadores analizados en este estudio

Elaboración de las autoras

La salida de la convertibilidad afectó positivamente las posibilidades de exportación del sector entre 2001-2004. La exportación de celulosa, madera y derivados representa el 86% de las exportaciones del sector forestal argentino. La forestoindustria es el sector más importante en la exportaciones provinciales (60% de las exportaciones provinciales en el promedio de los últimos 10 años). En el total de las exportaciones de la Argentina, Misiones contribuye con el 24% de la celulosa y el 47% de la madera y derivados (Díaz et al., 2009)3. Directa e indirectamente, la actividad forestal es la principal empleadora de la región después del Estado nacional, aun cuando en la última década el incremento de la productividad en el sector ha ido en detrimento de puestos de trabajo (Braier, 2004). Si resulta redundante sacar trabajadores. Según información propia de la empresa transnacional, allí se emplean un total de 40.227 personas de las cuales apenas un 33% son trabajadores directos y el 67% son ocupados mediante contratistas. A cantidad de ocupados directos en la Argentina se estima en 1.850 trabajadores, con algo más de 5.600 empleados a través de contratistas.4 La totalidad del trabajo de producción y mantenimiento de las plantaciones que abastecen el proceso industrial es ejecutado por 22 “empresas de servicios forestales”. Estas empresas son contratadas por tareas (para plantación, raleo, fumigación, cosecha, control de incendios) por el propietario de la tierra o por un tercero inversionista. La producción del árbol para la industria es una tarea tercerizada (la realiza una empresa independiente), pero no se la considera “producción” sino “servicio a la producción de celulosa”; por eso se enuncia que existe también una tercerización, pues una actividad agrícola primaria pasa a ser considerada servicio (Battistini, 2010).

La región frutícola de los valles irrigados de Río Negro presenta también la tendencia a aumentar la concentración económica y los volúmenes exportados. Allí se produce más del 80% de la producción nacional de peras y manzanas. Constituye un área de agricultura intensiva bajo riego de alrededor de 135.000 ha, especializada en la producción de fruta fresca para exportación,5 que abarca tanto el Alto Valle tradicional como el Valle Medio. Se trata de un sector económico que no sólo experimentó una expansión cuantitativa de la producción sino también una profundización del proceso de acumulación a través de la integración vertical y de las alianzas entre industrias clave. En la actualidad, la estructura social se compone de diversos tipos de trabajadores asalariados permanentes y transitorios, y empresarios con distintos niveles de integración llamados fruticultores. En épocas recientes aparecen empresarios extra-agrarios denominados inversores (Bendini y Tsakoumagkos, 2000; Steimbreger, Trpin y Bendini, 2011).

Esta cadena frutícola comprende más de 56.000 trabajadores familiares y asalariados (permanentes y transitorios, rurales y no rurales), aunque los registros estadísticos más recientes dan cuenta de unas 53.000 personas ocupadas; la diferencia entre ambas cifras puede atribuirse a trabajadores tercerizados (“empresas de personal eventual”). El funcionamiento de este mercado de trabajo agrario sigue dando cuenta de una considerable estacionalidad del empleo, principalmente en la temporada de cosecha (45% del empleo agrícola y algo menos del 40 % del empleo en tareas postagrícolas). La marcada estacionalidad ha determinado históricamente importantes requerimientos de mano de obra extrarregional para la cosecha, satisfecha en un alto porcentaje por circuitos de intermediación laboral, que abarcan vínculos formales e informales de acceso, transporte y gestión del trabajo. Los “contratistas, transportistas y enganchadores intermedian entre los obreros migrantes de la cuenca citrícola de Tucumán y la patronal rionegrina garantizando la reserva de un empleo en cada temporada y otorgando al patrón la fuerza de trabajo calificada y disciplinada que requiere (Bendini, Steimbreger y Trpin, 2011).

Por último, siguiendo a Brieva (2006), se sostiene que la instauración del complejo de producción de semillas de trigo y soja se retrotrae a una serie de interacciones complejas entre actores heterogéneos que va adecuando el sistema productivo pampeano a la incorporación tecnológica. Las transformaciones que fructifican en el actual auge exportador se inician, según este análisis, en las políticas tecnológicas de la década de 1970, que encuentran inversores en la valorización financiera de la política macroeconómica de la dictadura y expresan su productividad con la intensificación y concentración agrícola de la década de 1990.

Lo cierto es que entre 2001 y 2011 las exportaciones de semillas de trigo, soja y maíz se cuadruplicaron en toneladas: pasaron de 32.731 t en 2001 a más de 140.000 t en 2011. Considerando el valor de lo exportado, el negocio creció el 87 %. En 2011 la industria semillera argentina facturó US$ 600 millones en el mercado interno y logró un récord de exportación de US$ 250 millones. En volúmenes decrecientes, las principales semillas exportadas son las de soja, maíz y trigo.

La mayoría de las operaciones del sector son en contraestación. Es decir, se trata de semillas que se reproducen aquí para luego ser sembradas en el hemisferio norte. El negocio involucra también la producción de organismos genéticamente modificados (OGM) que no están aprobados en el país, pero existen normas que permiten su cultivo para reproducción de semillas. El desarrollo tecnológico y la comercialización externa y mayorista están concentrados en unas pocas empresas, ya que requieren personal altamente calificado en procesos específicos e inversión en experimentación y laboratorios. La pampa húmeda ofrece, además de suelos extraordinarios, la disponibilidad de plantas de acopio, acondicionamiento y la cercanía de los puertos de la Hidrovía.

Las principales compañías son Pionneer-Dupont, Satus Ager, Monsanto, Southern Seeds Prodution, Tecnoseeds y Dow, que venden semillas producidas en la Argentina a los Estados Unidos y Europa. La producción local a campo es tercerizada a contratistas y arrendatarios (Brieva, 2006: 129). Las empresas transnacionales recrearon como organización corporativa la Asociación Semilleros Argentinos que había sido fundada en 1949. Esta asociación es la principal entidad dinamizadora de las gestiones legales que posibilitan la expansión de esta agroindustria, pues participan con representantes en los consejos consultivos de la Bolsa de cereales, el Foro de la Cadena Agroindustrial, ASAGIR, MAIZAR, ACSOJA, Argentrigo, la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Comité Técnico Asesor sobre uso de Organismos Genéticamente Modificados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Federación Internacional de Semillas y la Asociación de Semillas de las Américas (SAA).

Si bien no encontramos datos relativos al total de ocupados en esta tarea, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) reconoce la estacionalidad y la alta demanda de trabajadores temporarios, reclutados para tareas específicas y que son alojados en campamentos.6 En Santiago de Estero, una agencia de personal eventual afirmó que está reclutando 5.000 trabajadores por temporada para las plantaciones de Zona Núcleo Cerealera y Catamarca (Mastrangelo y Deambrosi, 2011).

Primer eje: Trabajo y servicios a la producción

En los trabajos de campo realizados con trabajadores, contratistas, intermediarios laborales, sindicalistas y empresarios en los ámbitos de la fruticultura, la forestoindustria y las semilleras, apareció con recurrencia la tensión entre aquello que desde la perspectiva patronal se define como “trabajo” y aquello que se incluye como “servicio a la producción”. Siguiendo a Bolstanski y Chiapello (2002), sostenemos que la retórica de estos modelos de gestión empresaria forma parte de la ideología con la que el capitalismo “justifica, confiere sentido y logra la buena voluntad de aquellos sobre los que se yergue” (Ibíd.: 48). Nuestra hipótesis es que esta categorización es administrada por las empresas para gestionar los puestos de trabajo demandados, regulando la participación de los salarios en los costos y manipulando la normativa del trabajo, con lo que mella derechos adquiridos. En este sentido, sostenemos que la calificación y la autonomía de los trabajadores, la tecnología aplicada y la calidad del trabajo medida en el producto estarían siendo administradas para flexibilizar los puestos de trabajo en ciertas tareas del proceso productivo.

Una de las formas en las que se define qué tareas del proceso son “trabajo y cuáles son “servicios a la producción es la presencia de distintos tipos de agentes intermediarios entre los trabajadores y las plantaciones donde cumplen sus tareas. Las intermediaciones de contratistas, empresas de servicios, cooperativas de trabajo y diferentes tipos de reclutadores se dan especialmente en producciones agrarias intensivas con altos requerimientos discontinuos de mano de obra.

En el reclutamiento de trabajadores temporarios para el desflore de maíz, la intermediación la realizan empresas de personal “eventual”. En este caso, empresas de licencia global7 operan con oficinas formales y redes informales en Santiago del Estero, una provincia “productora de mano de obra” (Benencia y Forni, 1991), articulando la contratación con reclutadores locales que recorren los parajes o reciben la inscripción de quienes llegan espontáneamente a la ciudad cabecera (Añatuya, capital del departamento Taboada, al SE de Santiago del Estero). Estos intermediarios son llamados planilleros porque son los que revisan los documentos y preguntan los nombres de quienes quieren irse a trabajar con las semilleras de Zona Núcleo o Catamarca. En el trabajo de campo pudimos constatar que si bien los trabajadores remitían a un local fijo en el pueblo como la oficina de la “empresa que brinda servicios de recursos humanos8”, el lugar no contaba con identificación institucional y sólo permanecía abierto en la temporada de reclutamiento. En ese espacio los trabajadores firmaban sus contratos de trabajo, se les prescribían los exámenes de salud pre-ocupacionales y los recogía el ómnibus de traslado al lugar de trabajo.

Pensando de abajo hacia arriba, en los parajes rurales donde residen los trabajadores con sus familias la intermediación para ir a trabajar a una plantación es iniciada por el “cuadrillero”, quien cada temporada de trabajo pregunta “quién quiere ir y junta documentos” en un grupo de parientes o allegados. En la investigación realizada, el “cuadrillero” era, en un caso, un operario manual con habilidades destacadas para la tarea del desflore, y en otro, un maquinista que procuraba armar su propio grupo de operarios manuales para “mejorar la calidad de las pasadas de la máquina” y aumentar la productividad. El “cuadrillero” presenta a los hombres convocados al planillero y éste les asegura que conformarán un equipo durante la temporada laboral. Los grupos de trabajo no convocados por un “cuadrillero” son organizados a criterio de los “planilleros” de la empresa de recursos humanos.

Además de las referencias a la intermediación y tercearización9 analizadas en los casos estudiados, en la investigación sobre el trabajo rural en la viticultura sanjuanina realizada por Germán Quaranta (2011), se señala también que las formas más frecuentes de intermediación son “cooperativas de trabajo y empresas de servicios”. Notamos que estas formas de contratación son modalidades que facilitan a los empresarios el registro del personal, a la vez que manipulan las leyes laborales vigentes en el medio rural y reducen las responsabilidades patronales respecto de los trabajadores. En estudios anteriores sobre intermediación (Giarraca et al. 2000; Aparicio et al., 2004), se hace especial mención a lazos sociales no contractuales (vecindad, conocimiento, confianza) entre las partes, que necesariamente persisten pese a la extensión de nuevas modalidades de intermediación por fuera de las conocidas como tradicionales e informales (Bendini, Steimbreger y Trpin, 2011). Como vemos al comparar las tendencias presentes en las semilleras en Zona Núcleo y en la fruticultura rionegrina, la intermediación obrero-patrón es absorbida por licenciatarias de las empresas transnacionales de trabajo “eventual. Esta situación marcaría una tendencia hacia un vínculo laboral flexibilizado y parcialmente mediado por relaciones contractuales en el reclutamiento de trabajadores rurales estacionales. A las patronales demandantes de mano de obra estas empresas les disminuyen los costos laborales y de riesgos derivados de la contratación directa y de la propia gestión del trabajo. Sus funciones abarcan desde el reclutamiento, la selección y calificación del personal hasta la logística necesaria para colocar a los trabajadores en el tiempo demandado, para las tareas requeridas, en el espacio correspondiente y en la forma solicitada por las empresas demandantes, que en su totalidad son grandes empresas integradas.

Según Quaranta (2011), esta forma de definir el “trabajo rural estacional” como “trabajo eventual” es una característica adquirida durante la intensificación agrícola iniciada en la década de 1990. En este proceso de intensificación, aun cuando el trabajo asalariado predomina claramente (84% de los trabajadores participa de esta categoría), la presencia de asalariados permanentes en el agro acaba siendo inversamente proporcional al tamaño de los establecimientos (en viticultura se demandan aproximadamente 10 trabajadores por cada 100 ha de cultivo). La ínfima cantidad de asalariados permanentes9 es compensada con la significativa contratación de temporarios, que son reclutados con diversas mediaciones como la contratación directa, contratistas, cooperativas o empresas de “trabajo eventual” (Quaranta, 2011: 209). En la retórica de las empresas, demandar menos trabajadores permanentes por hectárea cultivada se atribuye a que se trata de empresas intensivas en capital, que al introducir innovaciones tecnológicas, aumentan la productividad sin aumentar la demanda de trabajadores. Sin embargo, esto no es siempre así y al considerar eventual una tarea cíclica, lo mismo que cuando una tarea que hacían trabajadores permanentes, pasa a ser denominada por los empresarios como “de temporada”. Se encubre una demanda de mano de obra, con lo que se vulneran derechos adquiridos por los trabajadores10.

En otro sentido, señalamos que en el caso de los obreros de Santiago del Estero, las empresas de “trabajo eventual no compiten con la opción de que el trabajador se gestione individualmente su “enganche laboral en el destino ni con la intermediación de otras instituciones. En el SE de Santiago, las empresas de “trabajo eventual” son reclutadoras monopólicas de trabajadores estacionales para el desflore. Sin embargo, en el caso de los trabajadores migrantes del noroeste a Río Negro, estas empresas comparten con dos sindicatos (FOTIA-Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar y UATRE-Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) y los gobiernos de las provincias de origen, las funciones de intermediación (Steimbreger, Trpin y Bendini, 2011). Además de estas migraciones laborales intermediadas, se registraron migrantes que se trasladaban autónomamente continuando redes de vinculación con las patronales, sustentadas en la confianza, la garantía de trabajo productivo y la disciplina de trabajo (Trpin y Rau, 2011). Esto implicaría que los agentes sociales intermediarios en la relación laboral varían entre regiones y ramas de actividad, los cuales pueden ser desde contratistas particulares hasta sindicatos, funcionarios públicos, empresas de transporte o empresas de “trabajo eventual(Bendini et al., 2011). Estas variaciones estarían señalando grietas en las cuales la manipulación de la legalidad induce a la precarización.

Trabajos, servicios y organización gremial

Otra de las instancias en la que es relevante la definición de lo que la empresa considera “trabajo” es el encuadre gremial de los trabajadores. En todos los casos estudiados, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores –UATRE- ejerce la representación gremial de los trabajadores. La incorporación a la UATRE se da por la afiliación voluntaria, por una “cuota aporte de solidaridad gremial” contemplada por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) e indirectamente por las prestaciones de salud y turismo (Mastrangelo, 2009; Trpin y Rau, 2011 y Mastrangelo, Scalerandi y Figueroa, 2011).

En el caso de la forestoindustria, una fracción de los trabajadores forestales, con el activismo central de los motosierristas, no acepta ser encuadrada como “trabajadores rurales” y se reivindica como “personal de la industria de la madera y el papel de Alto Paraná”. El grupo, que reclama por su libertad de agremiación, considera que debería ser parte de un convenio colectivo de la forestoindustria para constituirse como interlocutor frente a la empresa de celulosa y no meramente frente a los “contratistas forestales”, que son los empresarios locales en los que la industria terceriza la plantación de pinos.

Otro de los aspectos englobado en estas tensiones es la definición de lo que se considera “trabajador rural” y su representación gremial en la UATRE en la fruticultura rionegrina. En ese territorio, el número de trabajadores temporarios en la cosecha duplica a los trabajadores permanentes locales; sin embargo, la representación gremial directa se afianza con delegados por empresa elegidos entre los asalariados permanentes, excluyendo a los temporarios migrantes. Esto tiene lugar en un contexto local donde los migrantes del noroeste del país son estigmatizados por los patrones, pero también por sus compañeros trabajadores, como de “dudosa moralidad y limitada cultura”. Aunque desde 2009 se han sucedido conflictos gremiales con protagonismo del sindicato mayoritario y trabajadores no sindicalizados, las condiciones en las que se emplea a los temporarios norteños no ha sido objeto de discusión ni de demanda. El trabajo de los temporarios de cosecha queda marginado de las relaciones y conflictos del trabajo clásico y se tiende a invisibilizarlo en los reclamos colectivos.

Las especializaciones y calificaciones de los trabajadores rurales son otro aspecto no considerado cuando se definen ciertos trabajos como “tareas temporarias” o “servicios”. Las tareas asignadas a los trabajadores rurales por temporada tienden a ser supuestas por las empresas y contratistas como una faena única, cuyas diferencias técnicas, si existen, no se corresponden con una calificación específica por la cual remunerar al trabajador. En el caso de estudio de los migrantes santiagueños, la tarea del desflore manual es imprescindible para la reproducción del maíz semilla. Es una etapa crítica del proceso de producción a escala industrial de semillas híbridas o transgénicas, pues es la que garantiza que los genes que pasan a formar parte del ejemplar son los previstos en el laboratorio. Sin embargo, en el proceso de la reproducción en semilleros en la Zona Núcleo Cerealera este “trabajo” se contrata como “eventual” y la fuerza de trabajo que puede seleccionar a simple vista las flores adecuadas es reclutada como “peones no permanentes sin calificación. Algo semejante ocurre con los trabajadores manuales que manipulan frutas de pepita y carozo para exportación en Río Negro. Algunas empresas procuran que los intermediarios les garanticen que movilizaran siempre a las mismas cuadrillas para asegurarse trabajadores que conozcan y realicen cuidadosamente las tareas. De su labor depende el resguardo de la calidad exigida por los compradores pero esto no se traduce en jerarquizar o darles mejores condiciones de ocupación (Trpin y Rau, 2011). Por el contrario, las certificaciones de calidad son usadas para determinar la trazabilidad de los productos, de modo que permiten relacionar un producto con el trabajador que lo cosecha o empaca (Lara Flores, 2008). En este sentido, la certificación de calidad del producto acaba siendo un mecanismo de control de la productividad del trabajo (Bolstanski y Chiapello, 2002 y Mastrangelo, 2009).

Estudios anteriores han señalado la mecanización como la principal causa del aumento del número de “eventuales” (Carton de Grammont, 1992) en la agricultura moderna, entendiendo como eventual todo el trabajo no permanente. En este artículo basado en estudios de caso en la Argentina, se entiende el “trabajo eventual” como una categoría nativa, que designa una forma específica de intermediación empresa agrícola-trabajador, realizada por empresas de reclutamiento de trabajadores con licencias globales. En nuestro país, este tipo de intermediación es una de las manipulaciones de las condiciones legales vigentes para la contratación de trabajadores en el medio rural. Desde 2004 está expresamente prohibida (Res. 14/2004) pues reduce la protección legal dada al empleo rural. En los términos propuestos en la Introducción, nos interesa dar cuenta de esta particularidad como una de las formas en las que la definición de trabajo, los tipos de trabajadores y contratos describen prácticas integradas a una ideología empresarial sobre los costos laborales, que procura pagar estrictamente el trabajo empleado y reducir al mínimo la responsabilidad sobre el salario indirecto (seguro de desempleo, vacaciones, alojamiento).

En dos de los casos de estudio que compara este artículo (fruticultura y semilleras) se observó la incorporación de la categoría trabajo “eventual para designar el trabajo rural estacional. Señalamos que esta categorización desdibuja el carácter periódico de los ciclos anuales de trabajo rural e inhibe el cobro de seguro de desempleo que correspondería si todos fuesen contratados como asalariados rurales, permanentes o no (como lo estipulan las leyes nacionales 25.191 y 22.248, Res. RENATRE 14/2004). Vemos así como las formas de contratación, al igual que las modalidades de pago y los sistemas de remuneración, “descargan sobre los trabajadores las inestabilidades que afectan a la actividad” (Quaranta, 2011: 218). Sostenemos que estos procedimientos empresariales administran estratégicamente la legalidad vigente, por lo que para crear puestos de trabajo decente en agricultura no basta con que exista una legislación sectorial garantista (Lara Flores, 2008), pues su real vigencia y las capacidades de control fiscal son presa de desequilibrios estructurales.

Entre los casos estudiados, la producción forestal es la más integrada verticalmente a procesos industriales (celulosa, OSB, MDF postes y molduras). Pensar la relación entre las tareas que la agroindustria define “trabajo” y aquellas que denomina “servicios” dilucida, también, aspectos de la integración de la empresa en la cadena de valor. A diferencia de lo que ocurría con la integración vertical hasta la década de 1990, cuando la empresa era de capitales nacionales (Celulosa Argentina S.A.), desde la extranjerización en 1996 en manos del grupo Arauco la compañía ya no es propietaria ni empleadora en toda la cadena de producción. Si bien se presenta como la “empresa forestal más grande de Argentina”, al examinar la organización del proceso de trabajo, tareas como plantar el árbol, fumigarlo, fertilizarlo, ralearlo y cosecharlo no están incluidas como “trabajo”: las realizan varias empresas contratistas en las que se terciariza la tarea. Se llaman “empresas de servicios forestales”. Mientras la producción del árbol para la empresa forestal es un servicio, sí están vinculados directamente a la industria 19 centros de comercialización de sus productos en América del Sur. Esto mostraría que, en la actualidad, la integración vertical se estaría dando únicamente entre los segmentos más rentables del proceso productivo. Sostenemos entonces que la distinción entre trabajo y servicios a la producción es usada por el gerenciamiento de la empresa matriz para seleccionar los segmentos del negocio de los que se apropia mientras que transforma en servicio o entrega a terceros contratados, las actividades menos rentables. El caso de la forestoindustria en Misiones muestra cómo la empresa matriz es operadora directa de los segmentos del negocio con mayor rentabilidad: la fábrica de celulosa y los canales de comercialización mayorista.

Segundo eje: ambientalización y ecología política del territorio

Siendo la fruticultura, la forestoindustria y el desflore del maíz producciones en parte destinadas a la exportación, su organización está enmarcada por normas internacionales (Buenas Prácticas Agrícolas -BPA- para fruticultura y OHSAS 18001, BAVC, FSC en forestación), que requieren cumplimentar diversas exigencias de calidad e inocuidad, la contratación de trabajo registrado y el control de las condiciones laborales, sobre todo en salud y seguridad, especialmente cuando se trata de productos alimenticios y la celulosa para cosmética (pañales, absorbentes femeninos). En continuidad con su cumplimiento, se implementan algunas mejoras en las condiciones de trabajo: baños portátiles, comedores con sombra y agua potable, traslado de entrada y salida al lugar de trabajo.

Los estudios realizados nos permiten afirmar que la obtención de las certificaciones no implica una mejora uniforme y sustantiva en las condiciones del trabajo rural. Las mejoras relacionadas con las BPA o las certificaciones de calidad no siempre son lo que parecen: en muchos casos el salario tiene un componente de productividad, por lo que, tal como han expresado algunos trabajadores, ir y volver dos kilómetros a pie al baño químico que debió instalarse en un predio productivo por las inspecciones de la certificadoras, puede implicar una pérdida significativa en el salario. Por otro lado, como describimos antes, el trabajo es registrado en múltiples acuerdos flexibles en los bordes de la legalidad, por lo que las empresas matrices logran certificaciones con trabajadores precarizados y aun sin registrar, empleados usualmente por empresas tercerizadas que les prestan servicio. En la instrumentación de esa normativa por parte de la empresa cumple un rol importante la adhesión de los trabajadores a un gremio que tenga acuerdos salariales a nivel nacional, regulados por Convención Colectiva. Como dijimos antes, todos los trabajadores con los que realizamos nuestras investigaciones en terreno estaban afiliados a la UATRE. Sin embargo, los trabajadores migrantes y reclutados por intermediarios como las “empresas de personal eventual” tienen dificultades para ver expresada su demanda, al igual que quienes forman parte de cadenas productivas relacionadas directamente con la industria y que aun así están agremiados como trabajadores de una actividad primaria (tal el caso de los forestales en Misiones).

Los casos estudiados permiten situar la expansión de la UATRE en el contexto de la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003), tras la crisis de diciembre de 2001. Es un contexto caracterizado por el aumento del desempleo y el subempleo, los despidos masivos tras la privatización de empresas públicas en años anteriores, la tercerización de actividades productivas y sucesivas medidas de flexibilización laboral tendientes a precarizar la relación laboral clásica. Es propio de la UATRE que la incorporación de trabajadores no ocurre únicamente por afiliación directa individual. El aumento de la sindicalización de los trabajadores rurales tiene varios orígenes: la implementación de un nuevo régimen legal del empleo rural en el que se constituye como la única entidad gremial reconocida, el interés del sindicato de aumentar la cantidad de afiliados, su distribución territorial-sectorial y la implementación de normas internacionales de certificación que requieren formalización laboral. En el caso de la Argentina, esta formalización se expresará mediante la vinculación con el sindicato, sea vía agremiación voluntaria o por el aporte de una “cuota solidaria” obligatoria por parte de los no agremiados (Trpin, 2008a).

En 1999 la UATRE -que ya monopolizaba la administración de los fondos y prestaciones de la cobertura de salud del trabajador y su familia-, fue designada como una entidad que integraba y administraba el registro oficial de trabajadores rurales (RENATRE11), por lo que operó como ente recaudador y pagador de beneficios sociales hasta la sanción del nuevo estatuto del peón rural y su estatización en 2011 (RENATEA12). En 2008 se agregó a esas funciones recaudadoras de la UATRE la percepción de un 2%13 en concepto de “cuota solidaria” sobre los salarios de los no afiliados activos en el sector. Estas medidas son las estrategias por las cuales el padrón de afiliados gremiales crece, en consonancia con la concentración e integración vertical de la actividad económica de las agroindustrias. Son las empresas empacadoras frutícolas al concentrarse verticalmente hacia la fruticultura, tanto como la empresa de celulosa y tableros al hacerlo en las plantaciones, las que, al aplicar las normas internacionales de certificación a sus productos que exigen trabajo registrado, están promoviendo el “blanqueo” del personal y de ese modo la afiliación compulsiva al sindicato rural aplicando los convenios colectivos por rama de actividad (Mastrangelo, 2009; Trpin y Rau, 2011). Por otro lado, las acciones de control por parte del Ministerio de Trabajo han permitido también avanzar en la formalización laboral. Es decir, el aumento del poder de este sindicato está ligado al crecimiento empresario, a las normativas estatales de regulación del trabajo agrario que se sancionan a partir de 1999 y a la organización o reivindicaciones de trabajadores en escenarios regionales puntuales.

Analizando conflictos gremiales recientes, Leite Lopes (2006) postuló su ambientalización14 en tanto búsqueda de legitimación de las luchas obreras en contextos más amplios que la relación capital-trabajo. La ambientalización de los conflictos gremiales es asociada por este autor al neoliberalismo, pero sobre todo a una ideología empresarial de acumulación originaria: una forma de devastación ambiental promovida por las empresas que sostienen que están cuidando el ambiente. En los casos estudiados en la Argentina, las exigencias del mercado internacional en cumplimentar el cuidado del ambiente aparecen modelando de una forma no convencional las condiciones y el ambiente de trabajo. El discurso ambiental de las empresas aparece así tejiendo trama con otros temas conexos, por ejemplo la productividad del trabajo, el tomar la calidad del producto como medida de la calidad del trabajo y el cuidar la salud de los trabajadores porque puede afectar la sanidad del producto. Al tiempo que adoptar las normas ambientales es una respuesta a las críticas a un capitalismo ambientalmente devastador, lo ambiental y la búsqueda de sustentabilidad por la incorporación de normas de certificación internacional son justificaciones que legitiman las intervenciones empresariales sobre el trabajo. En este sentido es que sostenemos que “lo ambiental” es parte del tercer espíritu (Boltanski y Chiapello 2002): busca legitimación respondiendo a la crítica ecológica y opera localmente deconstruyendo el trabajo clásico.

El estudio de caso sobre la forestoindustria en la región de selva paranaense de Misiones resultó de especial relevancia para profundizar otra dimensión de “lo ambientalen boca de las empresas: su instrumentación en la ecología política del territorio. Encontramos que la ambientalización abarca tanto las empresas como las políticas públicas. Es decir, todos los actores locales explican y justifican sus prácticas en términos ambientales, por lo que lo ambiental acaba siendo una nueva forma de legitimación del desarrollo y resolución de conflictos, que incorpora actores como los pueblos originarios, que hasta entonces habían estado marginados de estos procesos (Ferrero y De Micco, 2011: 190). La administración de áreas naturales y reservas forestales nativas de propiedad y gestión privada estructura el acceso y el uso del suelo, demarcando espacios para los usos productivos, la disponibilidad de fuerza de trabajo (en tanto posibilitan o inhiben la agricultura familiar) y los asentamientos humanos (diferenciando étnicamente derechos y legitimidad entre las poblaciones mbyá y los colonos).

Las intervenciones ambientalistas de las empresas forestales, los proyectos de desarrollo de las ONG o el Estado generan sus propia institucionalidad (mesas de diálogo, asociaciones civiles ambientales -Ferrero y De Micco, 2011- ) paralela a la arena política legitimada por la democracia (intendentes, concejales). A través de estas instituciones no formales se interviene en el conflicto por la tierra, ya que ciertas ocupaciones y usos de la tierra son reconocidos como legítimos, a la vez que se criminalizan otros: mientras un artesano mbyá es denunciado penalmente por robar madera para artesanías del Parque Nacional Iguazú, el ejido urbano de un pueblo queda cercado por plantaciones de pino sin evaluar los riesgos de intoxicación por las fumigaciones o los incendios.

Como señalamos, el cuidado ambiental de las empresas y la gestión de agencias estatales de las áreas naturales protegidas encubren tensiones entre los intereses públicos y privados. Es un acuerdo tácito de intereses por omisión: mientras la empresa emite un discurso de cuidado ambiental y se postula a la certificación de Forestry Stewardship Council (FSC), tiene una querella judicial con la comunidad indígena Alecrín en el departamento San Pedro por plantar pinos sobre tierras comunitarias y enfrenta demandas de población desplazada de parajes rurales, desocupada en las tareas manuales forestales, que ocupa lotes en litigio en los bordes de pueblos y ciudades (Bº Piedras Preciosas; 2.000 ha; movimiento de ocupantes de Puerto Piray).

En la perspectiva de las empresas forestales y frutícolas, la “ambientalización” relaciona aspectos del cuidado de la naturaleza con la calidad final del producto exportable, el trabajo seguro y la productividad del trabajo (Mastrangelo -2009- lo analizó para la forestación y Trpin -2008b- para la fruticultura). De este modo, al “trabajar para la calidad total cuidando el medio ambiente” el trabajador se accidentaría menos y tendría reducida exposición a, por ejemplo, agroquímicos, y de ese modo la productividad se vería favorecida. De no cumplir las normas de calidad, si no produce la cantidad esperada se reduce su salario y puede ser despedido, porque en nombre de la “trazabilidad” el producto fue relacionado con el trabajador desde el inicio de la cadena. Es decir, en esta visión el cuidado de las condiciones de trabajo, como las del medio ambiente, está subordinado al logro de un producto de calidad y de costo competitivo, que respete las normas sanitarias internacionales.

La calidad total, las certificaciones fitosanitarias y el cuidado del ambiente aparecen en el discurso de las empresas como una “demanda de los consumidores”. Recreando la representación del mercado de la economía política liberal clásica, se propone que un grupo de consumidores, responsables ciudadanos del mundo, son los que reclaman ética ambiental al productor. Y es en nombre de esos consumidores que también se regulan las condiciones de trabajo. Sin embargo, al analizar en detalle quiénes gestan las regulaciones, los consumidores son enormes corporaciones comerciales (vg., para celulosa, Procter y Gamble; para fruticultura, UNIVEG Fruitpartners), sentadas a una mesa regulada por la Organización Mundial de Comercio.

Otra faceta de las certificaciones internacionales claramente visible cuando analizamos el discurso ambiental de la forestoindustria, surge cuando se define a sí misma como una “producción verde, en tanto atañe a un “recurso natural renovable. Si miramos la imagen satelital del lugar de estudio, vemos que en espacios geográficos contiguos conviven tres tipos de “bosque”: uno de monocultivo implantado; reservas públicas (nacionales o provinciales) de selva paranaense en las que está prohibida la actividad forestal y sectores de reserva donde puede realizarse extracción de madera nativa15. Sobre los tres tipos de bosque operan certificaciones internacionales, en unas de productos forestales y en otras las que los protegen como áreas naturales y las transforman en más o menos intangibles para los pobladores locales. Por ello, proponemos entender las certificaciones como la arena política donde se comodifica la naturaleza (son el medio por el cual la producción puede continuar y el recurso se transforma en bien de mercado), pero también donde adquiere valor mercantil el saber de las comunidades sobre el ambiente, donde las demandas de los pobladores locales (colonos, pero sobre todo indígenas) pueden ser reconocidas y donde se resignifican las propuestas de gestión de distintos grupos expertos ambientales (Ferrero 2011), entre los que se cuentan los consultores de medio ambiente que asesoran a la empresa forestal. Por tanto, la certificación de las maderas producidas por “bosques” es, actualmente, una de las tecnologías que acompaña la expansión del capital.

Tercer eje: Territorios de producción y de circulación-residencia de trabajadores

En los tres casos estudiados los insumos y productos recorren un territorio diferente del que recorren los trabajadores. En el caso de la fruticultura, la producción de los valles sale a puerto por San Antonio Oeste y tiene como principal destino países europeos. Mientras que los trabajadores permanentes residen en los predios productivos o en barrios rurales aledaños (Radonich et al., 2009), la fuerza de trabajo estacional de las cosechas se traslada desde las provincias del NOA.

Las semilleras de maíz cultivan en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Catamarca, y exportan por el complejo portuario del norte de Rosario a España, Irán y Egipto (Gutiérrez Cabello et al. 2011). En tanto, unos 5.000 trabajadores, que campaña tras campaña realizan el despanojado de diciembre a marzo, se movilizan desde el SE de Santiago del Estero a las áreas sembradas.

En el caso de la forestoindustria, en el norte de Misiones se ubica el área sembrada de coníferas y plantas procesadoras de celulosa y tableros. Los principales destinos de exportación son Chile, Brasil y Uruguay (Corinaldesi et al., 2011). Los trabajadores son nativos residentes del norte de Misiones; no hay trabajo estacional ni migrante.

La incorporación al trabajo de mano de obra migrante en tareas estacionales temporarias en los casos de la fruticultura y las semilleras hace visibles dos características de los mercados de trabajo rurales. Por un lado, muestra que la dinámica del capital habilita ciclos migratorios desde distancias físicas y sociales cada vez mayores, de modo de reducir la capacidad de demanda sobre las condiciones de trabajo y sobre la posibilidad de organización y resistencia. En el escenario de la conflictividad gremial del valle frutícola, las condiciones de trabajo de los migrantes no han sido objeto de reivindicaciones. En el caso de las condiciones de trabajo en las semilleras, surgieron reclamos a partir de una inspección del Ministerio de Trabajo y la intervención judicial (Página 12, 10/3/2011 y 15/1/2012) pero no terciaron en ese reclamo sindicatos ni asociaciones de trabajadores. Sostenemos, entonces, que la movilidad de fuerza de trabajadores hábiles desde regiones remotas es fomentada porque en la desarticulación social del migrante se anclan la falta de organización y de redes sociales en el lugar de destino, lo que impiden realizar reivindicaciones y negociar en justos términos las condiciones de trabajo.

Por otro lado, la contratación de trabajadores migrantes expresa rasgos de la cultura local de la clase trabajadora sobre el mercado de trabajo. Como señalamos antes, la definición de lo que es “trabajo se trama en relaciones sociales. En los casos de la fruticultura y las semilleras existen tareas y condiciones del proceso de trabajo que los trabajadores locales consideran “trabajo de migrantes”. Este hecho estaría marcando que las culturas de clase trabajadora local realizan una definición de las condiciones de “trabajo decente”16, entendido como el trabajo que están dispuestos a realizar los nativos. El estudio de Trpin y Rau (2011) muestra como aun en períodos de alta desocupación (1983, 1993, 2002) los rionegrinos no se emplean temporariamente en las tareas para las que se contrata a los trabajadores migrantes. Este hecho muestra que los canales de conversión de la fuerza de trabajo (Barth, en Mastrangelo, 2004:41) entre diferentes tareas de un mismo proceso de trabajo son, muchas veces, muy limitados.

Otro dato del caso de la producción frutícola que abona la existencia de una definición cultural de clase del trabajador migrante estacional es que en la sociedad receptora los productores, pero también los asalariados permanentes, registran la llegada del lumpenproletariat de los migrantes como una amenaza y reclaman control social de posibles ilegalidades (Trpin y Rau, 2011). Sin embargo, al igual que en el caso de la migración de santiagueños a las semilleras, se valora la “resistencia al sufrimiento y la disciplina de trabajo: la empresa de recursos humanos prefiere a los santiagueños porque son “dóciles y no generan conflicto” (Mastrangelo y Deambrosi, 2011: 236) y en Río Negro se sostiene que los “norteños no hacen nada para que les paguen horas extra (…) trabajan nada más” (Trpin y Rau, 2011: 37).

En los tres casos de estudio, la dinámica entre lugar de trabajo y lugar de residencia expresa de modos diferentes la marginación de los trabajadores rurales del derecho a la tierra.

En la producción forestal monocultivo, la tendencia generada por las plantaciones a escala exportable fue acentuar la radicación de los trabajadores en barrios más o menos urbanizados, fuera de las plantaciones y espacios de trabajo (plantaciones, fábrica de celulosa, aserraderos, viveros) (Mastrangelo, Scalerandi y Figueroa, 2011).

El crecimiento exponencial de las plantaciones desde la década de 1960 fue haciendo desaparecer chacras (unidades de producción con vivienda) y redujo la disponibilidad de tierra para planificar asentamientos humanos. Las plantaciones fueron progresivamente cercando las localidades. De este modo, quedaron sólo algunos predios, con escasa infraestructura de servicios disponibles para que los trabajadores fijaran residencia.

En el caso de los valles frutícolas, los trabajadores permanentes y permanentes discontinuos suelen residir en asentamientos precarios en cercanías de los predios productivos (Radonich et al., 2009), mientras que los migrantes temporarios permanecen alojados en “gamelas” y construcciones precarias dentro de las chacras durante la época de cosecha17. La implementación de normas internacionales de calidad en la producción frutícola condujo a que, en muchos casos, los trabajadores ya no puedan residir en las chacras ni desarrollar actividades que tengan que ver con la reproducción ampliada de la unidad doméstica (cría de animales, huerta). Desde la expansión de la actividad frutícola en la década de 1980, algunos migrantes chilenos a la cosecha se establecieron en los espacios intersticiales de los predios productivos, organizando barrios rurales o las “calles ciegas(terrenos fiscales en el límite entre predios productivos contiguos). Estos espacios de ocupación en el medio rural suelen estar compuestos por un conjunto de viviendas autoconstruidas con materiales reciclados o nativos extraídos sin costo, en lotes de superficie variable pero menor a 50 m2 limita la producción a la horticultura, la tenencia de aves de corral y la instalación de pequeños comercios. Dadas las transformaciones actuales en los requerimientos temporales de mano de obra en las chacras y el avance de la figura de “personal discontinuo”, en estos barrios comenzaron a predominar otras inserciones laborales precarias no agrarias que se combinan con el trabajo agrario.

La producción semillera en el valle de Catamarca y en la Zona Núcleo Granífera aporta datos sobre otra relación entre los territorios de trabajo y residencia de los trabajadores. La migración de los campesinos santiagueños a las semilleras tiene lugar en un contexto de descapitalización de sus unidades de producción domésticas. La variación en el régimen de lluvias hace posible que en el SE de Santiago se plante soja. Este hecho valorizó los campos que las familias campesinas ocupaban en régimen de no propiedad, y entraron en disputa con expropiadores latifundistas. Esta presión sobre los medios de producción de las unidades domésticas, sumada a la tradición histórica de asalariarse para capitalizar la producción familiar, estructura una formación económica y social en la que la expansión del capitalismo agrario libera fuerza de trabajo calificada en Santiago del Estero que se asalaria en otra región de la Argentina (Mastrangelo y Deambrosi, 2011).

Otra de las tensiones territoriales que expresa este caso es la reivindicación del derecho a la tierra en estos campesinos semiproletarios. Las reivindicaciones políticas del derecho a la tierra en Santiago del Estero se han expresado colectivamente en términos de campesinos organizados en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Esta forma de acción colectiva ha permitido reivindicar el derecho a la tierra de los pequeños productores frente al avance de la frontera agraria para la plantación de soja y las expropiaciones fraudulentas. La acción colectiva centrada en la condición de campesinos (productores domésticos), a la vez que internacionalizó la protesta en redes sociales (Véase: viacampesina.fr), ha contribuido a invisibilizar la proletarización y las condiciones del trabajo asalariado en esos mismos productores empobrecidos.

Consideraciones finales

El análisis comparativo entre los estudios de caso de una forestoindustria (Mastrangelo, Scalerandi, Figueroa 2001), la producción de semillas de maíz (Mastrangelo y Deambrosi 2011) y la fruticultura de pepita (Trpin y Rau 2011) permitió determinar tres ejes de continuidad en las condiciones de trabajo en producciones rurales concentradas orientadas a la exportación en la Argentina. Esos ejes son la disputa por la definición de trabajo y servicios a la producción, la implementación de las normas ambientales de certificación y la determinación de territorios diferenciados para el insumo-producto, para el trabajo y para el lugar de residencia de los trabajadores.

Si bien entre finales del siglo XX y el presente el trabajo asalariado en el medio rural ha ido en ascenso, sustituyendo al trabajo autónomo (Bolstanski y Chiapello, 2002), el análisis realizado en este artículo muestra los delgados bordes de la legalidad sobre los que las empresas capitalistas montan su relación con los trabajadores: trabajadores permanentes que tienen contrato registrado sólo durante una parte del año, plantaciones que se mantienen con pocos trabajadores registrados “implicados”18 pero que multiplican por cuatro la fuerza de trabajo necesaria en ciertas estaciones -con variadas formas de precariedad y considerando “eventualun trabajo temporalmente cíclico-. Consideramos que, lejos de ser coyunturales, estas características constituyen estrategias empresariales de explotación y de acumulación.

Las certificaciones ambientales a productos de exportación19 reconocen su génesis en la administración transnacional de conflictos sociales generados por la expansión del capitalismo (Donovan, 2001; Ferrero, 2011). Forman parte de las ideologías, del modo de coordinación del capitalismo que, justificándolo, le confieren sentido. En consecuencia, su difusión en escenarios diversos de la producción agrícola da cuenta de las relaciones que el capitalismo establece con los conflictos y críticas, mostrando cómo, mediante transformaciones del discurso y prácticas empresariales, se crean dispositivos expertos que absorben y reinscriben demandas sociales (Boltanski y Chiapello, 2002).

La aplicación de normas de certificación liga un producto con trabajo local al mercado externo. En relación con el trabajo, las normas de certificación analizadas reencuadran demandas obreras clásicas como el sistema de remuneración, el salario y la libertad de agremiación en una agenda de cuidados al trabajo prioritarios para el empleador, como el manejo de agrotóxicos y la operación de ciertas maquinarias.

El modo en que las empresas incorporan la ambientalización al implementar las normas internacionales de certificación da garantías de calidad continua y seguridad alimentaria a productos no manufacturados (Trpin y Rau 2011; Quaranta 2011), es una forma de absorber demandas sociales (Ferrero 2011) y es parte de la ecología política del territorio (Ferrero 2011, Mastrangelo y Trpin 2011). La ambientalización propuesta por las empresas se orienta centralmente a mantener la viabilidad productiva, y deja en los márgenes, sin resolver, cuestiones relevantes para la agenda de políticas públicas, como el derecho a la tierra de los semiproletarios y las demandas habitacionales de la fuerza de trabajo rural.

Boltanski y Chiapello (2002) han señalado que en principio, por tratarse de un sistema normativo, los sistemas de certificación parecerían tener continuidad con el segundo espíritu del capitalismo y no con los ideales de autonomía y flexibilidad que determinan el tercer espíritu del capitalismo. Sin embargo, los sistemas de certificación estudiados, especialmente aquellos que incluyen el componente de calidad total, son innovadores, pues incluyen algunos trabajadores (los “implicados”) capaces de regular el proceso productivo basándose en conocimientos y reglas más específicas que las que requiere el producto en sí.

Aun sin ser exhaustivo, sostenemos que el análisis comparativo posibilitó una visión integrada de las problemáticas laborales en algunos ámbitos de expansión del capitalismo agrario en la Argentina. Creemos que este tipo de análisis es una complementación necesaria de los estudios sectoriales en la medida que permite comprender las consecuencias sobre el trabajo rural de la globalización capitalista de la producción primaria, a la vez que renueva desafíos para la indagación de la dinámica social de empleo en el medio rural.

 
Notas

1 La investigación fue financiada por un subsidio FONCYT, Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y de la Técnica “Los trabajadores rurales y las formas de organización del trabajo en producciones exportables de capital concentrado”. PICT 676/2006 ANPCYT.

2 Solamente 1/10 de los trabajadores temporarios se ocupa en tareas generales a lo largo del ciclo anual frutícola estudiado (Trpin y Rau, 2011: 29).

3 El volumen de las exportaciones es alto, sobre todo si se tiene en cuenta que la Argentina no se autoabastece de productos forestoindustriales (Braier, 2004).

4 http://www.arauco.cl/_file/file_50_arauco_reporte_2012-espanol.pdf.

5 La región produce actualmente alrededor de 1,7 millones de toneladas de peras y manzanas. De este total, el 47 % (algo más de 750.000 t) se dirige a la industria, y se exporta en su casi totalidad como jugos concentrados (98 %), principalmente al mercado norteamericano. En lo que respecta al comercio de frutas frescas, del volumen total (874.000 t), el 60 % de la oferta se destina al mercado interno y el resto, hacia el exterior.

6 http://www.centrospioneer.com.ar/pioneeros.html

7 Adecco tiene sede en Zurich, Suiza. Se considera a sí misma una de las principales proveedoras mundiales de mano de obra: en 2012 realizó 700.000 contratos por día. Opera en 5.500 oficinas en 60 países. En Argentina tiene 60 sucursales en 13 provincias (www.adecco.es). Manpower posee 3.900 sucursales en 92 países. En Argentina tiene 80 sucursales distribuidas en 20 provincias y considera que administra el 18% de los puestos del mercado de trabajo local (www.manpower.com). Operan como reclutadoras de mano de obra rural aun cuando la Res. 14/2004 de RENATRE excluye a estas empresas del Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

8 www.manpower.com

9 Existen casos de trabajadores permanentes que no tienen contrato por tiempo indeterminado, cesan su relación laboral registrada con la temporada y trabajan como no registrados el resto del año. Otras formas de precariedad son la inestabilidad ocupacional, los bajos ingresos, las malas condiciones de trabajo y el acceso deficitario a la seguridad social (Quaranta, 2011: 216 y 219).

10 Este argumento de las empresas comenzó a tener en 2010 control fiscal cuando se determinó el Indicador Mínimo de Trabajadores (IMT). Este indicador establece cantidad de jornales por hectárea para tareas como la poda, el raleo y las cosechas de frutas. Resoluciones Generales AFIP Nº 2927 y Nº 3152, Art. 5º Inc. C) y Ley Nº 26.063.

11 El RENATRE fue un Ente Autárquico de Derecho Público no Estatal en el que debían inscribirse todos los empleadores y trabajadores rurales del país. Fue creado por Ley Nacional 25.191. Tuvo como atribución expedir una Libreta de Trabajo con cupones donde se detallaban el salario pagado, la carga previsional, y el seguro médico, y daba derecho a los trabajadores registrados a un fondo de desempleo.

12 El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) es un ente autárquico en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. Promueve el registro obligatorio para todos los empleadores y trabajadores agrarios del país. Absorbió las funciones que en el marco del RENATRE ejercía el sindicato UATRE. Cuenta con delegaciones en todo el territorio nacional.

13 Art. 5 Res. 43/08 Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

14 Leite Lopes (2006) entiende la ambientalización como la proliferación de agencias y expertos públicos, empresariales y de la sociedad civil que generan discursos y prácticas sobre el cuidado del ambiente. 

15 Es el caso de la Reserva de la Biósfera Yaboty estudiado por Ferrero (2011), sólo el 20% de la superficie de la reserva es intangible; en el 80% puede realizarse extractivismo con regulaciones. Las normas de conservación concertadas en su creación solamente regularon la actividad forestal, y consideraron deshabitada el área de reserva, aun cuando quince comunidades mbyá residían allí. Entre 1997 y 2004, el conflicto por el reconocimiento de los derechos de las comunidades fue in crescendo. En 2006 se creó la AMIRBY, que integró a las comunidades mbyá, que participaron como sujetos de derecho en la gestión de la reserva y la certificación BVAC de la madera extraída. La crisis económica europea estancó los trámites de certificación en 2010.

16 “Trabajo decentees un concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo durante la gestión de Juan Somavía (1999) para establecer las características que debe reunir una relación laboral para considerar que cumple los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

17 Habitaciones alineadas construidas para alojar a los trabajadores dentro de los predios productivos. En ocasiones albergan a grupos de tres o más personas por habitación con un baño dentro o fuera y cocina colectiva en otra construcción aledaña.

18 En el sentido atribuido por Bolstanski y Chiapello (2002), como compromiso con la tarea, como parte de la ideología que justifica el compromiso con el espíritu del capitalismo.

19 Especialmente las que involucran recursos naturales como maderas o minería.

 

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Fecha de recibido: 20 de marzo de 2015
Fecha de aceptado: 4 de abril de 2016
Fecha de publicado: 27 de abril de 2016

 

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