ARTICULOS / ARTICLES
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina
Contemporánea. Universidad Nacional de Quilmes
Argentina
ssalvia76@gmail.com
Resumen:
El objetivo del artículo es reconstruir
la acción de las asociaciones empresarias agropecuarias en 1998-99,
analizándola vis a vis con la situación del sector en la crisis
económica iniciada en 1998. Para aproximarnos, analizamos la situación
del agro bajo la Convertibilidad mediante estadísticas oficiales y
bibliografía especializada. Asimismo, abordamos la organización y
demandas de las asociaciones empresarias del agro mediante documentos, comunicados y
declaraciones. Se destacan como resultados el cambio a una posición
crítica de la SRA y CRA en la crisis, la similitud de demandas con la FAA y
Coninagro y los variables grados de unidad expresados en el proceso.
Palabras clave: asociaciones empresarias, agro, crisis, convertibilidad, acción
Abstract:
The aim of this paper is to reconstruct the
action of the agriculture business associations in 1998-99, analyzing it vis a
vis the sector situation in the economic crisis. We analyze the situation of
agriculture under the Currency board by official statistics and literature.
Furthermore, we address the demands of the organization and business associations in
agriculture through documents, statements and declarations. About the results, we can
highlight the change to a critical position of SRA and CRA in the crisis, the
similarity of demands with FAA and Coninagro and the different degrees of unity
expressed in the process.
Keywords: business associations, agriculture, crisis, currency board, action
El conflicto entre las asociaciones empresarias del agro y el Gobierno nacional por las retenciones móviles en 2008 tuvo como punto saliente la coordinación de la acción de la SRA, CRA, Coninagro y FAA, a partir de la constitución de la “Mesa de Enlace”. Si bien la fortaleza de esta instancia de organización y los grados de unidad alcanzados resultan inéditos, la acción de las cuatro asociaciones empresarias del agro registra antecedentes históricos, entre ellos las protestas de 1998-99, realizadas en un contexto muy diferente de crisis y deterioro de la rentabilidad agropecuaria. En este contexto, SRA, CRA, Coninagro y FAA expresaron demandas comunes y alcanzaron instancias de unidad, incluyendo un “paro agropecuario nacional” convocado por las cuatro asociaciones, en un proceso complejo en el que también se expresaron diferencias entre ellas.
¿Qué llevó a estas instancias de unidad entre asociaciones de empresarios agropecuarios tan diversos en 1998-99? ¿Cómo se organizó la acción de estas asociaciones? ¿Cómo se vincula esta acción con el inicio de la crisis de acumulación, que llevaría a la caída de la Convertibilidad en diciembre de 2001? En este artículo, intentamos dar respuesta a estos interrogantes abordando la relación entre las condiciones de acumulación en el sector y las respuestas políticas de estas asociaciones. Para ello, analizamos la situación de la producción agropecuaria bajo la Convertibilidad, el impacto que tuvo la crisis global en el sector agropecuario desde 1998 y la acción de las asociaciones empresarias del agro en 1998-1999 (sobre la base de sus demandas, su relación con el Gobierno, su organización y sus formas de acción).
En la década del ‘90, en particular desde la implementación del Plan de Convertibilidad en 1991, se desarrolló una nueva estrategia de acumulación en la Argentina, enmarcada en las políticas de reestructuración capitalista que tuvieron lugar en Estados Unidos y Europa, como respuesta a la crisis de mediados de los ’70. Estas transformaciones eran resultado del bloqueo de la reestructuración capitalista de los años ’80, y fueron habilitadas por la crisis hiperinflacionaria de 1989 (Brenner, 1998; Bonnet, 2008).
Los cambios en la acumulación capitalista fueron sostenidos por una serie de reformas neoliberales introducidas desde el Estado. Lo específico de la forma neoliberal de Estado de los años ’90 consiste en la eficacia que logró en la imposición de la disciplina del mercado sobre trabajadores y empresarios, mercantilizando relaciones que se encontraban mediadas por el Estado (Bonnet y Piva, 2013). Los empresarios agrarios y sus organizaciones eran objeto de esta disciplina, en tanto la misma abarcaba también la producción agraria. La apertura de la economía, la eliminación de los derechos de exportación, la desregulación, la fijación del tipo de cambio, las privatizaciones de empresas estatales, entre otros, fueron los mecanismos por los cuales operó esta disciplina del mercado, y tuvieron un considerable impacto en el sector agropecuario.
En los próximos apartados, veremos en qué consistieron estas transformaciones, cuál fue su impacto sobre la producción agropecuaria y cómo afectó a los pequeños y medianos empresarios agrarios.
La fijación del tipo de cambio por ley –en la paridad $1 = US$1– significó el inicio de la Convertibilidad, que se constituyó en la medida más importante para imponer la disciplina del mercado. Para apuntalar su eficacia, la fijación de la paridad cambiaria fue acompañada por la prohibición de la indexación salarial y la imposibilidad de emitir moneda para cubrir el déficit fiscal (Acuña, 1995). Este “autoatamiento” al dólar (Gerchunoff y Torre, 1996) logró estabilizar los precios, tras tres procesos hiperinflacionarios en 1989-1991, al costo de la apreciación del tipo de cambio por la inflación residual tras el establecimiento de la paridad cambiaria (Bonnet, 2008). Esta apreciación del tipo de cambio reducía el poder de compra de los ingresos por exportaciones, lo que afectaba, entre otros sectores, a la producción agropecuaria. De hecho, las asociaciones empresarias agrarias criticaban la nueva paridad cambiaria en el momento de su fijación, que consideraban entre un 20% y un 30% sobrevaluada, situación que habría de agravarse en los primeros años de la Convertibilidad, con el significativo aumento de los precios al consumidor por encima de los precios agropecuarios (Lattuada, 2006: 95,127). El resultado para los empresarios del agro era una reducción del poder adquisitivo interno de los ingresos agropecuarios. Como muestra Wainer (2013: 74), los precios relativos del agro se deterioraron a lo largo de toda la Convertibilidad respecto a los restantes sectores, como la industria, los servicios públicos, la minería y el petróleo, aún antes del inicio de la crisis en el año 1998, y con mayor intensidad en la crisis.
Entre 1991 y 1993, se redujeron primero y se eliminaron después las retenciones que se encontraban previamente en el 30% para los productos agropecuarios, así como otros impuestos que gravaban al sector, como las tasas con destino al INTA y a la Marina Mercante, o la tasa de estadística (Acuña, 1995; Lattuada, 2006). La eliminación de las retenciones o derechos de exportación tendía a morigerar el impacto negativo del tipo de cambio sobre la producción agraria al permitir la recuperación de la renta de la tierra que fluía hacia el Estado por vía impositiva –una importante demanda en la que tendían a coincidir las cuatro asociaciones empresarias nacionales, FAA, Coninagro, CRA y SRA (Acuña, 1995) –. Como afirma Lattuada (2006: 99), el fin de las retenciones “significó un beneficio para el sector agropecuario, especialmente para el de bienes comercializables internacionalmente, desarticulando a la vez una de las principales fuentes de conflicto entre las asociaciones gremiales del sector y el Estado”.
La apertura de la economía se llevó adelante mediante la reducción de los aranceles a la importación, con lo que se profundizaba una política que se había iniciado a finales del gobierno de Alfonsín. El arancel promedio, que había pasado de 37% en 1995 a 29% a fines de 1988, se redujo al 10% en abril de 1991 con la implementación de la Convertibilidad –y llegó a 0% para la importación de bienes de capital no producidos en el país y 11% para bienes intermedios– (Viguera, 1998: 7-15), lo que en particular favorecía la incorporación de tecnología importada en los procesos productivos, entre ellos a la producción agraria (Salvia, 2012).
En virtud de la desregulación de la economía, el Estado se desprendía de una serie de organismos y funciones de control sobre el mercado, lo que impactaba en el mercado de productos agropecuarios (Acuña, 1995). La desregulación generó la eliminación de una gran cantidad de instituciones, como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, y diversas instituciones subsectoriales, como la Comisión de Concertación de Políticas Lecheras, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, la Dirección Nacional del Azúcar, el Instituto Forestal Nacional, etc. (Obschatko, Foti y Román, 2007). La supresión de los organismos del Estado que regulaban la actividad agropecuaria amplió los grados de libertad en el mercado de productos agropecuarios y permitió eliminar impuestos que gravaban la actividad con destino a esos organismos. Como afirma Lattuada (2006: 101), la política de desregulación eliminó “la mayoría de los organismos que en el transcurso de más de medio siglo habían sido creados para diseñar y ejecutar la política sectorial agropecuaria”. Para los pequeños y medianos empresarios agrarios, la desregulación implicaba una desventaja, con la imposibilidad de establecer “precios sostén” y otras formas de subsidio indirecto, que habían sido utilizadas en el pasado para sostener las explotaciones de menor tamaño (Obschatko, Foti y Román, 2007). El deterioro de la situación de este estrato del agro intentó ser compensado por el Estado de dos maneras: en primer lugar, mediante la creación de una serie de programas sociales específicos para el mismo, como el Programa Federal de Reconversión Productiva para las Pequeñas y Medianas Empresas Agropecuarias y el Programa Social Agropecuario, entre otros. En segundo lugar, mediante la protección de dos cultivos típicos de pequeños productores, como el azúcar y el tabaco, con aranceles a las importaciones intrazona para el azúcar y subsidios directos como el Fondo Especial del Tabaco (Obschatko, Foti y Román, 2007; Lattuada, 2006).
Finalmente, el proceso más duradero y más radical en su implementación fue el proceso de privatizaciones de empresas públicas. Consistió en la transferencia de la propiedad o la concesión de empresas del Estado al sector privado, con un alcance y una celeridad únicos en el mundo, pues la casi totalidad de las empresas públicas se enajenó en el lapso de cuatro años (Bonnet, 2008). Este proceso alcanzó los rubros de producción, distribución y comercialización de electricidad y gas, telecomunicaciones, agua y saneamiento, transporte ferroviario y subtes, transporte aéreo, concesiones viales, siderurgia, petróleo, puertos, petroquímica, etc., y el Estado recaudó aproximadamente 28.600 millones de dólares (Basualdo, 2010: 394-396). La transferencia de la operación de las empresas estatales al capital privado y los importantes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) destinados a las privatizadas posibilitaron un aumento de la escala de estos servicios, una mejora en los productos (especialmente en telecomunicaciones), y un mix de fuertes aumentos de precios para los usuarios residenciales y reducciones para los usuarios empresariales en los servicios de electricidad, gas y telecomunicaciones, en términos reales (Basualdo, 2010; Lattuada, 2006; Salvia 2012).
Antes de adentrarnos en la reestructuración capitalista en el agro, nos detendremos en las posiciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ante la Convertibilidad. Bonnet (2008), Beltrán (2007) y Gálvez (2012) sostienen que la SRA y la CRA defendieron las políticas neoliberales, más allá de que la rentabilidad del sector fuera menor que en la década anterior, en la que presentaban una posición de confrontación. Como sostiene Bonnet (2012), los posicionamientos de las asociaciones empresarias no pueden entenderse sólo en función de la racionalidad microeconómica. Las políticas neoliberales incluyeron la implementación de medidas largamente reclamadas por estas entidades rurales, que tratamos en detalle en un apartado anterior: a riesgo de ser reiterativos, mencionamos la desregulación de los mercados agropecuarios, la eliminación de las Juntas de Carnes y Granos, el fin de las retenciones a la exportación y otros impuestos considerados distorsivos, la inexistencia de tipos de cambio diferenciados. Se trataba de transformaciones duraderas que iban más allá del resultado inmediato de la producción.
Aún más, la forma de estas políticas es de suma importancia en este apoyo. Iñigo Carrera (2007) afirma que en la década del ’90 la producción agraria cede parte de la renta de la tierra por vía de la sobrevaluación de la moneda local, tras la fijación del tipo de cambio por la Ley de Convertibilidad. Sin embargo, en virtud de este mecanismo el Estado no aparece como responsable directo que despoja a los empresarios del agro de parte del producto. Al contrario, la acción del Gobierno parecía evitar la apropiación del producto agrario y generaba la apariencia de apropiación íntegra por el “productor”. Y eliminaba formas de intervención estatal que remitían a una historia de centralidad de la trasferencia de recursos del agro a la industria, en la que la burguesía de conjunto debía lidiar con la fortaleza de los sindicatos. El cierre de este proceso por el menemismo hacía posible la reconciliación de viejos adversarios como la SRA y el PJ.
Gracias a las reformas neoliberales, el éxito o el fracaso de las decisiones de inversión en el agro aparecía determinado por el mercado más que por el Estado. Como expresa Lattuada (2006: 140):
En el anterior régimen social de acumulación, las posibilidades de reproducción y crecimiento de las explotaciones agropecuarias estaban determinadas principalmente por unas pocas variables externas a las mismas, en buena medida definidas por un actor central: el Estado. El nivel del tipo de cambio, el nivel de retenciones a las exportaciones, y su relación con los índices inflacionarios internos y los precios internacionales de los commodities, eran decisivos en el caso de las explotaciones dedicadas a la producción de bienes agropecuarios negociables internacionalmente, así como las resoluciones de los organismos reguladores publico-privados (juntas, comisiones, etc.) para las producciones regionales. En cambio, en la nueva etapa, esa capacidad de supervivencia y desarrollo quedaba determinada por los recursos y las estrategias internas de las propias explotaciones agropecuarias, y su articulación con el mercado de bienes y servicios.
Aun cuando –como veremos en adelante– la rentabilidad del agro se deterioraba con respecto a la década anterior, la no interposición del Estado entre el productor y el mercado mundial fue decisiva para el apoyo de la SRA y CRA a la Convertibilidad y al programa de reformas neoliberales que habilitaba. La formación ideológica de estas asociaciones, basada en la defensa del libre mercado y la crítica de una intervención estatal que consideraba la causa de los males del sector (Gresores y Makler, 2004), se veía reflejada en la política de desregulación, apertura comercial y eliminación de impuestos. Finalmente, al mismo tiempo que forzaba la reestructuración del agro, la Convertibilidad facilitaba dicha reestructuración, abaratando la importación de bienes de capital e insumos y permitiendo un mayor volumen de crédito para financiar al sector.
En el próximo apartado, veremos cómo evolucionó la producción agraria bajo el período de vigencia de la Convertibilidad, para analizar posteriormente cómo se vieron afectados los pequeños y medianos empresarios del agro.
La forma neoliberal de Estado de los ’90 contribuyó a la transformación del agro. La evolución del sector bajo la Convertibilidad se caracterizó por una combinación de aumento de la productividad y deterioro de la rentabilidad agraria, con respecto a la década del ’80.1 Esta situación afectaba al conjunto de la producción agropecuaria, pero en particular a las explotaciones de menor escala, dada su diferente estructura de costos.
El volumen de producción y la productividad agraria se incrementaron notablemente. La combinación de apertura comercial, desregulación y apreciación del tipo de cambio permitió la modernización tecnológica del sector agropecuario, al abaratar la importación y ampliar la oferta de bienes de capital e insumos clave del sector. De esta manera, se produjo una aceleración del cambio técnico, sobre la base de la tecnología de siembra directa, las semillas transgénicas y los biocidas y fertilizantes asociados a ellas, así como también el aumento de la cantidad y la potencia de la maquinaria agrícola. Este era un nuevo paquete tecnológico agrario incorporado casi en simultáneo con la aparición de estas tecnologías a nivel global (Bisang, Anlló y Campi, 2008; Heredia, 2003).
Esta modernización tecnológica tuvo una amplia expansión en la década del ‘90. Como muestra Bisang (2007: 253-256), las hectáreas de siembra directa pasaron del 1,5% del total de hectáreas sembradas en la campaña 1990/91, al 44,34% en la campaña 2000/01. La soja explicaba el 56,2% de este crecimiento y se convertía en el principal cultivo del país, no sólo por aumento de los rendimientos sino también por el desarrollo de la producción en regiones extrapampeanas. La producción de soja en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Salta y Tucumán se triplicó en la segunda mitad de la década, y llegó a superar los 1,2 millones de hectáreas sembradas en la campaña 2000/2001 (Bisang, 2007: 213, 253-256). La combinación de la siembra de soja y trigo se convirtió en la forma más frecuente de este nuevo paquete tecnológico.
El aumento de la productividad agraria es ampliamente reconocido en la bibliografía. Bisang (2007: 257) muestra un incremento del rendimiento de la soja por hectárea de un 15,3% entre las campañas 1990/91 y 2000/2001, a partir de esta difusión de la siembra directa y de las semillas transgénicas. Del mismo modo, Peretti (1999: 31-35) cuantifica el crecimiento de la productividad agraria en la zona núcleo –medida como unidad de producto por hectárea sembrada – en un 21,4% entre las campañas ‘92/’93 y ‘97’/98. Como promedio anual de los períodos 1982/88 y 1992/98, la productividad se había incrementado en un 10,4%. En el mismo sentido, Lema (2009: 1), estima un aumento del 19,2% en los rendimientos por hectárea de la producción de granos en la campaña 1996/97, respecto de 1990/91. Asimismo, Schvarzer y Tavosnanska (2007a: 20) muestran que la productividad en el cultivo de soja creció más de un 20% entre los períodos 1994-96 y 1998-2000, lo que atribuyen fundamentalmente a la difusión de las semillas transgénicas.
Este salto productivo requería de un financiamiento creciente, que fue facilitado por la mayor disponibilidad de crédito en la economía, en un proceso global de ampliación de los flujos de capital financiero a los países emergentes (Bonnet, 2008; Salvia, 2009). El endeudamiento con la banca pública y privada permitió financiar la reconversión tecnológica del sector; se operó un fuerte incremento del crédito, de 152,6% en el periodo 1991-1994, que se amesetó en los años siguientes (Lattuada, 2006: 131).
Ahora bien, este salto productivo no era acompañado por un incremento de la rentabilidad agraria. La apreciación del tipo de cambio generaba una modificación de los precios relativos desfavorable para el sector, que impactaba negativamente en el poder adquisitivo de los ingresos agrarios. Wainer (2010: 170) sostiene que los precios agrarios se habían reducido en un 18% con respecto a los precios de los servicios y un 11% respecto de los precios industriales, en el período 1993-1998; es decir, sin tener en cuenta el efecto de la crisis iniciada en este último año. En el marco del proceso de reconversión del agro bajo la Convertibilidad, es necesario tener en cuenta el peso del arrendamiento de tierras en la producción. La mayor demanda generaba una presión al alza del precio de la tierra; superó el 110% de incremento en el período 1991-1998, tanto en zona maicera como triguera, lo que encarecía también los arrendamientos (Bisang, 2007: 258). Tomando en cuenta tanto la dimensión de los precios relativos como el problema de la tierra, Peretti (1999: 31-35) analiza la rentabilidad agraria a partir de los márgenes netos; esto es, después del pago de renta al terrateniente. A partir de datos del INTA, muestra que el poder de compra de los márgenes netos cayó 49,1% en el período 1992-1998, en relación con el período 1982-1988.2 Así, concluye que bajo la Convertibilidad, la aplicación de tecnología al campo (en labranzas, genética, siembra directa, etc.) no alcanzaba para sostener las ganancias sin que se operase un aumento en el tamaño de las explotaciones.
La situación del agro se agravó con el inicio de la crisis hacia fines de 1998, que restó viabilidad a las explotaciones, en particular a las de menor tamaño. El volumen de crédito al agro se reducía, mientras que aumentaba su costo. En paralelo, comenzaba una tendencia a la baja en el precio de la tierra, revirtiendo moderadamente el fuerte crecimiento anterior, lo que constituía una señal de las perspectivas negativas para el sector. La razón debe buscarse en la caída de los precios agrarios internacionales, la reversión de los flujos de capital financiero hacia los países centrales y la caída de la demanda global tras las crisis del sudeste asiático y Rusia de 1997-1998, así como en el fuerte impacto de la devaluación de real brasilero sobre la competitividad de la economía argentina (Piva, 2013; Salvia, 2011; Bulmer Thomas, 1999).
Con base en información del INDEC y el Ministerio de Agricultura, podemos ver la evolución de los precios y la rentabilidad agraria. Los precios de exportación, que habían experimentado un crecimiento significativo en la campaña 1996/97, se desplomaron desde 1997/98. Los precios de los cereales cayeron un 32,2% y los de las oleaginosas, un 31,8% en el período 1998-2001, respecto de los niveles de 1996/97.3 La Figura 1 muestra la evolución de los precios de exportación bajo la Convertibilidad:
El desplome de los precios de exportación impactaba fuertemente en la rentabilidad agraria. Como proxy de la rentabilidad, presentamos el margen bruto para la zona núcleo de cuatro cultivos: trigo, maíz, girasol y soja. Utilizamos el margen bruto, en tanto en Argentina el “productor” puede ser tanto terrateniente como capitalista, e incluso las asociaciones empresarias del agro no distinguen entre ambos (Gresores y Makler, 2004). De este modo, no es fundamental para nosotros separar empíricamente beneficio y renta. El margen bruto por hectárea de cereales como trigo y maíz se redujo desde la campaña 96/97, y el de oleaginosas como soja y girasol, inició una fuerte caída en la campaña 98/99. Para cuantificar la pérdida de rentabilidad agraria, comparemos el período que abarca las campañas 98/99, 99/00 y 00/01 (período 98-01), con el que empieza en la campaña 91/92 y finaliza en la 97/98 (período 91-98). Como promedio anual, el margen bruto del período 1998-2001 fue menor en un 49,5% para el trigo, un 32,1% para el maíz, un 51,3% para el girasol y un 29,8% para la soja, con respecto al período 1991-98.4 La evolución del margen bruto de cada cultivo se ve en la Figura 2.
La tendencia a la baja referida es compatible con la información que presenta Ghida Daza (2003: 9) con base en un relevamiento de explotaciones agrícolas del INTA-Marcos Juárez, donde la caída del margen bruto para el año 2000 alcanza un 62% en la soja y un 49,3% en el maíz, respecto de 1997; y en el trigo, la caída alcanza un 46,3% para el año 2001, respecto de 1999.
Carecemos de estimaciones de márgenes de la producción ganadera. Por ello, presentamos la evolución del precio en dólares por tonelada de las exportaciones de carne vacuna. La Figura 3 muestra los precios de exportación de carne vacuna.
Como se aprecia, entre 1998 y 2001 los precios caen todos los años, y llegan a
una reducción del 29,6%, coincidiendo con la baja de los precios de los
principales cultivos. En los próximos apartados, nos ocuparemos de la
situación de los pequeños y medianos empresarios del agro, para
introducirnos luego en las protestas agrarias.
Uno de los procesos más significativos de la reestructuración del agro bajo la Convertibilidad lo constituyó la concentración de la tierra, y con ello la desaparición de una gran cantidad de explotaciones, lo que afectó fuertemente a las explotaciones de menor escala. Como señalan Obschatko, Foti y Román (2007), el proceso de modernización tecnológica presionaba hacia una búsqueda de eficiencia que se correspondía con mayores escalas de tierras e inversión, lo que generaba al mismo tiempo un proceso de expulsión de empresarios agrarios de menores niveles de concentración. Mikkelsen (2008: 181), sostiene que entre 1990 y 2001 desaparecieron 160.000 productores en todo el país. Heredia (2003: 93) señala que más de 100.000 productores tuvieron que abandonar sus explotaciones bajo la Convertibilidad, en especial en las explotaciones de menor tamaño.
Los datos presentados por Lattuada (2006: 133-135) permiten precisar la dimensión del proceso de concentración de la tierra y desaparición de pequeñas y medianas explotaciones. En la Región Pampeana, la superficie promedio de las explotaciones pasó de 243 a 355 hectáreas, un aumento del 40,3% entre 1992 y 1997. Esto significó una importante expulsión de pequeños y medianos empresarios agrarios, con una desaparición de más de 63.000 explotaciones, un 31%. Una tendencia más definida puede verse con los datos que el autor presenta sobre el partido de Pergamino, obtenidos del CNA 1988 y del CNA experimental 1999. Entre ambos años, las explotaciones de entre 200 y 500 hectáreas se redujeron en un 15,2%, cifra que se eleva al 30,5% para las explotaciones de hasta 200 ha. El reverso de este proceso es la mayor cantidad de explotaciones mayores a las 500 ha, que crecieron un 23%, con lo que se amplió la superficie en un 25,3%, y de concentrar el 38.9% se pasó al 49.7% del total de explotaciones.
La comparación de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y de 2002 ha sido utilizada con frecuencia para describir los cambios operados en la década del ’90 y su impacto sobre los pequeños y medianos empresarios del agro. En base a esta comparación intercensal 1998-2002, Obschatko, Foti y Román (2007: 47-48), muestran una reducción en el número de explotaciones del 20,4% para el total del país, siendo esta reducción significativamente mayor en la Región Pampeana, con una caída del 30,2%. En virtud de este proceso, la superficie media de las explotaciones aumenta un 23,6% a nivel país, pasando de 424 ha en 1988 a 524 ha en 2002; en la Región Pampeana, el aumento llega al 35,7%, pasando de 325 a 441 ha entre ambos censos. La expulsión de la actividad avanzó considerablemente entre los pequeños empresarios de la Región Pampeana –productores que trabajan directamente en una explotación menor a las 500 hectáreas cultivadas, sin utilizar fuerza de trabajo no familiar permanente– con la desaparición del 23,1% de las explotaciones (Obschatko, Foti y Román, 2007: 33, 52-53). Este proceso de concentración de la tierra avanzó con más fuerza en las empresas agropecuarias pobres de la Región Pampeana –pequeños productores que carecen de tractor y no contratan servicios de maquinaria–, entre las que desaparecieron el 27,1% en la comparación intercensal 1988-2002. Esta cifra se eleva a un 40,3% en el caso de las empresas agrarias pobres de menos de 100 hectáreas (Obschatko, Foti y Román, 2007: 93-95).
La concentración de la producción agraria durante la década del ’90 constituye un dato central para Lattuada (2006: 124) en su análisis de la situación de los pequeños y medianos empresarios agrarios. Señala
[…] que la escala necesaria para la reproducción y crecimiento de las explotaciones agropecuarias había crecido sensiblemente en esa década; que la rentabilidad obtenida no permitía absorber las situaciones de endeudamiento, y que el poder adquisitivo de los pequeños agricultores se había reducido dramáticamente, incluso en los casos [en los] que la explotación se llevaba con la mejor tecnología y métodos de gestión”.
En el período 1998-2001, las condiciones más desfavorables de la crisis incrementaban la presión sobre las pequeñas y medianas empresas agrarias hacia la reconversión productiva. Con una estructura de costos menos eficiente que los grandes empresarios, los pequeños y medianos empresarios agrarios se veían afectados en mayor grado por la crisis, y se vieron crecientemente amenazados con su desaparición como tales.
El de Azcuy Ameghino y Fernández (2007) constituye un destacado trabajo sobre esta problemática. Los autores analizan explotaciones de menores escalas de tierra, según diferentes condiciones de producción y de financiamiento. Esto les permite comparar resultados según estas condiciones diferenciales. En 1999, un pequeño empresario que utilizaba tecnología de siembra directa y recibía créditos subsidiado por la banca pública tenía un margen bruto (antes del pago de renta al terrateniente) un 13,6% menor que un gran empresario, que podía contar con créditos a tasas preferenciales e insumos y contratación de labores más baratos. En tanto que un pequeño empresario sin siembra directa y con crédito a tasas de mercado para Pymes, obtenía un margen bruto un 38,6% menor que un gran empresario. Por efecto de la crisis, los márgenes netos (luego del pago de renta) se habían reducido un 75.8% para el gran empresario, un 85.5% para el pequeño empresario con mejores condiciones tecnológicas y financieras, y eran directamente negativos para el pequeño empresario con peores condiciones tecnológicas y financieras. De esta manera, la salida para estos pequeños empresarios consistía en un mayor endeudamiento, al hipotecarse, o en el arrendamiento de sus tierras a empresarios de mayor escala y su propia transformación en rentistas (Azcuy Ameghino y Fernández, 2007: 13-16).
En este sentido, las posibilidades de los pequeños empresarios de resistir la crisis –con la fuerte baja en la rentabilidad que hemos presentado y los altos arrendamientos (aun cuando empezaran a abatirse)–, y no enajenar sus activos y retirarse de la actividad, dependían de la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento para sumarse al salto tecnológico. Algo no sencillo en un contexto de menor disponibilidad de crédito al sector agropecuario y de mayores tasas de interés. Estas fuentes de financiamiento las constituyeron los “centros de servicios”, tanto en la compra de insumos como en la tercerización de labores, un proceso que ha sido denominado como “fuga hacia adelante” (Bisang, 2007).
En este período de crisis iniciado en 1998, que afecta al conjunto de los empresarios del sector, pero muy especialmente a los pequeños y medianos, se inserta el análisis de las protestas agrarias que presentamos en adelante.
En 1998 comenzó una profunda crisis económica en la Argentina. La economía argentina experimentaba una importante pérdida de competitividad de la producción de bienes a partir del estancamiento de la productividad local en términos internacionales y del cambio de las condiciones del mercado mundial tras las crisis del sudeste asiático, Turquía y Rusia.5 Este cambio incluía las devaluaciones competitivas de estos países respecto del dólar –situación agravada con la devaluación del real brasilero en enero de 1999– y la caída de la demanda global y de los precios internacionales de los commodities. Junto a ello, las condiciones de financiamiento del sector privado y del Estado se deterioraban por la reversión de los flujos de capital hacia los países centrales, y con ello la reducción del volumen de crédito disponible y el encarecimiento del mismo; además, el efecto combinado de recesión económica y aumento del costo del financiamiento deterioraba la posición fiscal, lo que hacía más difícil para el Estado cumplir con el pago de la deuda pública (Salvia, 2011).
Con la caída de los precios internacionales de las mercancías agrarias y el deterioro de las condiciones de financiamiento, el Estado reaparecía como factor sustancial del éxito o el fracaso de la acumulación en el agro. Por un lado, los bancos estatales eran los principales financistas del sector: en 1999 otorgaron el 62% de crédito agropecuario. La cartera agropecuaria sufría una alta morosidad (25%) y la disponibilidad de crédito estaba en retroceso desde 1997 (Lattuada, 2006: 130-132). Las mayores dificultades para el cumplimiento y la reducción del volumen de crédito contraponían los empresarios del agro a los bancos estatales, y por lo tanto al Estado. A ello se sumaban el aumento y creación de impuestos que afectaban al agro, con la reforma tributaria de 1998, sancionada por el Congreso. El aumento y creación de impuestos –en particular, impuestos a la renta mínima presunta, a los activos y a los intereses de los créditos tomados por empresas, o endeudamiento empresario– consumía parte de un producto agrario que estaba en retroceso, lo que facilitó la emergencia de acciones de protesta contra el Gobierno, que expresaban el descontento de los empresarios agropecuarios. La SRA estimaba el costo de la reforma tributaria para el sector en $442 millones (La Nación, 13/03/99). Esto equivalía al 2,9% del PIB agropecuario de 1998.6
En síntesis, la crisis de la producción agraria de 1998-2001 resultaba de la combinación del deterioro de la rentabilidad propio de la Convertibilidad con la caída de los precios internacionales. En estas condiciones, la recuperación de la rentabilidad pasaba a depender de una reducción de los costos de producción. Sin embargo, como efecto de la misma crisis, el crédito hacia el agro se retraía, su costo aumentaba y la morosidad crecía (Lattuada, 2006). En paralelo, la crisis generaba un aumento del déficit fiscal, que obligaba al Gobierno a equilibrar sus cuentas aumentando la presión impositiva. Es decir, el Estado y los bancos –de los que los estatales explicaban la mayor parte del crédito al agro– aparecían como dos factores internos que perjudicaban al sector en el peor momento de la década.
El inicio de la crisis modificó el escenario de los posicionamientos de asociaciones empresarias como la SRA y CRA, que asumieron un rol más crítico de la política agropecuaria, un tanto más cercano a asociaciones como la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). El ciclo de protestas agrarias de 1998-99 contó con la participación de las cuatro asociaciones empresarias, aunque hayan participado de modos y con grados de radicalidad muy diversos. Las diferencias en la acción se relacionan con la diferente situación estructural de los empresarios agrarios y con la forma en la que atravesaban el período de la Convertibilidad, que desarrollamos anteriormente. La SRA expresaba los intereses de los mayores empresarios del agro pampeano, quienes tenían más posibilidades de éxito en la reconversión productiva que demandaba la Convertibilidad, aprovechando el aumento del crédito y el abaratamiento de los bienes de capital e insumos importados. La situación estructural de sus afiliados le daba a la SRA un lugar destacado en la relación con el Estado y los empresarios de otros sectores de la economía. La SRA era el interlocutor más importante del Gobierno en el agro y el más claro defensor de las políticas neoliberales, tanto que en 1994 su presidente Eduardo Zavalía se declaraba “menemista” (Lattuada, 2006). Paralelamente, la SRA tenía un lugar en el Grupo de los 8, que reunía a las asociaciones empresarias sectoriales más importantes –junto a la SRA, como representante exclusivo del agro, se encontraban en este agrupamiento la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Cámara Argentina de la Construcción (CACon), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires– (Salvia, 2012).
Los afiliados a CRA tenían un menor nivel de concentración que los de la SRA (Palomino, 1988), una mayor diversificación territorial más allá de la zona núcleo y carecían del vínculo que esta última asociación tenía con el Gobierno y con los empresarios de otros sectores de la economía. La FAA y Coninagro nucleaban a pequeños y medianos productores y cooperativas; es decir, empresarios agrarios de menor escala, tanto en tamaño como en capitalización. En este sentido, eran el estrato del agro que sufría más dificultades bajo la Convertibilidad, y el más afectado por la crisis. Si bien Coninagro tenía un perfil político más bajo, la FAA había tenido una actitud confrontativa con el Gobierno, en especial bajo la presidencia de Humberto Volando. Como vimos anteriormente, los pequeños y medianos empresarios del agro se veían especialmente afectados en la reproducción de sus explotaciones por el aumento de la escala necesaria para sostener la explotación, en un proceso de concentración de las tierras que implicó la desaparición de una gran cantidad de “pequeños productores”, en especial de la región pampeana. Lógicamente, estas asociaciones se hallaban fuera de los agrupamientos empresarios intersectoriales más influyentes en los ’90 y tenían el vínculo más débil con el Gobierno.
Se comprende, entonces, que a mayor capacidad estructural de atravesar la crisis, mayor apoyo a las reformas neoliberales y mayor reconocimiento del conjunto del empresariado y del gobierno, la actitud de las asociaciones empresarias del agro sea de menor confrontación. E inversamente, a menor capacidad estructural de enfrentar la crisis y a mayor marginalidad política, la acción empresaria revista una mayor radicalidad. En este sentido, la SRA era la asociación empresaria menos confrontativa del sector y buscaba respuesta a sus demandas de manera más institucionalizada, al interior del sistema político, mientras que la FAA y Coninagro eran las asociaciones más radicales, y buscaban respuesta en medidas de acción directa, en tanto que CRA tenía una posición intermedia.
Por ello, la mayoría de las medidas de acción directa no contaban con la participación de la SRA, y eran realizadas por FAA, Coninagro y en varias ocasiones por CRA o sus asociadas; la unidad entre las cuatro asociaciones quedaba relegada a las reuniones con el Gobierno. En este cuadro, la posibilidad de unificar acciones terminó dependiendo del bloqueo de la vía institucional para responder a las demandas, que hacía más racional la adopción de medidas de acción directa y acercaba a la SRA a las asociaciones más radicales. E inversamente, la mayor receptividad del Gobierno a las demandas de los empresarios del sector fortalecía las vías institucionales de canalización de las demandas, y dejaba aisladas a las asociaciones más confrontativas en las acciones de mayor radicalidad.
La expresión de las demandas empresarias del agro fue cambiando con el correr de la crisis, lo que hace necesaria un periodización. En un primer período, hasta fines de 1998, se verifica cierta unidad en la expresión de las demandas al Estado, matizada por la existencia de escasas medidas de acción directa que pudieran dividir el frente agrario. En un segundo período, entre finales de 1998 y el primer trimestre de 1999, se verifica la división de las asociaciones agrarias en función de diferentes formas de acción: las corporaciones que representaban a los empresarios de menor escala –FAA y Coninagro– asumían la acción directa para negociar en mejores condiciones con las autoridades estatales, la SRA se dedicaba al lobby empresario en los distintos estamentos del Estado, y CRA pendulaba entre ambas formas de acción –plegándose a las primeras medidas de fuerza, alejándose luego de ellas como la SRA, y asumiendo un rol más radicalizado mediante algunas de sus principales organizaciones asociadas, como Cartez o Carbap–. En un tercer período, desde el segundo trimestre de 1999, las medidas de acción directa ganan espacio entre las asociaciones empresariales agrarias, incluyendo medidas unificadas de las cuatro asociaciones.
La discusión parlamentaria de la Reforma tributaria –que generaba una mayor presión impositiva– constituyó la oportunidad para el inicio de las medidas de protesta agraria. El 2 de agosto de 1998 se inició un paro de una semana organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), entidad miembro de CRA. La medida de fuerza rechazaba la creación de los impuestos a la renta mínima presunta y a los intereses de los créditos tomados por las empresas, y la discriminación en el IVA a la actividad ganadera. Tuvo un importante acatamiento y logró reducir un 50% la entrada de ganado en el Mercado de Liniers. Las asociaciones empresarias del agro se posicionaron de manera diferente ante este hecho. CRA apoyó el paro de Carbap, al igual que la FAA. La SRA, aunque apoyaba las demandas, rechazaba el método del paro y se proponía hacer lobby con los legisladores. Coninagro no asumía una posición firme en favor o en contra (La Nación, 03, 08 y 29/08/98).
A fines de agosto, se producía un momento de confluencia de las cuatro asociaciones del agro. La FAA, Coninagro y CRA acordaban realizar acciones conjuntas contra las “políticas distorsivas” que afectaban al sector. Paralelamente, estas tres entidades junto a la SRA definían establecer una mesa de trabajo conjunta, para llevar propuestas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). Más que la homogeneidad ideológica de las entidades, lo que las unía era la necesidad de fortalecerse para detener las políticas desfavorables para el agro y buscar auxilio ante la crisis. Como sostenía el presidente de CRA: “Enunciamos que ante un contexto internacional con precios deprimidos y una fuerte escalada de los subsidios, debemos ser una sola voz. Esa es la estrategia que propone el sector agropecuario”. (Marcelo Muniagurría, Presidente CRA, La Nación, 22/09/98).
Junto con el rechazo a la Reforma tributaria, las cuatro entidades criticaban la situación financiera del sector, en la que los bancos privados aumentaban las tasas de interés y los bancos públicos incrementaban los requisitos para acceder a los créditos. La SRA, CRA, Coninagro y FAA manifestaban su preocupación por el problema del crédito:
El significativo aumento de las tasas de interés y de las comisiones de los préstamos no condice con el grado de monetización y la performance de los indicadores macroeconómicos de la Argentina (Comunicado SRA, CRA, Coninagro, FAA, en La Nación, 24/10/98).
En una audiencia con el Presidente Menem, CRA llevaba los reclamos de las cuatro asociaciones empresarias del agro de generalización del IVA y reducción de su alícuota, eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta y aceleración de la devolución del IVA a las exportaciones, cuya demora se traducía en un crédito al Estado a tasa cero que llegaba a $350 millones y en el alargamiento de los plazos de pago de los exportadores al “productor” (La Nación, 07 y 21/11/98 y 18/12/98). Así, los reclamos de los empresarios agropecuarios tenían tres ejes:
-La presión fiscal, en aumento por la reforma impositiva enviada al Congreso.
-El encarecimiento y las mayores dificultades de acceso al crédito, derivadas de la crisis financiera internacional.
-El financiamiento del Estado mediante créditos impositivos tomados de las empresas por atraso en la devolución de impuestos.
Como mencionamos, la acción predominante en el período había sido el lobby ante el Gobierno y ante los legisladores, aun cuando se produjeran medidas de acción directa.
El fracaso de la política de lobby y la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso en el mes de diciembre llevaron a las asociaciones empresarias del agro a endurecer sus acciones: retomaron el método del paro, que había sido utilizado al comienzo de la crisis por una asociación de segundo grado afiliada a la CRA.
El 12 de enero tuvo lugar una Asamblea nacional en Pergamino, organizada por FAA y Coninagro, a la que se sumó CRA. Esta asamblea, que podía dar lugar a medidas del mismo alcance, reunió a 2000 “productores” rurales (La Nación, 28/12/98 y 13/01/99). Según consigna el periódico Hoy (13/01/99), la “Declaración de Pergamino” firmada por las tres organizaciones demandaba:
-Modificar los aspectos de la reforma tributaria que afectan al sector.
-Refinanciar las deudas bancarias a 20 años de plazo e implementar créditos de emergencia a tasa internacional.
-Normalizar la devolución del IVA y los reintegros a los exportadores.
-Revisar las importaciones del MERCOSUR que afectaban producciones nacionales.
-No privatizar el Banco de la Nación Argentina.
La SRA se diferenciaba de las otras asociaciones empresarias: se quedaba, al margen y debilitaba la protesta rural. Continuaba la política de lobby con funcionarios de distinto rango, apostando a moderar los efectos negativos de la reforma tributaria. Así, optaba por solicitar al Jefe de Gabinete la exención del impuesto a los intereses para los créditos menores a U$S 300 mil tomados por empresas (La Nación, 12/01/99).
La devaluación del real complicaba la situación de la producción agraria, pues afectaba las exportaciones de arroz, pollos y cerdos. La caída de los precios de soja, trigo, maíz y girasol permitía estimar una pérdida de ingresos de 573 millones de dólares para 1999 (La Nación, 30/01/99). En una reunión con el Ministro de Economía, CRA, Coninagro y FAA consideraban insuficiente la reducción de aportes patronales para la industria y la producción primaria dispuesta por el Gobierno (La Nación, 24/01/99). Los reclamos de las asociaciones agropecuarias no habían estado orientados a las contribuciones patronales sino a los impuestos a la renta mínima presunta, a los activos y a los intereses de los créditos, lo que indica el menor impacto de una baja de impuestos a la contratación de trabajadores con respecto al de una baja de impuestos al capital.7
La conflictividad continuó con las acciones conjuntas de FAA y Coninagro, sin adhesión de CRA y SRA. El 18 de febrero, FAA y Coninagro organizaron una Asamblea en Armstrong, Santa Fe, en la que demandaron precio sostén para los granos;8 el 25 de febrero, FAA y Coninagro realizaron un corte de ruta en Santa Emilia, Santa Fe, en reclamo de políticas activas (La Nación, 19 y 26/02/99). El 11 de marzo, FAA, Coninagro y Carbap realizaron una Asamblea en Junín, Buenos Aires, en la cual anunciaron la realización de un “paro nacional agropecuario”; el 13 de marzo, FAA y Coninagro cortaron la ruta 14; el 17 de marzo, FAA, Coninagro y Cartez (asociada a CRA) realizaron un masivo tractorazo con 20 cortes en Córdoba (La Nación, 12, 14 y 18/03/99).
Paralelamente, las cuatro asociaciones se reunían por separado con el Presidente Menem. Primero las más confrontativas, FAA y Coninagro; luego la SRA y finalmente CRA (La Nación, 09, 10 y 11/03/99). El Gobierno había rechazado los reclamos de las corporaciones agrarias por medio del Ministro de Economía y del Secretario de Política Tributaria, quienes habían afirmado que la rentabilidad de la producción agraria no era tan baja como afirmaban las corporaciones pues si no, hubieran colocado su dinero en el mercado financiero; y que si lo era, lo que tenían que hacer era vender sus campos (La Nación, 12/02/99). Sólo había concedido una refinanciación a 20 años de las deudas menores a U$S 150.000 en mora con el Banco Nación, con una tasa de interés del 12,5% (La Nación, 25/02/99). En las diferentes reuniones, las asociaciones empresarias expresaron como demandas:
-Eliminar los impuestos a los intereses de los créditos tomados por empresas y a la ganancia mínima presunta.
-Eliminar los impuestos sobre el gasoil
-Libre disponibilidad de los créditos fiscales por IVA a favor de las empresas.
Como puede verse, el punto más importante en los reclamos era el impositivo. Según la SRA, los impuestos a la ganancia mínima presunta y al endeudamiento empresario implicaban pagos por $442 millones anuales al Estado (La Nación, 13/03/99). Esto significaba casi 3 puntos porcentuales del producto bruto agropecuario.9
Las audiencias arrojaban resultados negativos: el Presidente sostenía que no podía modificarse la reforma tributaria ni eliminar impuestos al gasoil para abaratar su precio y que se privatizaría el Banco Nación (La Nación, 09/03/99). La inexistencia de medidas tomadas por el Gobierno posteriores a las audiencias y la fuerza de las movilizaciones realizadas por las asociaciones representativas de los “pequeños productores” mostraban que el lobby no era el camino más eficaz para canalizar los intereses de los empresarios rurales y obtener resultados favorables. Esto llevó a la CRA y la SRA a unificar acciones de protesta con las más confrontativas FAA y Coninagro. De esta manera, se llegó a la primera medida unificada de acción directa de las cuatro asociaciones empresarias del agro contra la política económica del Gobierno.
Del 19 al 21 de abril se llevó a cabo un “paro agropecuario nacional”, que unificó a las cuatro asociaciones empresarias del agro: SRA, CRA, Coninagro y FAA. Se trataba del primer look out unificado de alcance nacional bajo la Convertibilidad, una medida de fuerza que no se registraba desde mediados de los ‘70. A una escala menor, constituye un antecedente del look out agropecuario de 2008, que logró un contundente triunfo contra las retenciones móviles a las exportaciones de soja y girasol dispuesto por el Gobierno. La distancia está dada por el menor grado de coordinación de las cuatro asociaciones empresarias, en relación con la coordinación más permanente del conflicto de 2008.
Como mencionamos, el paro agropecuario fue propuesto por primera vez en la Asamblea del 11 de marzo de Carbap, Coninagro y FAA. A fines de marzo, la SRA y CRA defendían la idea de un paro sin movilización, a diferencia de Coninagro y FAA, que pretendían realizar un tractorazo (La Nación, 27 y 29/03/99). En los primeros días de abril, y tras una movilización de 10.000 personas en el norte de Santa Fe, las cuatro entidades se reunieron y decidieron la realización de un paro agropecuario sin movilización, en el que no se comercializarían carnes ni granos, concebido como la primera de tres etapas en las que la protesta conjunta aumentaría su dureza. Las siguientes etapas consistían en un paro de 10 días de duración con bloqueos en las rutas y finalmente un paro con movilización a la Plaza de Mayo(La Nación, 05, 09 y 11/03/99). Con esta medida de fuerza, SRA y CRA postergaban la política de negociaciones con el Gobierno.
La medida de fuerza paralizó el Mercado de Liniers: el día 19 ingresó el 4% de las cabezas de ganado habituales y los días siguientes la actividad fue nula. El comercio de cereales en las Bolsas de Buenos Aires y Rosario se redujo a escasas operaciones de contratos a futuro, y el ingreso de camiones cayó fuerte en los puertos de Bahía Blanca y Rosario. La medida de fuerza fue acompañada por algunos cortes de ruta (rutas 12 y 14 de Entre Ríos, autopista Rosario-Santa Fe, rutas 9 y 34 en Salta y Tucumán, ruta 11 entre Santa Fe y Chaco), retenes de controles de cargas (Pergamino), tractorazos (San Juan), asambleas y movilizaciones (Santa Fe, San Pedro), concentración a la vera de la ruta con entrega de volantes (Córdoba), suspensión de actividades de proveedores de máquinas e insumos agrarios y apagones de comerciantes (Chaco), entre otras acciones (La Nación, 20 al 22/04/99).
El “paro nacional agropecuario” tenía fuerte importancia política, como expresión del descontento del conjunto de la burguesía agraria con la política económica del Gobierno, aunque su impacto económico fuera más limitado. En este sentido, su efecto económico era posponer una comercialización de carnes y granos que se realizaría más adelante, lo que se verificó en los días siguientes con una avalancha de hacienda y cereales. En un primer momento el paro no obtuvo los resultados buscados, en tanto el Gobierno se mantenía firme en su postura de no ceder a las demandas de menor presión impositiva y mayor apoyo financiero hacia el agro (La Nación, 23 y 24/04/99). Sin embargo, la convocatoria a la segunda fase del paro agropecuario llevó al Gobierno a buscar dividir el frente agrario, y se vio obligado a ceder en su firmeza. En una reunión con SRA y CRA, y en una posterior reunión con las cuatro entidades, el Gobierno propuso una serie de medidas para el sector:
-Suspender por 180 días las ejecuciones de campos por deudas bancarias.
-Revisar el cronograma de vencimiento de impuestos del sector.
-Otorgar una línea de crédito a 5 años de plazo para deudores morosos.
-Aumentar el arancel de importación de lácteos y cerdos.
-Elevar el mínimo no imponible en renta mínima presunta de $200 mil a $450 mil.
-Eliminar 5 puntos de IVA sobre la venta de semillas.
Con estas propuestas, el Gobierno debilitó la unidad de la burguesía agraria. La SRA se despegó del nuevo “paro agropecuario”, mientras la conducción de CRA valoraba positivamente las propuestas, aunque enfrentaba la mayor dureza de dos de sus principales asociadas, Carbap y Cartez. Finalmente, el paro agropecuario fue lanzado por FAA, Coninagro y CRA, sin participación de la SRA (La Nación, 11 y 29/05/99, 05/06/99). Se produjeron más de 50 concentraciones, incluyendo los cortes de ruta en las autopistas Rosario-Santa Fe y Buenos Aires-Rosario, las rutas 12 en Gualeguaychú, 8, 11, 33 y 98 en Santa Fe, 9 en Córdoba, 5, 7 y 8 en Buenos Aires, 19 y 95 en Chaco, 38 en el límite de Salta y Jujuy, un tractorazo en la ciudad de Córdoba, un camionazo en el centro de Rosario, una concentración de 4.000 personas en San Pedro, entre otras acciones. Pese a la mayor radicalidad de las protestas, el segundo paro agropecuario tuvo un menor impacto económico y político, dada la ausencia de la SRA en la medida. En el Mercado de Liniers ingresaron más de 2.000 cabezas de ganado el primer día, más de 1.200 el segundo, y en el tercero el ingreso se redujo a 243 cabezas de ganado, cuando en el paro anterior sólo habían ingresado poco más de 500 cabezas durante toda la medida de fuerza (La Nación, 7 al 10/06/99). Por otra parte, este segundo “paro agropecuario” no fue seguido por nuevas medidas del Gobierno sino por la implementación de aquellas ya definidas con anterioridad.
La tercera etapa de plan de lucha avanzaba fogoneada por las corporaciones más críticas del Gobierno, FAA y Coninagro, que se proponían realizar la movilización a Plaza de Mayo definida anteriormente. CRA, tironeada por su principal asociada Carbap, decidía hacer una misa en Luján y buscar la adhesión de las otras entidades. La SRA se mantenía al margen de todo tipo de protestas (La Nación, 19 y 24/06/99). El Gobierno no ofrecía nuevas medidas sino que se limitaba a informar en reuniones con las asociaciones la puesta en marcha de las ya anunciadas. El carácter limitado para las asociaciones agrarias puede verse en la más importante de ellas: la elevación del mínimo no imponible. Esta medida beneficiaba a aquellos empresarios agrarios que arrendaran tierras sin ser al mismo tiempo terratenientes, dado que la propiedad de 100 ha en Buenos Aires o Santa Fe hacía superar el nuevo mínimo no imponible (La Nación, 07 y 09/07/99).
En respuesta a ello, CRA decidió sumarse a la movilización a la Plaza de Mayo impulsada por FAA y Coninagro, mientras que la SRA manifestaba apoyar los reclamos pero no la metodología de la protesta. La movilización, considerada un éxito por los organizadores, se llevó a cabo el día 21 de julio, y contó con 10 mil manifestantes, una cifra que duplicaba la convocatoria de la movilización anterior a la Plaza de Mayo, un tractorazo impulsado en 1993 por FAA y Coninagro (La Nación, 16 y 22/07/99).
El impacto político de la movilización y la cercanía de la exposición de la Sociedad Rural, donde el Presidente de la Nación tradicionalmente pronuncia un discurso ante una tribuna de grandes empresarios rurales, llevaron al Gobierno a buscar destrabar el conflicto con las asociaciones empresarias del agro. Así, ofreció una serie de medidas adicionales a las ya propuestas, que se implementarían de manera inmediata:
-Refinanciación de deudas bancarias a 20 años, con un bono del Estado por el anticipo de la moratoria (13% de la deuda), a rescatar en cuotas anuales por los deudores.
-Créditos para empresarios agropecuarios endeudados, por el 5 al 20 % de la deuda.
-Créditos por 800 millones de pesos con un subsidio de 3 puntos en la tasa de interés, para financiar la siembra y la cosecha.
-Subsidios a los peajes por 6 meses para el sector.
Con ello, el gobierno intentaba moderar el descontento de la burguesía rural sobre la base de una expansión del financiamiento y subsidios al costo de transporte de las mercancías agrarias, aunque sin modificar la Reforma tributaria que las asociaciones empresarias cuestionaban. Las medidas fueron apoyadas por los presidentes de la SRA y CRA, aunque éste dilataba una posición formal. El presidente de FAA se manifestaba conforme con la reunión aunque consideraba insuficientes las medidas, y el de Coninagro las consideraba un avance en el aspecto del financiamiento (La Nación, 26, 27 y 31/05/99).
Aun cuando hubiera críticas a la implementación de algunas medidas, y con nuevas medidas anunciadas como la reducción de impuestos al gasoil para el agro y el transporte, la opción de la acción directa empezaba a alejarse para las asociaciones empresariales rurales. De esta manera, el siguiente paro agropecuario fue convocado en soledad por la FAA y realizado sin la adhesión de las otras corporaciones desde el 12 de septiembre (La Nación, 18/08/99 y 13/09/99). La unidad de las cuatro asociaciones empresariales agrarias en medidas de acción directa se diluía por los resultados de las negociaciones con el Gobierno, y por la certidumbre de que todo otro avance sectorial debía ser arrancado a la siguiente administración.
En las páginas anteriores realizamos un examen de la situación del agro en los ’90 y de su acción en los inicios de la crisis. La Convertibilidad condujo a una reestructuración en el agro, con una incorporación de tecnología que permitió un importante crecimiento de la productividad. Este aumento de la productividad no redundó en un crecimiento de la rentabilidad, que se redujo de una manera importante en comparación con la década del ’80, lo que además facilitaba una mayor concentración de las explotaciones. Sin embargo, el agro vio acompañados la apreciación del tipo de cambio y los precios relativos desfavorables por el fin de importantes regulaciones estatales –v.gr. las Juntas de granos y carnes o las retenciones a las exportaciones–, lo que generó la apariencia de que no existía apropiación del Estado. Estos eran reclamos históricos de las asociaciones de empresarios del agro de mayor tamaño (SRA y CRA).
La crisis internacional impactaba sobre el agro mediante la caída de los precios internacionales de las mercancías agropecuarias y la necesidad del Gobierno de ampliar el financiamiento del Estado, que avanzaba sobre el “sector privado” con un aumento de impuestos. Ambos aspectos de la crisis deprimían la rentabilidad agropecuaria. Las diversas formas de acción empleadas por las asociaciones empresarias agrarias, y su diferente radicalidad, expresaban los diversos grados en que los empresarios del agro podían atravesar la situación de crisis. En particular, la mayor radicalidad de las corporaciones de empresarios de menor tamaño parece estar asociada al proceso de aumento de la superficie necesaria para la reproducción de una empresa agraria, muy significativo desde 1998. Pero en mayor o menor medida, todo el agro veía deteriorada su rentabilidad por el efecto combinado de baja de precios y aumento de costos (v.gr. impuestos que percibe el Estado nacional y costo del crédito).
Sobre la base de estas realidades, resulta comprensible que la CRA y la SRA no apuntaran a la salida de la Convertibilidad sino a mejorar la situación sectorial dentro de ella. Las demandas de la SRA y CRA se basaban en los reclamos de una menor presión impositiva –la anulación de los impuestos a la renta mínima presunta y a los intereses de los créditos de las empresas, creados por la Reforma tributaria de 1998–, de devolución de los créditos fiscales a las empresas, de reducción del costo del crédito y su mayor disponibilidad, y de mayores aranceles a la importación de productos “sensibles” a la devaluación del real brasilero. Existían también otras demandas del sector, como la reducción de los peajes y del gasoil. Todas estas demandas eran compartidas por otras asociaciones del agro, que nucleaban a “productores” de menor nivel de concentración, como FAA y Coninagro.
De esta manera, la SRA y CRA asumieron un rol más crítico de la política agropecuaria, en contraste con las posiciones asumidas previamente bajo la Convertibilidad. Este rol era más cercano a las posiciones de la FAA y Coninagro. Hemos distinguido tres momentos en la acción de estas asociaciones empresarias: en un primer momento, las cuatro entidades buscan unificar su acción en una mesa común para acercar propuestas al Gobierno de manera conjunta, con escasas medidas de acción directa. Un segundo momento, en el que las asociaciones muestran diferencias en las formas de acción, con FAA y Coninagro que asumían la acción directa, la SRA se dedicaba al lobby ante diferentes funcionarios del Gobierno, y CRA pendulaba entre ambas formas de acción. Finalmente, un momento de mayor radicalidad en la acción, que incluyó la unidad de las cuatro asociaciones empresarias agropecuarias en la organización de un “paro agropecuario nacional” contra la política agropecuaria del Gobierno, de alto acatamiento e impacto político.
En este proceso, la falta de medidas de importancia favorables al sector facilitaba una radicalización de la SRA y CRA, mientras que el éxito político de las medidas de fuerza abría la posibilidad cierta de decisiones del Gobierno que mejorasen la situación del sector, lo que ayudaba a alejar a esas asociaciones de medidas de fuerza más duras. Además, la dirigencia nacional de CRA enfrentaba internamente la mayor radicalidad de sus asociadas Cabap y Cartez, que tendía a acercarla a las asociaciones de empresarios de menor tamaño (FAA y Coninagro). El complejo mosaico de formas de acción, surgido de la presión de estas últimas asociaciones hacia una mayor radicalidad, y los cambios en la acción de la SRA y CRA, se relacionan tanto con el efecto de la crisis y el perjuicio económico causado al sector por las decisiones del Gobierno, como con la embrionaria constitución de una instancia de unificación de las cuatro asociaciones. Esta unificación se ensayó desde los comienzos de las protestas con la formación de una mesa de trabajo conjunta, aun cuando no contara con la fortaleza que obtendría la Mesa de Enlace de 2008.
En efecto, en varios momentos del proceso las cuatro asociaciones empresarias del agro se reunieron e intentaron coordinar demandas y acciones. Estos intentos de coordinación vieron su máximo exponente en el “paro agropecuario nacional” de abril de 1999, que fue decidido –tras una multitudinaria asamblea– en una reunión conjunta de la SRA, CRA, FAA y Coninagro, y fue organizado por las cuatro asociaciones. Esta medida de fuerza constituyó el momento de mayor conflictividad del sector en el inicio de la crisis, y su importancia se aprecia en perspectiva histórica, dado que no se registraría otra protesta semejante hasta el año 2008. Concebido como parte de un plan de lucha en etapas, se destacan la radicalidad y la diversidad de acciones de protesta que se desarrollaron en este “paro agropecuario”, incluyendo piquetes en rutas, tractorazos, retenes de camiones, asambleas, movilizaciones, concentraciones a la vera de las rutas, además del cese de comercialización de carnes y cereales.
La falta de una institución común a las cuatro asociaciones empresarias –como la Mesa de Enlace de 2008– facilitó que el Gobierno dividiera el frente agrario, con una serie de concesiones que permitieron a la SRA retirarse de la segunda etapa del plan de lucha. La protesta continuó organizada por CRA, FAA y Coninagro, incluyendo una gran cantidad de cortes de ruta simultáneos, además de concentraciones, camionazos, tractorazos, etc.; y finalizó en una tercera etapa con una masiva movilización a Plaza de Mayo. Pese a la mayor radicalidad de la segunda y tercera etapas, el impacto de las medidas de fuerza fue menor, dada la división del frente de asociaciones del agro.
En cuanto a sus resultados, la protesta de las asociaciones empresarias del agro tuvo un relativo éxito, al lograr concesiones del Gobierno nacional. Estas concesiones resultaban un éxito en tanto implicaban una notable modificación de la posición del Gobierno desde su dureza inicial, cabalmente expresada por el Ministro de Economía Roque Fernández, al afirmar que los empresarios agropecuarios debían vender sus campos y dedicarse a otras actividades si estaban descontentos con la situación del sector. Pero eran escasas respecto del tenor de las demandas originales, en particular en cuanto al aumento de la presión impositiva.
La imposibilidad de lograr mayores concesiones del Gobierno en esta esfera tributaria tenía que ver con la profunda crisis que afectaba desde 1998 a la economía argentina y a las finanzas públicas, que reducía notablemente los márgenes de decisión del Gobierno. Esta situación marca una diferencia significativa con el conflicto por las retenciones móviles de 2008: en este año, la existencia de un ciclo de acumulación acelerada en el conjunto de la producción de bienes y de mejora de las finanzas públicas daba mayor margen al Gobierno para otorgar concesiones, aun cuando éste resistiera fuertemente esta posibilidad. Del mismo modo, el carácter fluctuante de la unidad de las cuatro asociaciones empresarias del agro en 1998-99 hacía posible al Gobierno dividir el frente común de estas asociaciones y con ello esmerilar la protesta; mientras que en 2008 la constitución de una institución de coordinación permanente formada por las cuatro asociaciones, la Mesa de Enlace, impidió la división del frente agrario y dificultó los intentos del Gobierno para neutralizar la protesta, hasta el triunfo de los empresarios del agro con el rechazo legislativo a las retenciones móviles.
Aun con estas diferencias, las protestas de 1998-1999 y la coordinación de las cuatro asociaciones empresarias del agro constituyen un importante antecedente histórico del conflicto de 2008, el más importante de las últimas décadas en el agro argentino.
1 Entendemos por “productividad” agraria la relación entre la cantidad de producto obtenido y la extensión territorial en la que se obtiene, es decir como unidad de producto en igual extensión territorial. De manera típica, la productividad agraria se mide como cantidad de toneladas por hectárea sembrada. Entendemos por “rentabilidad” agraria la proporción de las ganancias de la explotación agraria en el valor producido. Como proxy de la rentabilidad, utilizamos dos medidas extendidas en el análisis de la producción agraria, como los márgenes brutos y netos de la explotación; se distinguen en que el margen bruto incluye la renta a pagar al terrateniente, mientras que el margen neto excluye dicha renta.
2 Los datos corresponden a una unidad de 186 hectáreas en zona núcleo, de las cuales 67% se destinaban a la agricultura y 33% a ganadería (Unidad Demostrativa Agrícola Ganadera de EEA INTA Marcos Juárez).
3 Datos de Indec, Índices de precios de exportación de rubros seleccionados, base 1993 = 100.
4 Elaboración propia sobre la base de datos del Sistema Integrado de Información Agropecuaria, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. De presentarse los datos en pesos constantes, la tendencia señalada se mantiene sin cambios.
5 Entendemos por “competitividad” la capacidad de convalidar en el mercado mundial el valor contenido en las mercancías de las diferentes economías nacionales. En cada economía nacional, las mercancías se producen en condiciones diferentes, y se homogeneizan en el intercambio en el mercado mundial. El precio internacional se expresa en una mercancía que cumple las funciones de dinero mundial, como el dólar. La expresión de los diferentes costos en esta moneda mundial implica la mediación del tipo de cambio y de las productividades de las diferentes economías nacionales. Por eso, las modificaciones en la productividad, los costos internos y el tipo de cambio modifican la competitividad de una economía.
6 Elaboración propia sobre la base de INDEC, Estimación del Producto Bruto Interno a precios corrientes.
7 En el limitado impacto de una reducción de impuestos a la contratación de trabajadores se suman el carácter capital-intensivo de la actividad agraria y el predominio de trabajo no registrado. En 1998, los asalariados registrados eran sólo el 30,2% del total de asalariados en el agro (elaboración propia sobre la base de INDEC, Cuenta de Generación del Ingreso, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura).
8 Estuvieron Agricultores Federados Argentinos, Chacareros Federados, Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, etc. Sobre la fragmentación de la representación de los pequeños empresarios agrarios, véase Lattuada (2006).
9 Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC, Estimación del Producto Interno Bruto a precios corrientes.
Acuña, C. (1995). The Industrial Bourgeoisie as a Political Actor. Argentina as a Case Study. (Tesis doctoral inédita). Chicago: University of Chicago.
Azcuy Ameghino, E. y Fernández, D. (2007). Yo acumulo, tú desacumulas, él se funde: en torno a los mecanismos económicos del proceso de concentración del capital en la agricultura argentina a comienzos del siglo XXI. Ponencia presentada en las V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios, Buenos Aires, 11-13 de noviembre.
Basualdo, E. (2010). Estudios de historia económica Argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad (2ª ed.). Buenos Aires: FLACSO-Siglo XXI.
Beltrán, G. (2007). La acción empresarial en el contexto de las reformas estructurales de las décadas de los ochenta y los noventa en Argentina (Tesis de doctorado inédita). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
Bisang, R. (2007). “El desarrollo agropecuario en las últimas décadas: ¿volver a creer?” En: Kosakoff, B. (ed.). Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007 (pp. 187-260). Santiago de Chile: CEPAL-Naciones Unidas.
Bisang, R.; Anlló, G. y Campi, M. (2008). Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en Argentina. Desarrollo Económico, Vol. 48 (N° 190-191), 165-207.
Bonnet, A. (2008). La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001 (1ª ed.). Buenos Aires: Prometeo.
Bonnet, A. (2012). Riñas en la cofradía. Los conflictos interburgueses en las crisis argentinas recientes. Conflicto Social. Año 5 (número 8), 64-122.
Bonnet, A. y Piva, A. (2013). “Un análisis de los cambios en la forma de estado en la posconvertibilidad”. En: Grigera, J. (Comp.). Argentina después de la convertibilidad (2002-2011) (pp. 3-31). Buenos Aires: Imago Mundi.
Brenner, R. (1998): The Economics of Global Turbulence, New Left Review, número 229 (Special Issue), 1-265.
Bulmer-Thomas, V. (2000). La devaluación brasileña: respuestas nacionales y consecuencias internacionales. Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe, (número 3), 79-86.
Gálvez, E. (2012). La actuación de los grandes terratenientes en las crisis económicas de 1989-1991 y 2001-2002 en Argentina, Cuadernos del CENDES, Año 29, N° 79, 79-96.
Gerchunoff, P. y Torre, J. (1996). La política de liberalización económica en la administración de Menem, en Desarrollo Económico, vol. 36 (número 143), 733-768.
Gresores, G., y Makler, C (2004). ¿Para qué sirven las corporaciones agropecuarias?, Documentos del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, (número 2), 79-88.
Ghida Daza, C. (2003). Evolución de la empresa agrícola en una economía cambiante. Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez - INTA. Recuperado de: http://anterior.inta.gov.ar /f/?url=http://anterior.inta.gob.ar/mjuarez/info/documentos/economia/evolagro03.pdf
Heredia, M. (2003). Reformas estructurales y renovación de las elites económicas: estudio de los portavoces de la tierra y el capital, Revista Mexicana de Sociología, Año 65 (número 1), 77-115.
Hopenhayn, B.; Schvarzer, J., y Finkelstein, H. (2002). El Tipo de Cambio Real en perspectiva histórica. Aportes para un debate, CESPA, Nota de Coyuntura (número 7). Recuperado de: http://web.econ.uba.ar/WAppFCE01/SendImageJPA01?Function=getFilexPOIDyfilePOID=2178
Iñigo Carrera, J. (2007). La formación económica de la sociedad argentina. Volumen I. Renta Agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004 (1ª ed.). Buenos Aires: Imago Mundi.
Lattuada, M. (2006). Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina (1ª ed.). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Lema, D. (1999). El crecimiento de la agricultura argentina. Un análisis de productividad y ventajas comparativas. Presentado en las Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. 6 y 7 de noviembre.
Lissin, L. (2010). Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. Año 3 (numero 6), pp. 1-23.
Mikkelsen, C. A. (2008). La expansión de la soja y su relación con la agricultura industrial. Revista Universitaria de Geografía, vol.17 (número 01) ,165-188.
Obschatko, E.; Foti, M. P. y Román, M. E. (2007). Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002 (2ª Edición). Buenos Aires: SAGPyA-IICA.
Palomino, M. de (1988). Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina (1955-1983) (1ª ed.). Buenos Aires: CISEA - Grupo Editor Latinoamericano.
Palomino, M. de (1988). Organizaciones corporativas del empresariado argentino: CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1965-1983 (1ª ed.). Buenos Aires: CISEA.
Peralta Ramos, M. (2007). La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006) (1ª ed.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Peretti, M. (1998). Competitividad de la Empresa Agropecuaria Argentina en la Década de los ‘90, Revista Argentina de Economía Agraria, Nueva Serie, Vol. II Nº I, 27-42.
Piva, A. (2013). Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista (1ª ed.). Buenos Aires: Biblos.
Rodríguez, J., y Arceo, N. (2006). Renta agraria y ganancias extraordinarias en Argentina, 1990-2003. Realidad Económica, (número 226), 76-98.
Salvia, S. (2009). “Estado y conflicto interburgués en la Argentina. La crisis de la Convertibilidad (1999-2001)”. En: Bonnet, Alberto y Piva, Adrián (comps.). Argentina en pedazos – Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de 2001. (pp. 189-221), Buenos Aires: Continente.
Salvia, S. (2011). El país en riesgo. Crisis financiera y gestión neoliberal en Argentina (1999-2001). Estudios (número 26), 111-124.
Salvia, S. (2012). Conflictos y alianzas de la burguesía industrial en la crisis de la Convertibilidad en Argentina (1998-2002) (Tesis de doctorado inédita). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.
Schvarzer, J., y Tavosnanska, A (2007 a). El complejo sojero argentino. Evolución y perspectivas, CESPA, Documento de Trabajo(número 10). Recuperado en: http://web.econ.uba.ar/WAppFCE01/SendImageJPA01?Function=getFilexPOIDyfilePOID=2145
Schvarzer, J., y Tavosnanska, A (2007 b). El complejo maicero argentino. Evolución y perspectivas. CESPA,Documento de Trabajo (número 11). Recuperado en: http://web.econ.uba.ar/WAppFCE01/SendImageJPA01?Function=getFilexPOIDyfilePOID=2147
Schvarzer, J., y Tavosnanska, A. (2007c). Productividad y progreso técnico y económico: términos del intercambio en el agro argentino, 1980-2007. CESPA, Documento de trabajo(número12). Recuperado en: http://web.econ.uba.ar/WAppFCE01/SendImageJPA01?Function=getFilexPOIDyfilePOID=2149
Viguera, A. (1998). La política de la apertura comercial en la Argentina, 1987-1996. Ponencia presentada en el 1998 meeting of the Latin American Studies Association. Chicago, Illinois, 24-26 de septiembre.
Viguera, A. (2000). La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996). La Plata: FLACSO-Ediciones Al Margen-Universidad de La Plata.
Wainer, A. (2010). Clase dominante, hegemonía y modos de acumulación. La reconfiguración de las relaciones de fuerza en el interior de la burguesía durante la crisis y salida de la convertibilidad (1998-2003) (Tesis de Doctorado inédita). Buenos Aires: FLACSO.
Fecha de recibido: 18 de diciembre de 2012
Fecha de aprobado: 18 de abril de 2013
Fecha de publicado: 30 de abril de 2014
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