1. Introducción

El presente artículo expone la experiencia de abordaje de la cuestión agraria en la formación de grado de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de la República (Uruguay), desarrollada entre 2006 y 2015. Dicha experiencia articuló actividades de investigación, enseñanza y extensión del área Trabajo y Sociabilidad del Grupo de Estudios del Trabajo del Departamento de Trabajo Social (GET), en vínculo con productores familiares de la zona sur del país.

La síntesis aquí presentada forma parte de un prolongado proceso de trabajo colectivo más amplio llevado adelante durante nueve años, orientado por la inquietud central de comprender y problematizar los procesos de sociabilidad e individuación en la contemporaneidad, mediados por la centralidad que adquiere el trabajo en el complejo de la reproducción social.

El GET tiene como objeto de preocupación al trabajo como fenómeno originario que determina y caracteriza, en germen, la esencia del ser social, los procesos de producción y reproducción de los individuos y del género humano. Pero también busca comprender al mundo del trabajo en sus expresiones socio/históricas particulares en el marco de las relaciones sociales contradictorias del proceso de producción y acumulación capitalista, tanto en espacios urbanos como rurales.

En 2006, con el propósito de renovar los procesos de investigación, enseñanza-aprendizaje y formación profesional, docentes del GET emprendimos una nueva experiencia de formación que articulaba los niveles de intervención individual, familiar y territorial con pequeños productores rurales que habían accedido a la tierra a través del Instituto Nacional de Colonización (INC) – organismo de carácter estatal/nacional.

En sus antecedentes y fundamentación, el proyecto retomó diversas experiencias que vinculaban investigación, enseñanza y extensión en distintos ámbitos universitarios, en el marco de los debates de la denominada Segunda Reforma Universitaria, iniciada a principios del siglo XXI (Arocena, 2011). Esta reforma estuvo atravesada por disputas entre corrientes teórico-metodológicas e ideológico-políticas en torno a las funciones y formas de organización que debían orientar la práctica universitaria.

En este contexto, en diversas carreras profesionales —incluido Trabajo Social— se instituyeron ideas y acciones tendientes a renovar la articulación entre enseñanza, investigación y extensión, bajo la denominación de “prácticas o programas integrales”. Se trató de propuestas heterogéneas, cuyo valor radica en la búsqueda de vincular diferentes formas de saber y de prácticas profesionales desde un posicionamiento crítico frente al orden existente y con un compromiso social con sectores subalternos.

Las profundas transformaciones vinculadas a la cuestión agraria implican retomar los desafíos planteados por el marxismo en el siglo XIX, en particular la necesidad de trascender la comprensión fragmentada y fetichizada de la realidad. Ello exige romper con la apariencia de naturalidad que oculta su devenir histórico, presentándola como inmanente y predeterminada (Kosik, 1967).

Estas formas de naturalización y fragmentación se expresan en perspectivas dominantes que conciben lo social a partir de dicotomías ficticias: ser/pensar, conocimiento/intervención, enseñanza/aprendizaje, formación/práctica profesional, micro/macro, presente/pasado/futuro, así como las separaciones entre lo económico, lo político y lo cultural, o entre individuo y sociedad.

Precisamente, el desafío del proyecto fue superar tales perspectivas abstractas y a-históricas, impulsando un proceso de conocimiento orientado al desarrollo de prácticas pre-profesionales vinculadas al abordaje de las unidades territoriales que conformaban una colonia de productores familiares y a sus experiencias asociativas.

Reconstruir íntegramente el recorrido realizado excede los objetivos de este artículo. Por ello, en una primera parte, se presentará una síntesis teórica de algunos ejes de reflexión que guiaron el proceso de práctica. En un segundo momento, se expondrán elementos generales del proceso de su ejecución. El objetivo es poder mostrar trazos generales de la experiencia, como eje de formación y actuación profesional.

2. Cuestión agraria y producción familiar

El viejo Fourchón dice: He visto los tiempos pasados y veo ahora los tiempos nuevos… La etiqueta ha cambiado, es verdad, pero el vino es siempre el mismo. El hoy no es más que el hermano menor de ayer. ¿Nos hemos vuelto verdaderamente libres? Pertenecemos siempre al mismo villorrio y tenemos sobre nosotros un patrón: el trabajo. La zapa, nuestra única propiedad, no la hemos podido deponer ni aún ahora. Que la mayor parte de nuestras miserias se las lleve el patrón o el recolector de impuestos, da lo mismo: es necesario que nuestra vida transcurra en el sudor. (Balzac, 1855, p. 62)

El diálogo del personaje de la novela Los Campesinos de Balzac sintetiza con extrema exactitud —propia de la capacidad descriptiva del autor— cómo la vida del campesino a comienzos del siglo XIX ya se encontraba subsumida a las determinaciones histórico-sociales de dos elementos centrales: la tierra y el trabajo.

La situación de la pequeña producción familiar a comienzos del siglo XXI, mantiene los trazos centrales de aquella reflexión, agudizados por la subsunción plena de la pequeña producción familiar rural a la lógica de expropiación del plustrabajo bajo la forma de expansión y acumulación del capital (Marx, 1970).

La pregunta del personaje: “¿Nos hemos vuelto verdaderamente libres?” y el dilema de su respuesta: “Tenemos sobre nosotros un patrón: el trabajo”, mantiene vigencia en la pequeña producción familiar contemporánea. El trabajo de los pequeños productores no puede comprenderse desde la perspectiva del trabajo en general. Debe comprenderse desde sus determinaciones socio-históricas fundamentales: la subsunción del proceso de reproducción social en el orden capitalista (Mészáros, 2001).

El trabajo familiar rural se inscribe en el marco de la cuestión agraria como una expresión particular de la cuestión social, en tanto refleja los conflictos y desigualdades generados por la apropiación y acumulación privada del plustrabajo en las relaciones de producción capitalista. La contradicción se plantea, por un lado, entre la producción social cada vez más ampliada, colectiva y combinada de actividades laborales en relación con la tierra, tanto de pequeños productores familiares como de trabajadores rurales asalariados, y por otro, en las relaciones de apropiación privada de los bienes producidos (Foladori, 1986).

En la cuestión agraria se expresa con especial énfasis la contradicción propia del modo de producción capitalista: cuanto más social y colectivo se vuelve el trabajo, mayores son los niveles de concentración de los instrumentos, medios de producción y la riqueza generada bajo la forma de propiedad privada. Las desigualdades existentes están determinadas por esta contradicción.

La cuestión agraria contiene en su fundamento los problemas de la tenencia, distribución y apropiación privada de la tierra, pero va más allá de ellos. Su análisis impone la comprensión de su dimensión económica y sus desdoblamientos en las diversas esferas de los procesos de sociabilidad e individuación (Netto, 1997). Al mismo tiempo, expresa la forma en que estas contradicciones y desigualdades se presentan en un momento histórico determinado conteniendo las posibilidades de generación de “la rebeldía de los sujetos sociales que las vivencian, se oponen a ellas y resisten” (Iamamoto, 1992, p. 28).

En la cuestión agraria capitalista los pequeños productores familiares se integran de manera desigual y especializada en la división social del trabajo. Los niveles de alta dependencia de los mecanismos impuestos para la comercialización de sus productos en el mercado, se convierten en determinantes fundamentales.

Por otra parte, la forma de organización social de la producción familiar es compleja, tanto en sus dimensiones objetivas como subjetivas. Ello se expresa en su manera de ser, pensar y vivir el trabajo. En apariencia, se presentan como “productores independientes”, pero en esencia, están subordinados a la lógica de acumulación del capital y a su objetivo de expansión (Foladori, 1986).

Debido a la pequeña escala de producción que manejan poseen mayores dificultades para soportar las presiones de la competencia inter/capitalista. En un proceso de adaptación, sus integrantes desarrollan mecanismos crecientes de autoexplotación, debiendo subsidiar en muchas ocasiones la reproducción de la unidad productiva mediante trabajo asalariado, ya sea a tiempo parcial o completo, dependiendo de las contingencias, ciclos económicos o períodos de zafras.

Mayoritariamente se insertan en una parte del proceso agroindustrial y dependen de él para la venta de sus productos. Son pocos los que logran comercializar productos finales directamente en el mercado. La aspiración de muchos, para reducir su subordinación a la agroindustria, consiste en diversificar la producción según el destino de los productos.

Aquellos que no logran sostener la unidad productiva mediante esta diversificación combinan la producción familiar con procesos de asalariamiento. Este proceso de proletarización o semi-proletarización es lento y contradictorio (Antunes, 1999), desplegando resistencias y formas de defensa del estatus de pequeño productor. Se busca conservar los vínculos con las unidades familiares y la participación parcial en la producción agrícola, así como mantener relaciones con las comunidades locales.

Cuando el salario se convierte en la principal fuente de ingresos, se crean las condiciones para la separación total del productor de sus medios de producción: la subsistencia depende casi exclusivamente de la venta de la fuerza de trabajo. Lo que inicialmente era una forma transicional se objetiva como relación plenamente asalariada (Marx, 1970).

La empresa capitalista se beneficia de esta inestabilidad, contando con una reserva de fuerza de trabajo disponible según sus necesidades. En términos concretos o formales, la expropiación del plustrabajo se consolida a favor del capital.

Desde el punto de vista ideológico, los pequeños productores familiares aspiran a crecer como empresarios y mantener el vínculo con la tierra. Se resisten a vivir exclusivamente del salario, aunque la venta de sus productos apenas alcance para su reproducción.

Desde el punto de vista de la conciencia social, los pequeños productores valoran la independencia como principio fundamental. Su aspiración principal se centra en el crecimiento económico como propietarios de tierra. Sin embargo, esta representación entra en contradicción con las formas de dependencia y opresión en las que se inscriben dentro de las relaciones concretas de producción capitalista.

El posicionamiento político e ideológico respecto a su pertenencia de clase los coloca en una situación compleja para constituirse como sujetos políticos capaces de desarrollar estrategias de lucha por el acceso pleno a la tierra o frente a la proletarización. Esta fragilidad dificulta establecer alianzas permanentes con organizaciones de la clase trabajadora rural. Aunque están obligados a vender parcialmente su fuerza de trabajo, lo perciben como una situación transitoria, con el anhelo de consolidarse como microempresarios capitalistas.

3. La cuestión agraria en la contemporaneidad

Las contradicciones de la cuestión agraria en la contemporaneidad adquieren trazos de mayor desigualdad y exclusión social. Los procesos de reestructuración productiva en el marco de una crisis estructural del orden del capital colocan para la producción familiar un escenario más complejo.

En primer lugar, se observa un proceso de liberalización y concentración de capital que impulsa un aumento exponencial de la productividad de la tierra mediante la aplicación sistemática de la técnica y la ciencia a la agricultura moderna. Esta transformación genera una vinculación cada vez más estrecha entre agricultura e industrialización, consolidando al agronegocio como figura central en las fases productivas. La expansión del proceso de mercantilización somete a la lógica capitalista la unidad entre producción y reproducción en el campo, profundizando dos contradicciones esenciales del modo de producción capitalista (Pérez Arrarte, 1984). Por un lado, en el mundo de la abundancia los seres humanos mueren de hambre. Por otro, en el marco del desarrollo exponencial de las fuerzas productivas la fuerza de trabajo es destruida, miles de seres humanos pierden no solo su sustento de vida sino sus capacidades y habilidades social e históricamente adquiridas.

En relación con la concentración y mercantilización de la tierra, este proceso no solo implica una creciente centralización de la propiedad y del capital agrario, sino también una redefinición del sentido mismo de la producción agrícola. La inserción subordinada en mercados globales intensifica esta tendencia, particularmente a través de políticas que promueven la importación de alimentos provenientes de economías con escalas productivas altamente tecnificadas y subsidiadas, reproduciendo lo que la teoría de la dependencia conceptualiza como una articulación estructuralmente desigual entre centro y periferia (Marini, 1973). Esta dinámica coloca a la producción familiar en condiciones de competencia estructuralmente desiguales, erosionando su capacidad de sostenerse en el mercado interno y debilitando su aporte a la soberanía alimentaria. En este escenario, se desarticulan tramas productivas locales profundizando la expulsión silenciosa de pequeños productores.

En segundo lugar, el incremento de la capacidad de creación de riqueza se sustenta en un proceso sistemático de proletarización de la fuerza de trabajo, acompañado de la pauperización creciente de los trabajadores y de la precarización estructural de sus condiciones laborales (Antunes, 1999). El proceso de proletarización se alimenta de la progresiva desaparición del trabajo rural familiar, que se incorpora en las tendencias históricas que vive este sector. El proletariado rural ha estado históricamente sometido a relaciones altamente precarizadas, caracterizadas por bajos salarios, desregulación normativa, ausencia de controles estatales y múltiples formas de flexibilización. Estas relaciones han reproducido, en los planos objetivo y subjetivo, un patrón de dominación patriarcal que promueve prácticas de sumisión y gratitud.

En cuanto a la proletarización del trabajo rural familiar, su avance no se limita a la pérdida de la tierra o a la transformación directa en asalariados agrícolas, sino que adopta formas más complejas de subordinación indirecta. Muchas familias permanecen formalmente como productoras, pero dependen crecientemente de cadenas agroindustriales que fijan precios, condiciones técnicas y modalidades de comercialización, lo que puede entenderse como parte de la “nueva morfología del trabajo” bajo el capitalismo contemporáneo, caracterizada por formas ampliadas y flexibles de subordinación laboral (Antunes, 1999). La importación masiva de alimentos presiona a la baja los precios internos, reduciendo márgenes de rentabilidad y obligando a complementar ingresos mediante trabajo asalariado precario, migración temporal o pluriactividad forzada. Así, la proletarización se expresa más duramente como proceso histórico de desposesión progresiva en todas las esferas de la vida cotidiana, no solo respecto al tiempo de trabajo (Foladori, 2001).

El trabajo, desde la vivencia de los asalariados rurales, se experimenta como una relación de subordinación dadivosa. La fragmentación territorial y el aislamiento de los colectivos en relaciones laborales precarias, sumados a la interiorización de una ideología de resignación, han impedido la consolidación de un movimiento sindical rural sólido. Si bien han existido momentos de inflexión, estos han sido efímeros y en las últimas décadas la situación se ha agravado por la ofensiva del capital y la débil regulación estatal (Rocca, 2009). La conquista de la jornada laboral de ocho horas constituye un avance significativo, pero deviene retórico si carece de mecanismos de control e institucionalización en la vida cotidiana.

En tercer lugar, la cuestión agraria contemporánea expresa la crisis ecológica generada por la expansión del capital en el sector agroindustrial. Entre los factores que la configuran se encuentran: agotamiento de bienes naturales por uso intensivo, contaminación creciente, pérdida de biodiversidad y desequilibrios en los ecosistemas, que comprometen la reproducción de la vida. Esta crisis posee una dimensión global, afectando tanto la sustentabilidad de la agricultura como las condiciones de reproducción de la vida humana (Mészáros, 2001). La primacía del valor de cambio sobre el valor de uso conduce a un proceso de destructividad que impacta los recursos naturales y la fuerza de trabajo, en sus capacidades físicas e intelectuales.

Por ello, la crisis ecológica asociada al modelo agroindustrial, la expansión de formas intensivas de producción orientadas a la exportación y a la competencia internacional consolida patrones tecnológicos altamente dependientes de insumos químicos, monocultivos extensivos y uso intensivo del suelo y del agua. La presión por aumentar rendimientos para sostener la competitividad frente a productos importados acelera la degradación ambiental y reduce la diversidad productiva, afectando especialmente a las economías familiares que dependen directamente de la calidad de los bienes naturales. La crisis ecológica no constituye un fenómeno externo, sino expresión de las contradicciones internas de la necesidad inmanente de expansión del capital y la activación de sus límites absolutos (Mészáros, 2001). De este modo, se configura una amenaza doble: por un lado, se deterioran las condiciones materiales de producción; por otro, se comprometen las bases naturales que hacen posible la reproducción ampliada de la vida humana.

En síntesis, la cuestión agraria contemporánea articula tres dimensiones centrales: la concentración y mercantilización de la tierra, la proletarización del trabajo rural familiar y la crisis ecológica asociada al modelo agroindustrial capitalista. La interrelación de estos factores profundiza la desigualdad y la subordinación de los pequeños productores y trabajadores rurales, reproduciendo estructuras históricas de dependencia y opresión.

4. El Estado y la cuestión agraria: el Instituto Nacional de Colonización

Estos trazos generales sobre la cuestión agraria tienen que ser complementados con un breve análisis del papel y la función del Estado en su proceso de reproducción. El Estado tiene un papel central garantizando las condiciones de reproducción de la propiedad privada capitalista. Excede las posibilidades de este artículo abordar un análisis del surgimiento de la propiedad privada en el proceso de apropiación y expropiación del plustrabajo en las sociedades de clases. A los efectos de contextualizar elementos generales de la experiencia respecto al trabajo familiar rural, se realizará una breve síntesis del surgimiento de la política de colonización a nivel del Estado uruguayo como correctivo de las contradicciones que se expresan a nivel de la cuestión agraria nacional.

La consolidación del Uruguay como Estado-nación hacia fines de la década de 1870 implicó la afirmación del control sobre el territorio y el monopolio de la coerción estatal. Uno de los pilares de este proceso fue la consolidación de la propiedad privada de la tierra, base del desarrollo del modo de producción capitalista. El tema de la distribución y acceso a la tierra había estado presente desde los inicios de la vida independiente —con el Reglamento de Tierras de 1815 como antecedente temprano—, el Código Rural y la obligación del alambramiento. Tempranamente se consolidó un modelo de tenencia latifundista que marcó el rumbo de la estructura productiva nacional (González Sierra, 1994).

El país se orientó entonces a una economía de base ganadera extensiva, destinada fundamentalmente a la exportación, acompañada por una industrialización incipiente para el mercado interno. La expulsión de pobladores rurales de hecho fue una de las primeras manifestaciones de las desigualdades generadas por el modelo de tenencia de la tierra. La crisis de fines del siglo XIX abrió la discusión sobre la estructura productiva basada en la estancia latifundista y sobre el papel del Estado en las relaciones de producción.

Durante la primera mitad del siglo XX, el Estado uruguayo, en sintonía con el capitalismo monopólico internacional, complementó su intervención en las condiciones externas de acumulación con políticas internas de regulación social (Filgueira & Filgueira, 1994). Surgieron así reformas en asistencia, educación, legislación laboral y seguridad social, aunque la cuestión agraria permaneció bloqueada por la resistencia conservadora en torno al uso y la tenencia de la tierra. Solo con las restricciones comerciales derivadas de la Segunda Guerra Mundial resurgió el debate en torno a la necesidad de subdividir latifundios y promover un desarrollo agropecuario más intensivo, vinculado tanto al mercado interno como a la industria.

En este contexto, la Ley 11.029 de 1949 creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), definiendo la colonización como el conjunto de medidas destinadas a promover una racional subdivisión y explotación de la tierra, aumentando la producción y asegurando la radicación del trabajador rural. La institución asumió un papel activo en la adquisición y reparto de tierras, aunque su trayectoria se caracterizó desde el inicio por ciclos de expansión y retracción, estrechamente vinculados a las luchas sociales y a las coyunturas políticas.

El período de crecimiento del INC se interrumpió con el estancamiento económico de fines de los cincuenta, que desembocó en la crisis de los años setenta. La dictadura instaurada en 1973 significó la clausura de un ciclo de movilización social y el inicio de una reestructuración profunda del patrón de acumulación capitalista. El Plan Nacional de Desarrollo (1973-1977) promovió la apertura económica, el estímulo a las exportaciones y la liberalización financiera, en sintonía con los lineamientos internacionales. Los sectores agroexportadores, especialmente la ganadería, fueron los principales beneficiados (Rocca, 2009).

A partir de los años setenta se consolidó un modelo caracterizado como modernizador, concentrador y excluyente (Olesker, 2000): modernizador por la incorporación de nuevas actividades agroindustriales; concentrador, porque expulsó a numerosas explotaciones familiares incapaces de sostener inversiones de capital; y excluyente, por la agudización de la crisis demográfica rural y el desplazamiento de familias campesinas hacia pueblos y ciudades. La concentración de la tierra se intensificó en los ochenta y noventa, y se agudizó tras la crisis de 2002, acompañada de procesos de extranjerización bajo la forma jurídica de sociedades anónimas.

En este marco, el papel del Estado no fue de repliegue, sino de agente activo de la reestructuración. Lejos de limitarse, el Estado facilitó las condiciones jurídicas, económicas y sociales para la consolidación del nuevo patrón de acumulación. El INC, sin embargo, perdió centralidad y quedó reducido en gran medida a funciones administrativas, al punto de que se llegó a cuestionar su continuidad.

El giro político de 2005 permitió un reposicionamiento institucional. Los gobiernos progresistas buscaron revitalizar al INC y orientarlo hacia un nuevo modelo de colonización (INC, 2015). Este plan planteó la necesidad de superar el esquema clásico —parcelas pequeñas y aisladas, desvinculadas de proyectos económicos y sociales más amplios— y avanzar hacia formas integradas de desarrollo, articuladas con políticas sectoriales, de capacitación y de fortalecimiento del trabajo familiar rural. Sin embargo, estas iniciativas se vieron limitadas por la persistencia de un contexto marcado por la concentración y valorización de la tierra, la expansión del agronegocio (soja y forestación, principalmente) y la insuficiencia de instrumentos estatales para contrarrestar estas tendencias.

La discusión sobre el papel del INC continúa abierta. Por un lado, su existencia constituye un reconocimiento de la desigualdad del acceso a la tierra como objeto de intervención estatal y una herramienta para amortiguar conflictos sociales. Por otro, su alcance real ha sido marginal, sin alterar de manera sustantiva la desigual distribución de la tierra ni las condiciones estructurales de acceso. En gran medida, el INC ha funcionado como instrumento de conciliación de clases, respondiendo más a la necesidad de moderar tensiones sociales que a la de transformar el modelo agrario.

En síntesis, el INC fue creado como respuesta estatal a la cuestión agraria en un contexto de debates en América Latina sobre la reforma agraria. Su trayectoria refleja las tensiones propias de la estructura social uruguaya: avanza en el reconocimiento del problema, pero sin cuestionar el predominio de la propiedad privada y de la lógica capitalista. Hoy, aunque mantiene vigencia y respaldo político, su accionar enfrenta fuertes condicionamientos derivados del peso del capital transnacional y de la concentración productiva. Su función continúa siendo limitada, más cercana a la mediación y a la contención social que a la transformación genuina de la estructura agraria del país.

5. Modo de vida de las familias colonas: entre la existencia y la resistencia

El proyecto de trabajo desde Trabajo Social, como espacio además de formación pre-profesional se orientó a fortalecer y profundizar los procesos de colonización de un conjunto de familias colonas (aproximadamente 325 familias) ubicadas en 5 colonias en la zona sur del país.

La práctica en estos territorios tenía como base abordar la vida cotidiana de las personas en sus múltiples espacios de interacción: la vida familiar, los espacios de participación colectiva, las interacciones con las instituciones y la inscripción en redes territoriales más amplias.

La delimitación del conjunto de familias no respondió a un criterio meramente geográfico ni estadístico, sino a una definición jurídico-institucional específica: se consideraron colonas aquellas unidades domésticas adjudicatarias de tierra bajo el régimen del INC, que cumplen con las condiciones normativas de residencia efectiva, trabajo directo del predio y organización familiar vinculada a la unidad productiva. Es decir, la pertenencia a la colonia no se define sólo por habitar un territorio rural, sino por integrar un dispositivo estatal de acceso y uso de la tierra que establece criterios generales para su selección vinculados a: dimensión productiva, familiar y posibilidades de arraigo. En este sentido, el universo de análisis quedó conformado por aquellas familias cuya reproducción social se encuentra estructuralmente ligada a ese estatuto jurídico y productivo.

Unas de las primeras interrogantes que guiaron el proceso de construcción del proyecto fue: ¿qué significa ser colono?; ¿qué significa ser una familia colona? Colono etimológicamente significa “quien cultiva la tierra”. Proviene del verbo latino colere, cuya forma nominal es cultum, es decir, cultivar y tiene su origen en la raíz griega col que significa originariamente podar (posiblemente la madre de todas las labores de cultivo)

En este marco, la categoría modo de vida resulta especialmente útil para estudiar a las familias colonas. Permite captar la articulación entre condiciones objetivas de existencia —formas de producción, acceso a recursos, organización del trabajo— y dimensiones simbólicas, relacionales y culturales de la vida familiar (Marx, 1985). En el caso de la familia colona, el modo de vida se estructura en torno a la lógica y a la organización del trabajo familiar, donde se imbrican funciones productivas y reproductivas.

En este caso la unidad doméstica no puede entenderse como un espacio separado de la economía, sino como una forma específica de integración entre producción y reproducción social.

Este enfoque posibilita analizar las tensiones entre permanencia y cambio en las configuraciones familiares (De Martino, 2003). Por un lado, persisten patrones tradicionales como la división sexual del trabajo o la transmisión intergeneracional de la explotación agrícola. Por otro, emergen transformaciones derivadas de la modernización tecnológica, de las políticas públicas, del acceso a la tierra y de la redefinición de los roles de género.

El proceso de colonización agraria en Uruguay, impulsado por el INC, fue decisivo en la reproducción de estas unidades familiares. A través de la adjudicación de tierras y de criterios normativos de residencia, trabajo directo y composición familiar, se buscó consolidar un modelo de pequeña producción familiar frente a la concentración latifundista. Así, la familia colona se constituyó en la intersección entre políticas estatales, dinámicas productivas y prácticas sociales, definida tanto por la necesidad de sostener la explotación agrícola como por la construcción de un ideal normativo de familia trabajadora y arraigada al campo.

Las unidades familiares vinculadas a los procesos de colonización remiten entonces a un entramado complejo en el que se articulan trayectorias individuales y familiares, formas de organización del trabajo, patrones de parentesco y procesos de socialización. Estas familias fundan sus proyectos de vida en la conjunción de producción y reproducción, enfrentando al mismo tiempo tensiones internas y condicionamientos externos. Sus trayectorias están atravesadas por la división sexual y generacional del trabajo, la herencia patrilineal y la persistencia de la autoridad masculina, aunque mediada por formas de negociación y democratización en las relaciones familiares (Thorne & Yalom, 1984).

En muchas colonias, la historia de una primera generación de colonos permitió la consolidación de nuevas unidades familiares en las generaciones posteriores. En algunos casos, es posible rastrear hasta tres generaciones que conformaron unidades diferenciadas y que hoy ocupan una parte significativa de los predios de las colonias. Sin embargo, esta reproducción familiar coexiste con procesos de expulsión y ruptura, que llevan a la migración de jóvenes hacia centros urbanos u otras formas de trabajo asalariado.

La migración de los jóvenes debe comprenderse en el marco del proceso de sucesión familiar que constituye el eje estructurador de la reproducción social en las unidades colonas (Lema, 2019). Lejos de tratarse de una decisión puntual, la sucesión es un proceso histórico y relacional que articula la transmisión del patrimonio económico, cultural y simbólico, generalmente bajo un criterio selectivo que privilegia a los hijos varones. Cuando este proceso logra consolidarse, permite la continuidad del proyecto productivo y garantiza tanto la reproducción material de las nuevas generaciones como la seguridad de los adultos mayores. Sin embargo, cuando la sucesión no se procesa o se desarrolla de forma conflictiva, se abre paso a dinámicas de ruptura que derivan en la salida temprana de los más jóvenes.

La salida juvenil adopta diversas formas: migración hacia centros urbanos, inserción temprana como asalariados rurales o procesos de semi-proletarización combinados con mayor permanencia en el sistema educativo. Estas trayectorias, vividas frecuentemente como elecciones individuales vinculadas al “gusto” o a la búsqueda de mejores oportunidades, encubren condicionamientos estructurales que erosionan la capacidad reproductiva del emprendimiento familiar. La partida del heredero no sólo implica la pérdida de fuerza de trabajo, sino la interrupción de la reproducción social que sostiene la lógica de la producción familiar.

En este sentido, la migración juvenil se constituye en uno de los síntomas más visibles de la crisis del modo de vida colono. La dificultad para garantizar condiciones materiales dignas, sumada a la persistencia de jerarquías patriarcales y a la sobrecarga de trabajo, vuelve poco atractivo un modelo basado en la autoexplotación familiar. La ruptura del proceso sucesorio no es únicamente un problema privado o afectivo, sino la expresión concreta de las contradicciones que atraviesan la pequeña producción agraria en el actual contexto de concentración y valorización del capital.

La ruptura del proceso sucesorio no sólo implica la discontinuidad de un proyecto familiar, sino también una fractura en la reproducción social del trabajo de producción de alimentos. En el caso de las familias colonas, la unidad doméstica constituye simultáneamente unidad productiva y espacio de reproducción de la fuerza de trabajo. Cuando los jóvenes abandonan el predio o no asumen la continuidad del emprendimiento, no se pierde únicamente mano de obra: se interrumpe la transmisión intergeneracional de saberes productivos, prácticas técnicas y conocimientos territoriales acumulados históricamente. La producción familiar de alimentos, basada en una lógica de trabajo intensivo y diversificado, se vuelve entonces estructuralmente vulnerable.

Esta tendencia adquiere relevancia en el contexto uruguayo, donde la pequeña y mediana producción ha tenido un papel significativo en la provisión de alimentos para el mercado interno —lechería, horticultura, granja, producción mixta— y en el sostenimiento del tejido social rural. La retracción de estas unidades no implica necesariamente una disminución global de la producción agropecuaria, pero sí una reconfiguración de su orientación y de sus escalas.

Por lo cual, el costo de este proceso no se reduce al plano económico. La disminución de productores familiares impacta en la diversidad productiva, en la soberanía alimentaria y en la estabilidad de los territorios rurales. La producción familiar no sólo genera alimentos, sino también arraigo poblacional, redes comunitarias y reproducción cultural. Su debilitamiento acelera el despoblamiento rural, la pérdida de servicios locales y la fragmentación del entramado social. De este modo, la migración juvenil y la ruptura con la producción alimentaria forman parte de un mismo movimiento estructural que reconfigura las bases sociales del agro uruguayo.

En términos más amplios, las dificultades en la migración juvenil del modelo colono expresa una tensión entre un proyecto histórico de democratización del acceso a la tierra y las actuales dinámicas de valorización del capital agrario. Si la continuidad de estas unidades no encuentra condiciones materiales y simbólicas que la hagan viable, el país enfrenta no sólo la pérdida de emprendimientos familiares, sino la erosión de una forma de organización social del trabajo que ha contribuido históricamente a la producción de alimentos y a la cohesión territorial.

Concomitantemente, la organización del trabajo en estas familias revela tensiones entre autonomía individual y pertenencia grupal (Mioto, 2001). La modernidad abrió la posibilidad de construir sujetos con capacidad de decisión y de reconocimiento de sus propios deseos, pero en el contexto colono, la articulación entre producción y reproducción limita los espacios de autonomía, especialmente para mujeres y jóvenes. La división sexual del trabajo mantiene al varón como encargado de dirigir el proyecto productivo y de negociar hacia el exterior, mientras la mujer asume la organización cotidiana de la reproducción y el cuidado, participando activamente en las tareas productivas. La triple jornada —productiva, doméstica y asalariada externa— constituye una de las expresiones más claras de esta sobrecarga.

La falta de redes de apoyo refuerza el aislamiento de las familias, siendo la escuela primaria la única institución presente de manera estable en su cotidianeidad. En este proceso, los hijos son incorporados tempranamente al proyecto productivo, aunque la transición a la adultez suele implicar la ruptura con dicho proyecto. Los jóvenes cuestionan tanto las limitaciones económicas de la pequeña producción como la autoridad patriarcal y la falta de espacios de sociabilidad.

Estos procesos “existen y resisten” condicionados por la concentración de la tierra, la precariedad productiva, la sobrecarga de trabajo en ciertos miembros de la familia, el despoblamiento rural y las dificultades para sostener un proyecto de vida basado en la colonización. Al mismo tiempo, resisten bajo formas fragmentadas y aisladas, en contracorriente con los procesos de externalización de la reproducción social y la consolidación de derechos sociales básicos (Lash, 1984).

La crisis del Estado social y la implementación de políticas neoliberales en las últimas décadas han profundizado la fragilidad de estas familias. La retirada estatal en áreas como la creación de empleo, la garantía de derechos sociales o la regulación de la relación capital-trabajo ha transferido funciones al mercado y a organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, las familias colonas han experimentado históricamente una situación de precariedad estructural en el acceso a bienes y servicios sociales. Incluso la acción del INC se ha centrado mayormente en la gestión de la renta de la tierra, sin acompañar de manera integral los procesos familiares y comunitarios.

En este sentido, la propuesta de superar el modelo tradicional de colonización —basado en el aislamiento de los predios— apunta a fortalecer las interacciones y formas de cooperación entre familias, promoviendo sociabilidades más densas y, con ello, mayores posibilidades de individuación y autonomía.

Así, el análisis de las familias colonas permite comprender cómo, en la intersección de producción y reproducción, se configuran modos de vida particulares que condensan tensiones históricas, sociales y culturales (Jelin, 1994). Reconocer esta complejidad constituye un paso indispensable para elaborar políticas públicas y estrategias de intervención social que fortalezcan estos proyectos de vida y permitan su reproducción en condiciones más justas y sostenibles.

6. Las colonias como espacios de conjunción de modalidades de abordaje del Trabajo Social

La práctica profesional propuesta por el Trabajo Social se caracterizó por la conjunción de procesos de conocimiento e intervención, no solo con cada familia en particular, sino también en el interrelacionamiento del conjunto de familias pertenecientes a una misma colonia y en la forma específica de inserción de estas en el entramado de relaciones sociales. Estuvo orientada tanto a generar un proyecto concreto de trabajo en las colonias seleccionadas, como a construir un programa de promoción y asistencia social que pudiera ser incorporado por la institución en su conjunto.

A partir de la definición de que las colonias podían concebirse como un “complejo de complejos” (Lukács, 2012) que se articulaba dentro de una totalidad social, la cual las contenía, determinaba y establecía el horizonte de posibilidades para su desarrollo, se entendió que las estrategias de abordaje de dicha realidad debían enmarcarse en una perspectiva territorial.

Esta perspectiva fue la que mejor permitió recuperar las múltiples articulaciones que se condensaban en un espacio socio-político concreto. Posicionarse desde allí posibilitó superar visiones fragmentadas de la familia como fenómeno aislado, así como las dicotomías que planteaban la separación entre lo rural y lo urbano como esferas sociales disociadas.

El territorio permitió, entonces, recuperar la comprensión de las múltiples formas de cooperación, uso y combinación social del trabajo; de las diversas actividades que los sujetos desarrollaban dentro y fuera del tiempo de trabajo; de las modalidades particulares de organización de la vida individual y familiar en sus distintas dimensiones (social, política, económica, cultural, etc.); y de las intervenciones institucionales que se desplegaban en dicho contexto.

Por otra parte, la revalorización de lo territorial posibilitó el fortalecimiento de actores sociales relevantes, capaces de constituirse como interlocutores válidos y socialmente legitimados frente al conjunto de instituciones estatales que intervenían en el territorio, y particularmente frente al INC.

Fue desde un abordaje territorial que se promovió la articulación de intervenciones institucionales fragmentadas, como punto de partida para la participación del Trabajo Social en las colonias, con el objetivo de configurar una modalidad de abordaje integral e interdisciplinario que, conteniendo lo anterior, fuera capaz de superarlo.

Con base en estas perspectivas, se definieron tres modalidades de abordaje de la realidad de las colonias (Lema, 2019): las unidades familiares, las formas asociativas de las familias en la colonia y la inserción de la colonia en la región. Cada una de estas modalidades condensó el principio de unidad entre procesos de conocimiento e intervención, que se sintetizaban en la práctica concreta y se desarrollaban de manera simultánea y articulada, generando un proceso de retroalimentación. Solo a los efectos expositivos aparecieron aquí de forma separada.

Dentro de la modalidad de abordaje de las unidades familiares se incluyó la aproximación al conocimiento, la detección de demandas y la definición de objetos específicos de trabajo con cada familia como unidad de producción y reproducción. Cada colonia fue subdividida por regiones. Se comenzó con una primera entrevista exploratoria y de presentación de la propuesta de inserción para el desarrollo del trabajo en la colonia. A partir de allí, en sucesivas instancias, se retomó el trabajo con las familias con las que ya se había establecido un vínculo, incorporando progresivamente a aquellas que aún no habían sido entrevistadas. Esta lógica, que combinaba la continuidad con unas familias y la expansión hacia otras, constituyó una estrategia que permitió profundizar el vínculo, en un proceso que no buscó solo el conocimiento, sino también la transformación de aspectos concretos de esa realidad.

Cabe destacar que el fundamento del proceso de intervención en el ámbito familiar —socialmente identificado como espacio de lo privado, de negociaciones ocultas y de secretos— fue la construcción de un vínculo basado en la confianza y el respeto a los tiempos y necesidades de los otros (Mioto, 2001).

Simultáneamente, se implementó una modalidad de abordaje de las formas asociativas de los colonos. Esta modalidad buscó aproximarse al conocimiento e intervención de los procesos asociativos que se desarrollaban en el espacio social de la colonia, recuperando una mirada global de cada realidad específica que permitiera identificar necesidades que se expresaban o tendían a expresarse colectivamente. Se trató de intervenir en los condicionamientos que enfrentaban las unidades familiares para el desarrollo de prácticas asociativas, analizando las posibilidades y limitaciones que se presentaban para la cooperación, tanto en la producción como en la reproducción. En este marco, se procuró potenciar la red de vínculos que se generaban en las colonias.

Esta modalidad de trabajo buscó recuperar las necesidades identificadas en el abordaje de las unidades familiares y que podían ser trabajadas colectivamente. A la vez, desde la intervención con las familias, se procuró superar las resistencias y frustraciones históricas que constituían obstáculos para el trabajo en común.

Desde esta perspectiva, más allá de los condicionamientos estructurales que podían limitar los proyectos colonizadores, apostar al desarrollo de esta estrategia implicó una alternativa con mayores posibilidades de crecimiento, superación y socialización, tanto para las organizaciones colectivas como para las familias y los individuos. La profundización de esta estrategia permitió generar un impacto positivo en el territorio donde las colonias estaban insertas.

En el análisis y en los procesos de intervención se jerarquizaron factores como formación, experiencia, habilidades, destrezas y motivaciones, que, asociados a otras características personales y familiares, configuraron modos de vida particulares (formas de ser y de pensar) que definieron prácticas y estrategias individuales y colectivas de existencia y resistencia en el medio rural. ¿Cómo actuaban estos factores? ¿De qué manera incidían en el desarrollo de las unidades familiares en y desde las colonias? Estas fueron las preguntas que orientaron este proceso de abordaje.

El objetivo fue construir estrategias de intervención social para el desarrollo de formas organizativas y asociativas que rompieran el aislamiento de las colonias, estimulando sus vínculos con políticas sectoriales y otras iniciativas de la vida social.

Para ello, se introdujo como tercera modalidad de abordaje la inserción de la colonia en la región. Esta modalidad tendió a analizar las particularidades de la inserción de cada colonia en su región de pertenencia, a potenciar las formas de participación de los colonos en el entorno regional, a garantizar la efectivización de derechos mediante el acceso a bienes y servicios, y a favorecer el desarrollo de nuevos espacios de socialización.

7. A modo de síntesis

El recorrido realizado en torno a la cuestión agraria y a los procesos de reproducción de las familias rurales en el Uruguay contemporáneo permite afirmar que el problema de la tierra y del trabajo sigue siendo un eje estructurante de las desigualdades sociales.

Los cambios en los modelos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías en el agro agudizaron las contradicciones y los niveles de dependencia de los requerimientos de la lógica de acumulación del capital. En ese marco, el trabajo familiar rural continúa en retroceso.

El proceso de concentración de la tierra, centrifuga a la pequeña producción familiar, colocando fuertes condicionamientos para sostener sus modos de vida y garantizar la reproducción como productores. Con ello crece la incapacidad para mantener a la población arraigada a una forma de producción y organización del trabajo que marcó un modo de vida particular.

Estas contradicciones no son coyunturales, son estructurales. Los correctivos y paliativos que introduce el Estado en la perspectiva de sostener una política de colonización en un modelo de fraccionamiento capitalista de la tierra se presentan insuficientes. Las unidades familiares en su inserción en las relaciones de producción más amplias muestran las contradicciones de la dominación y el control con las que el capital opera para producir y mantener su inserción subalterna.

Si bien la política de colonización logró ofrecer acceso a tierras y alternativas de trabajo a diversas familias, no logró revertir las tendencias estructurales de concentración y exclusión, ni tampoco generar procesos sostenidos de organización colectiva que fortalecieran la autonomía de los colonos frente al capital.

Desde el abordaje de los modos de vida se evidenció que el análisis de las unidades familiares rurales no puede reducirse a su rol productivo. La vida de los colonos es el resultado de la articulación entre dimensiones objetivas —condiciones materiales de producción, acceso a recursos, infraestructura— y dimensiones subjetivas —valores, aspiraciones, redes sociales y comunitarias—. En este cruce emergen estrategias de subsistencia que, si bien muchas veces implican procesos de autoexplotación, también expresan formas de resistencia y creatividad que les permiten sostener su modo de vida.

La categoría de “modo de vida” resulta fundamental para comprender cómo las familias rurales “existen y resisten”. Aun en un contexto marcado por la mercantilización de la tierra, la precarización laboral y la creciente migración de jóvenes hacia centros urbanos, las familias colonas despliegan prácticas que mantienen la centralidad del trabajo familiar, la transmisión de saberes y la construcción de vínculos comunitarios. Estas prácticas, aunque fragmentadas y atravesadas por tensiones de género y generación, se constituyen en un campo de posibilidades para imaginar horizontes distintos al de la pura subordinación al capital agrario.

En este marco, el Trabajo Social desarrolló un papel significativo al posibilitar la articulación de la práctica profesional con la investigación y la extensión universitaria. La experiencia de intervención en colonias mostró que, cuando se parte de una lectura totalizante de las condiciones de vida de las familias y de su inserción regional, se abre la posibilidad de superar las visiones fragmentadas que tradicionalmente han caracterizado a las políticas rurales. El Trabajo Social, al promover procesos de organización, participación y fortalecimiento de vínculos comunitarios, contribuyó a ampliar la capacidad de acción de las familias y a visibilizar sus demandas frente a actores estatales e institucionales.

Por ello, cabe destacar que el análisis de la cuestión agraria desde el Trabajo Social no se limita a la descripción de carencias o dificultades. Se trata de reconocer la complejidad y contradicción de los procesos sociales que atraviesan al campo, y de asumir que la reproducción de la vida en el medio rural se encuentra en disputa frente a dinámicas globales de acumulación, concentración y crisis ecológica. En este sentido, las experiencias de colonización y de organización de familias rurales abren interrogantes sobre las posibilidades de construir modos de vida más equitativos, sustentables y colectivos.

Esta experiencia reafirmó que la cuestión agraria sigue siendo, en la contemporaneidad, una expresión de la cuestión social. Reconocer esta conexión no solo permite comprender las dificultades que enfrentan las familias rurales, sino también repensar el papel del Trabajo Social en la construcción de alternativas que, desde lo local y lo comunitario, apunten a la transformación social y al fortalecimiento de prácticas de vida dignas en el medio rural.

En este escenario, la cuestión agraria no puede comprenderse de manera aislada ni reducida a dinámicas sectoriales. Se inscribe en procesos más amplios que reconfiguran territorios, relaciones laborales y formas de organización social, redefiniendo las condiciones bajo las cuales las familias sostienen su “existencia y resistencia”. La tensión entre permanencia y desplazamiento, entre autonomía y subordinación, expresa una disputa que atraviesa no solo la producción, sino también la posibilidad de proyectar su sustentabilidad a futuro.

De allí que el desafío no radique únicamente en mitigar efectos adversos y desigualdades, sino en interrogar críticamente el modelo de desarrollo que los produce. Ello implica fortalecer iniciativas colectivas, promover formas de participación que amplíen la capacidad de incidencia de los sujetos rurales y consolidar marcos institucionales que reconozcan el valor social del arraigo y del trabajo familiar. El mayor desafío es aportar a la construcción de estrategias que lo articulen.

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