Mundo Agrario Vol 7, No 14 (2007) - Rossi
Mundo Agrario, vol. 7, nº 14, primer semestre de 2007. ISSN 1515-5994
Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Estudios Histórico Rurales

Artículo/Article

Dossier: Acceso y tenencia de la tierra en Argentina. Enfoques locales y regionales, siglos XVIII-XX

Los negocios con la tierra pública en la frontera del río Salado del Norte. Santiago del Estero, 1850-1880

Rossi, María Cecilia

Universidad Nacional de Santiago del Estero
mcrossi@tecnored.com

Resumen
Inscribiendo al artículo en los nuevos estudios de tierras y procurando resolver algunos interrogantes en relación a la ocupación del suelo más allá de la campana bonaerense, nos aproximaremos a los grandes procesos de apropiación y traspaso de los territorios de la frontera del Salado del Norte, en el Departamento Matará, llevados adelante por la elite socio-política local. Analizaremos los mecanismos utilizados para acceder legalmente a la propiedad de la tierra y los negocios entre el estado y los particulares generados con los nuevos territorios en disponibilidad considerados "tierra pública".

Palabras clave: Apropiación de la tierra; Frontera; Negocios con tierras públicas; Elites.

Abstract
We inscribe this article in the new studies of land and procure to solve some questions related to the occupation of the ground beyond the bonaerense´s campaign; we will try to make a rapprochement to the big processes of appropriation and transfer of land in the North Salado border, in the Matará district, made by the local socio-political elite. We will analyze the mechanisms used to legally access the property of land and the business between the state and the individuals which were born with the new territories at disposal and considered "public land".

Keywords: Appropriation of the land; Border; Business with public land; Elites.


"No hay ninguna inocencia en los propietarios establecidos, en ningún momento particular de la historia, salvo que decidamos ponerla nosotros, en el largo proceso de conquista, hurto, intriga política y cortesana, extorsión y poder del dinero, muy pocos títulos de propiedad podrían resistir una investigación. Existe la profunda y persistente ilusión de suponer que el tiempo confiere a tales procesos familiares de adquisición una inocencia que puede luego señalarse en contraste con la inclemencia de las etapas posteriores. Los "antiguos linajes" por lo general son solo aquellas familias que habían estado explotando y presionando a sus antiguos vecinos durante el tiempo suficiente".
(Raymond Williams, 2001)

1. Introducción

Desde que se fundó la ciudad de Santiago del Estero bajo el nombre de Ciudad del Barco, en 1550, el río Salado del Norte funcionó como una barrera de contención y defensa de una población blanca y cristiana contra las poblaciones indígenas del Gran Chaco -distintas parcialidades de Tobas, Mocovíes, Chiriguanos y Guaycurúes- señalados como bárbaros e infieles. El camino del Salado fue estimado por la corona española como de vital importancia para las comunicaciones entre Perú y Buenos Aires, de modo que su defensa fue un punto central y en las primeras tareas de su resguardarlo estuvieron los jesuitas con sus reducciones de Vilelas y Petacas.

Considerado "tierra de nadie" desde la conquista (Di Lullo, 1953), el Salado se instituyó históricamente en una doble frontera. La exterior, propiamente militar, dividía el territorio colonizado del Chaco Gualamba y su objetivo era detener el avance de los indígenas. La frontera interior estaba construida por un gran número de "pueblos de indios" que, como política colonial, eran reducidos y utilizados como escudos protectores de los asentamientos blancos, a cambio se los exceptuaba de pagar tributos. Esta situación implicó un tratamiento particular y bien definido en teoría, pero complejo desde la práctica, sobre las tierras y las poblaciones de las comunidades indígenas del Gran Chaco. Fue éste un espacio en el que se articularon prácticas de negociación con etapas de conflicto, estuvo marcado por la fragilidad, la laxitud o el asedio sistemático y al mantener los límites del Santiago colonial hasta la inserción capitalista, selló las posibilidades históricas de expansión provincial hacia el norte y el noreste (Rossi, 2004).

Al iniciarse la década de 1850, la elite liberal que había tomado el poder en Santiago del Estero inició una serie de procesos tendientes a incorporar a la provincia en el sistema capitalista. Articulando intereses locales con demandas mundiales, redefinió sus espacios poniendo en marcha áreas económicamente periféricas, generó una fuerte expansión de las tierras destinadas a la producción de ciertas materias primas y se expandió sobre los territorios chaqueños. (Rossi, 2004). De modo que si hubo un área profundamente afectada por los procesos modernizadores que se prolongaron hasta 1930, esa fue la del Salado y las tierras del Chaco, antiguo espacio de uso común (Farberman, 2005) sobre el que avanzará un estado de perfil oligárquico y apoyado en redes socio-familiares de origen colonial. Familias como las de Taboada, Gorostiaga, Ibarra, Etchecopar, Salto, Palacio, formaban parte del segmento dominante y si bien habían hecho de la posesión de las tierras la base de su capital social, comenzaban a constituirse en elite terrateniente, a convertirse en aquellos sectores capaces de controlar la producción y comercialización de bienes en que se basó la expansión económica (Fernández, Press, Videla, 1999) y sus apellidos resultarán recurrentes en nuestro relato sobre las tierras (Rossi, 2005).

Cuando se cruzaron los intereses entre la tierra pública y los negocios privados, la compra de las tierras fronterizas del Salado y del Chaco fue una actividad prioritaria para una elite local que, como lo hicieran los terratenientes de la pampa húmeda, articuló los tres factores encargados de orientar el proceso: tierra, trabajo y capital (Oszlak, 1997) que posibilitaron cambios sustanciales en un marco de oportunidades diversificadas.(1) El formato local tendrá algunas similitudes con otras historias de provincias norteñas pero su particularidad estará dada por su mediterraneidad -que bajo el espíritu del progreso comenzaba a ser una pesada carga-, la historia precedente basada en un patrón de relaciones sociales precapitalistas y las posibilidades reales de la implantación capitalista (Rossi, 2005).

Inscribiendo al artículo en los nuevos estudios de tierras y procurando resolver algunos interrogantes en relación a la ocupación del suelo más allá de la campana bonaerense, nos aproximaremos a los grandes procesos de apropiación y traspaso de los territorios de la frontera del Salado del Norte, en el Departamento Matará -uno de los dos en que se dividía el territorio saladino hasta los años '60 del siglo XIX-, llevados adelante por la elite socio-política local. Analizaremos los mecanismos utilizados para acceder legalmente a la propiedad de la tierra y los negocios entre el estado y los particulares generados con los nuevos territorios en disponibilidad considerados "tierra pública".

Por otra parte, el artículo abre la discusión con los estudios rurales santiagueños en auge durante los años 1940 y 1950, que centraron su atención en las derivaciones sociales de la implantación de los obrajes madereros. Se sostuvo, entonces, la conformación de un mundo rural en el que dos extremos actuaban dicotómicamente: para explotar el recurso natural de los bosques se conformaron gigantescos latifundios propiedad de poderosos latifundistas que sobre-explotaban la fuerza de trabajo de millares de campesinos, devenidos en hacheros o peones que vivían en la miseria más absoluta sin ninguna posibilidad de modificar su situación. Los textos de Orestes Di Lullo La razón del folklore (1947), Reducciones y fortines (1949), El General Taboada a través de su epistolario (1953), Viejos pueblos (1954), Caminos y derroteros históricos en Santiago del Estero (1959), entre otros, pueden dar cuenta claramente de esta visión que se prologó en los '70 para atender, principalmente, a la formación del mercado de trabajo y la economía familiar. Ejemplo de ello es el texto de Luis C. Alen Lascano El obraje (1972), que procura explicar la ecuación obraje-latifundio-ferrocarril-pobreza reforzando la visión tradicional.

Se trata entonces de un conjunto de miradas orientadas a pensar la frontera como un lugar de lucha permanente entre la civilización y la barbarie, el latifundio como un común denominador, la emergencia de una sociedad de parias donde cualquier práctica era posible y esperable, que quedó cristalizada en la historiografía santiaguena y continuó operando en sucesivas generaciones de historiadores sin que haya habido, hasta hace poco tiempo, planteos historiográficos significativos que reorientaran las discusiones.

2. Modos de apropiación

Es necesario señalar que si bien los procesos de apropiación de los territorios del Salado hacia el NE tienen un origen claro a mediados de los años 1850, existen dos antecedentes importantes que mencionaremos como ilustración dejando abierta una futura línea investigativa al respecto. Por una parte, la expulsión de los jesuitas fue un punto de inflexión, porque las tierras que ocupaban se vaciaron de población nativa, pasaron a categoría de realengas, comenzaron a ser ocupadas por "blancos", tuvieron un control institucional inestable y se generaron conflictos de distinta intensidad, ya que a comienzos del siglo XIX, el Cabildo santiagueño no encontraba ni la forma de imponer su autoridad ni de cobrar impuestos sobre estos territorios (Palomeque, 1992).

Sobre fines del siglo XVIII comenzaron a desaparecer algunos pueblos de indios del Salado y parte de esos territorios fueron reasignados a nuevos poseedores bajo la forma de mercedes reales.(2) Se iniciaría así el proceso de privatización de alguna porción de las tierras fronterizas. Entre 1810 y 1820 tierras de los antiguos pueblos en desaparición fueron apropiadas legalmente por los grupos que controlaban el poder local. Estas tierras de bañados y adecuadas para el pastoreo fueron monopolizadas a partir de acciones muy concretas del Cabildo que encabezó los procesos. Algunos de los miembros de la elite involucrada fueron Pedro Alcorta, Juan José Lami, Mariano Beltrán, Manuel Ximénez, Manuel Caballero, Francisco X. Frías y José Manuel Lugones. En conjunto abonan $849 "por la compra de tierras al estado" (Palomeque, 1992). Con las informaciones disponibles pensamos que este proceso no fue más allá de 1820.

Las Guerras de la Independencia ahondaron la crisis al quebrar la estructura económica orientada -en sus principales circuitos comerciales- hacia el Alto Perú, profundizaron la reorientación atlántica, empobrecieron el territorio y, al llevar a los hombres a la guerra, dejaron las producciones bajo responsabilidad de las mujeres (Rossi, 2005). De modo paralelo se debilitaron aún más las fronteras saladinas, permitiendo los avances indígenas en busca de ganados. El gobierno debió hacer entonces mayores inversiones, pero como siempre resultaban insuficientes los hacendados costeños terminaron convirtiendo a sus empobrecidas estancias en la última línea de asentamiento blanco defendida con milicias rurales integradas por la peonada. Poblaciones fronterizas de origen hispánico e indígenas peleaban por los recursos del territorio, "por la calidad de los pastos, por la posibilidad de recolección de miel y cera y por ser la ruta más corta entre Paraguay, Santa Fe y Alto Perú, que es base de prosperidad de la región" (Palomeque, 1992).

A mediados de 1850, con la exploración de la cuenca del río Salado, se dio el primer paso hacia la integración con el mercado capitalista. Con un discurso estatal que consideraba que las "áreas no civilizadas" eran "terrenos desaprovechados a pesar de sus grandes potencialidades económicas y que se corría el riesgo de perderlas de no proceder a su ocupación definitiva", (Lagos, 2000) se planteó la "extensión de la soberanía sobre territorios que se consideraban como propios. con suelos considerados desiertos [como] el primer paso para luego llevar el progreso". "Desierto" y "progreso", aún como categorías discursivas, se articularon en las prácticas siguientes que serán de una fuerte expansión sobre las tierras fronterizas del Salado del Norte que podrían destinarse a la producción y volcadas a la circulación económica (Cardoso y Pérez Brignoli, 1979).

El río deviene en un actor central en la demarcación histórica de la frontera. Largas épocas de sequía a las que seguían lluvias muy intensas hacían que el Salado mudara su curso y desbordara, dejando esteros en los puntos más bajos donde los habitantes ribereños practicaban la llamada "agricultura de bañados", cultivando principalmente trigo y maíz para consumo doméstico o realizar algunas "exportaciones" -ventas fuera de la provincia-. De hecho, tanto la cantidad como la calidad de las producciones del Salado dependían de la abundancia del agua y en épocas de sequía, directamente, no había agricultura. Una gran creciente de fines del siglo XVIII que desvió su cauce hasta unirlo con el Dulce y le cambió su desembocadura desde el Paraná hacia la Laguna de los Porongos, generó enormes dificultades a las poblaciones asentadas a sus orillas, modificando el sistema de cultivos y redujo notablemente el área cultivable (Palomeque, 1992).

La cría de ganado y las actividades de recolección eran dos actividades importantes en las costas del Salado. Para la primera se preferían aquellos espacios donde el bosque no era tan espeso, las pasturas eran de mejor calidad y los animales tenían acceso al agua dulce, característica que reunían los llamados "campos del Salado" ubicados unas 20 leguas de la capital hacia "el naciente". De hecho, aunque no aparece con tanta claridad la relación, también la crianza dependía de las inundaciones pues las épocas de sequía afectaban las aguadas y debía importarse ganado de Tucumán. La recolección era trascendente en la economía de los sectores fronterizos ya que les permitía el acceso permanente a sus recursos para el consumo directo, principalmente en épocas de sequía cuando faltaba la producción agrícola. Miel y cera eran relevantes en los procesos de intercambio y comercialización, mientras que la algarroba que se utilizaba para consumo eran tan significativa para los sectores pobres que no solo provocaba escasez de trabajadores entre diciembre y enero sino que iniciar cualquier otra actividad significaba esperar el fin de la temporada o el regreso de los migrantes temporarios (Palomeque, 1992).

Verificada la navegabilidad del Salado, el estado fue el encargado de avanzar con la línea de frontera y la colonización hacia el noreste, al espacio de las antiguas comunidades indígenas del Gran Chaco (Rossi, 2005). Este proceso de apropiación será el primer paso en la historia de la formación del mercado de tierras en la provincia, cuando el control legal sobre las prácticas de ocupación era muy incipiente. El Salado pasó a ser considerado como "frontera económica", la ocupación del suelo y el poblamiento fueron las acciones a emprender en las dos décadas siguientes y comenzó la constitución del mercado de tierras (Cardoso y Pérez Brignoli, 1979).

Una parte de las llamadas ahora "tierras públicas", se habían entregado en calidad de "mercedes" y sus extensiones, siempre mayores a lo que señalaban unas titulaciones generalmente inexistentes permitían que, en la práctica, las tierras apropiadas fueran dos o tres veces más grandes a los consignados en la documentación oficial (Ríos, 1947). Esta cuestión se verificaba ampliamente en un Santiago del Estero con enormes extensiones de tierras que, se pensaba, podían ser puestas al servicio de la producción de bienes primarios, pero restringida en la realidad por las características ecológicas dispares y extremas, inexistencia de caminos que comunicaran pueblos y áreas de producción, una estructura de relaciones económicas y sociales precapitalistas fuertemente consolidada y la condición provincial de expulsora de una población sumida en la más extrema pobreza (Farberman, 1997).

gráficos1

Mapa 1

En el mapa se señala el territorio fronterizo del que habla el artículo y se ubican los terrenos enajenados en el período. Se trabajó sobre una reconstrucción realizada por Di Lullo de la línea de fuertes y fortines sobre el Salado y en el territorio fronterizo del Depto. Matará la línea a partir de 1855, señalamos el espacio de tratamiento.

Los primeros datos sobre la apropiación de los territorios fronterizos surgen en 1856 en correspondencia con la Empresa de Navegación del río Salado, cuya creación generó una feroz ola especulativa sobre las tierras situadas a sus orillas. En ese momento los costos de tales terrenos oscilaban entre 10 y 100 pesos bolivianos por legua cuadrada y su enajenación siempre se efectuaba por valores muy inferiores a los reales.

Los mecanismos sobre los que giraba la apropiación consistían en la denuncia de las tierras que se encontraban vacías por medio de "interpósita persona, simulando el acto" para luego proceder a la venta de esa misma propiedad a otra persona. Así tendremos un conjunto de situaciones que variaban entre "donaciones" del gobierno a miembros de la elite local o a foráneos -entiéndase por tal a personas que vivían en otras provincias o a extranjeros-, "suscripciones" y también directamente "ventas" de tierra pública (Ríos, 1947).

En los casos específicos de "ventas" de tierras fiscales siempre aparecía en escena algún vecino o "denunciador", que señalaba la existencia de algún espacio que le interesaba obtener para si o para un tercero debiendo indicar el Departamento y el Distrito en que el terreno se situaba, su denominación, lindantes y posible extensión (Ríos, 1947). El gobierno entonces publicaba la denuncia y al cabo de un mes, aproximadamente, remitía las actuaciones al Juez de Paz del lugar del terreno para iniciar el período de recolección de informaciones tomadas bajo juramento a vecinos antiguos o colindantes o quienes pudieran conocer e informar sobre la historia del campo denunciado, sobre todo si el mismo era fiscal o pudiera estar en propiedad de alguien. Si todo marchaba regularmente, las informaciones volvían al Poder Ejecutivo donde se valuaba la tierra y se determinaba el día y la hora del remate público. En la oportunidad los interesados se presentaban ante una Comisión integrada por el Jefe de la Tesorería de la provincia y un escribano -alternativamente un secretario- y los terrenos se vendían a quien mas pagara (Gancedo, 1885).

El gobierno ponía en marcha unos mecanismos con su equipos técnicos -agrimensores, rematadores y compradores- y realizaba todas las operaciones, en la mayoría de los casos arregladas con anterioridad, rigiéndose por la única ley sancionada en 1857(3) que estipulaba la cantidad de varas de que se compondría todo terreno público. Desde 1866 la ley comenzó a centrar su atención en los campos de propiedad particular cuyas costas daban a los ríos Salado y Dulce, en tanto la documentación señalaba la extensión sobre el río pero no la cantidad de leguas hacia el fondo, situación que en ocasión de posibles ventas daba lugar a reclamos y conflictos entre vecinos que pretendían la posesión sobre un mismo espacio, de modo que el estado tomó la tarea de determinar que en esos casos particulares los fondos no excederían las dos leguas de 5.000 varas "siempre que fuese posible y sin perjuicio de posesiones anteriores" que hubieran sido entregadas por actos judiciales.(4)

En tanto que las ofertas del denunciante no eran superadas por otros interesados el estado se las vendía, pero el comprador podía dejarlas bajo su propiedad o transferirlas a terceras personas -miembros directos del gobierno, o integrantes de la elite o a miembros de los grupos subordinados-, cuando no eran esos mismos miembros los que se constituían en denunciantes. Concluido este circuito administrativo el vecino en cuestión abonaba en Tesorería de la provincia los costos del remate y se le entregaban toda la documentación que actuaba como los originales que podía exhibir en caso de posteriores ventas, transferencias, donaciones o conflictos de partes con otros vecinos.

El pago del estado a particulares que realizaban obras de carácter público o poner las tierras como garantía para inversiones en obras estatales fueron otras dos formas que adoptó la entrega de tierras fiscales. Pueden dar cuenta de estas situaciones los pagos con tierras realizadas a la familia Cánepa por la construcción de la Iglesia Matriz y de la Casa de Gobierno. Los Cánepa terminaron siendo dueños de gran cantidad de tierras que utilizarán, sobre el final de nuestro período, como base para importantes negocios inmobiliarios. También las ventas realizadas para afrontar obras de urbanización, de defensa de la ciudad de las crecidas del río Dulce en 1873, la construcción del primer edificio escolar de la provincia, las de 1874, las ventas destinadas a obtener fondos para la construcción del primer hospital público y el primer asilo provincial, etc. Dos variantes de esta situación muestran a un estado destinando el producido de la venta de tierras fiscales para instalar instituciones nuevas en la provincia, como la Escuela Técnica-Práctica de Agricultura en 1875 (Rossi, 2004) o la transferencia de un número determinado de leguas cuadradas a instituciones religiosas -por ejemplo al Convento de San Francisco 12 leguas en 1873 de las que tomaron posesión hasta 1880 para negociarlas inmediatamente en Buenos Aires (Ríos, 1947).

3. Los procesos más importantes de apropiación

Los años que van entre 1856 a 1860 comprenden la etapa de estudios exploratorios del Salado más importantes, con una elite política participando activamente en la apropiación. En un segundo momento, entre el 1860 y 1870, el proceso decreció en intensidad en correspondencia con etapas de guerra destinadas a imponer el liberalismo mitrista, con los inicios del ordenamiento legal, hubo poca enajenación de tierras fiscales y puede considerarse concluida la primera etapa de gran apropiación de los miembros de la elite local. El proyecto del Salado comenzaba su lenta declinación. Por último, entre 1870 y 1880 nuevamente el proceso cobra una fuerza inusitada al comenzar la utilización del recurso natural más importante de la provincia, las maderas de sus grandiosos bosques. En esos años ingresaron en el juego grandes firmas bonaerenses y porteñas directamente implicadas en la producción maderera y veremos la formación de sindicatos y sociedades anónimas destinadas a la adquisición de las tierras públicas al objeto de proceder inmediatamente a su negociación (Ríos, 1947; Rossi, 2004).

Los datos que ofrecemos a continuación, que se limitan sumariamente a considerar a modo de muestreo sólo las grandes apropiaciones, señalan que de las dos primeras enajenaciones participaron los miembros más directos de la familia central de la red sociopolítica y se hace centro en Matará. A medida que avanza la apropiación y se van alejando un poco hacia el sur y hacia el norte de los territorios que bordean el Salado y hacia el interior del Chaco, van apareciendo otros nombres de adquirentes, sobre todo de mujeres.

3.a. 1856-1860

En 1856 el Poder Ejecutivo enajenó 85 leguas superficiales en el Departamento Matará sobre el río Salado. El promedio de pago de esta primera enajenación fue realmente bajo, de 10 pesos la legua cuadrada y los adquirentes fueron Manuel Taboada,(5) Antonino Taboada,(6) Juan Bautista Taboada,(7) Absalón Ibarra,(8) Amadeo Jaques,(9) Evaristo Etchecopar, Justa Carolina Escudero de Etchecopar,(10) Benjamín Poucel, Fortunato Poucel, Hilario Poucel, Laura Gide, Berta Gide, María Ana Giraro, Juan Bautista Paz, Gustavo Beausset Imbers, y Danis Fagalde (Ríos, 1947).

Que el centro de inicio de las acciones de reapropiación haya sido Matará tiene una importancia mayor. Ubicada a 155 kilómetros de la capital, con unos 600 habitantes en la villa y 30.000 en el territorio, era el espacio de origen de los Taboada, la familia gobernante y por lo tanto con importantes propiedades. Además, tenía una larga historia como pueblo de indios, fronterizo del Chaco y por lo mismo exento de tributaciones a la corona, allí hubo un fortín, devino en población estable e importante y pasó a convertirse en una "región poblada de estancias y cortijos y dependían de ella los curatos de Mailín, Guaype, Lojlo, La Brea, La Guardia y Reducción" (Di Lullo, 1949). Estos datos nos hablan de una población fronteriza de relevancia en el conjunto territorial, muy importante por el comercio con la miel y la cera que los indios reducidos se internaban en el bosque a cosechar y que luego vendían a comerciantes que viajaban regularmente por la zona. Además, en las tierras que bordeaban el río se cultivaba algodón, maíz y trigo en abundancia que vendían a la ciudad de Santiago, a las villas del interior o intercambiaban con otras ciudades, por ejemplo Córdoba (Rossi, 2004; Figueroa, 1949).

Amadeo Jacques en su libro "Excursión al Salado" (1856) describirá a Matará como un conjunto de ranchos que se encontraban alrededor de una plaza rectangular y de la iglesia de origen jesuítico y formaban una especie de villa en proceso de construcción. El comandante Page, que realizara el primer relevamiento del río Salado y sus costas, estimó que a la fecha vivían en Matará unas 500 personas y que el poblado se encontraba en decadencia. Los relatos le indicaban que una veintena de años atrás había sido un lugar mucho más importante porque allí residían las familias más ricas de la provincia pero, por el reiterado avance de los indígenas generaba mucho temor entre los pobladores que decidían abandonar sus estancias y trasladarse a vivir con sus familias en zonas más seguras (Rossi, 2005).

Comenzando en Matará y hacia el sur, se encontraban los "campos del Salado", muy apropiados para la cría de ganado por sus grandes extensiones y buenas pasturas. Además, porque aquellos terrenos a los que la naturaleza había dotado de quebrachos, algarrobos, talas, molles, jarillas y otras especies propias del Parque Chaco-Santiagueño, aparecían como los más adaptables para el cultivo de vides, caña de azúcar, arroz y otros productos requeridos por la nuevo economía (Gancedo, 1885). Pero principalmente el trigo y el maíz, de producciones abundantes no desarrollados aún de acuerdo a los nuevos adelantos técnicos y que podrían equilibrar a éstos territorios siempre marginales económicamente, con las praderas bonaerenses o santafecinas. De modo que las tierras de Matará aparecen como estratégicas en el nuevo proyecto económico provincial (Alen Lascano, 1972).

En 1856 ocurren dos hechos relevantes en relación a las tierras. El primero fue la firma del contrato entre el gobierno nacional con el poderoso comerciante Esteban Rams y Rubert a quien se le otorgó por 15 años la exclusividad de la navegación comercial del Salado. El segundo es que ese mismo año se realizó el viaje exploratorio del Salado, cuya apertura con fines comerciales generaba las más grandes expectativas y aquellos involucrados en el proyecto del nuevo espacio económico tenían clara conciencia del modo en que impactaría la navegación sobre el territorio, conciencia que generó la primera oleada especulativa con las tierras (Rossi, 2004).

La segunda gran enajenación de tierras públicas tuvo lugar en 1857 también sobre las márgenes del Salado y en el actual Departamento Figueroa -antes Matará Norte-. Esta vez los compradores fueron los miembros de la familia central de la red socioeconómica en el poder provincial. Absalón Ibarra compró Cardón Esquina, Gaspar Taboada(11) en "Vaca huañuna" -vaca muerta-, Antonino Taboada en "Quimilioj" y también compró Andrés Salto,(12) todos en dimensiones de 6 leguas cuadradas a razón de 6 pesos cada legua. Eran cantidades inferiores a las primeras enajenaciones, costos más bajos y se trató de la compra de terrenos colindantes de los de su propiedad. Estamos hablando de dos hermanos del gobernador, un hermano de crianza y una persona de la justicia rural apropiándose de las tres cuartas partes del Departamento Figueroa, espacio donde el río plantea una apertura en dos grandes brazos que las grandes inundaciones unían para dejar con posterioridad la zona de bañados más importante que tuvo siempre la provincia de Santiago del Estero.

En 1857 habrá cuatro cuestiones importantes relacionadas con la tierra: se inició la unificación de las medidas en los terrenos fiscales, el proyecto del Salado ya estaba en marcha y Matará iba a convertirse en el primer y gran puerto sobre el Salado adoptando el nombre de Taboadavilla (Taboada, 1929; Rossi, 2005), se realizaba el primer viaje por el Salado con notable éxito y el pase de Antonino Taboada del escenario militar provincial al nacional y como Jefe de las Fronteras sobre el Salado, decreto confederal que asociará definitivamente a la frontera con el nombre de Antonino Taboada y a éste con la colonización de la frontera del Salado (Rossi, 2005).

En 1858 se enajenaron 63 leguas cuadradas, nuevamente situadas en el departamento Matará y la mayoría con frente al río Salado. Pero el precio se había casi cuadruplicado, 35 pesos la legua cuadrada en promedio. Los adquirentes fueron 15 personas, algunos nombres en directa relación familiar con los Taboada, otros relacionados económica, política o militarmente con ellos y otros testaferros. Pero más que los nombres particularizados nos interesa la siguiente acción: siete de los adquirentes transfirieron al entonces gobernador Juan Francisco Borges las 33 leguas cuadradas en una clara maniobra de traspaso de propiedad (Ríos, 1947) aunque desconocemos el nuevo costo de cada legua cuadrada.

El año 1858 fue muy importante para el proceso de navegación del Salado y contribuyó fuertemente a consolidar la idea de la valorización de sus tierras: se procuraron estudios más científicos movilizando hombres y recursos nacionales y provinciales, la posibilidad de navegación del Salado se verificó aunque se necesitarían algunas obras como diques y canales en el último tramo entre Santa Fe y Monte Aguará y un canal en El Bracho, se formó la Empresa de Navegación del Salado y se expropiaron para la misma 100 leguas cuadradas a lo largo de la costa en ambas márgenes (Rossi, 2005).

Paralelamente se enajenaron 142 leguas situadas en los Departamentos Matará, Salavina y Copo. La venta se efectuó a Absalón Ibarra, Manuel Taboada, Pedro R. Alcorta,(13) Jacinto Villar,(14) Ángel Tabeada,(15) Solano Iramaín,(16) Alfonso Montenegro,(17) Federico Benito Basquet, Silvestre Salto, Ignacio Salto,(18) de la Cruz Herrera,(19) José Ecolástico López, Saturnino San Miguel, Manuel Cejas,(20) Juan Bautista Loza, Sinforoso Santillán, Leonarda Cisneros, José Ceferino Gómez, Crisóstomo Chávez, Ramón Lemos, Javier Paladea, Apolinar Cejas, Miguel Cuellar, Nazario Andrada, Anselmo Moreno, Justiniano de la Zerda y Estanislao Gallardo. Tres de ellos transfirieron al entonces gobernador Borges las 16 leguas que adquirieron y 60 leguas adquirió Saturnino San Miguel. Juan Francisco Borges -para ese entonces el gobernador- recibió en transferencia las tierras adquiridas en las mismas condiciones por Gerónimo Palacio, María Antonia Gastañaduy de Palacio(21) y Juan Bautista Paz(22) en 1856, y la adquirida directamente del Poder Ejecutivo por las siguientes escrituras: en abril de 1864 vende a Esteban Rams y Rubert 20 leguas, el 2 de diciembre del mismo año vende a Rams y Rubert y a Juan Lestey 20 leguas, el 3 de diciembre a los mismos 30 leguas cuadradas (Ríos, 1947). De todos los nombrados los ocho primeros eran miembros centrales de la red socioeconómica local, los siete segundos o bien eran Jueces de Paz o estaban directamente relacionados mientras que el resto son nombres desconocidos a los que suponemos testaferros. Por último, de las personas que transfieren a Borges y figuran como adquirentes en 1856, hasta el momento tenemos los datos y los lotes en proceso de ubicación catastral.

Las tierras disponibles comenzaron a alejarse de la centralidad mataraense pero proporcionalmente aumentó la cotización al mantenerse el promedio de venta a 35 pesos la legua cuadrada. El corrimiento de las apropiaciones de tierras hacia el sur del Salado se relacionaba con el desarrollo estratégico de la cuenca del Dulce y hacia el norte y en relación con el "mesón de fierro" hacia lo que es actualmente la provincia de Chaco (Rossi, 2004).

Los territorios del Este santiagueño hoy lindantes con Santa Fe -Fortín Unión, Garabato, etc.-, fueron colonizados muy lentamente a partir de los años 1860 y a medida que la llamada "frontera interior" comenzaba a estabilizarse con la radicación de pobladores. Hacia 1870 ya estaba concluida la primera etapa de avance sobre los territorios chaqueños de modo que el gobierno volverá a insistir para ubicar el "mesón de fierro" (Rossi, 2004) y Juan Francisco Borges adquirió a fin de 1860 cuatro leguas cuadradas, clara indicación de las intenciones de una pronta colonización.

3. b. 1860-1870

Esta década será particularmente conflictiva en el campo político santiagueno (Rossi, 2005). Etapa de guerra casi permanente en coincidencia con la imposición más fuerte del liberalismo en el norte argentino en la que la elite provincial jugó un rol decisivo. No obstante, la Legislatura dedicaba algún tiempo a ordenar la problemática de las tierras que comenzaba a ser caótica y desde 1865 a 1870 Antonino Taboada adquirió por diversos títulos 33 leguas de tierras fiscales.

3.c. 1870-1875

En mayo de 1870 el Poder Ejecutivo vendió a Agustín Cánepa y Cía. 100 leguas cuadradas ubicadas en el Chaco Chico (en el este santiagueño lindantes con Santa Fe) tasándolas en 22.500 pesos y como pago por la construcción de la Iglesia Matriz de la capital (Ríos, 1947). Esas tierras fueron vendidas por Cánepa a terceras personas en julio de 1872, oportunidad en que los adquirentes fueron particulares y compañías comerciales: Gustavo Napp, Emilio Teodoro Meyer, Cipriano Oteiza, Carlos Salas, Baldomero Lausen, Bonarino Hnos., Weheley, Giménez y Cía., Ricardo Newton, Arnaldo Deckwetz, Emilio I. Loisean, Gustavo Mischutz, Jorge Nuttal y Adan Altgelt. Como ninguno de los apellidos formaba parte de las antiguas redes sociofamiliares que habían dominado el espacio estatal y económico hasta el momento, se puede pensar en tres cuestiones relacionadas: el poder de los Taboada comenzaba un proceso de desarticulación hasta 1875 en que deben huir para salvar sus vidas; por otra parte la atracción económica que comenzaba a ejercer la explotación del bosque nativo y, relacionada con ella, el interés de grandes firmas portenas en adquirir grandes extensiones de bosques para la explotación comercial de sus maderas, en una época en que el ferrocarril y la formación de potreros en la pampa húmeda demandaban una gran cantidad de postes, durmientes, vigas, etc. Esto implicó que las tierras en propiedad particular cambiaran de dueños y que las fiscales fueran vendidas por el estado provincial a costos irrisorios y en cantidades que llegaron hasta las 250.000 has.

Por decretos del Poder Ejecutivo de 16 y 17 de noviembre y 31 de diciembre de 1870 y 19 de enero de 1871, se transfirieron a Adolfo Carranza 680 leguas cuadradas de tierras fiscales, mediante trámite administrativo con un expediente por cada cuatro leguas. Las tierras estaban situadas en el llamado Chaco Chico, parte del Chaco Grande, en la misma ubicación que las tierras de Cánepa. Como Carranza era "vecino de Buenos Aires", se presentó como "denunciador" en su nombre y representación Antonio Suffloni "de éste vecindario y comercio". La presentación se realizó con los planos de los terrenos, dato que no es menor si se tiene en cuenta la época de que se trata, y el gobierno puso particular empeño en conocer si esos terrenos pertenecían, o no, a la provincia, según los datos que poseía el recientemente creado Departamento Topográfico. Los tasadores del gobierno estimaron que cada legua cuadrada valía 500 pesos, pero atendiendo a un pedido de reconsideración de Suffloni lo retasaron en 300 pesos y advirtieron que por las distancias sería imposible mensurarlos. Con todas estas salvedades, los terrenos salieron a remate. Como ocurría generalmente, al no haber oferentes que pagaran lo que el estado proponía por las tierras, se convocó al interesado para que pagara a Tesorería $1.200 por todo valor del terreno comprado. (Ríos, 1947) Esta especie de "rebaja" refuerza la idea de que los terrenos fiscales podían obtenerse a costos mucho más bajos que las negociaciones entre particulares y que con el estado provincial podían negociarse los precios.

En enero de 1873 el mismo Adolfo Carranza vendió las 4/6 partes de las 680 leguas a Ambrosio Lezica, Anacarsis Lanús, Alejo Arocena y Bernardo de Irigoyen. Esta venta, por un valor de 120.000 pesos fuertes, se realizó en Buenos Aires y luego se ratificó en Santiago del Estero. El 29 de noviembre de 1881 Carranza vendió el resto de las 2/6 partes de las tierras que aún quedaban en su poder, también en Buenos Aires, a la sociedad "Lezica y Lanús" (229 leguas) y a Alejo Arocena (116 leguas). En ésta oportunidad actuó como apoderado para la venta Pedro Prieto, también vecino de Santiago del Estero, quien presentó documentación de venta extra-judicial realizada en Buenos Aires para ser ratificada por el gobierno provincial como escritura pública. Por ésta venta Carranza recibió 120.000$fuertes -30.000 pesos de cada uno- estableciendo que el valor de las 680 leguas es de 180.000 pesos. No hay mucho más para añadir a esta fenomenal empresa especulativa cuando se recuerda que las pagó 1.200 pesos. El documento establecía con claridad la indivisibilidad de las tierras pero, como estaban destinadas a ser explotadas o a la colonización, con algunas excepciones podrían ser fraccionadas y vendidas, quedando Bernardo de Irigoyen como representante legal (Ríos, 1947). Lo que aquí está ocurriendo, en principio, es el hecho de haberse reflotado el proyecto de explotación comercial del "meteorito del Chaco" popularizado como "mesón de fierro" (Rossi, 2004).

En 1873 se transfirieron a Eduardo Bonorino y López Blanco 100 leguas cuadradas ubicadas, según la denuncia, entre las de Carranza y al sur de las de Cánepa, a través de 25 expedientes administrativos. Los agrimensores advirtieron que las tierras no estaban donde decían los denunciantes, pero de todos modos aconsejaron que pagaran la suma que el estado pedía, 1.400 pesos fuertes, y que se las entregaran. A mediados del siglo XX y sin haber encontrado documentación que avalara la tenencia de las tierras, se sospechaba que habían quedado, al menos en su mayor parte, en territorio de la provincia de Santa Fe por el último trazado de límites con la de Santiago del Estero (Basualdo, 1980).

Antonino Taboada también compró una importante cantidad de tierras en el Departamento Figueroa durante este período. En junio de 1870 adquirió la segunda facción de Don Juan -la primera en abril de 1862-, en 1872 compró Paso Figueroa de cuatro leguas², en 1873 dos facciones al Este de Quimilioj y de Cardón Esquina con 4 y dos tercios de leguas². El 18 de enero de 1870 Gaspar Taboada compró una fracción cerca de Don Juan de media legua², San Pablo o Sepulturas con 7 leguas² a Ceferina Ibarra.(23) En agosto de 1873 se transfirieron por ley a Gaspar Taboada 28 leguas² divididas en suertes de cuatro leguas cada una en el Chaco Chico. Pero como el gobierno no estaba seguro si esas tierras eran fiscales o propiedad de algún particular, determinó que se restituyen a su dueño original en caso de tenerlo.

4. Conclusiones

Los intentos de incorporar a Santiago del Estero en el circuito productivo y comercial capitalista, generaron un interés excepcional por la compra de la tierra pública de la frontera del río Salado del Norte, la que para ser puesta en tal calidad necesitó de un proceso muy fuerte de corrimiento de la frontera política y su tratamiento inmediato posterior como frontera económica. De lo analizado se desprende la estrecha relación de la construcción de la frontera y la disponibilidad de las tierras de antiguas comunidades indígenas, apropiadas por el estado y convertidas en tierras fiscales con el objeto de beneficiarse de sus recursos económicos y las exploraciones del río Salado para verificar la posibilidad de convertirlo en medio de comunicación y comercio rápido y con costos moderados.

De modo que estamos frente a un conjunto de circunstancias -locales, nacionales e internacionales- que favorecieron, de parte de la elite político-económica local, fuertes procesos de apropiación de las mejores tierras sobre la costa del Salado que eran aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería con miras a la exportación de materias primas, con bosques de maderas de alta calidad y que, además, facilitaban a las poblaciones costeñas las actividades de recolección cuando algunas de las dos primeras producciones fallaban por cuestiones climáticas.

Estos primeros procesos, casi todos previos al inicio del ordenamiento legal sobre las tierras, concentraron en manos de unos pocos miembros de las familias centrales de la red local, miles de leguas cuadradas que -teóricamente- tenían un destino de explotación agrícola-ganadero fijado y que rara vez se cumplió. Así, veremos distintos formatos de apropiación: donación, venta, remate público, obtención de recursos para obras públicas, que convirtieron a la frontera del Salado en un espacio rural de grandes latifundios escasamente productivos, por lo menos hasta 1880.

Sirva a modo de ejemplo las apropiaciones realizadas por los miembros de la familia en el gobierno, los Taboada, en el Departamento Figueroa. Con los datos disponibles hasta el momento podemos contabilizar 50 leguas cuadradas que pasaron de fiscales a privadas en poco más de 15 años. Era la tercera parte y el corazón del territorio, atravesado por los dos cauces más importantes del Salado, tenía grandes zonas de pastoreo y era más que apto para practicar agricultura de bañados y sus bosques de quebrachos, algarrobos, mistoles y jumes brindaban las mejores maderas. Además había en las tierras adquiridas una cantidad de asentamientos humanos que quedaron con los nuevos poseedores, pensamos que en categoría de ocupantes y/o como mano de obra para el trabajo de las estancias. Reconstruyendo los limites de los terrenos a través de las copias de las mensuras concluimos, no sin asombro, que en los terrenos comprados incorporaban al río en ambas márgenes, lo que daba a los compradores la posibilidad de controlar el flujo del agua y tener todos los beneficios para la agricultura y la ganadería donde el río es mas beneficioso para cualquiera de los procesos agrarios, al margen de la explotación forestal.

En relación al costo de la legua cuadrada en las costas del Salado, puede observarse en proyección como fueron valorizándose con el correr de los años y los proyectos de desarrollo pensados para el territorio. Si en 1859 los valores oscilaban entre 10 y 100 pesos bolivianos, veinte años más tarde los costos de venta de aquellos terrenos aptos para la agricultura y la ganadería valían entre 400 y 1.000 pesos fuertes (Gancedo, 1885). I mporta destacar que los costos variaban según se los negociara en épocas de sequía o de crecientes abundantes y regulares, bajando los precios en el primer caso y aumentando en el segundo.

No debemos presuponer que luego del primer paso de apropiación vendrá un período de inmovilidad del mercado de tierras bajo el dominio de los terratenientes. Si bien el proceso tuvo un momento de alza importante, luego continuó con diversos matices en una incorporación constante que conocerá su punto más álgido cuando se desarrolle la tala del bosque nativo. De modo que, para nuestro trabajo, el proceso comienza a cerrarse en 1870 cuando se inició la compra de grandes latifundios por parte de inversores particulares o grupos foráneos, como ocurría en la pampa húmeda o en Patagonia y relacionados con la explotación forestal, espacios que fueron transferidos o renegociados nuevamente cuando la deforestación terminó dejando del antiguo bosque un lastimoso desierto.(24) La consolidación de latifundios parece haber sido una de las características en los inicios de la colonización de la frontera.

Una segunda cuestión se relaciona con los proyectos de desarrollo agrario. El fracaso del proyecto del Salado implicó, no solo la inexistencia de las soñadas inversiones extranjeras para inversiones de infraestructura o empréstitos al gobierno, sino la imposibilidad de realizar alguna modificación a los antiguos sistemas de transportes internos y la sola posibilidad -al menos por un tiempo largo- de reeditar actividades económicas de raíz colonial como lo era la ganadería criolla, el añil y la grana, las que requerían pocas inversiones, y tenían un volumen importante y alto valor de venta.

Notas

(1) Según se desprende de las informaciones disponibles hasta el presente, el proceso de apropiación de tierras de parte de la elite parece circunscribirse a la provincia de Santiago del Estero.

(2) Estos datos forman parte de un cuerpo documental que se encuentra en proceso de clasificación en el Archivo del Museo Histórico "Dr. Orestes Di Lullo". Santiago del Estero.

(3) Ley del 30 de noviembre de 1857. Recopilación de Código, Leyes y Decretos. Tomo 1. Publicación Oficial año 1931. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Pagina 681.

(4) Ley del 17 de diciembre de 1866. Recopilación de Código, Leyes y Decretos. Tomo 1. publicación Oficial año 1931. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Pagina 683.

(5) Gobernador de la provincia.

(6) Hermano del gobernador, jefe militar de las fronteras sobre el Salado.

(7) Era un familiar directo de los Taboada.

(8) Hijo de Felipe Ibarra criado por la madre de los Taboada y llamado "hermano" por sus primos Taboada.

(9) Amadeo Jaques fue el primero que inició los procesos de mensuras de los terrenos fiscales en la provincia, muy estrechamente vinculado a la familia gobernante de los Taboada, relacionado con otros familias importantes por vínculos de padrinazgo.

(10) Relacionados directamente con los Taboada.

(11) Era el otro hermano del gobernador, el comerciante de la familia y financista del gobierno.

(12) Relacionado a familias de Jueces de Paz.

(13) De familia de antiguos federales ahora renovados, Tesorero de la gobernación.

(14) Miembro de la red relacionado con la justicia de paz.

(15) Sobrino del gobernador.

(16) Poderosísimo comerciante y antiguo poseedor de tierras en la mesopotamia.

(17) Miembro de la red y relacionado familiarmente.

(18) La familia Salto integraba las redes de la justicia de paz.

(19) Relacionado con la justicia de paz.

(20) López, San Miguel y Cejas eran apellidos de la justicia de paz.

(21) Miembros de una de las familias económicamente más poderosas de Santiago del Estero.

(22) Miembro de una familia de antiguos feudatarios y cabildantes.

(23) Familiar directo de Felipe Ibarra, primo hermano de los Taboada.

(24) Mucho más tarde la subdivisión será intensa con los campos dedicados a la agricultura, proceso que se conocerá como "pampeanización". Se llamó así a la transformación del paisaje rural santiagueño del Salado hacia el norte cuando una vez desaparecidos los montes tupidos, el horizonte pasó a tener una gran similitud con las praderas bonaerenses y fue modificado aún más por las pautas culturales de trabajo agrario impuestas por los nuevos adquirentes bonaerenses.

Fuentes utilizadas

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Cánepa Nicolás. 1872. Dirección Gral. de Catastro de Santiago del Estero. Duplicado N° 62. Departamento Aguirre. Legajo 32. Expte. N° 57.

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Fecha de recibido: 12 de febrero de 2007.
Fecha de publicado:
10 de septiembre de 2007.

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