Introducción

Los territorios rurales y periurbanos de la Argentina son escenarios de profundas transformaciones, tensiones y resistencias frente al avance del modelo del agronegocio (Gras y Hernández, 2016). Este proceso, caracterizado por la acumulación por despojo genera la expulsión de pequeños¹ productores, el deterioro de las condiciones de vida y la homogeneización de las identidades colectivas (Harvey, 2005). En este contexto, el Trabajo Social enfrenta el desafío de construir marcos de intervención e investigación que, lejos de perspectivas asistencialistas u homogeneizantes, den cuenta de la complejidad de estos territorios y acompañen las luchas emancipadoras de sus actores (Chiminelli et al., 2024). Sin embargo, existe una brecha significativa en la sistematización y producción teórica sobre la praxis profesional en estos ámbitos, lo que a menudo resulta en la invisibilización de las experiencias concretas y de los sujetos que las protagonizan.

En este artículo se propone analizar y presentar reflexiones que contribuyan a la construcción disciplinar del Trabajo Social en contextos de ruralidad, con un foco específico en las juventudes rurales. Para ello, se articula el análisis de dos experiencias complementarias: 1° un proceso de intervención mediante prácticas pre profesionales en el Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores de la Agricultura Familiar (CAJGPAF) en el Cordón Hortícola Platense (en adelante CHP) en el año 2016, y 2° una investigación doctoral cualitativa, llevada a cabo a partir de una perspectiva interseccional (clase, género, edad) (Viveros Vigoya, 2016) que analizó las experiencias de participación política de las juventudes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en su rama rural en la localidad de Poblet (período 2018-2022).

La primera experiencia permite examinar las condiciones de vida y de trabajo de los productores de la agricultura familiar y el rol del Trabajo Social en el asesoramiento y la defensa de sus derechos. En la segunda experiencia, se presenta a la ruralidad a partir de las experiencias y las subjetividades de los productores pero en especial de las juventudes rurales que allí se encontraban, ya que en general los estudios agrarios argentinos, tradicionalmente han privilegiado los aspectos productivos y economicistas (productividad del suelo, impactos de los cultivos extensivos), en detrimento de un análisis profundo de las dimensiones sociales, culturales y políticas de las comunidades (Craviotti, 2010). La investigación doctoral, en cambio, se enfocó en las subjetividades y prácticas organizativas de los jóvenes, visibilizando dinámicas opacadas por una mirada economicista del campo.

Metodológicamente, el artículo se sustenta en el análisis cualitativo y reflexivo de estas dos experiencias. Por un lado, con respecto a práctica pre profesional, la llevamos a cabo desde la perspectiva histórico-crítica,² empleando técnicas como la observación participante y el análisis de expedientes (Oliva, 2015). Por otro lado, la investigación doctoral se abordó a partir del enfoque de caso, pero a su vez, se tomaron los lineamientos éticos-políticos propuestos por la Investigación Acción Participativa (IAP), en donde se combinó el trabajo de campo comprometido con las juventudes, entrevistas en profundidad y análisis de fuentes documentales con una activa participación en los espacios del MTE rural.

En síntesis, en este artículo se pretende visibilizar la práctica y la investigación del Trabajo Social en contextos rurales, aportando una perspectiva crítica que trasciende los enfoques tradicionales. Al articular la intervención con la investigación, se busca generar aportes sustantivos para repensar el quehacer profesional desde un compromiso con la justicia social y las resistencias colectivas en los territorios.

Metodología

La primera experiencia consistió en una práctica preprofesional³realizada durante el año 2016 en el Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores de la Agricultura Familiar (en adelante CAJGPAF) en el marco de la licenciatura en Trabajo Social. La observación participante en el consultorio y en terreno permitió identificar una tensión fundamental entre la especificidad jurídica del centro -que priorizaba el asesoramiento legal- y la necesidad de un abordaje interdisciplinario que diera respuesta integral a problemáticas sociales interconectadas, como el acceso a programas sociales, condiciones habitacionales y situaciones de violencia de género.

Se pudo observar en el transcurso de los encuentros (en el consultorio como en territorio), que el momento de la entrevista no daba lugar a desarrollar un análisis integral de las distintas problemáticas. Por ejemplo, asistía alguna productora con problemas de violencia de género y era derivada automáticamente al Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género UNLP u otro centro especializado en violencia de género. Por supuesto, no se consideraba que el abordaje estaba errado; sin embargo, se analizaba que en el proceso de la denuncia por parte de la productora –en este caso- se focalizaba únicamente en los aspectos legales de la situación y si bien la violencia de género es una problemática compleja, no era la única desigualdad que se encontraba atravesando la productora (Mamblona 2024). A su vez, esta dinámica se veía reforzada por las condiciones materiales de atención, la presencia de 8 (ocho) personas al momento de realizar la consulta y/o denuncia, imposibilitaba, por un lado, que se abordara la complejidad de la situación desde una perspectiva crítica y no fragmentada y por el otro, realizar con claridad la intervención como practicantes de Trabajo Social.

Frente a este diagnóstico, se implementó una estrategia dual que combinó la negociación interdisciplinaria con los equipos jurídicos para establecer un espacio diferenciado de intervención social, y el desarrollo de instrumentos específicos de relevamiento, particularmente una encuesta semiestructurada destinada a caracterizar las condiciones socio-habitacionales, productivas y de acceso a derechos de las y los productores. Este proceso se complementó con la construcción de un recursero⁴ de políticas públicas e instituciones locales, y las técnicas de observación participante, análisis de casos y entrevistas semiestructuradas realizadas en espacios que facilitaran el diálogo abierto.

La segunda experiencia corresponde a mi investigación doctoral⁵ cualitativa desarrollada entre 2018 y 2022, centrada en comprender las experiencias de participación política de las juventudes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) rural en la localidad de Poblet desde un enfoque interseccional (Viveros Vigoya, 2016) que consideró las dimensiones de clase, género y edad (Kropff, 2010). Aunque las condiciones de campo no permitieron una aplicación completa de la Investigación Acción Participativa (IAP) (Anisur Rahman y Fals Borda, 1988) esta investigación se impregnó de sus principios éticos y políticos fundamentales, mediante la presentación sistemática de objetivos y avances a la organización, la negociación transparente del acceso al campo y la búsqueda consciente de que el proceso de conocimiento contribuyera a los procesos de transformación que el movimiento ya encaraba. Esta investigación inicia a partir de la asistencia regular al área de jóvenes del MTE rural en la localidad de Poblet, a fines de noviembre de 2018. El área de jóvenes fue la primera que logró conformarse después de varios intentos, los cuales no terminaban de consolidarse (Lemmi et al., 2020). De allí la importancia de este grupo de jóvenes productores.

La estrategia metodológica combinó técnicas cualitativas (Denzin y Lincoln, 2005) desde un diseño flexible (Maxwell, 1996) que incluyó observación participante extensiva durante más de cinco años de trabajo de campo, participación en reuniones del área de jóvenes, asambleas de base y plenarios nacionales; así como, la realización de más de diez entrevistas en profundidad a jóvenes productores, jóvenes outsiders⁶ e informantes claves del ámbito educativo y municipal. Las entrevistas en profundidad por tener un estilo abierto permitieron obtener gran riqueza informativa, desde los enfoques de los entrevistados (Valles, 1997). Estas entrevistas al ser flexibles daban lugar a poder realizar los cambios necesarios para que se adecuaran a los objetivos de la investigación. Se empleó esta técnica con el objetivo de poder comprender y conocer de qué manera los jóvenes del MTE dan significado a su experiencia como participantes en esta organización social, “la entrevista en profundidad como un modo válido de generar y analizar discursos de los sujetos que conforman un segmento o población en estudio” (Merlino, 2009, p. 114). La constante participación en las reuniones de los jóvenes, como en sus diferentes procesos de organización (cine debate, asambleas, marchas, etc.) forjó la posibilidad de mantener una conversación entre iguales favoreciendo la producción del lazo, rapport, la cual fue una condición primordial en la obtención de información fiable.

Como fue mencionado anteriormente, la observación participante fue una técnica constante a lo largo del trabajo de campo y de las entrevistas en profundidad. De esta manera, como afirman Velasco y Díaz,

La observación participante no subsume al trabajo de campo, pero no sería posible fuera de él. En cierto sentido, el trabajo de campo es el único medio para la observación participante, pues no es posible llevarla a cabo desde el sillón de estudio (Velasco y Díaz, 2006, p. 19).

Este abordaje fue completado con el análisis de fuentes documentales de la organización, artículos periodísticos y datos censales. El registro riguroso se realizó mediante notas de campo condensadas y notas de análisis interpretativo, permitiendo la interpretación constante entre la observación empírica y el marco teórico-conceptual a lo largo de toda la investigación.

Finalmente, es importante mencionar que la elección de trabajar con juventudes rurales no fue azarosa, sino que surge de la identificación de una vacante en la formación académica y la producción teórica disciplinar en la región de La Plata. Al observar que el Cordón Hortícola Platense (CHP) es uno de los territorios rurales más productivos del país, se volvió urgente problematizar por qué la ruralidad ha sido históricamente invisibilizada en los planes de estudios y en la intervención profesional tradicional. El posicionamiento adoptado es el de una investigadora-militante que no buscó la “neutralidad”, sino que se inscribió en una perspectiva histórico-crítica y ética-política comprometida con la justicia social. Esto implicó reconocer que mi presencia en el campo como estudiante de práctica preprofesional primero (2016) y como doctoranda después (2018-2022), no era la de una observadora externa, sino la de un sujeto que co-construye conocimiento con la organización.

1. Acercándonos al centro de práctica: Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores de la Agricultura Familiar (CAJGPAF)

Este centro elegido es el destinado por convenio con la UNLP para realizar prácticas preprofesionales de estudiantes avanzados el cual se creó mediante Resolución N° 193 de mayo de 2011 por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene como misión acercar a los estudiantes avanzados en la carrera de Trabajo Social y a los nóveles abogados a la práctica profesional, aportando a la construcción de profesionales comprometidos con el medio social en el que se desempeñan.

El CAJGPAF nace en el seno de las asambleas realizadas por el Consejo de Productores del Banco Social (Alustiza et al., s. f.). Este último surge como una respuesta por parte de la universidad frente a la situación social, política y económica de fines de 2001, en donde casi el 50 % de la población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza y el 20 % en situación de indigencia.

Las asambleas realizadas por el Consejo de Productores del Banco Social se enmarcaron en la situación compleja que atravesaba la Argentina en la crisis del 2001 y estaban a tono con las formas organizativas propias de la época: “En lo que se refiere al funcionamiento asambleario, es necesario señalar que este ha signado sin dudas la historia de los levantamientos populares que han sacudido la Argentina de los noventa” (Svampa y Pereyra, 2003, p. 15).

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, buscaron alternativas para los productores de la región, con el objetivo de que pudiesen enfrentar la situación de crisis y mantenerse en el sistema productivo. Al transcurrir las reuniones se manifestó la necesidad de que pudieran contar con asesoramiento jurídico ante las diversas problemáticas, relacionadas a la agricultura familiar. En pos de darle contenido a tal demanda, desde el 2011 se impulsó la creación, desde la Cátedra II de Derecho Agrario, junto con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el apoyo de las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales y del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la Región Pampeana del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IPAF Región Pampeana – INTA) la creación del CAJGPAF.

El CAJGPAF se encuentra ubicado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Avenida 60 y 119, 1er piso; funciona los lunes de 14:00 h a 17:00 h. El año 2016 fue el segundo año en el que se constituye como centro de prácticas de la Facultad de Trabajo Social en la cátedra Trabajo Social V. Tiene como objetivo el fortalecimiento de una propuesta integral y sustentable para la agricultura familiar de la región, aportando trabajo colaborativo en el asesoramiento y la asistencia técnica-legal, de un sector vulnerable de la población. A su vez, facilitar el acceso a los derechos, y de ser necesario a la justicia, para los sectores sociales más vulnerables de esta actividad productiva y brindar asesoramiento jurídico gratuito a las y los productores y trabajadores agropecuarios familiares, fundamentalmente del CHP y de municipios vecinos, apuntando a mejorar tanto su calidad de vida como sus condiciones de trabajo.

1. 1. Caracterización del sector rural y de sus destinatarios

El CAJGPAF dirige su intervención hacia las y los productores del CHP. Para contextualizar esta labor, resulta fundamental caracterizar el sector rural y a la población destinataria. El CHP constituye el área productiva más relevante del Cinturón Verde Bonaerense, abarcando el 46,15 % de su superficie productiva total y el 25,15 % de la superficie hortícola de la provincia de Buenos Aires (Cieza, 2015). Esta zona se especializa en la horticultura para consumo en fresco, principal actividad generadora de trabajo familiar, seguida por la producción de flores y animales de granja. Su producción abastece al área metropolitana de Buenos Aires, que supera los 13 millones de habitantes, con una amplia variedad que supera los treinta tipos de hortalizas, destacándose la lechuga, el tomate, la alcachofa, la acelga y la espinaca (García, 2015).

Desde una perspectiva histórica, el desarrollo hortícola en el cinturón platense puede periodizarse en tres etapas. Un primer período (1900-1920) de quintas de autoabastecimiento familiar; un segundo momento (1920-1940) donde la actividad se tornó comercial, liderada por migrantes italianos que accedieron progresivamente a la propiedad de la tierra, pasando de peones a propietarios que ya no aportaban trabajo físico; y un tercer período (a partir de 1960) caracterizado por la llegada de trabajadores, primero del norte de Argentina y, posteriormente, de Bolivia, quienes se insertaron como mano de obra contratada por los propietarios ya establecidos (Lemmi, 2011). Este último grupo, que migró con sus núcleos familiares y se estableció definitivamente, constituye hoy el sujeto principal de la producción hortícola local y, por ende, el destinatario principal del CAJGPAF.

Para conceptualizar esta población, se adopta la noción de agricultura familiar. Siguiendo a Nogueira (2013), esta debe comprenderse inmersa en la dinámica del modo de producción capitalista globalizado. Se recuperan dos definiciones clave: la del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2005), que la define por la integración de la unidad doméstica y productiva, el aporte predominante de mano de obra familiar y la producción para autoconsumo y mercado; y la del Foro Nacional de Agricultura Familiar (2006), que la concibe como una forma de vida y cuestión cultural centrada en la reproducción digna de la familia, la gestión familiar y la transmisión de valores.

No obstante, esta reproducción se ve amenazada por problemáticas estructurales. Una de las principales consultas manifestadas al CAJGPAF es el acceso y tenencia de la tierra. La imposibilidad de compra lleva a la mayoría de las familias a acceder mediante arrendamientos temporales (generalmente de tres años) y asociativos, lo que desincentiva la inversión en viviendas dignas y servicios por la falta de seguridad en la permanencia y el no reconocimiento de las mejoras por parte de los propietarios (Merchán, 2016). Esta situación de precariedad fue expresada de forma contundente en una toma de tierras ocurrida en Abasto en abril de 2015, que motivó la intervención del consultorio.

Otra problemática central es la extrema informalidadque sitúa a los productores hortícolas entre los sujetos más desprotegidos del sector rural. Esta invisibilidad social y política oculta una realidad de degradación y pauperización de las condiciones de vida y trabajo (Lemmi y García, 2011). La mano de obra se estructura en tres modalidades: 1) trabajo familiar; 2) trabajo externo asalariado (peón estable, jornalero o tantero),⁷ casi siempre informal y sin protección social; y 3) mediería, una figura asociativa donde una parte aporta tierra y capital y la otra mano de obra e insumos, repartiéndose las ganancias. Aunque regida por la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (Ley 13.246), la mediería evidencia una profunda asimetría entre las partes, donde el mediero tomador suele ser un trabajador precarizado sin retribución fija (García, y Lemmi, 2011).

(…) esta invisibilidad, tanto en los medios de comunicación, como en ámbitos académicos, discusiones políticas, espacios gremiales y organizativos que sufre el trabajador agrario en general, y el hortícola en particular, posibilita la construcción de una imagen alejada de la realidad y oculta una situación de importante degradación (García y Lemmi, 2011, p. 2).

El Estado ha respondido con marcos legales específicos, como la Ley N° 26.727 (Régimen de Trabajo Agrario) y la Ley de Agricultura Familiar, que creó el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF). Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no adhirió a esta última, limitando su impacto en el CHP. Herramientas como el Monotributo Social Agropecuario (MSA), vigente durante el período de las prácticas y considerado una herramienta crucial para la formalización, fue posteriormente eliminado (Dávila, 2019).

La caracterización del sector se complejiza al considerar que una porción significativa de los productores está constituida por migrantes bolivianos. Su migración se enmarca en un fenómeno transnacional, sosteniendo vínculos económicos y sociales entre su país de origen y la Argentina, y respondiendo a la demanda de mano de obra del capitalismo global (Benencia, 2005; Cerrutti, 2009). Para Benencia (2005), el fenómeno de la migración en la actualidad se caracteriza por la transnacionalidad, es decir, que los migrantes sostienen relaciones sociales, económicas y políticas creando vínculos entre su país de origen y el de asentamiento; de esta manera constituyen campos transnacionales que atraviesan las fronteras nacionales. El autor afirma que los migrantes bolivianos que se ubican en área de producción hortícola en la Argentina se inscriben en el fenómeno anteriormente descripto. Además, es importante para el autor comprender la migración transnacional vinculada fuertemente a las condiciones del capitalismo global, y por lo tanto se entiende dentro de las relaciones entre capital y trabajo. Es decir, los movimientos migratorios se caracterizan por la búsqueda laboral, y de esta forma la mano de obra migrante se constituye como un factor importante para la expansión del capitalismo a nivel internacional. La migración y movilidad de población boliviana a la Argentina no es un fenómeno actual ya que sucede hace muchos años. Pero según Marcela Cerrutti (2009),

En el período que se está considerando (1980-2001), la inmigración proveniente de Bolivia creció en forma sostenida. Si bien el incremento en su stock fue relativamente moderado en la década de los ochenta (subió un 21.5 %), las desventajosas condiciones económicas de Bolivia sumado a las posibilidades de inserción laboral en la Argentina y a un tipo de cambio favorable, impactaron en una intensificación de inmigración en los noventa (Cerrutti, 2009, p. 14).

Esta población enfrenta discriminación y xenofobia, sedimentadas históricamente en el sentido común argentino (Grimson, 2005; Pizarro, 2010). A pesar de un marco legal progresista (Ley de Migraciones 25.871),⁸ persiste una asimetría estructural y cultural que se traduce en dificultades para acceder a derechos básicos, como la salud, y en una segregación socio espacial (Pizarro, 2010). Estas prácticas discriminatorias racializantes refuerzan la vulnerabilidad de los productores bolivianos, dificultando su inserción laboral equitativa y su acceso a instituciones públicas.

En conclusión, los destinatarios del CAJGPAF son productores familiares insertos en un sector estratégico, pero altamente precarizado, donde se superponen conflictos por la tierra, la informalidad laboral y, en muchos casos, una condición migrante que agudiza su vulnerabilidad. Como señala Guevara (2004), la migración, si bien puede ampliar las fronteras de "lo posible" para las personas, en el contexto de una globalización desreguladora desestructura procesos sociales y pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras (Guevara, 2004), situación que se verifica cotidianamente en la experiencia del CHP.

1. 2. El rol del Estado: igualdad en lo legal, desigualdad en lo real

El Estado cumple un rol fundamental en la configuración de las relaciones sociales en el CHP, particularmente en su responsabilidad de hacer cumplir la Ley 22.298 de arrendamientos rurales y aparcerías. Sin embargo, lejos de ser un ente neutral, lo entendemos a partir de la conceptualización de Engels (1974) como un Estado de clase, cuyos intereses se alinean con la reproducción del sistema capitalista. Como señala este autor, aunque el Estado pueda aparentar actuar como mediador en períodos de equilibrio de fuerzas, su función última es la de ser "el instrumento que el capital utiliza para explotar al trabajo asalariado" (Engels, 1974, p. 157).

Entre sus funciones se encuentra la de garantizar las condiciones para la acumulación capitalista: proteger la propiedad privada, hacer cumplir los contratos y regular los aspectos más anárquicos de la competencia. No obstante, como evidenciamos en la realidad del CHP, este "arbitraje" entre propietarios y arrendatarios no funciona para el "bien común", sino que reproduce las asimetrías estructurales. Esta dinámica se explica porque el Estado "recrea también, en escala ampliada, los antagonismos de intereses objetivos inherentes a las relaciones sociales" (Iamamoto, 1992, pp. 88-89), mostrando su carácter burgués.

El problema central es la tenencia de la tierra y la desregulación de los cánones de arrendamiento, lo que deriva en una cascada de problemáticas habitacionales, sanitarias y sociales para los productores. Esta situación se agravó en 2016, con el recorte de programas de apoyo y el aumento desproporcionado de las tarifas de servicios básicos (principalmente de la electricidad), profundizando la crisis de la unidad productiva familiar al incrementar los costos de producción sin que los productores controlen los precios de venta.

1. 3. Acercando la lupa: movimientos sociales y la refractación de la cuestión social

Frente a este escenario, los productores no permanecen aislados. Una gran parte se encuentra nucleada en organizaciones sociales y políticas que luchan por condiciones de vida y trabajo dignas. Estos movimientos socioterritoriales (Manzano, 2005) tienen al territorio no solo como objetivo de lucha, sino como un elemento constitutivo de su identidad y existencia, a diferencia de los partidos políticos, cuya matriz organizativa no necesariamente se ancla en lo territorial.

Es en este punto donde el trabajo social encuentra un campo de intervención crucial. La profesión está llamada a intervenir en las expresiones de la cuestión social, entendida como el "conjunto de problemas políticos, sociales y económicos que la clase obrera impuso en la constitución de la sociedad capitalista" (Netto, 1997, p. 5). Sin embargo, en el capitalismo monopolista, estas problemáticas no se abordan como una expresión de la contradicción capital-trabajo, sino que son refractadas (Netto, 1997) como problemas desconectados entre sí, privatizados y convertidos en responsabilidad individual.

El CAJGPAF es un claro ejemplo de esta refractación. Si bien constituye una política social que responde a demandas concretas (asesoría jurídica en contratos, desalojos, violencia), lo hace de manera fragmentada y puntual, sin abordar las determinaciones estructurales que las generan. Esta lógica responde a lo que Montaño (2005) identifica como el pasaje de las lógicas del Estado a las "lógicas de la solidaridad" propias de la sociedad civil, donde los "triunfadores" auxilian a los "fracasados" del mercado, sustituyendo la obligación estatal de garantizar derechos mediante políticas integrales y sustentables.

1. 4. El rol del trabajo social en el CAJGPAF: tensiones y potencialidades

La inserción del trabajo social en el CAJGPAF constituye un escenario propicio para reflexionar críticamente sobre el quehacer profesional en ámbitos no tradicionales. La práctica en este espacio se desarrolló en el marco de una tensión constitutiva: por un lado, existe un intento por contextualizar las demandas y ofrecer una mirada integral; por otro, la dinámica institucional y las condiciones materiales condicionan las respuestas a lo puntual e inmediato, reproduciendo la fragmentación característica de las políticas sociales (Montaño, 2005).

Esta tensión no es ajena a la naturaleza misma de la profesión. El trabajo social surge como una respuesta del Estado a las demandas de las clases trabajadoras, por lo que su práctica está inevitablemente atravesada por la contradicción de clase (Iamamoto, 1992). Es precisamente en este cruce donde la profesión encuentra su especificidad, al intervenir en las expresiones de la cuestión social, entendida como "las expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad" (Iamamoto, 1992, p. 91).

Frente a este escenario, se hace necesario reivindicar la autonomía relativa del profesional y apostar por una instrumentalidad crítica (Guerra, 1995). Esto implica trascender el mero tecnicismo y recuperar la capacidad de la profesión para mediar y transformar las relaciones sociales. Como advierte Matusevicius (2014, p. 214), el riesgo constante es que la intervención quede atrapada en un "complejo y perverso engranaje de control y disciplinamiento", fragmentando la demanda colectiva y reproduciendo la desigualdad.

La praxis profesional en contextos como el CAJGPAF debe articularse en tres dimensiones inseparables: la teórico-metodológica, la ético-política y la técnico-operativa. Esto implica guiarse por el cuestionamiento constante del qué, para qué, cómo y dónde de la intervención, trascendiendo el mero "hacer" operativo (Guerra, 1995). El desafío radica en construir formas de intervención que, desde dentro de las instituciones, fortalezcan las luchas colectivas y hagan contrapeso a los mecanismos de exclusión.

La experiencia en el CAJGPAF evidencia esta tensión. Si bien desde el centro se intenta abordar las demandas desde una mirada integral, las condiciones de atención y el marco institucional condicionan las respuestas a lo inmediato. Esto refleja la doble dinámica que caracteriza al trabajo social: por un lado, se estructura una demanda autónoma desde quienes padecen las problemáticas; por otro, el sistema de dominación responde a través de políticas sociales que fragmentan la cuestión social (Matusevicius, 2014).

La ausencia de profesionales de trabajo social en la planta estable del CAJGPAF interpela sobre los imaginarios sociales respecto a la profesión y las concepciones que atraviesan a la universidad sobre las problemáticas de los sujetos. Esto obliga a repensar el desarrollo de la categoría profesional en este ámbito, considerando que nuestra intervención está siempre mediada por la contradicción entre la reproducción de las relaciones sociales dominantes y la potencialidad transformadora de la práctica profesional.

El gran desafío consiste, entonces, en desarrollar intervenciones que reconozcan las determinaciones estructurales sin abdicar de la posibilidad de transformación. Como señala Matusevicius (2014), las políticas sociales expresan el carácter contradictorio de las luchas sociales, pero acaban por reproducir el perfil de la desigualdad. Frente a esto, el trabajo social está llamado a construir prácticas que, desde la autonomía relativa y la instrumentalidad crítica, contribuyan a fortalecer los procesos de organización y resistencia de los sectores subalternos.

2. Experiencias de participación política de las y los jóvenes en el MTE rural (2018- 2022)

En este apartado se presentan los resultados parciales de una investigación doctoral⁹ cuyo objetivo general tiene que ver con, comprender las experiencias de participación política de las juventudes rurales que participan del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) rural en la localidad de Poblet, durante el período 2018-2022. Los objetivos específicos que guiaron el trabajo fueron: identificar las motivaciones de participación política de estas juventudes, analizando cómo sus condiciones socioeconómicas, identidades rurales y vínculos comunitarios influyen en su involucramiento; analizar las estrategias de acción colectiva empleadas, examinando sus repertorios de lucha (marchas, talleres) y su relación con demandas laborales, territoriales y de reconocimiento político; y explorar las tensiones y desafíos que enfrentan en su participación política al interior del movimiento (liderazgos, género, generacionales). La hipótesis preliminar que orientó la investigación sostuvo que las juventudes rurales que participan en el MTE rural de Poblet construyen sus experiencias de participación política a partir de tres dimensiones clave: la identidad colectiva como trabajadores rurales, las redes de solidaridad intraorganizativas y las estrategias de resistencia frente a la exclusión socioeconómica. Estas experiencias se caracterizan por una tensión entre la reivindicación de derechos laborales y la búsqueda de reconocimiento político en un contexto de marginalización histórica del espacio rural.

La estrategia metodológica combinó el estudio de caso, análisis de trayectorias y entrevistas en profundidad. Como fue mencionado en la metodología, la unidad de análisis fueron los jóvenes que participaron del área del MTE rural en el período 2018-2022. Se tomó en cuenta tanto a los jóvenes militantes productores residentes de Poblet como a los jóvenes militantes no-productores y no residentes de Poblet, a quienes hemos denominado jóvenes outsiders. Esta diferenciación inicial permitió dar cuenta de la intención problematizadora de la cual se partió, distinguiendo roles, posiciones y procesos en la participación. Lo anterior permitió captar distintas perspectivas sobre ese proceso colectivo, dividimos a los jóvenes en tres grupos: jóvenes que inician e impulsan el área (2018-2019); jóvenes que ingresan cuando se crea (2019-2021) y jóvenes incorporados recientemente (2021-2022). Según los criterios muestrales, dentro del grupo de jóvenes que inician el área (2018-2019) creamos dos subgrupos: jóvenes productores hortícolas y jóvenes outsiders/no-productores. Se realizó esta división para dar cuenta del momento en que los jóvenes se incorporaron a la dinámica organizativa, ya que se entiende que expresa distintos momentos del proceso de participación. Se presentarán sólo algunos de los testimonios más relevantes atendiendo a las directrices por parte de la revista.

2. 1. Enfoque cualitativo y perspectiva interseccional (clase, género, edad, migración)

Esta investigación partió desde un enfoque cualitativo, adoptando una perspectiva interseccional que permitió analizar cómo se entrelazan y configuran las experiencias de los jóvenes a partir de múltiples ejes de diferenciación social, como la clase, el género, la edad y la condición migrante (Crenshaw, 1994).

Para comprender la participación política como una experiencia socialmente mediada se partió del concepto de estructura de sentimiento de Williams (2001), el cual permitió captar las formas de conciencia social viva y activa que emergen en un contexto histórico específico, aún no formalizadas en instituciones o ideologías dominantes. Esta noción fue complementada con las categorías de subjetividad y agencia desde la perspectiva de Ortner (2005, 2016), cruciales para analizar cómo los sujetos negocian su posición frente a estructuras hegemónicas y despliegan capacidades de acción, ya sea como intención o como resistencia al poder. Este marco se enriqueció con los aportes de autoras argentinas como Cabrera (2014) y Roa (2017), quienes profundizan en el análisis de las subjetividades en contextos de ruralidad.

La conceptualización de juventudes rurales adoptada se aleja de enfoques funcionalistas y estigmatizantes. Se asume una perspectiva generacional culturalista que las concibe como actores dinámicos y activos (Barés et al., 2020), incluyendo no solo a quienes residen en zonas estrictamente rurales, sino también a quienes mantienen un vínculo estrecho con el mundo rural, agrícola y productivo, preservando sus costumbres y tradiciones (Caputo, 2003). Esta definición resulta pertinente para analizar a los jóvenes de Poblet, un territorio periurbano del cinturón hortícola platense (Barsky, 2005).

2. 2. Período de estudio (2018-2022) y delimitación territorial (localidad de Poblet)

La investigación fue llevada a cabo entre 2018 y 2022, un período significativo que abarcó desde la creación del área de jóvenes dentro del MTE rural hasta su consolidación inicial. La delimitación territorial se centró en la localidad de Poblet, partido de La Plata, por constituir un enclave paradigmático del CHP. Este territorio se caracteriza por su entramado de explotaciones primario-intensivas y por una composición social donde confluyen familias productoras de origen boliviano y actores militantes, configurando un espacio periurbano de alta densidad organizativa (Ferraris y Bravo, 2014). En este sentido, resulta trascendental presentar el territorio en donde estos jóvenes se reunían a realizar sus actividades, puesto que sin él probablemente no hubiese existido la posibilidad de que este grupo se consolidara. En aquella quinta –denominación común entre productores- se desarrollaban las reuniones de estos jóvenes, cine-debate, talleres, celebraciones, entre otras actividades. Es central mencionar que este espacio es cedido por parte de la madre¹⁰ de Geraldine y Rosario,¹¹ cuyo rol ha sido central para la organización. Esta productora vive allí con su familia, alquila el terreno para producción y vivienda. El territorio donde se juntaban los jóvenes era la parte de su entrada delantera, y allí se realizaban también las asambleas de base del MTE rural de Poblet. En este sentido, existían elementos que los jóvenes podían utilizar para sus reuniones como bancos de madera, tablones, pizarrón, tiza, entre otros. En la quinta de Gabriela, también se realizaba la merienda de los niños del movimiento, donde se llevan a cabo diferentes celebraciones, como el día de las infancias, día de la madre boliviana, bautismos, fiestas, cumpleaños de algunos productores y productoras del MTE rural, talleres de agroecología, bioinsumos, entre otras actividades. En el siguiente mapa (Figura 1) se reconstruye este territorio de encuentro: el área de jóvenes rurales de la localidad de Poblet.

Figura 1

Mapa de ubicación geográfica del territorio donde se realizaban las actividades del área de jóvenes del MTE rural La Plata y zona Poblet / Trabajo de campo – img. Junio 2024

Fuente: Elaborado por Santiago Báez (CIG, IdIHCS-CONICET, UNLP) sobre la base de IGN y Sentinel 2, y del trabajo de campo de Alejandra Dávila Pico, junio de 2024.

Como ha sido historiado en Liaudat et al. (2023), el Movimiento de Pequeños Productores (MPP) pasaría a convertirse en la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en el año 2017. Esta organización contaba con algunas áreas, como administración, tesorería, comercialización, agroecología y habían iniciado con el proceso de creación del área de género a través de las rondas de mujeres (Condenanza y Ambort, 2020). A principios del año 2018 se realizó el primer plenario nacional del MTE rural en la provincia de Corrientes, en el cual confluyeron diferentes organizaciones que al igual que el MPP pasarían a ser parte del MTE rural. Este plenario fue uno de los dos espacios organizativos centrales a los cual asistió Camilo.¹²

Según el trabajo de campo realizado y testimonios de Aurora -una de las jóvenes outsider–, desde que ella ingresó a la organización había escuchado que anteriores coordinadoras de asamblea intentaron crear el espacio de jóvenes, pero que no había dado los frutos que esperaban así que desistieron. En este momento es cuando el relato de Camilo adquiere relevancia, puesto que en la entrevista comenta de qué manera y por qué inició su participación en el movimiento. Narra que gracias a su conocimiento en computación decide colaborar en el espacio de administración del MTE rural, área de la que al momento de la entrevista aún formaba parte. Después, comenta que a partir de su participación y de evidenciar los procesos de discriminación que otros jóvenes –al igual que él– sufrían y de ver la enorme cantidad de jóvenes que se encontraban viviendo en Poblet, propuso crear un área con el objetivo de construir su espacio propio diferente al de los adultos, un lugar que los identificara.

Camilo menciona, a su vez, su participación en dos espacios claves previos a constituir el área de jóvenes: la asamblea general de base de su localidad –se inició en Abasto 14¹³ y después en Poblet– y el plenario nacional del MTE rural en La Pampa, en el año 2018. A este plenario acudieron militantes de todo el país, militantes productores de verduras, frutas, flores, chanchos y pollos, entre otras producciones relacionadas con la agricultura familiar y el campo en general. En los plenarios nacionales se encuentran todos los militantes de las diferentes áreas que tiene la organización (administración, comercialización, tesorería, salud, agroecología, juventud y género, estas dos últimas áreas fueron constituidas más recientemente). En este plenario Camilo participó del área de juventud –la cual existía en otras regionales, pero no en la regional La Plata–, espacio donde problematizaron - principalmente- el rol de los jóvenes de la juventud en el campo, el arraigo de los jóvenes y, y el adultocentrismo. Debaten allí, según los testimonios de los jóvenes, acerca de las dificultades que tienen para comercializar sus productos a un precio justo, la accesibilidad a la salud, la educación, el transporte público, la violencia y discriminación que sufren los pequeños productores según sus propias palabras. También, discuten acerca de los altos costos de los insumos y en torno a las posibilidades de realizar la transición de una producción convencional a una agroecológica.

Camilo menciona que, al llegar al plenario, se dividieron en comisiones por áreas, y decidió unirse al área de juventud y niñez, aunque no estaba seguro de que implicaba. Lo anterior podría sugerir que el movimiento fomenta la participación en diferentes espacios según las necesidades y la disposición de los militantes, incluso si éstos no tienen claridad sobre su rol inicial. Durante el plenario se discutió la importancia de impulsar a la juventud, aunque él reconoce que, en el territorio donde vivía -Abasto 14- no había mucho compromiso por parte de los jóvenes, lo que dificultaba el trabajo en esa área. Sin embargo, al mudarse a Poblet, identifica una mayor presencia de jóvenes y percibe la necesidad de crear un espacio específico para ellos. Esto lo motiva a impulsar el área de juventud con más determinación, ya que reconoce la importancia de brindar un lugar donde los jóvenes puedan expresarse y organizarse. Destaca la imperiosa necesidad de generar espacios específicamente dirigidos a la juventud, reconociendo su papel protagónico como actores sociales estratégicos.

A partir de las entrevistas y el trabajo de campo realizado, Camilo comenta acerca de su experiencia como militante en el MTE rural, específicamente en el área de juventud y niñez. Cuenta cómo fue convocado por Darío, un coordinador regional, para participar en un plenario nacional del movimiento, a pesar de no tener mucha experiencia previa. Este hecho refleja la dinámica de inclusión y formación dentro de organizaciones sociales y a su vez, evidencia que la dirigencia y/o coordinaciones del movimiento veían el potencial de la organización de la juventud rural.

2. 3. Las juventudes rurales como sujetos políticos. Presentación y discusión de hallazgos

Los hallazgos de la investigación evidencian que las juventudes rurales del MTE se constituyen como sujetos políticos que configuran su identidad en la intersección de lo juvenil, lo rural y lo militante. Su participación se organiza en torno a la demanda de reconocimiento —"Para que los jóvenes seamos reconocidos, para que se reconozca nuestro trabajo" (Entrevista a Camilo, 2019, Poblet)—, la cual opera como un eje articulador de experiencias atravesadas por la invisibilización y la marginalización socioeconómica.

Las formas de participación identificadas son diversas y dinámicas. Incluyen desde estrategias de convocatoria puerta a puerta y la creación de espacios propios de sociabilidad (como reuniones semanales y celebraciones), hasta la participación en repertorios de acción colectiva más amplios, como plenarios nacionales, foros (por ejemplo, el Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, 2019) y marchas. La consolidación de un sistema de delegados juveniles por asamblea de base evidencia un proceso de institucionalización incipiente de la voz juvenil al interior del movimiento.

Desde lo relevado en el trabajo de campo con la participación en diferentes reuniones, asambleas, actividades de la organización, del área de jóvenes y especialmente a partir de la participación en el Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular de 2019¹⁴ en la ciudad de Buenos Aires, algunos de los jóvenes asistentes a la comisión de juventud mencionaron la necesidad de ser visibilizados. Destacaban constantemente que sufren una fuerte invisibilización de su trabajo y de sus condiciones de vida.

En su primera intervención, Camilo plantea la necesidad de que los jóvenes rurales sean visibilizados a través de los medios de comunicación y las redes sociales, aquí podemos evidenciar la identidad relacional (Dubar, 2002) en tanto depende de las relaciones que los sujetos mantienen con otros, y se trata de un proceso de negociación, conflictos y transacciones. En este sentido, esta demanda refleja una problemática recurrente en las juventudes rurales: la falta de reconocimiento y representación en los espacios públicos y mediáticos. Destaca que "quieren ser visibilizados" porque no se sienten representados, lo que evidencia una brecha entre las realidades rurales y las narrativas dominantes en los medios. En sus palabras,

mi propuesta va a ser a corto plazo, es algo que ellos… que hace poco vengo trabajando con los jóvenes, allá en mi zona, es que ellos quieren ser visibilizados, se sienten eh, no se sienten eh en los medios de comunicación, que se visibilicen y ellos quieren una propuesta a corto plazo es ser visibilizados a través de los medios de comunicación o las redes sociales que usan mucho más (Camilo, intervención pública en el Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular - mayo 2019, Buenos Aires) (el subrayado me pertenece).

Esta demanda no solo apunta a una cuestión simbólica, sino que también tiene implicaciones prácticas. La visibilidad mediática puede ser una herramienta para fortalecer la identidad colectiva de las juventudes rurales, promover sus demandas y generar conciencia sobre sus problemáticas. Además, el énfasis en las redes sociales sugiere que los jóvenes rurales buscan adaptarse a las nuevas formas de comunicación, lo que refleja su capacidad para innovar y apropiarse de herramientas digitales para amplificar sus voces. También es relevante para el objetivo nodal de nuestro trabajo esta búsqueda pues indica la presencia de un sujeto político. En su segunda intervención, Camilo plantea que

los jóvenes migran para otros países por las pocas posibilidades que tienen en el campo, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en La Plata donde cada vez más son desplazados a zonas rurales no productivas no fértiles, y suele ser muchísimo más caro, más difícil el trabajo rural y de ahí suelen irse a otro lugares, a otros empleos por el poco apoyo que tienen de parte del Estado, entonces no sería un programa de vuelta al campo sino un programa de protección a los jóvenes del campo que no se vayan (Camilo, intervención pública en el Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular - mayo 2019, Buenos Aires) (el subrayado me pertenece).

La demanda de visibilidad refleja cómo las juventudes rurales construyen su identidad y buscan espacios de reconocimiento en un contexto de exclusión y marginalización. Confirmando nuestra hipótesis la cual afirma que las experiencias de participación política de las juventudes rurales se construyen a partir de tres dimensiones clave, una de estas la identidad colectiva como trabajadores rurales.

Las demandas específicas que emergen son multifacéticas. Por un lado, se enmarcan en luchas materiales históricas del sector: acceso a la tierra, precios justos, transición agroecológica y contra la precariedad laboral. Por otro, incorporan dimensiones propias de la condición juvenil y migrante: lucha contra la discriminación, el racismo y el bullying; demandas de acceso a la educación superior y a la salud; y reclamos por visibilidad mediática y reconocimiento público de su rol productivo. La demanda de un "programa de permanencia" (y no solo de "vuelta al campo") sintetiza esta mirada integral, exigiendo políticas públicas que garanticen vivienda, agua potable y remediación de suelos para frenar la migración juvenil forzada.

La construcción identitaria de estos jóvenes es un proceso complejo y dialéctico. Como sugiere el análisis de las narrativas de Camilo (joven productor e impulsor del área), la identidad se negocia constantemente entre la herencia familiar productiva, la pertenencia al movimiento y la búsqueda de autonomía generacional. Lejos de ser esencialista, esta identidad sigue el modelo procesual de Hall (2003) y Dubar (2002), entendida como una identificación siempre abierta, que se activa en la tensión entre la autoafirmación como trabajadores rurales y la resistencia a las representaciones estigmatizantes y adultocéntricas.

Prosiguiendo con la experiencia de Ana,¹⁵ menciona que su motivación inicial para participar en el MTE rural fue la idea de formar un espacio para jóvenes, donde se pudieran visibilizar y abordar problemáticas que no eran reconocidas en otros ámbitos. Este testimonio refleja un hito importante en el proceso de formación del área de jóvenes del MTE rural: la creación de un espacio propio donde las juventudes pudieran expresarse y organizarse. Su decisión y la de otros jóvenes de formar este espacio responden a una necesidad sentida de representación y participación, lo que evidencia cómo las juventudes rurales construyen sus propias formas de organización colectiva.

nos gustaba esa idea de formar un espacio para los jóvenes, como que en ese momento habían muchas problemáticas que no se visibilizaban tanto y es como que nosotros dijimos, bueno formemos nuestro espacio y ahí, pues puede ser como que algo donde podamos entendernos todos, porque por ahí hay algo, que yo hablo con mi mamá o con cualquier persona que por ahí no lo entiende tanto, aunque ya pasó por esa etapa, pero no es lo mismo hablar con ella que hablar con alguien que está pasando lo mismo y nada fue eso más que nada lo que me motivó (Entrevista a Ana, mayo 2024, Olmos) (el subrayado me pertenece).

Además, destaca la importancia de generar un espacio donde los jóvenes pudieran "entenderse todos", lo que sugiere que el área de jóvenes se consolidó como un lugar de encuentro y diálogo entre pares. Este aspecto es fundamental para comprender cómo se construyen redes de solidaridad y apoyo mutuo dentro del movimiento, lo que fortalece la cohesión del grupo y facilita la articulación de demandas comunes.

Con respecto al análisis de la experiencia de Kiara¹⁶de 20 años, menciona que su motivación para participar en el MTE rural surgió de la actitud activa y motivadora de otros jóvenes, quienes le transmitieron la fortaleza y sostenibilidad de los proyectos del movimiento. Este aspecto es clave para comprender cómo se construye la organización colectiva en el movimiento: a través de la influencia de pares y la creación de un ambiente de apoyo y estímulo mutuo.

Más que nada era la motivación que tenían los jóvenes en ese momento que te comentaban, y eran muy activos y te animaban. Los proyectos parecían bastante fuertes, sustentables, y uno dice, está bueno, entonces voy a tratar de apoyar. Y te vas metiendo, y te vas metiendo. Y cuando te das cuenta estás ahí participando con los delegados, participando en las marchas, en las reuniones, fue la actitud de los jóvenes lo que me motivó (Entrevista a Kiara, mayo 2024, Olmos).

Su relato no sólo refleja las motivaciones y experiencias de participación de las jóvenes en el movimiento, sino que también permite analizar cómo se construyen espacios de organización colectiva, a su vez, la forma en que se articulan las demandas y se desarrollan las identidades y capacidades de las juventudes rurales. Las actividades recreativas y lúdicas no solo facilitaron la integración de los jóvenes, sino que también sentaron las bases para su participación en acciones más visibles y políticas: marchas y discursos públicos. Este proceso refleja la manera en que el MTE rural construye espacios de formación y empoderamiento para las juventudes, preparándolas para asumir roles de liderazgo y representación.

En conclusión, la experiencia del MTE rural en Poblet revela que las juventudes rurales, lejos de ser meras receptoras pasivas de políticas o herederas naturales de un oficio, se constituyen como agentes políticos capaces de generar estrategias innovadoras de organización, interpelar las estructuras internas del movimiento y articular demandas que entrecruzan de manera interseccional la clase, la etnia, la generación y el territorio. Su lucha trasciende lo puramente reivindicativo para posicionarse como una batalla por el reconocimiento y el derecho a imaginar un futuro en el rural.

Reflexiones finales: hacia un trabajo social crítico en las ruralidades contemporáneas

En este artículo se pretendió dilucidar una serie de aportes significativos para repensar un proceso de formación pre profesional en Trabajo Social y a su vez, se ha presentado el proceso de investigación doctoral llevado a cabo en el periurbano platense. Se introdujeron brevemente las características del territorio, el inicio de creación del área de jóvenes del MTE rural, sus actividades, sus experiencias de participación política, las cuales permitieron pensar y profundizar acciones de intervención e investigación del Trabajo Social en contextos rurales y periurbanos. En primer lugar, se evidenció la imperiosa necesidad de superar las perspectivas homogeneizadoras que históricamente han caracterizado la intervención social de la disciplina en la cuestión social propiamente urbana. El análisis del CHP y del caso de las juventudes del MTE rural en Poblet demuestra que las realidades rurales están atravesadas por una compleja trama de desigualdades que exigen marcos analíticos interseccionales. La condición de clase, el origen migrante (principalmente boliviano), la edad y la pertenencia generacional se entrelazan configurando experiencias específicas de exclusión y, a la vez, de resistencia. Un Trabajo Social que aspire a una práctica emancipadora debe, por tanto, incorporar esta mirada compleja que le permita comprender cómo estos ejes se articulan en la producción de vulnerabilidades específicas, pero también en la construcción de agencia y sujetos políticos colectivos.

Los hallazgos de esta investigación, en diálogo con la experiencia del CAJGPAF y del MTE rural, subrayan la urgencia de que el Trabajo Social se posicione en la lucha contra la barbarie, en los términos planteados por Netto (2012). Esto implica confrontar la naturalización de la pobreza que afecta a los productores hortícolas, desafiar la criminalización de su lucha por la tierra y los derechos laborales, y, sobre todo, negarse a aceptar el orden vigente como el único posible. La batalla por los derechos –al trabajo digno, a la salud, a un ambiente sano, a la participación política– se sitúa en el corazón de la legitimidad social de la profesión. El diálogo fructífero entre la intervención jurídica del CAJGPAF y la investigación sobre las juventudes del MTE rural revela puntos de encuentro y tensión sumamente productivos. Ambos casos, analizados desde una mirada interseccional, muestran que la vulnerabilidad no es un estado pasivo, sino el contexto desde el cual se despliegan formas creativas de organización y resistencia. La praxis del Trabajo Social rural encuentra aquí su mayor desafío y su sentido más profundo: no solo acompañar procesos de empoderamiento, sino colocarse al servicio de las luchas que estos sujetos políticos ya están dando, contribuyendo a amplificar sus voces, visibilizar sus demandas y co-construir, desde un lugar de humildad y aprendizaje mutuo, alternativas de futuro que aseguren la reproducción de la vida digna en el territorio. La lucha por el reconocimiento y el derecho a imaginar un futuro en lo rural, como la que encarnan las juventudes del MTE, es también la lucha por el horizonte de un trabajo social verdaderamente transformador.

En segundo término, se destaca el valor estratégico de articular de manera dialéctica la formación académica, la intervención profesional y la investigación. La nula o insuficiente formación curricular en ruralidades dentro de la Licenciatura en Trabajo Social resulta un problema estructural, considerando que una porción significativa de la población con la que se interviene proviene de estos territorios. La caracterización del CHP no es un ejercicio académico abstracto, sino una herramienta fundamental para la praxis. Comprender la importancia de esta población como proveedor estratégico de alimentos, sus dinámicas de explotación laboral, la contaminación por agrotóxicos y la fuerte organización social que lo caracteriza es indispensable para diseñar intervenciones situadas.

En este sentido, otra de las discusiones que se deberían considerar al interior de la profesión, se vincula con la investigación tanto en su carácter de campo socio-ocupacional del Trabajo Social como en su potencial para enriquecer los debates de las ciencias sociales en general, dado nuestro lugar estratégico (Schettini et al. 2025). Es bien sabido que quienes nos dedicamos a la investigación desde el Trabajo Social, no estamos obligados a matricularnos en el Colegio de Trabajadores Sociales, en este caso particular, de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, cuando se nos consulta si trabajamos como trabajadores sociales, algunos de nosotros no nos identificamos dentro de este campo, en tanto no desarrollamos tareas asociadas a la intervención directa. Es decir, en nuestros imaginarios sociales, el ejercicio profesional del Trabajo Social continúa fuertemente vinculado a la intervención, relegando a un segundo plano –o incluso excluyendo- a la investigación como una práctica constitutiva del campo.

De esta manera, y para culminar nuestras reflexiones, consideramos que es crucial avanzar en el diseño e implementación de propuestas curriculares que incorporen de manera transversal el estudio de las ruralidades, las economías populares y el enfoque interseccional en la formación de los futuros profesionales.

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Fuentes documentales utilizadas

Entrevistas en profundidad: entrevistas realizadas por la autora

Aurora (seudónimo) (2024, mayo). Entrevista en profundidad a joven participante y coordinadora del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural). La Plata, Argentina.

Camilo (seudónimo) (2019, abril). Entrevista en profundidad a joven participante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural). Poblet, Buenos Aires, Argentina.

Kiara (seudónimo) (2024, mayo). Entrevista en profundidad a joven participante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural). Olmos, Buenos Aires, Argentina.

Ana (seudónimo) (2024, mayo). Entrevista en profundidad a joven participante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural). Olmos, Buenos Aires, Argentina.

Registro de intervención realizador por la autora: Intervenciones públicas

Camilo (seudónimo) (2019, mayo). Intervención pública en el Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular. Buenos Aires, Argentina.

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Notas

Recepción: 25 septiembre 2025

Aprobación: 23 abril 2026

Publicación: 1 agosto 2026

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