Introducción

La progresiva incorporación de la variable étnica en los Censos de Población y Vivienda constituye una oportunidad para conocer y problematizar la situación de los pueblos indígenas de la Argentina reciente, pues permite disponer de información desagregada sobre sus condiciones de vida. Además, con la creación de herramientas de procesamiento de datos como Redatam,¹ la información se puede segmentar tomando como referencia múltiples variables desagregadas geográficamente.

En efecto, el procesamiento de la información censal segmentada por residencia y pertenencia étnica permite dimensionar cómo se amplifican las desigualdades de acuerdo a la localización de la población indígena, en especial de aquella que reside en zona rural. Siguiendo a Juran et al. (2025), la visibilidad estadística favorece la realización de diagnósticos específicos para reconocer las vulnerabilidades interseccionales, al poner en relación pertenencia étnica, ubicación geográfica y condiciones de vida. Constituye, además, un insumo para el diseño de políticas, programas y acciones inclusivas y diferenciales, con perspectiva étnica y de derechos. En este estudio analizamos la información provista por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, enfocándonos en algunas variables que permiten examinar las condiciones de vida de los pueblos indígenas en Argentina, particularmente en lo referido a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y al acceso a los servicios básicos.

El principal argumento que orienta este trabajo es que, a pesar de la mejora generalizada de la calidad de vida de la población en las últimas décadas, persisten marcadas desigualdades asociadas a la pertenencia étnica. Además, estas brechas se profundizan en las comunidades que residen en el ámbito rural, en especial el rural disperso.

A continuación, se describen los principales antecedentes históricos y conceptuales que sustentan la incorporación de la variable étnica en las estadísticas oficiales, en particular en los censos nacionales. Luego se expone el enfoque teórico y metodológico adoptado, en relación con la perspectiva interseccional y las brechas étnicas. En tercer lugar, se caracteriza el perfil demográfico y territorial de la población indígena en la Argentina. En cuarto lugar, analizamos los principales indicadores de condiciones de vida y de acceso a servicios básicos, atendiendo a las brechas étnicas y geográficas. A modo de cierre, formulamos algunas reflexiones y propuestas orientadas al abordaje de la vulnerabilidad interseccional de la población indígena.

Antecedentes y marco conceptual

La noción de invisibilidad estadística remite a la falta o insuficiencia de información sobre pueblos indígenas en las estadísticas oficiales, lo que constituye no sólo un déficit técnico sino también una forma de exclusión política. Históricamente, los censos de población y otras estadísticas oficiales eclipsaron a los pueblos indígenas, como expresión de una "occidentalización" estadística por parte de los Estados-nación (Aparicio López y Traldi Simoni, 2025). En Argentina, los censos del siglo XIX y gran parte del XX tuvieron un tratamiento parcial o nulo de la temática indígena. En consecuencia, la incorporación de la variable étnica en los censos tuvo un desarrollo tardío y fragmentado. El Censo Indígena Nacional (1966-1968) fue un primer intento de cuantificación, sin embargo, recién en el Censo 2001 se incorporó de manera sistemática la pregunta de autorreconocimiento, en cumplimiento de la Ley 24.956 de 1998.

En efecto, los avances en la visibilidad estadística de los pueblos indígenas fueron impulsados tanto por las demandas de las propias comunidades como por un cambio en los marcos jurídicos y políticos a nivel nacional e internacional.² A raíz de estas transformaciones, se promovieron ámbitos de diálogo y participación destinados a incorporar aquellas preguntas que resulten pertinentes para identificar y caracterizar a estos grupos (Del Popolo, 2025).

En 2004 se realizó la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), que se basó en las personas que se autoidentificaron como indígenas en el Censo 2001 y seleccionó hogares de ese grupo para un relevamiento más detallado. Posteriormente, los censos de 2010 y 2022 profundizaron la inclusión de la variable étnica, alcanzando en la última ronda censal la cobertura universal de la población. El Censo 2022 introdujo, además, preguntas sobre el nombre del pueblo indígena u originario de pertenencia, así como si habla o entiende su lengua.

Con la sanción de la Ley N.° 23.302, se promovió institucionalmente la figura de la “comunidad indígena”, entendida como la unidad común de pertenencia de las personas indígenas y en tanto sujeto colectivo de derechos al que hace referencia la normativa vigente en materia de derechos indígenas. Al tener a su cargo el Registro Nacional de Comunidades Indígenas [RENACI], desde 2018, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas [INAI] publica y actualiza en su página web el listado de comunidades indígenas con personería jurídica, así como su geolocalización.³ El INAI es la única institución que sistematiza información a nivel nacional tomando como unidad de medida a la “comunidad indígena”. Sin embargo, a pesar de algunos intentos espasmódicos,⁴ la realización de un relevamiento censal que aborde específicamente las condiciones de vida de las comunidades indígenas sigue siendo un pendiente.

En síntesis, la incorporación de la autoidentificación étnica en los censos de 2010 y 2022 significó un avance a favor del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, sentando las bases para políticas públicas basadas en evidencia. Constituye un reto, sin embargo, producir datos que adopten no sólo a la persona como unidad de análisis, sino también al sujeto colectivo de derechos, representado en Argentina bajo la denominación “comunidad”.

Enfoque interseccional: las desventajas se amplifican en la intersección entre etnicidad y ruralidad

Originado en el contexto de las luchas feministas, el enfoque interseccional constituye una herramienta analítica clave para examinar la interrelación entre categorías como etnia/raza, género, clase social y localización. Su potencia radica en la capacidad de visibilizar aquello que permanece opacado cuando estas dimensiones son analizadas de manera aislada (Lugones, 2008, p. 81).

El enfoque interseccional brinda un campo fértil para analizar datos censales en forma segmentada, pues permite profundizar en las dinámicas de privilegio y exclusión que emergen del entrecruzamiento de múltiples ejes de desigualdad. Siguiendo a Juran et al. (2025), la perspectiva interseccional aplicada al análisis censal visibiliza patrones de vulnerabilidad que de otro modo permanecen invisibles (p. 48), por ejemplo, que la población indígena rural debe superar barreras adicionales a sus pares urbanos para acceder a servicios esenciales. Estas barreras pueden ser geográficas (debido a la falta de caminos o transporte), socio-económicas (menores ingresos o empleo informal), etc., pero también son el resultado de prácticas discriminatorias y racistas.

En este sentido, el análisis interseccional interconecta capas o segmentos de información para reconstruir cómo los sujetos “experimentan el mundo a través de una combinación de múltiples y simultáneas identidades que se cruzan y se influyen mutuamente” (Juran et al., 2025, p. 52). Desde esta perspectiva, el análisis de la información censal con enfoque interseccional es una herramienta para dimensionar las experiencias de discriminación y vulnerabilidad. Para Solís et al. (2020), las “brechas de desigualdad étnica” expresan las diferencias estructurales en las condiciones de vida y en el acceso a recursos, servicios y oportunidades que afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. Estas desigualdades resultan de la acumulación histórica de desventajas asociadas a procesos de exclusión y se mantienen en la actualidad a través de dinámicas económicas y prácticas sociales e institucionales que reproducen el racismo y la discriminación.

Aspectos metodológicos

Este estudio se basa en la información cuantitativa relevada en Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas de 2010 y 2022, procesada mediante el software Redatam7, que permite integrar variables étnicas con indicadores de condiciones de vida y realizar análisis a partir de recortes geográficos.

Como se mencionó, la unidad de análisis considerada son las personas indígenas. El criterio que adopta el relevamiento censal para contemplar a una persona como indígena se basa en el principio de autoidentificación, en línea con la posición sostenida y adoptada tanto por las organizaciones indígenas como por los organismos internacionales. En efecto, hay consenso en emplear el autorreconocimiento como criterio de determinación de pertenencia a un pueblo indígena, pues “refiere al ejercicio efectivo del derecho de autodefinirse como perteneciente a un pueblo, al desarrollo de la conciencia individual de pertenencia a éste y a la aceptación de esa pertenencia por parte del mismo pueblo” (Del Popolo, 2025, p. 29). En este sentido, el criterio de autorreconocimiento no sólo constituye una opción metodológica, sino también responde a un estándar internacional fundado en los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, los contextos de mayor discriminación pueden afectar la disposición de las personas a identificarse como indígenas.

Debe destacarse que el relevamiento sobre pertenencia étnica sufrió modificaciones en el último censo. En 2010 la pregunta sobre reconocimiento se indagó a nivel de hogar y en el cuestionario ampliado.⁵ En cambio, en el Censo 2022 se consideró a nivel de persona.⁶

En el estudio que presentamos, siguiendo el criterio adoptado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC] se excluyó la categoría “ignorado”; en consecuencia, en la mayoría de los cuadros los totales se calculan únicamente sobre el universo de casos con información conocida.

Para el análisis regional de las condiciones de vida y el acceso a servicios básicos se seleccionaron las provincias que presentan la brecha étnica más pronunciada: Chaco, Formosa, Misiones y Salta. También se analiza el caso de Chubut, provincia representante de la región sur con alta proporción de población indígena, para establecer un comparativo regional con las provincias del norte. En este estudio se seleccionaron los siguientes indicadores: indicador de NBI, indicador de Hacinamiento (más de tres personas por cuarto), indicadores de acceso al agua (tenencia y procedencia) y finalmente, indicador de servicios sanitarios.

Con respecto al área de residencia, el censo discrimina entre área urbana y rural, y desagrega entre áreas rural agrupada (localidades de menos de 2000 habitantes) y dispersa (hogares, viviendas y establecimientos aislados). En ocasiones, y para facilitar la lectura de las tablas y figuras, ambas categorías se unifican bajo el universo “rural”.

Una fotografía de la Argentina indígena reciente

Perfil demográfico y territorial

Se estima que la población indígena mundial asciende a aproximadamente 476,6 millones de personas, lo que equivale al 6,2% de la población total del planeta (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2019). En América Latina, esta cifra se calcula en 58 millones de personas, que representan cerca del 10% de la población regional (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe [CEPAL-FILAC], 2020).

En Argentina, según los datos de las últimas rondas censales, la población indígena constituye el 2,9% del total nacional, una proporción significativamente menor en comparación con otros países de la región, como Bolivia (41,7%), México (18,4%) o Perú (25,8%). Asimismo, en estos países se observa una mayor concentración de población indígena en áreas rurales, mientras que en Argentina el 17,2% de la población indígena reside en zonas rurales, en América Latina la cifra asciende al 47,8% (CAF, 2025).

La Tabla 1 presenta una comparación entre los dos últimos censos, considerando la población total, la población indígena y su distribución territorial. Los datos evidencian un leve incremento en la proporción de personas que se autorreconocen indígenas. Este aumento puede asociarse tanto a un mayor autorreconocimiento identitario como a mejoras en los instrumentos censales para captar la diversidad étnica. En cuanto a la distribución territorial, la población indígena continúa concentrándose en áreas urbanas, que reúnen más del 80% del total, aunque se observa un leve incremento en la población residente en zonas rurales agrupadas (del 6,0% al 7,2%), acompañado de una reducción en la rural dispersa (del 12,2% al 10,0%).

Figura 1

Total del país. Población en viviendas particulares y que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas, según jurisdicción. Censo 2022

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC. Censos de Población y Vivienda, procesados con Redatam7.

En cuanto a su distribución territorial (Figura 1), las provincias con mayor proporción de población indígena son Jujuy (10,1%), Salta (10%), Chubut (7,9), Formosa (7,8%), Neuquén (7,7%), Río Negro (6,4%) y Chaco (4,8%). Al considerar los valores absolutos, se advierte que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de población indígena, seguida por la provincia de Salta (371.830 y 142.870 personas respectivamente).

Figura 2

Total del país. Población indígena por pueblo de pertenencia. Valores

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC. Censos de Población y Vivienda, procesados con Redatam7. Nota: La categoría "Otros" incluye los pueblos con menos de 1000 personas.

Los pueblos Mapuche, Guaraní, Qom (toba), Kolla, Wichí y Quechua concentran la mayor cantidad de población (Figura 2). Al comparar la información intercensal, algunas etnias relevadas en el censo 2010 no figuran en el censo 2022, como es el caso de las etnias chulupi, maimará, ona o pampa. Esta variabilidad se asocia a la naturaleza dinámica de los procesos identitarios, por ello es un desafío encasillar identidades “fluidas y mixtas” bajo categorías rígidas (Del Popolo, 2025).

Figura 3

Total del país. Porcentaje de población en viviendas particulares que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas, según pueblo de pertenencia y área de residencia. Año 2022

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC. Censos de Población y Vivienda, procesados con Redatam7.Nota La categoría "Otros" incluye los pueblos con menos de 1000 personas.

Como mencionamos previamente, a diferencia de otros países de la región, en la Argentina la mayor parte de la población indígena reside en el área urbana. Sin embargo, se registran comportamientos distintos al considerar el pueblo de pertenencia. La Figura 3 grafica que algunos pueblos residen predominantemente en el área rural, como en el caso del Atacama, Lule Vilela, Mbya Guaraní, Tonocote, Pilagá y Wichí.

También se advierte que los pueblos Tonocote (Santiago del Estero) y Mbya Guaraní (Misiones) tienen el mayor porcentaje de ruralidad (71%) y los pueblos Qom, Diaguita o Mapuche residen mayoritariamente en áreas urbanas.

Condiciones de vida y acceso a servicios básicos

Necesidades Básicas Insatisfechas

El indicador de NBI permite delimitar grupos de pobreza estructural mediante la detección de carencias en los hogares y representa una alternativa a la identificación de la pobreza a partir de la insuficiencia de ingresos. Este indicador dimensiona la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales esenciales.⁷ A continuación, se analizan los datos de población con NBI relativos a los censos 2010 y 2022, incorporando la pertenencia étnica y condición de residencia (Tabla 2).

A nivel nacional, se observa una disminución del porcentaje de población total con NBI: si en 2010 representaba al 12,8% de la población, en 2022 se reduce al 9,4%. Para la población indígena, la mejora es aún más significativa, pues el indicador desciende de 22,9% a 15,2%. Sin embargo, estos porcentajes duplican los totales nacionales y los relativos a la población no indígena (Tabla 2).

Por otro lado, la brecha se profundiza al considerar el lugar de residencia. La cifra más crítica corresponde al porcentaje de población indígena con NBI que reside en el área rural dispersa, alcanzando al 50% de esta población en 2010, mientras que en el último censo representa al 31,6%, cifra que duplica el total nacional (16,3%).

Al desagregar la información en las provincias seleccionadas (Tabla 3), la mayor proporción de población indígena con NBI se concentra en Formosa (43,4%), Misiones (38,9%), Chaco (33,1%) y Salta (32,3%). Al comparar estos porcentajes con los totales provinciales, hallamos que la brecha supera los 20 puntos en Formosa y Misiones, mientras que en Chaco y Salta supera los 15 puntos. Al segmentar la información por lugar de residencia, el porcentaje de NBI más elevado se registra en la provincia de Misiones, donde alcanza al 66,4% de la población indígena rural dispersa. En Chubut se registra un comportamiento distinto al de las provincias del norte, donde el porcentaje de población con NBI es del 7,5 y la brecha étnica se reduce significativamente (1,2 puntos). Este contraste ilustra las asimetrías territoriales que persisten a nivel nacional (Figura 4).

En efecto, el estudio de Abeles y Villafañe (2022) muestra que las asimetrías territoriales son el resultado de múltiples condicionamientos y brinda indicios para comprender las desigualdades estructurales entre distintas regiones del país. Al analizar e historizar el caso argentino, los autores mencionan tres factores explicativos de estas desigualdades. El primer factor alude a la estructura productiva: las disparidades en el desarrollo de los sistemas productivos entre las distintas regiones son un factor clave. Esto incluye diferencias en la productividad media, la complejidad tecnológica, el grado de diversificación y los perfiles de especialización, que a su vez repercuten en la estructura del empleo, los niveles de ingresos y, en consecuencia, en los niveles de pobreza. El segundo factor es el espacio fiscal, pues las estructuras productivas impactan en la capacidad de los gobiernos provinciales para recaudar recursos fiscales propios. Las provincias con menor dinamismo económico tienen menor capacidad para obtener recursos y, a la vez, son las que más los necesitan para financiar políticas públicas que podrían revertir las brechas de desarrollo existentes. Un tercer factor se asocia a las brechas en la disponibilidad de infraestructura básica (energía, agua, saneamiento), de conectividad (vial, ferroviaria, digital) y tecnológica, pues condiciona el desarrollo económico y social de ciertas regiones. La falta de infraestructura adecuada es un elemento esencial para el desarrollo de los territorios y su rezago puede limitar también las actividades productivas. En el caso argentino, las asimetrías territoriales se manifiestan expresan regionalmente, afectando históricamente a la región norte: allí se expresan, además, los condicionantes explicados al inicio, como la menor cantidad de recursos tributarios por habitante y los déficits de infraestructura. También prevalecen las actividades agropecuarias de baja productividad relativa y tiene su correlato en las bajas tasas de empleo y una elevada incidencia de la informalidad laboral. Otro elemento explicativo de las asimetrías territoriales entre el norte, el centro y el sur norte argentino se asocia a la falta de recursos hidrocarburíferos y mineros, que son abundantes en la región del sur y cuyana respectivamente y generan mayores ingresos por regalías.

Figura 4

Total del país. Población indígena con Necesidades Básicas Insatisfechas. Censo 2022

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC. Censos de Población y Vivienda, procesados con Redatam7.

NBI por hacinamiento

El indicador de NBI por hacinamiento permite aproximar una dimensión estructural de la desigualdad habitacional, al vincular la disponibilidad de espacio dentro de la vivienda con las condiciones de bienestar material. El análisis comparativo de los censos 2010 y 2022 evidencia una mejora generalizada en los niveles de hacinamiento, aunque las brechas persisten al considerar la pertenencia étnica y el área de residencia (Tabla 4).

De acuerdo al último censo, en el área rural dispersa el 17,7% de la población indígena habita en condiciones de hacinamiento, frente al 6,3% de la población no indígena. En el área urbana, si bien los valores son menores, la brecha étnica persiste: 6,3% de la población indígena frente al 4,3% de la no indígena, lo que refleja desigualdades en el acceso a mejores condiciones habitacionales también dentro de las ciudades.

La información confirma que el hacinamiento afecta de manera desproporcionada a los hogares indígenas, y que su incidencia se intensifica al considerar la variable territorial. En el área rural dispersa, la probabilidad de que las familias indígenas vivan en condiciones de hacinamiento es más del doble que el promedio nacional, evidenciando deficiencias estructurales en infraestructura, escasez de vivienda adecuada y limitaciones en el acceso a políticas habitacionales efectivas (Tabla 5).

Al analizar los datos provinciales (Tabla 5), se observa que las desigualdades étnico-territoriales se concentran principalmente en las provincias del norte. En Formosa, casi la mitad de la población indígena vive hacinada (43,4%), cifra muy superior a la media provincial (15,1%) y a la de la población no indígena (12,0%). En Chaco y Salta, los valores para la población indígena rondan el 32%, tres veces más que la población no indígena. En Misiones, la situación se agrava en el ámbito rural disperso, donde se replica el resultado obtenido para el indicador de NBI: dos tercios de la población indígena (66,4%) reside en viviendas hacinadas, el valor más alto registrado entre las provincias analizadas.

El caso de Chubut ofrece un contrapunto relevante: si bien registra una elevada proporción de población indígena, la brecha étnica en el indicador de hacinamiento es prácticamente nula, lo que sugiere condiciones habitacionales similares entre los distintos grupos poblacionales.

En síntesis, los indicadores de NBI y NBI por hacinamiento aumentan en el área rural. Además, al considerar la pertenencia étnica, se observa que la población indígena está sobrerrepresentada en ambos indicadores. También se advierte que los porcentajes más elevados de NBI se concentran en las provincias del norte argentino. La figura 4 ilustra el contraste regional, poniendo de manifiesto la asimetría territorial entre el norte, el centro y el sur del país. En este sentido, en la provincia de Chubut, donde la población indígena es numerosa, el indicador de NBI no expresa variaciones significativas al considerar la pertenencia étnica.

Acceso al agua: tenencia y procedencia

Los indicadores de acceso al agua son muy relevantes para analizar las condiciones de vida de la población y también las asimetrías territoriales a nivel provincial y nacional. En este apartado nos detenemos en dos variables que releva el censo: la tenencia y la procedencia del agua. Con respecto a la primera, el censo discierne tres situaciones que identifican mayor o menor acceso a infraestructura y agua segura. La situación de mayor precariedad corresponde a los hogares que acceden al agua fuera del terreno, pues se deduce un alto nivel de precariedad habitacional, déficit de infraestructura y vulnerabilidad socio-sanitaria. Al no disponer de red de agua en el terreno, los hogares dependen de la distribución por medio de camiones cisterna o de fuentes comunitarias. Además de reflejar desiguales condiciones de acceso a un recurso esencial, se infieren barreras de acceso al agua segura y trabajo de acarreo, que usualmente recae sobre las mujeres.

La Tabla 6 muestra que a nivel nacional el 93% de la población cuenta con infraestructura adecuada, si bien las condiciones de acceso al agua son más precarias en el área rural. Al segmentar la información de acuerdo a la pertenencia étnica, la población indígena se encuentra sobrerrepresentada en los indicadores que expresan mayor precariedad de infraestructura y de tenencia de agua, en especial en la opción “fuera de la vivienda pero dentro del terreno”, y “fuera del terreno”, con porcentajes que duplican a los de la población no indígena.

La Tabla 7 desagrega la información a nivel provincial, confirmando el mayor déficit de infraestructura en las viviendas ubicadas en el área rural, brecha que se amplía al incorporar pertenencia étnica. Una vez más, los porcentajes más desfavorables corresponden a las provincias del norte, inclusive para la población indígena residente en áreas urbanas. En el caso del Chaco, Formosa y Salta, la mitad o más de la población indígena rural accede al agua fuera de la vivienda y un porcentaje muy elevado la adquiere fuera del terreno. Si bien, en estas provincias los porcentajes también son elevados para la población no indígena, lo cual pone en evidencia un déficit de infraestructura generalizado en la zona rural, se observa una brecha étnica persistente, en especial en la provincia de Formosa.

Finalmente, en Chubut la tenencia de agua también presenta condiciones de mayor precariedad para la población indígena que reside en el área rural dispersa.

Con respecto a la procedencia del agua, los datos de la Tabla 8, muestran que en las zonas urbanas la cobertura mediante red pública alcanza niveles similares entre la población indígena y no indígena, lo que sugiere una menor incidencia de la variable étnica en contextos urbanos. Sin embargo, la brecha se amplía en el área rural dispersa, donde solo el 32% de los hogares indígenas accede a la red pública, frente al 38,4% de los no indígenas. En estos territorios, el tipo de fuente de abastecimiento evidencia desigualdades cualitativas: mientras los hogares no indígenas acceden con mayor frecuencia a tecnologías intermedias, como perforaciones con bomba a motor, las familias indígenas dependen en mayor medida de pozos sin bomba o fuentes alternativas —cisternas, agua de lluvia, ríos o acequias— (32,8%), lo que las expone a riesgos de vulnerabilidad hídrica y sanitaria.

La intersección entre ruralidad e identidad indígena configura un escenario de desigualdad estructural. Esta situación se agrava por condiciones geográficas adversas —como la escasez hídrica, los suelos salinos o la presencia de arsénico— y por la marginalidad territorial que caracteriza a muchas comunidades indígenas. La escasa inversión pública y la limitada presencia estatal en zonas aisladas profundizan las brechas existentes, mientras que la dispersión poblacional y la pertenencia étnica refuerzan la exclusión histórica que enfrentan los pueblos indígenas en el ejercicio efectivo de su derecho al agua.

Finalmente, cabe señalar que el indicador censal de procedencia del agua no considera la calidad del recurso, lo que invisibiliza problemáticas específicas de las zonas con agua salinizada o contaminada con arsénico. Por ello, será necesario complementar estos datos estadísticos con análisis cualitativos y estudios hidrogeológicos, a fin de diseñar políticas diferenciadas y estrategias de gestión del agua que incorporen pertinencia cultural y enfoque territorial.

Servicios Sanitarios

El indicador de acceso a servicios sanitarios permite establecer la disponibilidad y calidad de los desagües cloacales. La opción "inodoro sin descarga de agua o sin inodoro o baño" refleja la carencia de servicios sanitarios básicos y la existencia de condiciones de saneamiento deficientes o inadecuadas. Esta situación representa riesgos para la salud pública, ya que implica el uso de métodos alternativos para la disposición de excretas y la ausencia de un sistema adecuado de evacuación de aguas residuales. En este sentido, el acceso a servicios sanitarios apropiados constituye un componente esencial del bienestar y un indicador directo de las condiciones de vida.

Figura 5

Provincias seleccionadas. Población sin servicios sanitarios según pertenencia étnica. Censo 2022

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC. Censos de Población y Vivienda, procesados con Redatam7

Los datos del Censo 2022 (Tabla 9 y Figura 5) evidencian brechas persistentes en el acceso entre la población indígena y no indígena, con una marcada expresión territorial.

En las áreas rurales, menos de la mitad (44,8%) de la población indígena dispone de inodoro con descarga y desagüe adecuado, frente al 74,3% de la población no indígena. Más de la mitad de los hogares indígenas rurales debe recurrir a letrinas, pozos o directamente carecen de baño, situación que se agrava en el área rural dispersa. En el ámbito urbano, aunque las condiciones mejoran, las diferencias persisten: un 18,5% de los hogares indígenas aún no dispone de servicio sanitario, frente al 10,8% de los hogares urbanos no indígenas.

Las brechas se amplifican al observar los datos provinciales (Figura 5). En Formosa, más del 86% de la población indígena carece de servicios sanitarios adecuados, en contraste con el 26% de la población no indígena. En Chaco, la carencia alcanza al 67% de la población indígena y al 29% de la no indígena. En Misiones y Salta, casi la mitad de la población indígena carece de servicios sanitarios. Estas brechas, de entre 30 y 60 puntos porcentuales, evidencian desigualdades étnicas, estructurales e históricas.

Las provincias patagónicas muestran indicadores más favorables para toda la población, sin embargo, la brecha étnica no desaparece. En Chubut, un 8% de la población indígena carece de servicios sanitarios frente a un 4% de la población no indígena.

El cruce entre etnicidad y territorio confirma que las desigualdades sanitarias no son homogéneas: se concentran con mayor intensidad en las provincias del norte y en los contextos rurales, donde las comunidades indígenas enfrentan condiciones de vida más precarias y menor cobertura de infraestructura básica.

Conclusiones

El análisis precedente constituye un aporte al conocimiento de las condiciones de vida de la población indígena en la Argentina. Al respecto, la disponibilidad de información estadística que visibiliza a este grupo poblacional constituye un insumo sustantivo para el análisis interseccional. A ello se suma el libre acceso al procesador Redatam, que representa una contribución notable a la apertura y difusión de datos relevantes para el diseño de políticas y programas sociales de diverso alcance y escala.

Por un lado, la comparación de los indicadores de NBI pone en evidencia la mejora generalizada de las mediciones entre 2010 y 2022, expresa una reducción en los porcentajes de pobreza estructural a nivel nacional y con un impacto significativo en la población indígena. Sin embargo, el análisis a nivel provincial permite detectar algunas especificidades regionales y locales que quedan ocultas detrás de los promedios nacionales. Además, el análisis de NBI y hacinamiento, sumado a indicadores de acceso al agua y servicios sanitarios, pone en evidencia la persistencia de las brechas étnicas, que se profundizan al considerar el lugar de residencia.

En efecto, en todas las provincias analizadas las condiciones de vida se agravan considerablemente al segmentar la información por etnicidad. La ausencia o deficiencia de redes locales de provisión de agua no solo incrementa el riesgo de enfermedades de origen hídrico, sino que además impacta en múltiples dimensiones del bienestar, desde la alimentación y la higiene hasta la organización del trabajo doméstico y comunitario. Estas carencias estructurales se concentran en las áreas rurales y afectan en gran medida a las comunidades indígenas, donde las brechas en infraestructura básica se traducen en mayores tasas de morbilidad, mortalidad infantil y exposición a condiciones insalubres. En este sentido, el acceso a redes de agua segura y saneamiento no debe entenderse únicamente como un indicador de infraestructura, sino como un componente esencial del derecho a la salud y del ejercicio pleno de otros derechos, como aquellos vinculados a la seguridad y soberanía alimentaria.

Por otro lado, el análisis de las brechas étnicas evidencia que éstas no expresan únicamente privaciones de carácter económico o de acceso a infraestructura deficiente —como la falta de caminos o la limitada extensión de las redes cloacales y de agua—, sino que reflejan la persistencia de desigualdades estructurales más profundas. La diferenciación entre poblaciones rurales indígenas y no indígenas permite suponer la continuidad de prácticas sociales e institucionales que reproducen el racismo y la discriminación, consolidando así un patrón histórico de exclusión. Por último, se constata que la asimetría territorial entre las provincias del norte y el sur se replica en los indicadores de pobreza estructural y en las condiciones de vida de la población indígena.

A modo de cierre, esbozamos algunas reflexiones y propuestas orientadas a profundizar la perspectiva étnica en los distintos abordajes de las políticas y programas sociales.

En primer lugar, destacamos la importancia de profundizar la visibilidad estadística de la población indígena, haciéndola extensiva a otros instrumentos estadísticos, como la Encuesta Permanente de Hogares, relevamientos de salud, agropecuarios, etc. También resulta necesario contar con información estadística que adopte como unidad de análisis al sujeto colectivo de derechos, en consonancia con el marco jurídico vigente.

En segundo lugar, el análisis efectuado deja en evidencia la centralidad de la inversión pública en infraestructura, con perspectiva federal y como estrategia de desarrollo para el norte argentino, orientada a reducir las históricas asimetrías territoriales que persisten en la región norte, respecto del centro y el sur del país. Resulta vital invertir en infraestructura vial, energética, de extensión de la red de agua y cloacal.

En tercer lugar, resulta indispensable transversalizar la perspectiva étnica en el diseño y ejecución de las obras de infraestructura. Esto implica, por un lado, reconocer el sujeto colectivo de derechos que conforman las comunidades y pueblos indígenas. Por otro lado, supone adoptar los mecanismos de consulta y participación previstos en el marco normativo al que nuestro país suscribe. De esta forma, los abordajes contemplan la perspectiva de las comunidades involucradas y garantizan su apropiación, sostenibilidad y gobernanza.

En cuarto lugar, y en línea con lo anterior, es necesario adoptar enfoques que contemplen los saberes de las comunidades locales. Existen numerosas experiencias⁸ en la región que jerarquizan el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas para inspirar soluciones tecnológicas que incorporan las potencialidades locales y los saberes tradicionales de las comunidades.

Roles de Autoría

Escritura, guión, revisión y edición: Clarisa Martínez y Natalia Novas

Referencias bibliográficas

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Notas

Recepción: 11 noviembre 2025

Aprobación: 16 abril 2026

Publicación: 1 agosto 2026

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