Mundo Agrario, vol. 16, nº 32, agosto 2015. ISSN 1515-5994
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Historia Argentina y Americana

 

ARTICULO/ARTICLE

 

La expansión de monocultivos de exportación en Argentina y Costa Rica. Conflictos socioambientales y lucha campesina por la justicia ambiental

 

Felicitas Silvetti

Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
fsilveti@agro.unc.edu.ar

 

Daniel M. Cáceres

Departamento de Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
dcaceres@agro.unc.edu.ar

 

Cita sugerida: Silvetti, F.; Cáceres, D. (2015). La expansión de monocultivos de exportación en Argentina y Costa Rica. Conflictos socioambientales y lucha campesina por la justicia ambiental. Mundo Agrario, 16(32). Recuperado a partir de http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n32a08

 

Resumen
El trabajo analiza la expansión del monocultivo extractivista en Costa Rica y la Argentina en detrimento del capital natural y las poblaciones campesinas. La metodología incluyó entrevistas realizadas a campo en ambos países y consultas a fuentes documentales, periodísticas y bibliográficas. Se concluye que los conflictos ecosociales son provocados por la ausencia de un ordenamiento territorial, la escasa fiscalización estatal en materia ambiental y la alianza de los gobiernos con el capital concentrado. En este contexto, también se evidencian estrategias de resistencia de los campesinos que luchan por la justicia ambiental y la concreción de una institucionalidad socioambiental acorde con sus intereses.

Palabras clave: Extractivismo acumulación por desposesión; Servicios ecosistémicos; Justicia ambiental; Conflictos socioambientales.

 

The expansion of commodity crops for export in Argentina and Costa Rica. Socio-environmental conflicts and peasant struggle for environmental justice

 

Abstract
The paper analyzes the expansion of agricultural extractivism in Costa Rica and Argentina and its negative impacts on the natural capital and peasant communities. The methodology included interviews conducted in both countries, grey literature, press and bibliographic sources. It concludes that socio-environmental conflicts in both countries are caused by the lack of territorial planning, scant State control on environmental issues and the alliance between governments and concentrated capital. In this context, peasants are developing a series of strategies aiming at resisting capitalist expansion and fighting for environmental justice and the realization of an environmental institutionality more suitable to their interests.

Key words: Extractivism; Accumulation by dispossession; Ecosystem services; Environmental justice; Socio-environmental conflicts.

 

1. Introducción

La expansión territorial del monocultivo de piña en Costa Rica y de soja en la Argentina constituye un ejemplo de las actividades extractivas que impulsaron las políticas neoliberales en América Latina y el Caribe a partir de la década de los noventa. Este proceso se ha consolidado a través de la apropiación privada del capital natural y las posibilidades de reproducción social del campesinado. Si bien es notorio que las situaciones socioambiental de Costa Rica y la Argentina son diferentes, así como las legislaciones nacionales vinculadas a esta problemática, es interesante analizar el poder de homogenización que ha tenido el avance del agronegocio en los territorios y las situaciones de injusticia socioambiental que genera. En este contexto, también se construyen estrategias de resistencia de los movimientos campesinos que luchan por la justicia ambiental, un modelo productivo alternativo y la concreción de una institucionalidad socioambiental acorde con sus intereses. La visibilidad de esta resistencia en la Argentina y Costa Rica y el análisis de los éxitos y fracasos obtenidos tienen una importancia crucial a la hora de evaluar el futuro ambiental, social y político de los territorios.

Actualmente existe consenso en que el mantenimiento del flujo de bienes y servicios que proveen los ecosistemas es vital para el bienestar humano y en particular para las comunidades campesinas que dependen directamente de los recursos locales para su reproducción social. En su conceptualización más general, los servicios ecosistémicos (SE) son los beneficios que las sociedades obtienen de los ecosistemas y que incluyen servicios de aprovisionamiento (p.e., comida), de regulación (p.e., regulación del clima), de soporte (p.e., ciclado de nutrientes), o culturales (espirituales) (MEA, 2005). En este sentido, algunas comunidades campesinas han logrado su persistencia gracias a prácticas sociales de uso múltiple de los ecosistemas que responden a una racionalidad sociohistórica más respetuosa del mantenimiento de la estructura de los ecosistemas y de sus procesos biológicos fundamentales (Toledo, 1980; Altieri, 1991; Leff, 1994; Silvetti, 2011).

El aumento de la presión sobre los recursos campesinos observada en las últimas décadas se enmarca en un contexto de subordinación de los sistemas agroalimentarios nacionales de Latinoamérica y el Caribe a las demandas de los países centrales (McMichael, 2005). El fenómeno se refleja en la preponderancia que han adquirido la producción de materias primas para la exportación, el desplazamiento de la agricultura familiar a favor de las grandes empresas, el debilitamiento de la presencia estatal y de las organizaciones rurales y un vínculo extractivista con el medio ambiente (Rubio, 2007; Svampa, 2009)1. En este sentido, el Atlas de Justicia Ambiental (2014) pone en evidencia un aumento de los conflictos ecológicos en todo el mundo, a raíz del consumo creciente de materiales y energía por parte de los sectores sociales con mayores ingresos. Igualmente, muestra que las comunidades campesinas e indígenas se ven altamente perjudicadas por el proceso ya que no tienen el poder necesario para confrontar los intereses del capital concentrado, ni tampoco para poder acceder a una justicia ambiental que les permita hacer respetar sus derechos (Martinez Alier, 2004). Como resultado, muchas de las comunidades campesinas de los países subdesarrollados están luchando contra el accionar del agronegocio y otros actores sociales que afectan su acceso a los SE de los cuales depende su reproducción social.

Esta nueva fase capitalista es descripta por Harvey (2004) como “acumulación por desposesión”, en referencia a las políticas que sigue el capitalismo bajo gobiernos neoliberales, que buscan transferir la riqueza pública a un sector privado cada vez más concentrado. Entre la variedad de formas de apropiación, Harvey menciona el accionar del sistema crediticio y el capital financiero, la sobreexplotación y agotamiento de los bienes comunes (p.e., la tierra y el agua), la privatización de los activos públicos (p.e., las universidades, las jubilaciones, los sistemas de salud y servicios públicos como el agua potable), y el pago de royalties y otros derechos de propiedad intelectual. En este contexto, resulta relevante describir y visibilizar las estrategias colectivas que desarrolla el campesinado a fin de resistir el proceso y preservar los SE de los que depende su reproducción, frente a los intereses del agronegocio. Asimismo, también resulta importante identificar los avances que se están logrando a fin de consolidar una institucionalidad ambiental y social más justa.

1.1. El modelo extractivo

La expansión del monocultivo para exportación en los países de la región constituye un ejemplo de las llamadas “actividades extractivas” o “extractivismo” que impulsó el neoliberalismo a partir de la década de los noventa (Gudynas, 2013; Seoane, 2013). Las corporaciones transnacionales, que son los actores hegemónicos de este proceso, recibieron múltiples incentivos por parte del Estado bajo el supuesto de que constituyen la vía más rápida al progreso económico (Svampa, 2009). Para que esto ocurriera se les garantizaron la libertad empresarial, los derechos de propiedad privada y el libre comercio (Harvey, 2004). En la práctica, esto implicó la mercantilización y apropiación privada de los bienes naturales en territorios en los que la legislación ambiental es deficitaria o está desactualizada, o donde el control estatal es débil o puede manipularse en beneficio del capitalismo concentrado (Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol, 2013).

En este marco, el avance de la frontera agropecuaria generó cambios en el uso del suelo y pérdidas en la biodiversidad y en la capacidad productiva de los suelos, lo que compromete la continuidad de los ecosistemas y la producción de alimentos (Murphy, Burch y Clapp, 2012). Como consecuencia, los agricultores que producen alimentos tradicionales para el mercado interno están siendo desplazados por el agronegocio y pasan a ocupar un lugar marginal en la agenda gubernamental.

Desde el punto de vista productivo, la producción de commodities agropecuarios como la soja y la piña depende de “paquetes tecnológicos” que implican un uso intensivo de agrotóxicos con consecuencias nocivas para la salud humana y el ambiente (Kovach, Petzoldt, Degnil y Tette, 1992; Badii y Landeros, 2007; Carrasco, 2011). El objetivo es realizar pocos cultivos de alta productividad y alta homogeneidad genética para maximizar la producción y la rentabilidad, simplificando el manejo y ahorrando tiempo, a costa de un mayor riesgo climático, económico y biológico, pérdida de materia orgánica y sobre-extracción de nutrientes y agua (Viglizzo et al., 2010). Esta tecnología viene acompañada de transformaciones socio-organizativas que modifican el mapa de actores de los sistemas agroalimentarios a nivel regional y nacional, y que favorecen al capital concentrado en detrimento de la agricultura familiar (Cáceres, 2014).

Para Gudynas (2013), la noción de extractivismo en su uso actual hace referencia al tipo de actividad económica que implica una explotación de los recursos naturales en grandes volúmenes o alta intensidad, orientada esencialmente a la exportación de materias primas sin procesar, o con un procesamiento limitado. Si bien las actividades extractivistas más típicas son la minería a cielo abierto y la explotación de hidrocarburos, para este autor también deben incluirse en esta categoría los monocultivos para exportación y las actividades turísticas a gran escala. En línea con las ideas de Harvey (2004), Seoane (2013: 28) señala que el extractivismo remite al proceso social de “apropiación privada por parte de grandes corporaciones empresarias de bienes naturales que eran propiedad común o privada, servían a la reproducción social de la vida local o constituían parte del hábitat territorial”.

Desde el enfoque de la ecología política, el análisis de este tipo de actividades incluye una mirada más local que global, ya que los emplazamientos extractivistas están ubicados en territorios específicos, no necesariamente están articulados entre sí y pueden depender de diferentes redes internacionales de mercancías. Además, los conflictos y las movilizaciones sociales de resistencia se vinculan con proyectos extractivistas específicos, que afectan a poblaciones determinadas, en territorios delimitados (Gudynas, 2013). Como señala Svampa (2009), el extractivismo genera “economías de enclave” porque los emprendimientos mantienen escasa relación con el resto de las actividades económicas y reportan beneficios muy limitados a las economías regionales2.

El extractivismo involucra también una lógica de apropiación de bienes naturales a través de la violación de derechos civiles y humanos por medio de la violencia y la corrupción (Seoane, 2013). Expresión de ello son las enfermedades que produce la contaminación ambiental con agrotóxicos, las insalubres condiciones de trabajo a las que se somete la mano de obra en estos emprendimientos, el desplazamiento forzado de poblaciones y la criminalización de las protestas de aquéllos que ven vulnerados sus derechos. Para expresar esta situación, Gudynas (2013:10) propone utilizar el término “extrahección”, es decir “la apropiación de recursos naturales impuesta con violencia y quebrando el marco de los derechos humanos y de la naturaleza”. Existen ejemplos contemporáneos en Brasil, Ecuador y Perú, donde los enfrentamientos entre poblaciones locales y las fuerzas de seguridad en torno a conflictos ambientales han terminado con numerosas muertes de campesinos e indígenas (Zhouri y Laschefski, 2010). Cabe destacar que la violación de los derechos civiles es posible no sólo debido a acciones ilegales sino también a prácticas alegales3 por parte de las empresas que cuentan con la complicidad de los organismos del Estado (Gudynas, 2013).

1.2. El extractivismo en Costa Rica y la Argentina

Para Gudynas (2013), los casos de Costa Rica y la Argentina corresponderían a diferentes estrategias extractivas en virtud de contextos sociopolíticos y trayectorias históricas diferentes. Para este autor, Costa Rica se caracteriza por un tipo de extractivismo clásico que tiene sus antecedentes en la explotación bananera de décadas anteriores. Actualmente, en Costa Rica existe un sistema de producción y comercialización dominado por pocas empresas transnacionales, mientras el Estado brinda protección a las inversiones extranjeras y a las exportaciones, asignándoles bajos niveles de tributación4. En este marco, el gobierno asume que la distribución de los beneficios se logra a través de los mecanismos que impone el mercado, lo que genera un efecto de derrame en el resto de la economía (Gudynas, 2013). Un ejemplo evidente de que esta presunción no es correcta es la situación social de la región Brunca en Costa Rica, que con 100 años de explotación bananera y más de 30 años de producción de piña muestra en el año 2009 el mayor índice de pobreza del país (35,3%) (INEC, 2013). En esta región, el 73% de la población es rural, por lo que la situación de pobreza se da principalmente entre los campesinos. En contraste, la zona Huétar Norte, que presenta un desarrollo agrícola-ganadero orientado al consumo interno, ha tenido históricamente el índice de pobreza más bajo del país (17%). No obstante, se advierte en las estadísticas actuales que la situación en Huétar Norte está cambiando con motivo de la expansión del monocultivo de piña y el índice de pobreza ha ascendido al 24, 7% (INEC, 2013).

Por su parte, la Argentina se ajusta a lo que se conceptualiza como neo-extractivismo (Gudynas, 2013): la estrategia de gestión extractivista de los recursos naturales va acompañada de un conjunto de políticas redistributivas que gestiona en forma directa el Estado y que son parte de un proyecto político que busca superar las consecuencias socioeconómicas negativas de las políticas neoliberales de la década de los ‘90. Al respecto, Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol (2013) profundizan esta perspectiva y señalan que se está cristalizando en la Argentina una estrategia económico-política dual que se basa en una modalidad de crecimiento destructiva en materia ambiental, pero al mismo tiempo legitimada, justificada y/o invisibilizada socialmente a partir de la implementación de un conjunto de políticas redistributivas que le confieren a la actividad cierto grado de legitimidad social. Según Putero et. al. (2014), la intervención del Estado argentino en el sector de la economía popular a través de políticas de redistribución del ingreso ha mejorado notablemente las posibilidades de consumo de los sectores populares. Sin embargo, no se han dejado de generar transferencias hacia el capital concentrado ya que se fomenta el consumo en grandes cadenas de supermercados que incluso revenden la producción de los pequeños productores como segundas marcas5. Asimismo en el sector agropecuario, una retórica del gobierno nacional a favor de la sustentabilidad aparece junto a medidas fuertemente productivistas6, que responden a un alineamiento entre las políticas del gobierno y los intereses de los sectores más concentrados del capital agrario, en detrimento de la pequeña agricultura familiar7.

Cabe resaltar que la tensión entre ecología, economía y justicia social no es exclusiva del actual gobierno argentino sino que también ha sido señalada para otras administraciones progresistas de Sudamérica (Cáceres, 2014), como la de Evo Morales en Bolivia o la de Rafael Correa en Ecuador. Estos gobiernos han realizado avances en materia política, económica y ambiental, ante los cuales “muchas organizaciones ciudadanas tenían la esperanza de que serían los primeros pasos de reformas más profundas” (Gudynas, 2013:10). No obstante, estas contradicciones aún siguen vigentes, sin que se visualice una estrategia para resolverlas en el mediano plazo.

2. La expansión del agronegocio en la Argentina y Costa Rica. Principales impactos socioambientales

La expansión de la frontera agropecuaria vinculada al monocultivo en Argentina y en Costa Rica afecta a grandes superficies, con efectos ambientales y sociales negativos que reconfiguran los territorios. También impacta en forma directa o indirecta sobre áreas de vegetación nativa y espacios de conservación. En las últimas décadas, ambos países muestran una aceleración inédita de este fenómeno, con importantes consecuencias para su futuro ambiental, social y político. A continuación, sintetizamos los aspectos más relevantes.

2.1. El caso de la Argentina

La Argentina es el tercer exportador mundial de soja, detrás de los Estados Unidos y Brasil, y el primer proveedor internacional de aceite y harina de soja. Se exporta alrededor del 96% de la producción de soja a China (poroto y aceite de soja), la Unión Europea (harina y pellet de soja), India (aceite de soja) y Estados Unidos y la Unión Europea (biodiésel) (Pontón, 2008). Entre las campañas 1990/1991 y 2011/2012, de las 14,4 millones de hectáreas que se incorporaron a la producción a nivel nacional, el 95% fueron dedicadas al cultivo de soja (Zeolla, 2013). La producción de soja pasó de 12,4 millones de toneladas en 1995/96 (con una superficie implantada de 5,9 millones de hectáreas) a 48,3 millones de toneladas en la campaña 2012/13 (con una superficie implantada de 19,7 millones de hectáreas) (Zeolla, 2013). Se estima que existen aproximadamente 70.000 productores de soja en el país y que, de ellos, sólo 1.700 producen el 50% de la soja (Bragachini et al., 2011). En el año 2013, el complejo sojero generó un ingreso por US$ 23.000 millones en concepto de exportaciones (http://www.opex.sig.indec.gov.ar). Es además un sector económico de gran relevancia fiscal, debido a los ingresos generados por los impuestos a la exportación (Zeolla, 2014).

La etapa de crecimiento acelerado de la superficie sembrada con soja se inició a partir de 1996, con la introducción de un nuevo paquete tecnológico que incluye la siembra directa, el uso de semillas de soja transgénicas resistentes al glifosato y agroquímicos (Cáceres, 2014). La expansión también está acompañada de un cambio en la organización de la producción que impulsó una creciente separación de la propiedad de la tierra de quien desarrolla las actividades productivas, lo que se traduce en una masiva contratación de servicios (Bisang y Sztulwark, 2005). El aumento de la escala productiva a través del arrendamiento de tierras y el uso de contratistas para realizar las principales tareas agropecuarias (i.e., siembra, pulverizaciones y cosecha) fueron dos de las principales innovaciones gerenciales observadas durante los últimos años (Gras, 2009). Esto permitió minimizar costos y maximizar beneficios económicos. Aunque existen formas distintas de implementar estas innovaciones, son los pools de inversión en agronegocios y los grandes productores los que se encuentran en mejores condiciones de aprovechar tanto las innovaciones tecnológicas como las gerenciales (Cáceres, 2014). En este contexto, para muchos pequeños propietarios resultó más rentable abandonar la actividad y optar por arrendar sus campos a grandes productore, incorporando sus pequeñas parcelas al cultivo de soja a gran escala (Zeolla, 2013). Asimismo, el aumento en el precio de los arrendamientos se transmite al resto del sector, lo que obliga a productores de otras actividades a pagar arrendamientos medidos en quintales de soja; ello eleva los costos del sector, lo que repercute en el precio de venta de los alimentos y genera presiones inflacionarias (Zeolla, 2013)8.

Pincén, Viglizzo, Carreño y Frank (2010) señalan que, si bien el proceso de sojización ha sido heterogéneo ya que depende de las características agroecológicos y socioeconómicas de las diferentes regiones de la Argentina, tiene como común denominador su efecto concentrador: (a) menos actores; (b) aumento de la escala (menos y más grandes unidades de manejo); (c) especialización (distintos actores se dedican a aspectos específicos de la producción); y (d) homogenización productiva (modelos tecnológicos productivos que se difunden rápidamente y reducen la heterogeneidad productiva y la biodiversidad con una importante pérdida de hábitats valorados por la sociedad).

Por otra parte, el incremento del área cultivada con soja resulta también en un cambio en el uso del suelo. Según Pengue (2009), entre el 2000 y el 2005 la soja transgénica ocupó 4,6 millones de hectáreas que anteriormente se habían dedicado a otros cultivos en la región pampeana (i.e., maíz, girasol, arroz, trigo). Pero los cambios sociotecnológicos favorecieron también un proceso de expansión hacia zonas extrapampeanas (Teubal, 2003; Zarrilli, 2008; Viglizzo, 2011; Cáceres, Silvetti, Díaz, Calvo y Quétier, 2009; Cáceres, 2014). En estas regiones, el proceso entra en conflicto con la producción regional, ya que afecta la fertilidad de los suelos y expulsa a miles de trabajadores temporarios9 y pequeños productores familiares (Rofman, 1999; Barsky y Fernández, 2008; Cáceres, Silvetti, Díaz, Calvo y Quétier, 2009, Cáceres, 2014)10. El proceso de sojización demandó una mayor utilización de tierra, lo que encareció su precio y generó numerosos conflictos en torno a su acceso y uso, sobre todo entre campesinos e indígenas que poseen títulos precarios de tenencia de la tierra (REDAF, 2010; Gigena et al., 2013).

El avance de la soja también generó la deforestación en amplias zonas de bosque nativo que se incorporaron a la producción extensiva en las principales provincias sojeras del país (Pengue, 2009; Viglizzo, 2011). El mayor impacto ecológico de la expansión de la soja en Argentina está directamente relacionado con la creciente deforestación, la intensificación ganadera y el desplazamiento de la ganadería extensiva desde zonas pampeanas hacia las zonas extrapampeanas (Viglizzo, 2011). Según Carreño y Viglizzo (2010), el avance de la agricultura y la ganadería sobre los bosques nativos se traduce también en la pérdida de una variedad de SE, en particular la pérdida de fertilidad física, química y biológica de los suelos (Agüero y Véliz, 2012; Viglizzo y Frank, 2010; Frank y Viglizzo, 2010), y en un aumento en el uso de agroquímicos, lo que aumenta los riesgos ambientales y para la salud humana11.

En síntesis, las transformaciones productivas derivadas de la expansión de la soja tanto en las áreas pampeanas como extrapampeanas de la Argentina debilitaron las actividades económicas regionales tradicionales, expulsaron mano de obra a los centros urbanos y redujeron la oferta de alimentos (Rofman, 1999; Zeolla, 2013).

2.2. El caso de Costa Rica

Por su parte, a partir del año 2000 Costa Rica experimentó la expansión del monocultivo de piña y se convirtió en el primer exportador mundial. Como mencionamos más arriba, esta expansión fue precedida por cambios políticos y económicos que favorecieron a los cultivos de exportación, en un contexto de libre mercado, liderado por empresas multinacionales. El volumen total de producción nacional de piña pasó de 1.073.870 toneladas en 1999 (SEPSA, 2001) a 2.484.729 toneladas en el 2012 (SEPSA, 2013). La fruta fresca se exporta principalmente a Estados Unidos y a la Comunidad Europea, y genera exportaciones por U$S 816 millones en el 2013 (PROCOMER, 2013). Actualmente, el sector sufre una sobreproducción de piña a nivel mundial, lo que provoca una baja de los precios, que afecta sobre todo a pequeños y medianos productores que se endeudaron para adquirir el paquete tecnológico requerido para alcanzar los estándares de tamaño y calidad que el mercado internacional exige. Las exportaciones también se vieron afectadas por la crisis financiera internacional del 2007 y las crisis alimentarias del 2008 y 2009, que elevaron el precio de los cereales y produjeron la reducción de las exportaciones (MAG, 2011).

La producción de piña involucra en Costa Rica a 1.330 productores, de los cuales 1.200 son pequeños, 95 medianos y 35 grandes empresas (SEPSA, 2013). Según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del área total en producción (42.000 hectáreas) el 35% pertenece a comercializadoras y el 65% a productores independientes, incluyendo varias cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos productores. Es importante señalar que los pequeños productores sólo cosechan el 4% de los 2 millones de toneladas de fruta que se cosechan anualmente en el país y están obligados a vender a las transnacionales exportadoras, que les compran sólo cuando tienen demanda insatisfecha. En consecuencia, las empresas tienen poder para imponer la forma de producción y además fijan el precio (Aravena Bergen, 2005). Al igual que en el caso de la soja, la expansión de la piña va acompañada por un proceso concentrador de la tierra, aunque no existen datos oficiales actualizados que permitan valorar la magnitud de este proceso.

El proceso expansivo de la piña vino de la mano de la adopción de un paquete tecnológico insumodependiente y de innovaciones organizativas en la producción, semejante al que acompañó a la soja. La multinacional Pindeco12 introdujo en el 2001 la variedad de piña dorada MD213 junto a un paquete tecnológico dependiente de agroquímicos, lo que provocó un aumento de la productividad del cultivo y del área cultivada (Acuña González, 2005; SEPSA, 2001). Desde entonces, Pindeco ha comprado grandes extensiones de tierra en la zona sur de Costa Rica (Bonatti, Borge, Herrera y Paaby, 2005), favorecida por la baja rentabilidad en la producción agrícola y pecuaria tradicional. En los años posteriores se produjo una rápida extensión de la piña a las regiones Atlántica y Huétar Norte de Costa Rica en detrimento de las producciones tradicionales14. En el año 2003, se creó la CANAPEP con más de 20 empresas asociadas15.

De esta manera, el área cultivada pasó de 12.500 hectáreas en el 2000 a 42.000 hectáreas en el 2012 (SEPSA, 2001; 2013). Aunque de acuerdo a cálculos de varias organizaciones ambientales, las hectáreas dedicadas a la piña superan ampliamente los datos oficiales y la expansión continúa sin una planificación adecuada por parte del Estado (Chacón, 2012a). Actualmente, el 52% de la producción se concentra en la zona norte del país. El resto se distribuye en la zona del Caribe (32%) y la zona del Pacífico Central (17%) (SEPSA, 2013).

El cultivo de piña se expande sobre áreas donde se habían desarrollado previamente otras actividades agrícolas y pecuarias. En la zona norte, los terrenos eran utilizados para plantaciones de yuca, ñame y otros tubérculos, para la producción de leche y cría de ganado. También existían algunas plantaciones de piña tradicional en manos de pequeños y medianos productores. En la región Atlántica predominaban las plantaciones de banano y la ganadería. Actualmente, ambas zonas son las que más intensamente han aumentado los cultivos de piña con la presencia de grandes empresas transnacionales (Aravena Berger, 2005). A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde la expansión de soja afecta áreas de bosques nativos, el cultivo de piña se expandió sobre áreas ganaderas que habían sido previamente abandonas y colonizadas por el bosque secundario.

Según estimaciones oficiales, la actividad piñera genera 25.200 empleos directos y 60.000 indirectos (MAG, 2011). Los conflictos laborales entre las empresas y los trabajadores son frecuentes debido a que la mayoría de estos son inmigrantes ilegales nicaragüenses sometidos a condiciones precarias de trabajo, denunciadas reiteradamente por el Sindicato de Trabajadores de la Piña16 y otras organizaciones académicas y sociales (Acuña González, 2005; Hernández González, 2007; ICCO, 2009). Cabe señalar que este es el aspecto más controvertido del proceso ya que la agroindustria piñera genera una fuente importante de trabajo en un contexto de crisis de las producciones tradicionales, aunque en condiciones de explotación e ilegalidad de la mano de obra. Constituye además una de las principales razones por las cuales los municipios han evitado avanzar en la discusión local sobre los planes de ordenamiento territorial, como analizaremos más adelante. Incluso quienes resisten la expansión de la actividad piñera expresan claramente que no se oponen a la actividad en sí mientras las empresas respeten los marcos legales vigentes.

Los impactos ecológicos de la expansión de la piña MD2 están vinculados a todo el ciclo del cultivo. La preparación del terreno genera erosión hídrica que se produce por el uso de prácticas intensivas de labranza en suelos con importantes pendientes y que permanecen sin cobertura durante el ciclo de producción. La erosión acarrea sedimentos que se depositan en cursos y cuerpos de agua cercanos a las fincas piñeras (Quijandría, Berrocal y Pratt, 1997; Berscht, 2004; Corrales, 2013). Durante el ciclo productivo se produce también la contaminación del aire y el agua por el uso excesivo de agrotóxicos (Castillo et al. 2012; De la Cruz et al., 2004). En la postcosecha, la descomposición de los rastrojos actúa como un lugar de incubación para poblaciones de la mosca del establo (Stomoxys calcitrans) que ataca al ganado y genera un estrés extremo que impide el aumento de peso de los animales, como así también abortos y otras complicaciones (Solano, 2013). Aunque en menor medida, esta plaga ataca también a los seres humanos.

Merece especial atención el impacto del cultivo de piña sobre las áreas naturales de conservación, que en Costa Rica representan una importante superficie y constituyen una de las principales fuentes de ingresos a través del turismo17. Al respecto, el XIX Informe sobre el Estado de la Nación expresa que “una idea equivocada es que la conflictividad ambiental es un asunto de espacios privados y que las áreas protegidas están consolidadas” (Corrales, 2013: 179). Según este informe, los conflictos socioambientales y las acciones colectivas de protesta en torno a estas áreas han ido creciendo desde el año 2010 y las denuncias sobre los impactos negativos que genera la expansión de la piña ocupan un lugar destacado.

Entre las respuesta oficiales a los numerosos informes y denuncias de organizaciones comunitarias, el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) e incluso investigaciones periodísticas de la prensa extranjera18, se constituyó en el año 2013 una “Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña”19 para propiciar el diálogo entre los principales actores del sector. No obstante, la preocupación fundamental de este proceso fue centrar la atención del mercado internacional en las buenas prácticas productivas de las grandes empresas certificadas, pero no logró avanzar en la resolución de los problemas estructurales y de inequidad que comporta la producción de piña en el país.

3. La resistencia campesina al despojo en Argentina y Costa Rica

Tanto en el centro de la Argentina (provincia de Córdoba) como en el norte de Costa Rica (Región Huétar Norte), la frontera agropecuaria ha avanzado aceleradamente en las últimas dos décadas: ha afectado los espacios y seriamente a las comunidades campesinas y a la vegetación nativa, y ha impuesto una territorialidad diferente de la preexistente. El análisis comparativo entre estas dos regiones permitirá visualizar la naturaleza e intensidad de los conflictos ecológicos-distributivos, las características de los movimientos campesinos de resistencia, el eje de sus protestas, sus principales estrategias de resistencia y su capacidad para instalar una institucionalidad ambiental diferente, acorde con sus intereses frente al poder dominante.

3.1. La lucha campesina por la tierra y los SE en la provincia de Córdoba (Argentina)

La provincia de Córdoba constituye uno de los más dramáticos ejemplos de deforestación en la Argentina (Zak, Cabido, Cáceres y Díaz, 2008; Hoyos et al., 2013; Cáceres, 2014). Su principal causa está en el proceso de sojización (Hocsman y Preda, 2005; Britos y Barchuk, 2008, Cáceres, Ferrer, Soto, Silvetti, y Bisio, 2010) y en el corrimiento de las áreas de ganadería bovina extensiva hacia zonas de bosque nativo (Calvo, 2006; Silvetti, 2013). Actualmente, se estima que, de las 12.000.000 hectáreas originales de bosque nativo que poseía la provincia de Córdoba, queda menos del 5% (COTBN, 2009).

Entre 1988 y 2002, en la región ganadera del noroeste de la provincia el proceso de penetración capitalista se refleja en una fuerte concentración de las explotaciones, dada por la desaparición creciente de los establecimientos de menos de 1.000 hectáreas (hasta un 51%) y un aumento de los más grandes (hasta un 84%). Simultáneamente, en esta zona aumentaron un 52% la superficie de cultivos anuales y un 162% los cultivos forrajeros perennes (CNA, 2002). Estos dos valores reflejan el avance de la agricultura y de la ganadería empresarial por sobre la ganadería tradicional, vinculada al sector campesino y a los productores familiares (Hocsman y Preda, 2005; Bisio, Cáceres, Silvetti, Ferrer y Soto, 2012; Silvetti, 2013).

Ante el avance de la frontera agropecuaria, muchos campesinos capricultores han sido desalojados de sus tierras, han vendido sus fincas a los agricultores o emigran ante la imposibilidad de mantener las aéreas de pastoreo que sostenían la ganadería menor (Bisio, Cáceres, Silvetti, Ferrer, y Soto, 2012; Ensabella y Adamo, 2012; Silvetti, 2012; Cáceres, 2014). Acorraladas por la soja, muchas familias campesinas no han encontrado otra salida que desplazarse hacia centros urbanos donde sobreviven con dificultad con empleos precarios y la ayuda de planes asistenciales del Estado (Cáceres, Ferrer, Soto, Silvetti y Bisio, 2010; Silvetti, 2011). Como estrategia colectiva, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se ha movilizado para luchar por la protección del bosque nativo, por la tierra y el agua, y por la defensa de sus derechos sobre el territorio (Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol, 2013). Tan sólo en el norte de la provincia de Córdoba, el MNCI identificó aproximadamente 100 conflictos por la tierra (Aranda, 2011). Algunos han llegado a una instancia judicial, exigiendo que se respeten los derechos ancestrales de las comunidades sobre la tierra20 y la preservación de los SE que presta el bosque nativo como área de pastoreo para el ganado caprino y bovino. La estrategia de empoderamiento de la organización campesina está sustentada en la universalización de algunos aspectos del conflicto a fin de lograr el apoyo de otros sectores sociales. Los esfuerzos se orientan a que la problemática campesina adquiera visibilidad por medio de su divulgación en los medios de comunicación y la organización de eventos públicos a fin de sensibilizar a la población.

En este marco, un precedente a favor de los derechos ancestrales de los campesinos sobre la tierra fue el caso de la comunidad de El Chacho en el Norte de Córdoba. Allí, un empresario reclamó como propio un campo de 2.700 hectáreas que utilizaban en forma comunitaria 40 familias campesinas y las acusó de usurpación, exigiéndoles el pago mensual por el pastoreo de los animales. El conflicto fue a juicio civil y en el 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba falló a favor de los derechos campesinos, por entender que se trataba de una posesión “comunitaria” de la tierra (Aranda, 2011a). Sin embargo, este tipo de fallos no son frecuentes, ya que a menudo las demandas campesinas no son aceptadas por los tribunales (Romano, 2011).

No obstante este éxito sobre los derechos sobre la tierra, el mismo no se traduce en un hecho de justicia ambiental para las comunidades campesinas, ya que poco se ha avanzado en la preservación de los SE que provee el bosque nativo. Por el contrario, el agronegocio continúa desmontando en la provincia, disminuyendo la biodiversidad y generando procesos de desertificación en detrimento de las posibilidades de supervivencia de los campesinos21. El objetivo del empresariado es ampliar las superficies de pastoreo a través de la remoción de los arbustos, los cuales constituyen la principal base forrajera de los caprinos y bovinos que sostienen las economías campesinas de los departamentos del norte y oeste de la provincia, donde esta población es mayoritaria (COTBN, 2009). Por ello, es importante diferenciar el reconocimiento legítimo de los derechos sobre la tierra, de la defensa de los SE de los cuales depende su subsistencia. Mientras los campesinos no puedan defender en la práctica el avance sobre el bosque nativo y las áreas de pastoreo, de poco les sirve la defensa de la tierra, salvo que sea a costa de una transformación negativa de su modo de vida.

Desde el punto de vista de la intervención del Estado sobre esta problemática, en el año 2007 se sancionó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331)22, que abría la posibilidad de realizar una discusión participativa sobre el ordenamiento territorial en las provincias y potencialmente generar un marco normativo capaz de garantizar la defensa de los bosques y la permanencia de las poblaciones campesinas23 (Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol, 2013). La discusión que generó el proceso de ordenamiento territorial en la provincia de Córdoba constituye un ejemplo de la lucha entre sectores campesino-ambientalistas y ganadero-empresariales en torno a intereses de naturaleza socioambiental (Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol, 2013). Sin embargo, durante el proceso la correlación de fuerzas se inclinó a favor de los sectores ganadero-empresariales, interesados en ampliar las áreas de ganadería en la provincia, desplazadas por el cultivo de soja. Finalmente, en 2010 se sancionó la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba (Ley 9.814). Esta ley, que favorece los intereses de agricultores y ganaderos ligados al agronegocio, expresa la capacidad de lobby de los sectores más concentradores del capital, a pesar de que los sectores campesino-ambientalistas trabajaron durante dos años para lograr una normativa ambiental y socialmente más justa. El triunfo del agronegocio puso en evidencia de qué manera un nuevo marco jurídico regulatorio sobre la cuestión ambiental no se traduce en la consolidación de nuevas alianzas político-sociales provinciales que permitan el avance hacia un modelo de desarrollo alternativo sino que, por el contrario, consolida viejas alianzas tras un modelo agropecuario que promueve las actividades extractivistas como base del crecimiento económico.

3.2. La lucha campesina por el agua en la Región Huétar Norte (Costa Rica)

La expansión del monocultivo de piña en la Región Huétar Norte en Costa Rica se produce no sólo por el establecimiento de grandes empresas piñeras sino también por la adopción del nuevo paquete tecnológico por parte de muchos pequeños y medianos productores. Esto se vincula con las buenas condiciones climáticas de la zona que permiten prescindir del riego artificial y con los incentivos a las actividades de exportación establecidas por el gobierno en las últimas décadas (OMC, 2013).

En Huétar Norte, la piña MD2 desplazó a centenares de hectáreas de producción de leche y granos básicos, principalmente maíz y frijol, y de piña tradicional (variedades Monte Lirio y Cayena) (Aravena Berger, 2005). Además, generó un aumento de la presión de las empresas piñeras sobre las tierras de las colonias campesinas creadas en el marco de la gestión del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA-INDER)24 y el establecimiento de empresas en las cercanías de las viviendas, escuelas y salones comunitarios, lo que afectó negativamente la vida cotidiana. En consecuencia, la venta de terrenos por parte de los productores es cada vez más frecuente porque los precios de las fincas aumentan, o porque los pequeños productores se endeudan y deben vender a precios bajos. A diferencia de las comunidades de la zona del Caribe, que desarrollaron una experiencia organizativa más profunda con motivo de la resistencia a la explotación de las empresas bananeras, las comunidades de la región Huétar Norte están dando sus primeros pasos en construir alguna organización que les permita oponerse a la expansión piñera. Para algunos autores, en esta región ha emergido un fenómeno de “enverdecimiento” de las organizaciones sociales rurales porque a los reclamos por tierra, salud, educación e infraestructura que se arrastran desde la década del ´60 se suman las demandas ambientales (Cordero Ulate, 2011).

En este sentido, un eje articulador de la resistencia campesina es la problemática del saqueo del agua. Según Taddei (2013), esto implica una apropiación privada del recurso por parte de un actor poderoso a través de dos mecanismos principales: la sobreexplotación del agua por actores privados y/o su contaminación. En Costa Rica se dan en forma simultánea ambas modalidades, lo que limita el acceso campesino a un recurso clave. Esto incluye no sólo el agua relacionada con las actividades productivas sino también sus usos vinculados a las otras actividades y necesidades de las que depende su reproducción social.

La ley de aguas en Costa Rica tiene 50 años y se observa una gran superposición de organismos del Estado que tienen competencia sobre su fiscalización. Las demandas de la sociedad por una ley actualizada, que institucionalice el agua como un derecho humano y garantice su gobernabilidad, son interpretadas por la Cámara Empresaria de Costa Rica como una amenaza a la competitividad. En el Informe anual (2011-2012), su presidente expresa lo siguiente:

Actualmente el Plenario Legislativo se encuentra discutiendo un proyecto de ley para reformar el artículo 50 de la Constitución Política, que agrega el agua como Derecho Humano, proyectos que como aparecen redactados actualmente, resultan lesivos para nuestro sector. Como ustedes recordarán, la CNAA ha combatido estas iniciativas porque en su diseño y redacción actual son omisas en nuestras sensibilidades y perjudican directamente nuestro sector. Sin embargo, percibimos un fuerte interés político para aprobar algún proyecto sobre agua, por lo que si no participamos en su seguimiento técnico y político, podríamos lamentarnos posteriormente de una fuerte pérdida de competitividad (Sáenz Alborío, 2012: 5).

Costa Rica se encuentra entre los países con más alto uso de agrotóxicos de la región y del mundo (Sanz Bustillo, Pratt y Pérez, 1997; OPS, 2003; Ramírez, 2011; Castillo et al., 2012; Ramírez, Bravo y De la Cruz, 2012)25. Estos plaguicidas generan contaminación del agua de los acueductos y del agua subterránea, por infiltración, lixiviación a través del subsuelo, contaminación puntual debido al manejo inadecuado de recipientes, accidentes o fugas en sistemas de almacenamiento (Castillo et al., 2004). Al respecto, un informe oficial sobre la calidad del agua en Costa Rica reconoce que existe poco control y vigilancia por parte del Estado sobre la calidad del agua potable de los sistemas rurales26 y sobre la calidad de las aguas subterráneas, sobre todo en lo referente a su contenido de plaguicidas (DFOE, 2013). Si tenemos en cuenta, además, que una amplia proporción de la población rural de Costa Rica aún se abastece con agua subterránea a través de pozos artesanales se explica la relevancia que la población campesina le asigna al problema.

Un caso que marcó la orientación de las estrategias de las luchas campesinas en el país fue el de la contaminación del agua en el cantón caribeño de Siquirres por parte de la empacadora piñera Del Monte. Debido a las denuncias presentadas por la población y a estudios realizados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad de Costa Rica (Castillo y Ruepert, 2004; De la Cruz et. al., 2004) y corroborados por el Laboratorio Nacional de Aguas (Sequeira, 2007; Arellano et al., 2009), se constató la presencia de porcentajes no permitidos de Bromacil, Diurón y Tradimefón (agrotóxicos que se emplean en el cultivo de piña) en el agua del acueducto del cantón. Ante este grave problema, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) inició el suministro de agua potable a las comunidades mediante camiones cisterna, y se comprometió a contratar un estudio hidrogeológico para caracterizar y delimitar la zona contaminada y a la construcción de un nuevo acueducto. Ninguna de estas últimas cuestiones se ha implementado hasta ahora y tampoco se intentó limitar o regular la expansión piñera en la zona.

Ante las estrategias paliativas implementadas por los organismos estatales responsables, las municipalidades del norte del país impulsaron la declaratoria de moratorias al cultivo de piña. Para ello se apoyaron en la autonomía de los gobiernos locales27, el fundamento técnico y legal que les brindó el Programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica28 y la articulación con el FRENASAPP. Las organizaciones de la sociedad civil y las municipalidades de la región expresaron públicamente y ante los organismos pertinentes sus preocupaciones acerca de los impactos ambientales de la actividad, tales como el cultivo en suelos con pendientes elevadas, la destrucción de quebradas y acuíferos y la contaminación del agua. En este proceso no estuvieron ausentes las presiones de todo tipo sobre las comunidades locales, los líderes ambientalistas e incluso algunos funcionarios nacionales involucrados29.

El sector empresario, mediante la CANAPEP, reacciona a la declaratoria de las moratorias al presentar, en el 2012, un recurso de amparo ante la Sala IV Constitucional. El argumento que sustenta la presentación empresarial es que la moratoria “viola la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela efectiva y la garantía de reserva legal en materia de restricción al ejercicio de los derechos fundamentales” (Chacón, 2012). Finalmente la Sala IV revoca las moratorias municipales en el 2013, en un claro apoyo al sector empresarial.

Es importante destacar que las municipalidades no tienen un criterio consensuado acerca de seguir la vía de las moratorias. Algunas expresan dudas sobre la necesidad de limitar a las empresas piñeras, debido a que constituyen la principal fuente de trabajo para la mano de obra rural en un contexto de crisis de las producciones tradicionales. Así, en la región Huétar Norte, si bien se suceden las denuncias por daños ambientales y en algunos casos se inhabilita o multa a las empresas por tales perjuicios30, los pobladores sostienen que en realidad continúan funcionando bajo la mirada cómplice de los ayuntamientos locales.

La problemática del monocultivo de piña excede por mucho al poder de decisión local. Los mecanismos implementados por el gobierno central para facilitar la aprobación y expansión de la actividad piñera son una verdadera contrapolítica a las organizaciones sociales, e incluso violan las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica. Esta establece que los emprendimientos piñeros deben ser avalados por informes de impacto ambiental aprobados por la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y éstos, a su vez, aprobados por los Municipios en audiencias públicas. Estas condiciones no se cumplen en ningún caso y cada vez son más débiles los mecanismos institucionales de control de la viabilidad ambiental de los proyectos y de la posterior fiscalización del accionar de las empresas piñeras.

Refiriéndose a esta problemática, el alcalde de la Municipalidad de Upala (región Huétar Norte) expresa los alcances políticos del problema a nivel local-global y sus contradicciones:

De nada vale que nuestro país crezca exportando piña, porque nuestra macroeconomía está creciendo por más que nuestra microeconomía no. Tenemos la piñera y a la par está rodeada de pobreza. La riqueza no viene de regreso. La empresa es necesaria para la economía, y como ustedes [los vecinos] lo dijeron: “No es que no queremos la piña; sí la queremos, respetando el medio ambiente, la salud, generando empleos de calidad”. Pero más allá de la piña, el problema es el modelo de país que tenemos. Tengámoslo en claro: las zonas agrícolas del país, los agricultores no somos prioridad. Hasta que el país construya otra alternativa y diga: “Vamos a construir otro país partiendo de las personas y no de la macroeconomía”. (Declaraciones del Alcalde del Municipio de Upala en sesión pública, junio 2013).

Al igual que en la Argentina, esta situación dificulta la discusión sobre los planes de ordenamiento territorial que ordena la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica en su Capítulo IV, “tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente” (artículo 28), y que requieren “promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada” (artículo 29). Pero sólo el 10% de los municipios tienen aprobados sus planes reguladores y no están ubicadas en las zonas de mayor expansión piñera. Con un tono crítico, se manifestaba sobre este problema uno de los alcaldes municipales:

La gobernabilidad local está en una situación muy difícil para ordenar el territorio. Lo hemos dicho a sala llena: “Ordenamos el territorio o en el desorden van a ganar unos poquitos”. (Declaraciones del Alcalde del Municipio de Upala en sesión pública, junio 2013).

A pesar de las demandas que surgen de parte de los campesinos y otros grupos sociales afectados por la expansión piñera, los gobiernos locales tratan de evitar el conflicto político y social que implicaría iniciar el proceso de debate en sus territorios, ya que este problema excede el ámbito local y podría implicar un enfrentamiento con la alianza existente entre el gobierno y el agronegocio. Por otra parte, a nivel local la actividad piñera genera empleo. Aunque, como se manifiesta más arriba, estos empleos son precarios y de baja calidad, de algún modo contribuyen a generar ingresos en franjas de la población que tal vez no tienen muchas otras opciones. Es, entonces, la combinación de factores locales y extra-locales lo que conspira en contra de la profundización del debate sobre la temática y la adopción de medidas conducentes a realizar un ordenamiento territorial que beneficie a los sectores sociales mayoritarios y al medioambiente.

4. Conclusiones

En la historia de América Latina y el Caribe, las situaciones de injusticia socioambiental que generan intereses extrarregionales no son nuevas. Por el contrario, constituyen un factor transversal a la región como consecuencia de la “maldición de los recursos naturales” (Auty, 2001). Las preguntas que hoy nos formulamos son: ¿cuál es la novedad de los conflictos socioambientales actuales?, ¿cuál es el futuro socioambiental y político de los territorios, si se mantienen las actividades extractivistas con la modalidad actual?

La novedad respecto de los conflictos reside en que se dan en el marco de una globalización económica desde arriba, que intenta modelar las democracias regionales según los intereses del capital concentrado. Al mismo tiempo, se está abriendo una brecha también global, pero con expresiones y luchas concretas que reafirman el valor de lo local, entre aquellos sectores sociales (campesinos, indígenas, ambientalistas, académicos, movimientos sociales) que quieren defender la vida (Porto Goncalvez, 2004; McMichael, 2005). La lucha se está centrando en la dimensión ambiental y en la gobernanza del capital natural como un bien común y un derecho humano. Sin embargo, la cuestión ambiental se convierte en una contradicción insalvable en una región donde satisfacer las necesidades más básicas de la población lleva años de atraso. Ya sea que los gobiernos opten por la vía del extractivismo con redistribución (Argentina) o por el camino de la reprimarización exportadora de la economía (Costa Rica), el saqueo de los bienes naturales comunes parece ser el mismo, así como sus consecuencias socioambientales negativas.

Los estudios de caso desarrollados en el presente trabajo permiten colocar los procesos de expansión del capital agrario en el marco de procesos ecológicos, sociales y políticos más inclusivos. Al mismo tiempo, ayudan a comprender de qué modo la racionalidad del capital se despliega en estos territorios. Al respecto, Cáceres (2014) vincula esta lógica con los procesos de acumulación por desposesión y destaca las profundas consecuencias ambientales que genera. Esto se relaciona con dos cuestiones que son conceptual y funcionalmente incompatibles: la búsqueda infinita de acumulación de capital y crecimiento económico, por un lado, y la disponibilidad finita de recursos naturales a partir de los cuales generar valor económico, por otro. Sobre la base de este planteo general, O’Connor (1988) analiza lo que él llama la “segunda contradicción del capitalismo”: el capital demanda crecimiento y trata el trabajo y la naturaleza como commodities. Pero el mercado no puede garantizar su provisión. Por el contrario, se sobreexplota la naturaleza, los recursos naturales se tornan escasos y la contaminación afecta la salud y la eficiencia de la fuerza de trabajo. En consecuencia, los costos productivos aumentan y los bienes producidos son más escasos y caros. Así, el capital destruye sus propias condiciones ambientales de producción (Hughes, 2000). A pesar de esto, el capital continúa socavando las bases de las que dependen futuras acumulaciones. Es decir, se comporta como si los recursos naturales fueran infinitos y presta escasa atención a los impactos sociales y ambientales que esta expansión genera. En definitiva, si el Estado no juega un rol activo para regular estos procesos, el capitalismo es incapaz de regularse a sí mismo (Cáceres, 2014).

Una vez más en la historia de la región, la modernización es colonización (Porto Goncalvez, 2004). Las asimetrías de poder son evidentes. En este marco, los recursos ambientales se convierten en la moneda de cambio, desconociendo gran parte de la legislación internacional y nacional lograda en la materia y la violación de los derechos humanos y de la naturaleza.

La expansión del monocultivo extractivista es sólo un ejemplo de la manera en que se están consolidando la concentración de los recursos productivos, los procesos de re-territorialización y la exclusión social. Los casos de Costa Rica y la Argentina muestran que la naturaleza se ha mercantilizado en un proceso que parece no tener fin, a través de la búsqueda de rentabilidades crecientes por parte del agronegocio. Los sectores en puja y conflicto son el capital concentrado representado por las multinacionales y el agronegocio, por un lado, y las comunidades campesinas y los agricultores familiares que luchan por alcanzar su reproducción social, por otro (Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol, 2013). En ambos casos, el Estado es uno de los principales actores que potencia y profundiza los conflictos socioambientales por la falta de regulaciones que limiten la expansión del monocultivo y la implementación de un marco normativo que protege y promueve la producción de commodities agropecuarios.

Un común denominador en la Argentina y Costa Rica es que la expansión de los monocultivos genera un efecto de exclusión por “cerramientos” (enclosures) de los campesinos que resisten en sus territorios, al quedar rodeados y atrapados entre campos sojeros o piñeras. Los cerramientos constituyen un componente intrínseco de la lógica de acumulación capitalista y nuevos territorios de desposesión son creados paralelamente. Esto requiere del control no sólo de los territorios donde el capital agrario se expande sino también de las instituciones y de las relaciones sociales que comandan la producción, la extracción y la acumulación (Akram-Lodhi, 2007). Así, los campesinos van vendiendo sus tierras debido a las presiones que sufren por parte de los empresarios, los problemas ambientales generados por las pulverizaciones con agrotóxicos y las limitaciones al acceso a SE claves para su supervivencia. En consecuencia, los ecosistemas se van degradando, disminuyendo en su extensión y/o desapareciendo, y con ellos, los SE que prestan a la sociedad.

En ambos países, el sector empresarial se muestra preocupado por frenar las iniciativas ambientalistas que podrían afectar el avance de la frontera agropecuaria y las ganancias que ésta reporta; y también, por limitar o anular normativas relacionadas con la preservación del patrimonio natural y/o el control privado a los factores de la producción que podrían afectar el “progreso” y los intereses de la libre empresa. Mientras tanto, las organizaciones campesinas e indígenas y los movimientos ambientalistas (entre otros) destacan la importancia de generar un modo de desarrollo alternativo al dominante, postextractivista, sustentado en una relación más sustentable con el ambiente y la sociedad (Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol, 2013) y una institucionalidad acorde con sus intereses que incluya un ordenamiento de los territorios con mayor inclusión y soberanía alimentaria.

Existen algunos casos exitosos en el camino de lograr una institucionalidad diferente, pero también muchos fracasos que cuestionan las posibilidades de supervivencia del sector campesino. Los campesinos están tratando de vincularse con sectores académicos que brindan el marco técnico legal para llevar los conflictos a instancias judiciales, lo cual implica una inversión de tiempo y de recursos humanos y materiales enorme, que lamentablemente todavía no tiene una correspondencia con los resultados en materia de justicia ambiental.

Los gobiernos y las empresas, por su parte, intentan llevar la discusión por la vía de las soluciones técnicas, vendiendo la ilusión de que las “buenas prácticas tecnológicas” resuelven mágicamente los problemas de inequidad socioambiental, cuando en realidad el modelo necesita de tales inequidades para ser exitoso. Paralelamente, los gobiernos debilitan a los organismos del Estado responsables de dar los permisos ambientales respectivos y fiscalizar las actividades para garantizar un ambiente sano y el bienestar de la población. El futuro de la región dependerá de la construcción política y la conciencia de que otro desarrollo es posible, pero no bajo el supuesto de “crecer primero” y “cuidar el ambiente después”, sino a través de un camino que ponga límites a un capitalismo depredador en beneficio del agronegocio.

Agradecimiento

Un reconocimiento especial a la Lic. Geanina Amaya y al Lic. Mauricio Álvarez Mora del Programa Kioscos Ambientales de la UCR; al Dr. Jaime García Gonzáles y al Dr. Jorge Lobo Segura UCR; al Ing. Agr. Eduardo López Quirós de la FECON. También agradecemos a la Sra. Herlinda Quesada, regidora de Guácimo, y a las comunidades campesinas de Costa Rica. Hacemos extensivo nuestro reconocimiento al CATIE, Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET. También agradecemos al Inter-American Institute for Global Change Research (IAI) CRN 2015 y SGP-CRA 2015, que cuenta con el financiamiento de la US Nacional Science Foundation (grants GEO-0452325 y GEO-1138881).

 

Notas

1 A nivel mundial, cuatro compañías comercializadoras de materias primas, conocidas como ABCD: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, están concentrando ganancias millonarias en el negocio de los alimentos y de los agrocombustibles. Su posición dominante en el sistema agroalimentario estuvo precedida en Latinoamérica por cambios estructurales que impulsaron desde la década de los ochenta la privatización de las actividades de los sectores públicos, la liberalización del comercio y la desregulación de las finanzas. Además, hubo en muchos casos una reducción de aranceles, abolición de las cuotas a las importaciones, flexibilización de las restricciones a la inversión extranjera y un aumento en la dependencia de las importaciones (Murphy, Burch y Clapp, 2012).

2 Gudynas (2013: 8) sostiene que el extractivismo no se define como un “modo de producción” porque “no da cuenta de la estructura y función de toda la economía nacional ni tampoco puede usarse para describir al capitalismo, que es un fenómeno mucho más amplio”

3 Las acciones alegales son prácticas que en su apariencia formal contemplan las normas legales, pero sus consecuencias son claramente ilegales e indeseables en lo social y ambiental (Gudynas, 2013).

4 A partir de 1990, Costa Rica se incorporó al GATT y dio un mayor peso a la agricultura comercial y promovió la eliminación de impuestos para la libre circulación de bienes y servicios. Posteriormente, firmó varios Tratados de Libre Comercio (TLC), de integración bilateral, regional y multilateral, que generaron una economía totalmente abierta e incentivaron la producción de cultivos de exportación no tradicionales en manos de empresas transnacionales, en detrimento de la agricultura familiar y la producción de alimentos básicos para el mercado interno (Botella Rodríguez, 2012).

5 El escenario de la producción de alimentos en la Argentina muestra una concentración de casi el 60% en manos de apenas 11 empresas. El poder concentrado incide en la conformación de precios y afecta negativamente a los sectores populares (Putero et al., 2014).

6 Según el Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA), se espera para el 2020 un aumento de la producción de granos de 100 a 157,5 millones de toneladas anuales (+58%). También, incrementar la productividad de granos en un 14% (de 3,59 a 4,09 Tn / ha) y aumentar el 27% la superficie cultivada con granos (de 33 a 42 millones de hectáreas). Esto va a permitir ampliar las exportaciones agropecuarias primarias en un 80% (de 39.358 a 97.710 millones de dólares / año). Un incremento de tal magnitud en la producción agropecuaria implicará un aumento en la productividad agropecuaria vía la intensificación productiva y/o un renovado avance de la expansión de la frontera agropecuaria a costa de la biodiversidad, la fertilidad de los suelos y las comunidades que ocupan esos territorios (Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol, 2013).

7 En la Argentina, las principales firmas exportadoras son las mismas que procesan el grano, operan las terminales portuarias y brindan servicios de almacenamiento, carga, descarga y comercialización. Desde el año 1997, Cargill ocupa el primer puesto en la exportación de granos de soja; con Toepfer, ADM, Bunge, Dreyfus, ACA y Nidera, controlan más del 90% de las exportaciones totales de este producto. Entre las principales firmas exportadoras de harinas y aceites se encuentran los mismos actores: Cargill ocupa el primer lugar, seguido por Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Rio de la Plata, Dreyfus, Bunge, Vincentin, Noble y Nidera. Entre todos poseen el 83,1% de la capacidad total de procesamiento (Zeolla, 2013).

8 En 2013 un arrendatario pagó en dólares un valor 215% más alto que en 2001(Zeolla, 2013).

9 Un pool de siembra produce soja empleando 1,6 horas hombre/ha/año y maíz con 2 horas hombre/ha/año. Eso marca un parámetro de demanda laboral promedio cuatro veces inferior al promedio empleado hace 12 años (Bragachini et al., 2013).

10 Los resultados del último Censo Agropecuario en la Argentina (CNA, 2002) muestran una disminución de 24,5% en el número de explotaciones agropecuarias en relación con el CNA 1988.

11 Según el “Informe sobre Cáncer en la Provincia de Córdoba (2004-2009)” elaborado por el Registro de Tumores de Córdoba, la tasa de mortalidad por cáncer es significativamente más alta en los departamentos del Sur y Este, que se corresponden con las zonas de mayor producción de soja y las más expuestas a los agrotóxicos. En esas jurisdicciones, el indicador oscila entre 216,8 y 229,8 decesos por enfermedades oncológicas cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa provincial es de 158,5 muertes por cada 100 mil habitantes (datos recuperados de http://prensa.cba.gov.ar/salud/se-presenta-el-informe-sobre-cancer-en-la-provincia/).

12 La empresa Pinneaple Development Corporation (PINDECO) es la mayor productora y exportadora de piña en Costa Rica. Es subsidiaria de la Corporación norteamericana Fresh Del Monte Produce INC.

13 La piña MD2 es la variedad más cotizada en el mercado porque tiene el mayor grado brix, mantiene un tamaño uniforme y es menos propensa a la oxidación que la piña regular, por lo que su producción y su empaque son óptimos, y se propaga fácilmente. Debido a que la empresa Del Monte no patentó esta variedad, las demás empresas agroindustriales han reproducido este híbrido. Se consume principalmente en el mercado internacional y la fruta rechazada es consumida en el mercado nacional (Aravena Bergen, 2005).

14 La reorientación de la política agropecuaria hacia los rubros de exportación desactivó la producción de granos básicos. La mayor reducción es en maíz, que pasó de casi 31.000 hectáreas en el año 2000 a 11.000 en el 2009 (- 64%) (Solano Mata, 2010).

15 Las empresas Pindeco, Dole, Fyffes y Chiquita manejan el 35% del área sembrada con piña en Costa Rica (www.Canapep.com.cr).

16 Ver www.sitrap.net/denuncia.html.

17 El territorio nacional en su totalidad (50.977 km²) está bajo la jurisdicción de 11 grandes áreas de Conservación que fueron creadas en el año 1998. Cerca del 25% del territorio está incluido dentro de los parques nacionales, refugios y zonas protegidas dentro de estas once áreas de conservación (http://www.sinac.go.cr)

18 Se destaca el impacto nacional e internacional que provocó un documental difundido por el periódico británico The Guardian, basado en una investigación hecha para Consumers International (CI) que investiga las condiciones de trabajo en la industria de la piña y su impacto en las comunidades y el medio ambiente de Costa Rica (http://es.consumersinternational.org/pineapples)

19 La Plataforma fue coordinada por el gobierno de Costa Rica (segunda vicepresidencia), el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Agricultura (MAG) y el Green Commodities Facility del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).

20 En la Argentina rige, en el Código Civil, el “derecho veinteañal”, que legisla que luego de veinte años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida, el ocupante que dio uso productivo a una tierra tiene derechos sobre el lugar.

21 Según la ONG paraguaya Guayra, la provincia de Córdoba habría perdido 14.170 hectáreas entre 2012 y abril de del 2014. Desde el gobierno de la Provincia sostienen que la información es errónea. http://www.lavoz.com.ar/ambiente/polemica-por-las-cifras-de-deforestacion-en-la-provincia

22 Para comprender el origen ideológico de la ley de protección de bosques nativos en el contexto de la política agropecuaria del kirchnerismo, ver Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol (2013).

23 La ley 26.331 define el ordenamiento territorial como un instrumento de gestión para zonificar territorialmente el área de los bosques existentes en cada jurisdicción provincial de acuerdo con diferentes categorías de conservación. Además, la norma fija los presupuestos mínimos para el enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sostenible de los bosques nativos y los servicios ambientales; crea un fondo para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan los bosques; y establece que debe garantizarse el derecho a la información en materia ambiental a todos los ciudadanos, en especial a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Quedan exceptuados de la aplicación de la ley los aprovechamientos realizados en superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores (Silvetti, Soto, Cáceres y Cabrol, 2013).

24 Los conflictos y movimientos campesinos por la tierra, en la región Huétar Norte y en las décadas del ´70 y ´80, generaron la intervención del Estado a través del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Cerca de 75.000 familias rurales accedieron a la tierra y constituyeron colonias campesinas. En el año 2007, el IDA se transforma en el Instituto de Desarrollo Territorial (INDER) a fin de generar cambios conforme a las expectativas de la apertura comercial en el marco de la globalización (IDA, 2007).

25 Entre 1990 y 2008 Costa Rica registra un aumento del 250% en las importaciones de plaguicidas (Ramírez, 2011) y llega a 25,4 millones de kg en el 2010, de los cuales se estima que se usaron efectivamente en el país 10 millones (entre el 11 y 23% de los plaguicidas importados se exportan desde Costa Rica) (Castillo et al., 2009). En el cultivo de piña se utilizan alrededor de 25-38 kg de ingrediente activo de plaguicida/ha/año (Ramírez, Bravo y De la Cruz, 2012)

26 El informe oficial sobre el estado del agua en Costa Rica expresa que “no se ha establecido un mecanismo para controlar los vertimientos difusos en el país”. Y agrega: “No se encontró evidencia de que a la fecha el Estado haya establecido con precisión las competencias de los actores en el tema”. El mismo informe agrega que a la contaminación difusa por escorrentía y lixiviación se suma “una débil implementación de mecanismos que garanticen la conservación y recuperación de los cuerpos de agua ya que ríos y nacientes permanecen vulnerables frente a la contaminación, debido a la reducida cobertura boscosa de las áreas de protección de los ríos (DFOE, 2013: 22).

27 El artículo 50 de la Constitución política de Costa Rica establece que las municipalidades cuentan con plenas atribuciones para negar el otorgamiento de permisos a las empresas piñeras como medida precautoria para la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En función de ello, las Municipalidades de Guácimo (2008), Siquirres (2009) y Pococí (2012) decretaron una moratoria para la siembra y el establecimiento de nuevas áreas de producción agroindustrial de piña en sus territorios. La moratoria rige hasta tanto se hagan los estudios pertinentes acerca de posibles impactos negativos sobre el ambiente, la salud de las personas y el patrimonio natural y arqueológico presente en la zona (Álvarez Mora, 2010).

28 En apoyo a las iniciativas municipales, el Consejo Universitario de UCR solicitó también una moratoria nacional (Sesión del Consejo Universitario 5.318 del 9/12/2008).

29 La regidora de la localidad de Guácimo, Herlinda Quesada, relató públicamente, en el “Foro del Agua” convocado por el tribunal Latinoamericano del Agua que se realizó en San José en noviembre del 2013, las situaciones de violencia que se vivieron con motivo de las acciones comunitarias que lograron el cierre de una empresa piñera. Al respecto, expresó que los cinco regidores que votaron a favor de la Moratoria municipal fueron demandados por la empresa y tuvieron que llevar el caso durante cinco años. También los 14 líderes comunales que fueron a los tribunales fueron acusados de vandalismo y finalmente fue removida de sus funciones la directora de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), para nombrar a otra funcionaria que levantó la prohibición a la empresa de seguir produciendo (Ortiz Vinda, 2013).

30 En el año 2012, el Área de Conservación Arenal Huétar Norte (ACAHN) recibió 115 denuncias por daño ambiental por parte de las fincas piñeras. Entre el año 2010 y 2012, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) dispuso cierres temporales o permanentes de la Planta Empacadora de Piña Agrícola La Lidya S.A ubicada en Pital de San Carlos, por afectación del recurso hídrico e invasión de áreas de protección, y de Agromonte S.A, ubicada en Cutris, por invasión de áreas protegidas, cambio de uso de suelo, tala de bosque, afectación del humedal y mal manejo de aguas residuales. En Guatuso se cerró Agropecuaria PPM, ubicada en el distrito de Buena Vista, por cambio de uso de suelo, erosión y tala ilegal. En el cantón de Los Chiles, se cerró The Jimmy Hause S.A, por tala de bosque y contaminación de cuerpo de agua. En este mismo cantón, en Caño Negro, se cerró Agrícola del Valle e Inmobiliaria del Valle S.A, que afectó humedales, áreas de protección y erosión. En este mismo lugar, Piñeras Agro Vices S.A, invadió áreas de protección. Lo mismo hizo Piñera Visa S.A, que taló árboles e hizo mal manejo de residuos. (http://www.sancarlosaldia.com/noticias/notas-generales/region-acechada-por-depredadores-del-ambiente.html.

 
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Fecha de recibido: 13 de agosto de 2014
Fecha de aprobado: 6 de junio de 2015
Fecha de publicado: 1 de agsoto de 2015

 

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